Sea cual sea el acuerdo al que llegue la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con sus acreedores, el pueblo será quien pagará.

Según se ha rumorado, la propuesta que los bonistas le han hecho a la AEE, de prestarle $2,000 millones de dólares, es a cambio de que se aumente la tarifa y que se les pague la totalidad de la deuda ya contraída. A juicio de la economista Martha Quiñones Domínguez, esta oferta es nada ventajosa ya que lo que hace es añadir más deuda y la exigencia de aumentar las tarifas es para asegurar el pago, no para resolver los problemas de la AEE, cosa que no se debe permitir. En fin, que “se le pasa la factura al pueblo”.

La oferta de los bonistas de un nuevo financiamiento por $2,000 millones de dólares, incluye $1,200 millones para una nueva planta eficiente de gas, con el fin de reducir o estabilizar la tarifa del costo de energía y otros $1,300 millones para una emisión de bonos que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se propone hacer próximamente, ya aprobado el impuesto al crudo conocido como “la crudita”. La suma de los $1,300 millones representa el 40% de la futura emisión.

La economista rechazó que la llamada negociación sea una reestructuración de la deuda de la AEE, que asciende a $9,000 millones de dólares. Quiñones Domínguez, profesora de Economía del Recinto de Arecibo de la UPR, expuso que una reestructuración requiere diálogo con las partes, lo que implica hablar con los sindicatos, los empleados, los administradores y la Junta de Gobierno, para analizar a profundidad el problema e identificar dónde se puede reducir, qué alternativas se tienen y cómo resolver.

“Esto sale más barato que asignarlo a la Lisa (se refiere a la síndico Lisa Donahue) y al Gobierno, pues ellos sólo hablan para beneficiar a los bonistas y no para salvar la agencia y al pueblo. Son visiones diferentes. Una aboga por nuestro activo, por los trabajadores y por el pueblo, y por eso estudia el problema y busca soluciones transparentes y apropiadas. El otro busca pagar a los bonistas y seguir tomando prestado sin estudiar el problema, sin transparencia y el pueblo sale perjudicado”, manifestó.

La economista señaló que en lugar de estar negociando con los bonistas, lo que hay que hacer es estudiar la deuda, analizar cómo se tomó, bajo qué premisas, definir la que es ilegal, la que no se utilizó de forma productiva o en inversión que beneficiara a la AEE, y comenzar un camino que no les gusta a los políticos, que es denunciar y llevar a proceso legal al que autorizó la deuda no productiva, y pedir cuentas.

Continuó expresando que este tipo de análisis permite determinar cuál deuda es la que tiene prioridad para pagarse, la que se puede posponer y “con transparencia y responsabilidad explicarle al pueblo que debido a eso se aumentarán las tarifas para cumplir y a la vez ir enderezando la agencia”.

Agregó que también hay que definir los ajustes que hay que tomar, luego de evaluar y discutir con los empleados para que conozcan los riesgos. “Eso no le gusta a los políticos y a los bonistas pues les quita el poder a ellos y lo da a los empleados de la agencia y al pueblo”.

Ante la interrogante de cuáles podrían ser las consecuencias para la AEE, el gobierno y el pueblo, de aceptarse la propuesta de los bonistas, Quiñones Domínguez advirtió que como pueblo podríamos perder un activo importante, como es la AEE. En caso de que se privatice la Autoridad, “estaremos sujetos a lo que determina el mercado y no responde a intereses sociales, al proceso de desarrollo del país. Esto puede aumentar los precios y no necesariamente va a tener calidad en los servicios. ¿Los más perjudicados? Los que menos tienen, los que viven más alejados de centros urbanos, ya que sale más caro llevarle el servicio, y los trabajadores, pues los administradores se defenderán y saldrán bien”.

La economista, quien también es planificadora, llamó la atención a que la culpa de la situación de la AEE no es del trabajador que hace su trabajo y es productivo, sino a los costos de la alta gerencia que muchas veces responde a intereses políticos, que son acomodados por los políticos y que no muestran productividad. Atribuyó que la manipulación política hace que la opinión pública se fije en los trabajadores y se les tiren las culpas. Si a la larga la AEE se hace inviable, se va a privatizar el activo, y como siempre suele hacer el gobierno, lo más probable es que venda muy barato y asuma los costos, enfatizó.

En cuanto al aumento de tarifas, coincidió en que sería perjudicial para el desarrollo del País porque al no poder tener dinero para invertir en mejoras de las instalaciones y transitar a fuentes alternas, se pierde productividad. Por consiguiente, la pérdida de productividad y eficiencia hace más cara la energía.

En su opinión, esta situación lo que hará será potenciar a otras fuentes de producción de energía que quieren surgir para acaparar el mercado y que necesitan que lo que vende la AEE sea más caro para ellos entonces vender a ese precio. Advirtió que esta situación convertiría el mercado en un oligopolio que “no tiene responsabilidad social y lo único que le interesa es vender, sin protección ambiental, sin protección para el empleado, sin protección para la sociedad”.

Advirtió además que el desarrollo se ve perjudicado cuando el pueblo tiene que asumir las consecuencias de la producción que le afectan la salud y la calidad de vida y no tiene forma de resolverlo. En ese sentido, adelantó que “el pueblo y nuestros comerciantes y empresarios estarán presos de esos oligopolios y el gobierno no podrá responder pues al estar semiprivatizados no pueden intervenir en defensa del pueblo”.

Ante la situación que presenta la AEE y la necesidad de servicio, sugirió que lo mejor que se puede hacer es impulsar a un grupo puertorriqueño de instaladores de placas solares que se apoderen del mercado y comenzar por colocar placas en todas las instalaciones del Gobierno para tener esas economías en costos. Las escuelas, los municipios y sus instalaciones son otras instituciones que debería adoptar el uso de las placas solares y así bajar los subsidios que se tienen que hacer desde la AEE, para entonces poder llevar esos ahorros al pueblo. Otro sector que puede adoptar el uso de las placas solares, señaló Quiñones Domínguez, son los residenciales públicos bajo la administración de las propias juntas de residentes con jóvenes del propio residencial que son los que hoy dominan el mantenimiento. “O sea, buscar alternativas posibles de bajar la tarifa a los que pagan, convirtiendo a los que se subsidian en agentes de producción. Eso genera personas que conocen el mantenimiento y mueve la economía desde esa perspectiva. Existen fondos para esto, se pudo hacer antes con los fondos ARRA, pero no se hizo”, reveló.