(14 de diciembre de 2014, San Juan, Puerto Rico) La marcha convocada por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) concluyó con la entrega de una declaración escrita en Fortaleza, en la cual las organizaciones magisteriales enumeran las medidas que el Secretario de Educación y el Gobierno han impuesto para deteriorar las condiciones laborales y económicas del magisterio, y para entregar el servicio educativo a compañías privadas. Además, presentan sus reclamos y propuestas dirigidas a implantar en las escuelas la democracia participativa y la autonomía escolar.

Este documento fue entregado a la asesora legal del Gobernador, Natalia Palmer Cancel. Aunque los líderes magisteriales se mostraron insatisfechos con la falta de atención del Gobernador y el Secretario de Educación a sus reclamos, señalaron que antes de tomar otras acciones de lucha están manifestando, una vez más, su disponibilidad al diálogo transparente y productivo.

Algunos de los planteamientos contundentes del FADEP incluyen combatir el propuesto cierre de escuelas, exigir la implantación de la autonomía escolar, impulsar las medidas de recaudo para el Sistema de Retiro para Maestros acordadas en el Comité de Diálogo y Negociación, detener la reducción en la plantilla de maestros, reclamar el bono de Navidad completo y rechazar las compañías privadas que se apropian de fondos millonarios que deberían llegar a las escuelas. El Manifiesto por la Educación Pública concluye estableciendo “que no le quepa duda a nadie, continuaremos unidos en defensa de la Educación Pública.”

Contactos:
Emilio Nieves Torres - UNETE
Eva L. Ayala Reyes - EDUCAMOS
Jorge Luis Soto Díaz - ONDEPR
Domingo Madera Ruiz - EPA
María Elena Lara – FMPR

Manifiesto por la Educación Pública

Hoy 14 de diciembre de 2014 hemos marchado juntos: maestros y maestras, directores/as escolares, bibliotecarios/as, técnicos/as de currículo, consejeros/as, trabajadores/as sociales, personal docente administrativo, activos y retirados. Manifestamos públicamente nuestro compromiso y voluntad de luchar para defender la Educación Pública. Declaramos que:

1- Hoy es evidente la voluntad y el compromiso de todos y todas en la defensa de la educación pública, lo cual apunta hacia diversas acciones que continuaremos desarrollando para hacer valer las propuestas que presentamos hacia el logro de una educación de calidad, que se fundamente en las necesidades, intereses y aspiraciones que reclamamos como pueblo.

2- Ante la reiterada negativa del gobierno y sus representantes de escuchar y dialogar sobre nuestros reclamos, hemos desarrollado diversas manifestaciones: protestas, marchas, acciones de desobediencia civil, visitas a las diversas dependencias del gobierno y declaraciones públicas que se enfrentan a un gobierno que cierra puertas e impone su criterio de forma dictatorial tomando decisiones y estableciendo medidas que deterioran el servicio educativo.

3- La Ley 66 de emergencia fiscal se comenzó a implantar en el Departamento de Educación antes de la misma ser aprobada. La eliminación de cientos de escuelas y miles de plazas forma parte de los planes esbozados por el Secretario de Educación en su informe ante la legislatura durante el pasado mes de mayo.

4- Posteriormente, el Secretario emitió la CC #37 que tuvo el efecto neto de revocar las organizaciones escolares preparadas por las escuelas en abierta violación a la Ley 149, Ley Orgánica del Departamento de Educación que establece la autonomía escolar.

5- El cierre de 77 escuelas en el actual año escolar y la eliminación de sobre 4 mil plazas docentes ha causado la mayor  desestabilización en la educación pública que al día de hoy continúa vigente. Contrario a reflexionar y revisar esta política, el DE ya ha comenzado a anunciar el cierre de 580 escuelas y la eliminación de sobre 10 mil plazas de maestro/a dentro de los próximos 5 años. Dicha propuesta emana de la misma compañía (Boston Consulting Group) que promovió y consumó el cierre de las primeras 77 escuelas.

