Para la economista Martha Quiñones Domínguez, el proyecto de reforma contributiva presentado por la administración del gobernador Alejandro García Padilla es uno fiel a las políticas neoliberales que hacen más rico al más rico y, aunque “le hace justicia contributiva” al pobre, no logra equidad. Por el contrario, provoca una desigualdad en los ingresos, con lo que se sigue ampliando la brecha entre ricos y pobres.

Aun cuando señaló que lo presentado sí se puede considerar una reforma contributiva pues introduce cambios significativos a la forma de recaudar impuestos y se concentra hacia el impuesto al consumo, el proyecto dedica la mayor cantidad de páginas a los diversos modelos de negocios y empresas en Puerto Rico y a definir si aplica o no. “Definitivamente no podemos simplificar un sistema en una economía compleja”, apuntó.

Según la entrevistada, aunque el IVA (impuesto al valor agregado) puede ser un buen impuesto para lograr lo que el Gobierno desea, recaudar más ingresos para el fisco, la situación frágil de la economía de Puerto Rico puede sufrir con los cambios. Por ejemplo, indicó que cobrar el IVA a la educación privada puede recaudar pero también puede causar que algunos colegios cierren pues pagar IVA por todo eleva los costos. “Pero lo crítico es si los padres van a dejar sus hijos en el colegio y pagar mensualmente el IVA por la matrícula. Por lo menos representará disminuir la plantilla laboral, más desempleo. Y así cada sector se verá afectado y depende de lo frágil o no del sector y del tipo de producto”.

“Ya el proyecto tiene muchas exenciones y creo que va a tener cambios. Cada exención equivale a recaudar menos. Y si son muchas significa que seguiremos iguales, sin recaudos, pero con un pueblo más pobre pues tiene que pagar el IVA”

La economista consideró que una tasa de 16% es alta en relación con lo poco que recibimos del gobierno. Aunque dijo que para los trabajadores es alto, considera que la actitud de consumidores no racionales de muchas personas les llevará a dejar de consumir algunos productos por un tiempo. “Pero luego nos ajustamos hasta hacerlo algo normal, más pobres pero consumiendo”. Incluso, Quiñones Domínguez enfatizó que es necesario que las personas cambien hábitos de consumo, “pero ésa es otra campaña. Lo cierto es que se dejarán de consumir los productos de aquí pues serán más caros, afectando a nuestras empresas. Y se moverán a comprar en grandes superficies, buscando economías, afectando al comerciante local”.

Respecto a si la reforma logrará recaudar la cifra que espera el Gobierno de cerca de $3,395 millones de dólares, Quiñones Domínguez dijo que lo recaudará si no hay exenciones. “Pero ya el proyecto tiene muchas exenciones y creo que va a tener cambios. Cada exención equivale a recaudar menos. Y si son muchas significa que seguiremos iguales, sin recaudos, pero con un pueblo más pobre pues tiene que pagar el IVA”, reiteró.

Quiñones Domínguez, quien también es presidenta de la Sociedad de Planificación de Puerto Rico (SPPR), admitió que la reforma le hace justicia al trabajador promedio que gana menos al no tener que pagar impuestos. El que no le retengan equivale a tener más dinero mensualmente, que puede ir desde $24 dólares o más. No obstante, señaló que esos $24 dólares mensuales, aunque parecen poco, cuando se le retenían al trabajador al final tenía un cheque que le devolvían de $250 o más, lo que significaba un ahorro para gastar en vacaciones, pagar, etc.

Ante este escenario que produciría la reforma, recomendó que se debe promover que las personas ahorren ya que, de no hacerlo, más adelante notarán que era mejor que le retuvieran y le devolvieran en un momento del año a tener más dinero para gastar. “Por otro lado, en la medida que aumenta tu ingreso y te ubicas en los que tienen más (ese 1%) se va pagando poco en comparación con lo que gastarías en consumir”.

Al señalar que, fiel a las políticas neoliberales de "no penalizar a los que producen riqueza", el Gobierno “no reconoce que ésos, los ricos, no producen riquezas sino que se apropian de unos beneficios que no invierten en la sociedad o en negocios. Pero explicarles eso a los neoliberales es difícil pues creen que están en lo correcto y no analizan y estudian los efectos de que el que tiene más pague menos”.

