SAN JUAN, Puerto Rico, 7 de febrero de 2011 (NCM) – Las unidades antimotines, armadas con escudos, macanas, gases y armas de diversos calibres –incluyendo rifles de asalto, subametralladoras y escopetas- tuvieron que retirarse ante una incontenible

manifestación estudiantil que fue reforzada con una columna de sindicalistas, grupos políticos y cívicos en la reanudación de la huelga universitaria.

Mientras la insólita retirada de las fuerzas de la Policía nacional ocurría en el campus principal de la Universidad de Puerto Rico, al otro lado de la zona metropolitana, la Junta de Síndicos del sistema universitario no pudo impedir que los estudiantes penetraran a una reunión que sostenía en el Recinto de Bayamón y presentaran ante ellos sus quejas, en una escena en la que resultó evidente la división interna entre los propios síndicos.

Como si tales hechos no fuesen suficientes reveses para el Gobernador, Luis Fortuño, que intenta por los más diversos medios restringir los derechos civiles, la juez de primera instancia Rebecca de León expidió una orden de interdicto invalidando por inconstitucionales tanto los procesos sumarios contra los estudiantes huelguistas como el decreto de la rectora Ana Guadalupe, que desde vísperas del inicio de la huelga ha prohibido toda actividad colectiva de expresión pública en el Recinto de Río Piedras de la UPR.

La triple derrota para el Gobierno se produjo en el primer día de la tercera fase de la huelga universitaria que comenzó a mediados de diciembre y sobre la que la creencia generalizada era que, luego del receso del pasado fin de semestre, se trataba ya de un movimiento desgastado que estaba próximo a concluir. Al contrario, desde temprano en la mañana resultó evidente que la asistencia a clases era por debajo de lo normal, mientras los huelguistas no tuvieron dificultad alguna para reunir una marcha de mucho más de mil estudiantes que recorrió calles y edificios del campus universitarios cantando consignas con el ritmo folklórico pegajoso de “plena”, así como evadiendo con agilidad los intentos de encerrona de las unidades antimotines.

Cuando finalmente las unidades contra disturbios que ya incluían los comandos encapuchados de uniforme negro denominados SWAT comenzaron el avance para lanzarse a la carga contra los estudiantes, penetró en el campus una columna de los llamados “multisectoriales”, compuestos por sindicalistas –desde uniones puertorriqueñas hasta filiales de centrales de Estados Unidos- grupos cívicos, políticos y de diversa índole, que formaron una cadena humana entre estudiantes y policías. La fuerza policial terminó por retirarse.

Esa inusitada fortaleza del movimiento estudiantil y sus aliados complica el panorama general de protestas ciudadanas en momentos en que comienza a tomar forma la confrontación en municipios de la Cordillera Central y la costa norte por el proyecto para un polémico gasoducto, así como acercarse la fecha para que expiren los contratos laborales de más de cien mil trabajadores del Estado.

Pero además, las nuevas leyes que criminalizan las protestas estudiantiles y otras similares, son retadas de manera abierta por los universitarios, que a la vez han puesto en entredicho a las unidades especializadas de la Policía nacional, que luego de los despliegues muy repudiados de fuerza bruta entre abril y junio habían sido enviadas a tomar adiestramientos con la Policía de Nueva York. El resultado fue que en lugar de despliegues torpes, los agentes dieron el espectáculo alarmante de usar sistemáticamente técnicas de tortura con los estudiantes detenidos en actividades de desobediencia civil pacífica.

El caso más grave ocurrió el 27 del mes pasado cuando, justo frente al Capitolio y cuando iban a arrestar a los jóvenes desobedientes que se habían sentado en la Avenida Constitución, un oficial dio la fatídica orden “¡Uno a uno!”, tras lo cual los muchachos fueron sometidos a técnicas sistemáticas y hasta circuló un video de cómo un policía manoseaba con aparente lascivia a una joven que tenía esposada. Durante los incidentes, en los que minuto a minuto crecía la ira de los estudiantes que observaban, la policía contra disturbios llegó a cargar contra tres periodistas, entre ellos uno que transmitía en vivo los incidentes para la Radioemisora WAPA, una de las principales del país y de línea editorial pro anexionista.

Muy pronto los estudiantes comenzaron a resistir los escudos de la Policía nacional y cuando los agentes usaron gas pimienta, comenzaron a caer objetos –primero botellas plásticas vacías y luego piedras- lo que culminó en que las columnas policiales usaron gases lacrimógenos y balas de goma a mansalva a los largo de toda la avenida en persecución de los estudiantes. Las tropas, que daban la apariencia de sufrir una mezcla de esteroides anabólicos con excesos de testosterona, ni siquiera repararon en los niños de una escuela parroquial católica y una monja se tiró a la calle a hacerles frente sola.

El abuso de la muchacha provocó un ventarrón de protestas de grupos feministas y el Movimiento Amplio de Mujeres logró en apenas par de días reunir cientos de simpatizantes para una protesta frente al Cuartel General de la Policía y hasta la gubernamental Procuraduría de las Mujeres anunció que tomaría cartas en el asunto. La jefatura policial también intentó distanciarse de ese hecho y se anunció que al menos quedaba suspendido el uso de una de las técnicas de tortura, consistente en presionar el cuello  para obstruir el flujo sanguíneo y provocar dolor.

Sin embargo, las complicaciones para la Policía nacional en su manejo de la crisis universitaria son más complejas de lo que reflejan los anuncios oficiales. Un par de días antes de la orden de suspensión, ya la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU) aprobó instruir a sus abogados para que presenten denuncias criminales contra policías que han usado tales técnicas, por violación al artículo 306 del Código Penal, que tipifica la tortura como un crimen “de lesa humanidad”. La CONAPU decidió además presentar la denuncia correspondiente ante la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de EEUU, que desde hace meses tiene bajo investigación la Policía nacional puertorriqueña.