6- El efecto mayor de estas medidas la sufren los 166 mil alumnos de Educación Especial, por cuanto sus necesidades requieren de una atención mucho más especializada e individualizada. Si bajo las condiciones hasta el momento, se ha demostrado sin lugar a dudas que el gobierno no ha podido cumplir con los servicios educativos y relacionados que requiere esta población, con la eliminación de casi la mitad de los planteles y de una tercera parte del magisterio, es claro que la situación empeorará.

7- Esto afecta la atención individualizada  de tales alumnos, así como los servicios relacionados y el derecho a una educación apropiada e inclusiva. En muchos casos, al no dotarse a la escuela pública de los recursos necesarios para esta población, implica que la agencia tenga que invertir los fondos de la escuela pública en la contratación de escuelas y servicios privados promoviendo así la privatización de esta área tan importante del sistema educativo.

8- El Departamento de Educación ha comenzado a implantar un llamado Plan de Flexibilidad, una nueva forma de planificación y un sistema de evaluación altamente punitiva y subjetiva contra el magisterio que tiene la clara intención de culpar y castigar al magisterio, para justificar la entrega de las escuelas a las compañías privadas.

9- La legislatura del país, específicamente el Senado de Puerto Rico, ha estado desarrollando unas vistas públicas donde aun antes de comenzarlas, el presidente de dicho cuerpo, de forma prejuiciada, responsabilizó al magisterio por los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) y ha anunciado en tono amenazante que eso tendrá consecuencias. Es decir, la intención de las vistas es castigar al magisterio.

10- Se está utilizando el resultado de las fraudulentas PPAA para la toma de decisiones en el DE, para evaluar la escuela pública y para evaluar al magisterio. De este modo, pretenden justificar la toma de acciones de personal contra el magisterio, lo que podría culminar en sanciones que desemboquen en el despido o destitución. Es decir, la evaluación que el DE implanta tiene un enfoque y propósito punitivo, que se aleja del enfoque objetivo de la facilitación y apoyo docente.

11- Dichas pruebas no cumplen con las dos características fundamentales de todo instrumento de medición: validez y confiabilidad. Sin embargo, el presidente del Senado y el Secretario de Educación ponen toda su confianza en la compañía que las elabora y administra por 20 millones de dólares anualmente. Compañía que no evalúan, ni le piden que rinda cuentas.

12- El DE y el gobierno de PR no acaban de entender y aceptar que es incorrecto el uso de pruebas estandarizadas para medir la efectividad de las escuelas y del magisterio ya que, entre otras cosas, los factores que inciden sobre el aprovechamiento son muy diversos y la mayoría no tienen nada que ver con la calidad del magisterio. Entre estos está el nivel socioeconómico, la carencia de recursos, la competencia con otras fuentes de aprendizaje aparte de la escuela, la falta de expectativas en el mundo del trabajo, la devaluación de la educación promovida por diversos factores, incluyendo la validación, por parte del DE, de la venta de diplomas que ofrecen completar toda la escuela superior en hasta 3 meses y la misma realidad social de nuestro país donde los sectores afectados no somos tomados en consideración en la toma de decisiones.

13- Cada vez más, el proceso de nombramientos está plagado de casos donde se violentan las categorías y especializaciones, así como el derecho por antigüedad. Hay gran cantidad de casos en que a maestras/os de K a 3ro se le asignan grupos de 4to a 6to u ofrecer otras materias para las cuales no están especializados según la propia normativa de la agencia. Dentro de este renglón es pertinente que incluyamos la preocupación por los continuos traslados y la declaración de excedentes.

14- El magisterio, incluyendo a los directores de escuela, sienten que recibimos un golpe sobre otro: el caso del Sistema de Retiro para Maestros, la eliminación de plazas, el enfoque punitivo del proceso de evaluación, los bajos salarios, la reducción en el bono de Navidad, la eliminación del pago de días en exceso por enfermedad, la congelación del pago por la Carrera Magisterial, la implantación de medidas donde somos ignorados, la desvalorización de nuestra labor, la actitud autoritaria de parte de quienes toman e implantan las decisiones. El recurso principal del sistema educativo que son sus maestros y maestras, es el servidor público más atacado por el ejecutivo y el legislativo. Esto, aparte de que diversos estudios confirman que el maestro se siente marginado e ignorado, ha tenido el efecto de que la autoestima del maestro/a se encuentra en uno de los momentos más bajos en toda nuestra historia.

