En lo que constituye una impresionante irrupción de cordura en Washington, existe finalmente cierta reacción por parte del Congreso contra la extrema derecha y el “centro” en cuanto a la política de los EEUU hacia Venezuela y América Latina, algo que no había ocurrido bajo la sombra del macartismo que ha prevalecido durante años.
Una carta de miembros del Congreso dirigida al presidente Obama expresó un fuerte rechazo hacia la legislación que impondrá sanciones económicas contra funcionarios venezolanos. En un año electoral en el que los políticos no ganan nada poniéndole un parado a los bravucones del recién fusionado lobby anti-cubano y anti-venezolano, este hecho es significativo. Pero aún más impactantes fueron algunos de los puntos presentados en la misiva con relación a la política de los EEUU en la región.
Los miembros del Congreso destacaron que el gobierno de los EEUU habitualmente “toma en cuenta las opiniones de los gobiernos de Europa o África en esas regiones”, y plantearon que se hiciera lo mismo con América Latina. Ahora bien, esto puede parecer un lugar común, pero la Casa Blanca y el Departamento de Estado toman decisiones y acciones de forma cotidiana sobre asuntos regionales sin consulta alguna a otros gobiernos. Como ejemplo está la decisión inicial por parte del Secretario de Estado, John Kerry, de no reconocer los resultados de la elección presidencial del año pasado en Venezuela, que luego tuvo que revertir bajo la presión de Suramérica. Las varias acciones por parte del gobierno de EEUU en apoyo al gobierno golpista de Honduras en el 2009 –y que fueron fuertemente rechazadas en la región– son otro ejemplo más de las acciones unilaterales que han originado tanto resentimiento en el hemisferio.
En un gesto que sin duda enfurecerá a la derecha, la carta también pidió que el gobierno de Obama aceptara al embajador de Venezuela y designara al suyo para Venezuela. Los miembros del Congreso también resaltaron:
1. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de los Estados Americanos (por un voto de 29 a 3) todas han emitido declaraciones que brindan su apoyo de diversas formas al gobierno venezolano y hacen un llamado a respetar las instituciones democráticas del país. Varios presidentes y gobiernos, incluyendo a Michelle Bachelet de Chile, han hecho advertencias públicas contra los intentos de derrocar por la fuerza al gobierno democráticamente electo de Venezuela.
2. Recalcamos que se trata de un intento por insertar los puntos de vista de la mayoría de los gobiernos en el hemisferio en el discurso público, una singularidad en el Congreso. UNASUR emitió un comunicado [PDF] la semana pasada donde “rechaza la iniciativa legislativa que persigue imponer sanciones unilaterales a funcionarios del Estado venezolano, lo cual vulnera el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, afecta negativamente este diálogo y es un obstáculo para que el pueblo venezolano pueda superar sus dificultades con independencia, en paz y democracia.”
Lo que hace tan importante esta comunicación es que representa el primer reconocimiento por parte los miembros del Congreso –incluyendo a figuras del liderazgo democráta, como Jan Schakowsky (Coordinador adjunto en jefe), John Conyers (demócrata de rango en el Comité judicial de la Casa) y Jim McGovern (copresidente de la Comisión Tom Lantos para los Derechos humanos)– de que la hostilidad de EEUU hacia Venezuela está aislando a Washington en el hemisferio. Por supuesto, cualquiera que no haya estado en un coma durante los últimos 12 años debería saberlo. Sin embargo, la política exterior de los EEUU está sumida en la negación.
Esta iniciativa en particular, de imponer sanciones económicas a funcionarios venezolanos, emana de la extrema derecha del espectro político acá: una alianza de neoconservadores y del lobby anticubano/antivenezolano. El gobierno de Obama se opuso a estas sanciones durante una audiencia en el Senado el 8 de mayo sobre la legislación. La audiencia se asemejó a un circo, teniendo apenas como testigos invitados a conocidos aborrecedores de Venezuela, lo cual no sorprende, puesto que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Robert Menéndez, es un obsesionado de línea dura con el cambio de régimen en Cuba. (También se ha visto involucrado en un par de escándalos de tráfico de influencias en el transcurso del año, donde uno de los mayores contribuyentes a su campaña –un doctor de Miami a quien el senador le ha hecho favores– alcanzó un record nacional de más de $20 millones recibidos en un año del programa nacional de seguro de salud, Medicare).
La fractura entre la gestión de Obama y varios dinosaurios en el Congreso reflejó la fractura dentro de la oposición en Venezuela. En su testimonio ante el Senado, la más alta funcionaria del Departamento de Estado para el hemisferio, Roberta Jacobson, se opuso a las sanciones, sosteniendo que sus aliados en Venezuela no las suscriben. Por el contrario, senadores como Menéndez y Marco Rubio, simpatizaron más con quienes en la oposición boicotean el diálogo y buscan el derrocamiento del gobierno.
Pero esta fractura es ante todo táctica –por lo menos en Washington– y el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, ha alternado entre dar su apoyo a una u otra facción de la oposición. La semana pasada asomó que posiblemente apoyaría las sanciones.
Los esfuerzos de Washington para desestabilizar al gobierno de Venezuela durante los últimos 12 años nunca han sido una serie de eventos aislados, sino que forman parte de una estrategia general de “contención” y “repliegue” en la región. Hasta el día de hoy, el establishment de la política exterior acá todavía no ha aceptado que el giro de la región hacia gobiernos más independientes y de izquierda supone un cambio permanente, como lo fue la superación de las dictaduras durante la última década del siglo 20. Por supuesto que Venezuela es un blanco grande, ya que reposa sobre las más grandes reservas de petróleo del mundo, y como consecuencia siempre será un actor clave en la región. Pero Washington quisiera deshacerse de todos los gobiernos de izquierda, y esa gente lo ve como una meta realista en el mediano a largo plazo.
Por estas razones, la misiva de los congresistas esta semana representa un avance decisivo, al reconocer que la política de EEUU hacia Venezuela forma parte de una estrategia general cuyo efecto ha sido el creciente aislamiento de EEUU en la región. Los EEUU no cuentan con embajadores ni en Bolivia ni en Ecuador, además de Venezuela, y sus relaciones con Brasil han estado en su punto más bajo durante décadas, mucho peores que en los años Bush. Si estos miembros del Congreso provocan un nuevo debate, el gobierno de Obama –y sus aliados de derecha– con seguridad lo perderá.
-Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política, en Washington, D.C. Weisbrot es coautor junto con Dean Baker, de “Seguridad Social: la falsa crisis” (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigaciones acerca de política económica. Es también presidente de Just Foreign Policy.
(Tomado de Barómetro Internacional) |