Sobre los argumentos de que el IVA evitará la evasión, la economista señaló que aunque el Gobierno crea que está capturando el ingreso no reportado, la realidad es que en el proyecto no se presentan soluciones a la evasión. “El evasor buscará la forma de evadir, con facturas falsas, o no pagar, etc. El sistema no establece penas onerosas a los evasores, los trata con debilidad y hasta los trata suave. Si de verdad la quieren combatir, deben de ser más fuertes y que no van a negociar ante el evasor. Pero nuevamente el discurso neoliberal le dice que con cobrar en el consumo los atrapas y se quedan con eso. No entienden que tienen dinero para buscar evadir de diversas formas”.

“El sistema no establece penas onerosas a los evasores, los trata con debilidad y hasta los trata suave. Si de verdad la quieren combatir, deben de ser más fuertes”

¿Es la reforma que necesitamos?

A juicio de Quiñones Domínguez, el proyecto no contiene lo más importante de la reforma fiscal que necesita el País, que se establezca una evaluación y reestructuración de las diversas agencias, que se midan por objetivos sociales logrados, donde se establezcan objetivos claros y medibles y se planifique lo que se quiere lograr.

Expuso que la planificación de las funciones públicas es clave para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en la gestión pública, por lo que se requiere establecer objetivos claros hacia dónde dirigir el Gobierno. Para la profesora de Economía del Recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), es importante que se explique la función social de cada agencia, cómo logra objetivos sociales y económicos y cómo fomenta el desarrollo económico y social armonioso. De igual manera destacó la necesidad de que se reestructuren los puestos de trabajo, pero en discusiones con los trabajadores en sus lugares de trabajo, “pues son ellos los que saben cómo mejorar los servicios y producir más, saben cómo deben redefinir sus funciones para lograr hacer su labor. Descubrirán que con menos puestos (pues cada día la tecnología elimina puestos de trabajo) y con lo que tienen pueden mejorar los servicios”.

Incluso sugirió que se debe crear una estrategia para dar a conocer la importancia del trabajo gubernamental como mecanismo de justicia social y redistribución de las riquezas, además de lograr ese balance social y de regulador que se logra con las políticas públicas. Destacó que esta acción es urgente, debido a que las políticas neoliberales han repetido tantas veces las mentiras de que el gobierno es grande y gasta mucho que ha opacado el hecho de que en la actualidad el País tiene un gobierno más pequeño, con menos empleados y con menos gastos.

Quiñones Domínguez advirtió que esta postura neoliberal no deja ver que el problema son los contratos externos que a un costo mayor hacen y duplican los trabajos que hacen los empleados públicos. “Eso lo notamos ahora con lo que dice el Gobernador, que va a dar a una empresa privada el cobro de los impuestos, empresa que cobrará caro por realizar esa labor, cuando lo que debe hacer es pagar mejor a los empleados de Hacienda, darles las herramientas y el poder de hacer bien su labor. Ojo, el programa de computadora lo podemos crear aquí en nuestras universidades y a su vez invertir en Puerto Rico en investigación y desarrollo de programas locales que nuestros oficiales de Hacienda pueden utilizar”.

¿Cuál es el objetivo de la reforma?

Sobre el objetivo de la reforma, la economista describió que, según se lee en el proyecto, sus prioridades son contradictorias. Se sabe qué quiere recaudar, pero se dejan muchas exenciones, deducciones y créditos que no se justifican, que no tienen objetivos sociales, que no se evalúa su efectividad y si de verdad cumplen con los objetivos sociales y los objetivos de recaudos. “Es por eso que hace falta una reforma fiscal que defina los objetivos sociales y que evalúe su cumplimientos. No es gobernar para unos pocos, es gobernar para un pueblo y que al final la equidad y la justicia se manifiesten para todos”, recalcó.

Quiñones Domínguez insistió en que la prisa por impulsar el IVA lleva al Gobierno a errores, los cuales sólo discuten al final del proyecto luego de señalar que los premios en juegos de azar están exentos, pero no así la salud y la educación. Por ejemplo, para solicitar el alivio por regresividad, la persona lo debe solicitar al Secretario de Hacienda, quien determinará si la persona lo merece y la cantidad. Es decir, que al final la persona no es elegible si su evaluación lo determina. Catalogó este paso como muy caprichoso y que esa situación debería estar claramente expresada en el proyecto para que no sea arbitraria.

En el proyecto tampoco se definen las prioridades en las que se va a usar el dinero, si es saldar la deuda, y no tomar más préstamos extraconstitucionales. Mencionó que algunos objetivos que deberían estar en el proyecto son estipular que el dinero se use para objetivos sociales y medibles, evitar que se use en barriles de tocino, usar el dinero para inversión y mejoras que beneficien a todos, así como evaluar la implantación para corregir fallas.