15- Ningún país puede subsistir si concibe la educación como negocio, si condena y conspira contra la docencia; si para atender la alegada crisis fiscal pone en manos de los fondos buitres el Departamento de Educación, si  prefiere recortar el derecho a la educación para garantizar el lucro de privatizadores que ven la educación como una de sus presas y si el gobierno se somete a intereses cada vez más ajenos a los intereses del pueblo. Achicar la escuela pública, achicar la universidad, recortar el servicio educativo para enriquecer contratistas y vividores, precarizando cada vez más las condiciones de vida de las grandes mayorías solo conseguirá el deterioro de nuestra vida como pueblo.

A partir de lo antes expuesto, planteamos y reclamamos que:

1- Cualquier reforma educativa tiene que partir de las necesidades, intereses y aspiraciones de las comunidades escolares. Para esto se requiere de mecanismos de participación amplios y democráticos en cada comunidad escolar. No vamos a permitir el cierre arbitrario y discriminatorio de escuelas. Nuestros estudiantes son seres humanos, no mercancía.

2- Cualquier opción educativa que se adopte por parte del DE, ya sea en la escuela regular, cualquier modalidad alternativa o para atender las necesidades de nuestros alumnos especiales, tiene que estar enmarcada en la educación como derecho del pueblo, lo que choca con el enfoque cada vez más empresarial promovido por el sector privado y apoyado abierta o solapadamente por el gobierno de PR.

3- Es necesario y urgente fortalecer la escuela pública ampliando la oferta académica, fortaleciendo el ofrecimiento de Bellas artes, Salud, Educación Física, Vocacional, Educación Especial y programas regulares, dotando la escuela y la educación pública de los recursos humanos y materiales necesarios para un proceso educativo que garantice la educación de excelencia a la que el pueblo tiene derecho.

4- La autonomía escolar establecida en la Ley 149, en la cual se garantiza la autonomía administrativa, fiscal y docente, tiene que ser implantada y respetada por los altos funcionarios del DE.

5- El Gobierno tiene que acatar la orden del Tribunal Supremo de garantizar la solvencia del Sistema de Retiro para Maestros y adoptar las medidas de recaudo acordadas por el Comité de Diálogo y Negociación.

6- Reclamamos que se detenga la reducción en la plantilla de maestros/as, que se restablezca el pago de licencia de enfermedad en exceso como medida para garantizar el tiempo lectivo, que el bono de navidad continúe en $1,000 ante 8 años sin aumento salarial, que se garantice al magisterio el pago por carrera magisterial,  que se respete la antigüedad y el derecho al traslado justo que no sea arbitrario, punitivo u oneroso.

7- Exigimos que se tomen las medidas para garantizar que los fondos del Departamento de Educación lleguen a la sala de clases y no se queden en los bolsillos de contratistas y privatizadores. Advertimos que no vamos a permitir que el Secretario de Educación nos utilice para enriquecer a las compañías privadas.

8- El bolsillo del magisterio ya no da para más. La alegada crisis fiscal se resuelve haciendo que aquellos que obtienen cerca de 40 mil millones de dólares en ganancias cada año, aporten un 10 % de lo que se llevan.

La información que sale a relucir a través de los medios noticiosos es que mientras hay un empobrecimiento de la población general durante la presente “crisis”, un pequeño grupo de privilegiados se enriquece cada vez más. Es decir, la crisis es solo para la gran mayoría de la población que se empobrece, pero beneficia a los mismos privilegiados de siempre. Llegó el momento en que no tenemos más de donde sacar dinero. Las casas acreditadoras, los bonistas y grandes empresarios se enriquecen cada vez más. Para esos privilegiados nunca es suficiente. Ante la opción de desmantelar la educación pública para enriquecer a los mismos privilegiados de siempre, proponemos priorizar en la necesidad de una educación de excelencia para el pueblo, en la cual los principios de participación democrática y de autonomía escolar rijan las decisiones y acciones en el Departamento de Educación. Que no le quepa duda a nadie, continuaremos unidos en defensa de la Educación Pública.

FRENTE AMPLIO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FADEP)