Esta última propuesta empresarial, defendida sin escrúpulos por un pasado Secretario de Recursos Naturales, tiene dos aspectos que forman una unidad indisoluble y le dan una escandalosa dimensión de indecencia: a) pone en peligro la salud de toda la población de la isla; b) tendrá efectos nocivos sobre una industria local que no debe ser subestimada: la producción de leche. Veamos estos dos aspectos para considerar el peligro potencial que representan.

Puerto Rico vive en la actualidad una situación crítica pavorosa. Desde mediados de la década del sesenta del siglo pasado se hizo visible el avance de una tendencia que maduró con paso firme: la compenetración creciente de la empresa privada y el gobierno. Esta tendencia adquirió una velocidad sorprendente. Para la empresa privada el mercado es la estructura fundamental de la economía. Sin embargo, en una economía dominada por grandes compañías transnacionales, el fundamentalismo de mercado ha motivado el surgimiento de un nuevo personaje de protagonismo local: el político empresario.

De ahí sale un empresariado improductivo al servicio de grandes corporaciones extranjeras, sin pudor a veces porque hace sus funciones desde posiciones en el gobierno, o un poco mejor enmascarado cuando las hace después de haber salido de un puesto político o del gabinete de alguna administración. No se dan cuenta de que con la defensa de sus mezquinos intereses privados, profundizan la crisis actual en su dimensión concreta como una crisis del mercado en un contexto de acentuada dependencia política. En otras palabras, son los propulsores de un nuevo tipo de colonialismo. Defienden retóricamente el enunciado de que el mercado decida cuando funcionan como consultores o gestores políticos de grandes empresas que buscan instalarse en el país sin ninguna competencia real. Así se entregó ayer el Aeropuerto Luis Muñoz Marín y así se piensa instalar mañana el incinerador de Arecibo.

Esta última propuesta empresarial, defendida sin escrúpulos por un pasado Secretario de Recursos Naturales, tiene dos aspectos que forman una unidad indisoluble y le dan una escandalosa dimensión de indecencia: a) pone en peligro la salud de toda la población de la isla; b) tendrá efectos nocivos sobre una industria local que no debe ser subestimada: la producción de leche. Veamos estos dos aspectos para considerar el peligro potencial que representan.

En artículos anteriores hemos dicho que el propuesto incinerador lo que pretende hacer es quemar nuestra propia basura para devolvérnosla convertida en micro partículas con el resultado de consumirla otra vez en forma de tóxicos peligrosos para la salud a través del aire, el agua y la tierra. El incinerador estará ubicado cerca del lugar ocupado en el pasado por la Central Cambalache. Viento abajo del lugar propuesto, al noroeste del barrio Cambalache, se encuentra la zona más importante de producción de leche en Puerto Rico.

Con una serie de datos que cubren desde 1990-91 hasta 2002-03, basados en un promedio, los pueblos localizados viento abajo del incinerador (Hatillo, Camuy, Quebradillas, San Sebastián, Isabela, Moca y Aguadilla) producen 45.54% del total de la leche de Puerto Rico. “Hatillo del Corazón”, su nombre completo, se encuentra apenas a cinco millas del lugar del incinerador y sus vaquerías generan 20.44% de ese total, gracias a su suelo y temperatura ambiental. Camuy, que a su vez produce 11.67%, se encuentra a unas nueve millas. Estos dos municipios colindantes, Hatillo y Camuy, son responsables del 32% del total de la leche producida en Puerto Rico y se encuentran a cinco y nueve millas de distancia del propuesto incinerador.

Si se tiene en cuenta que los datos anteriores no incluyen las 18 vaquerías activas en los cinco barrios de Arecibo, viento abajo de Cambalache (Hato Abajo, Hato Arriba, Dominguito, Tanamá y Esperanza), podemos afirmar que los efectos del incinerador tendrán todavía un alcance mayor. En particular si tomamos en cuenta un aspecto clave: la producción y entrega de leche viento abajo de Cambalache es cada día mayor. En 1990-91 fue de 42.1% y en 2002-03 había ascendido a 47.7%. Se puede, por tanto, afirmar que la mitad o más de la leche producida en Puerto Rico se encuentra viento abajo de la ubicación propuesta para el incinerador.

Cuando hablamos del peligro potencial de la contaminación, sería una irresponsabilidad considerarlo algo irreal. Los ganaderos de esa zona todavía recuerdan las cenizas que llegaban a sus vaquerías provenientes de la molienda de caña en la Central Cambalache. En los municipios de Hatillo, Arecibo y Camuy, hay más de 140 vaquerías. Solamente con estos datos, puede comprenderse el desatino imperdonable de haber decidido colocar en esta zona el nefasto incinerador. Se afectaría inevitablemente la zona más importante de la producción de leche en Puerto Rico.

Basta pensar lo que pasaría si la leche de esta zona quedara contaminada. Como consecuencia, las dioxinas, los furanos o bifenilopoliclorados que llegarán de la incineradora a la leche de esta zona podría afectar a todo Puerto Rico. Si una cosa así ocurriera se crearía un problema de salud pública de gran alcance. Los políticos y consultores que hubiesen apoyado e impuesto un proyecto como este en un lugar tan desacertado tendrían que ser sometidos a juicio por los daños permanentes provocados a la salud del país.

Pero no solo habría daño a la salud. El efecto sería devastador sobre una actividad económica local de alta calidad y notable importancia productiva, con pérdidas que podrían ser difíciles de reparar. Si esta industria se afectara podría ser substituida con la importación de leche. Basta recordar que en Bélgica, en 1999, una contaminación con dioxina en los alimentos de aves, cerdos y vacas provocó una pérdida de más de $500 millones. Además, para recuerdo de los gobernantes actuales y de los políticos empresarios en acción, barrió al gobierno del poder. Como resultado del peligro de contaminación, en Alemania se lleva un control mensual de dioxina en la leche.

Un último punto, no menos importante. La crisis económica actual requerirá para resolverse, el desarrollo de un plan agrícola abarcador. Colocar una industria contaminadora en una zona agrícola tan importante, con el fin de crear unos pocos empleos y enriquecer a un grupito de inescrupulosos políticos-empresarios, es más que una irresponsabilidad: es una indecencia. El país merece la protección de su futuro y parte de ese futuro estará ligado a la protección de sus recursos agrícolas, tanto los que están en actividad productiva en la actualidad, como los que hará falta poner en acción como resultado del plan agrícola que será necesario desarrollar y tendrá que ser desarrollado.

No es una casualidad que el propuesto incinerador se haya caracterizado por un proceso de secretividad, exclusiones y atropellos en sus diferentes fases. Hablar de evaluaciones objetivas o de consideraciones científicas en unas discusiones cerradas o sofocadas, también resulta sorprendente. Pero también existe otra actitud de los defensores del incinerador. Intentan proyectar su inescrupulosidad sobre los oponentes, denunciando el supuesto pago que reciben de intereses antagónicos al incinerador. Es una nueva modalidad del político-empresario: tiende su sombra sobre el adversario con el propósito de mancharlo. La mala conciencia parece saber que ensucia todo lo que toca.



* El autor es catedrático de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Este artículo contó con la colaboración, información y comentarios críticos del Dr. Tomás Morales Cardona. Fuente: Claridad