“La efectividad de las políticas públicas y la forma en que las evaluamos son algunos de los problemas que tenemos como pueblo. No tenemos claro los objetivos a lograr y por eso no podemos medir si son efectivos o no. Es parte de la incapacidad para entender los asuntos públicos de los legisladores, ayudantes, administradores y gobernadores. Si comprendieran cuál es el objetivo social, y supieran cómo se miden, tendríamos un gobierno diferente, eficiente y equitativo. Eso es parte de una reforma fiscal”.
Así lo afirmó la doctora en Economía, Martha Quiñones Domínguez, a preguntas de CLARIDAD, ante la expectativa de cuál será el proyecto de reforma contributiva que presentará la Cámara de Representantes en la próxima sesión legislativa.
Por qué una reforma
Dado a que todavía no se tiene en detalle el proyecto de una reforma contributiva, la Catedrática del Departamento de Ciencias Sociales de la UPR, Recinto de Arecibo, señaló que para evaluar con mayores criterios el proyecto que se presente es pertinente conocer cuáles deben ser los objetivos de un sistema contributivo y lo que deberíamos lograr con una reforma.
Para comenzar, indicó que la reforma debe procurar financiar al estado, pero es importante su simplicidad, conveniencia y economía. Esto último significa bajos costos en su administración, eficiencia en la asignación de recursos, lo que implica minimizar la carga excesiva administrativa del Gobierno. El modelo debe procurar la equidad fiscal y social y que sea intergeneracional, es decir que la carga no la pasen a generaciones futuras.
“En el modelo económico del capitalismo de libre empresa, el principio es que las cargas sean progresivas, que el que gana más pague más, que el que gane menos pague menos. En este escenario, los impuestos no pueden hacer que los que ganen menos no se sientan estimulados a trabajar pues sienten la carga sobre ellos. Por eso se busca la equidad en la distribución”, puntualizó.
Según la literatura económica, hay varias metas- explicó- con las que debe cumplir una reforma. Entre ellas destacan: Generalidad, que significa que todas las personas físicas y jurídicas deben estar sujetas al impuesto, sin que se admitan excepciones no justificadas: Proporcionalidad, o sea, que las cargas fiscales se impongan en función de la capacidad de pago. Una redistribución de la renta más igualitaria. Los principales objetivos de la redistribución deben procurar una eficacia en la asignación de los recursos, estabilidad económica y desarrollo económico.
Muy pertinentes para nuestra Isla es que la reforma también: Evite el dirigismo fiscal, de forma fragmentada y arbitraria: Minimizar la intervención en la esfera privada de las personas y empresas: Favorecer la competencia, no distorsionarla. Esto en particular es importante para ayudar a los nuestros.
La reforma también debe lograr suficiencia para cubrir los gastos públicos. La economista advirtió que la suficiencia es clave y que se deben evitar negociaciones ocultas, tipo Doral, que afectan la recaudación. El sistema impositivo debe además ser uno flexible que permita cumplir funciones de estabilización económica, como el activar políticas anticíclicas de ingresos que sean discrecionales, por ejemplos: recargos (subida del impuesto a las rentas del capital), subvenciones, etc. Según permite adoptar políticas anticíclicas, el modelo debe contar con estabilizadores automáticos, por ejemplo, impuesto sobre la renta y prestaciones de desempleo para las personas que pierden el empleo.
Dos últimos objetivos, pero no menos importantes, son que el modelo contributivo favorezca y promueva el desarrollo regional de sectores productivos estratégicos, y que sea lo suficientemente neutral para que los impuestos alteren lo menos posible las decisiones de los agentes económicos.
La economista continuó exponiendo que en términos de su funcionamiento, para que un sistema contributivo sea eficaz, que el Estado lo pueda manejar y fiscalizar, y que los contribuyentes también lo entiendan, debe tener: congruencia, o sea, que no tenga contradicciones ni lagunas legislativas; transparencia, que el contribuyente tenga conocimiento exacto de la carga tributaria; práctico, es decir, que sea posible llevarlo a la práctica por los contribuyentes y la administración; continuidad, que el marco tributario sea estable y los cambios se realicen dentro de reformas sistemáticas y generales; y comodidad, o sea, que sea fácil cumplir con las obligaciones tributarias, sin poner en peligro la igualdad y la flexibilidad.
Para qué una reforma
Una vez establecido o adoptado el modelo contributivo, éste debe lograr, entre otras metas:
Impuestos sobre ingresos progresivos, en otras palabras, que los que ganan menos de cierta cantidad no pagan, para lograr equidad.
Fomentar la inversión. En particular, Quiñones indicó que en la Isla se deben buscar beneficios para nuestros empresarios y darle descuentos por tipos de inversión. “El propósito es que se creen más empleos y riquezas en Puerto Rico”. Aclaró que crédito por empleos no es lo mismo que subsidios, es un premio por la creación de empleos y por ser eficientes. Defendió que el crédito debe ser para los comerciantes y productores del país, quienes son los que generan inversión y producción local.
Ya que una de las expectativas de la reforma es que fomente el crecimiento económico, Quiñones advirtió que ésta debe ser neutral, que no fomente que se cierren empresas, que no fomente que la gente deje de trabajar y que se afecten sectores.
Muy en particular, la economista llamó la atención a que la reforma debe combatir la evasión contributiva y, por el contrario, debe buscar atrapar al evasor. De manera enfática advirtió: “Hay que evitar las amnistías contributivas, pues premia al que no paga y busca evadir. Hay personas de muchos ingresos que no pagan y buscan las amnistías para no pagar. Esto produce efectos negativos pues premia al que no cumple y penaliza al que cumple, que asume toda la carga contributiva”.
El impuesto al consumo
La profesora Quiñones Domínguez recomendó que hay que separar la discusión de si se adopta un modelo de impuesto al consumo de IVU o IVA, de lo que es la reforma contributiva o de la distribución de la renta, pues tienen objetivos diferentes.
La reforma contributiva debe ser una planilla simple y que logre equidad. “Es un asunto de justicia económica con las familias trabajadoras y que llevan toda la carga fiscal. Debe ser progresiva y que logre recaudar (evitar evasión contributiva) y haga las cargas proporcionales”, recalcó.
Sobre el impuesto al consumo, explicó que es regresivo, o sea, que los que ganan menos en la práctica pagan más (cada vez que una persona de bajos ingresos compra algo está pagando más impuestos porque tiene menos dinero). El propósito de esta medida es para atrapar ingresos no reportados que entran por la economía paralela, lo que se conoce como economía subterránea, y que se quiere penalizar el consumo excesivo. “Por eso se establece un impuesto al consumo que debe recaudar más dado el vicio de consumo que padecemos en Puerto Rico”.
La economista censuró que no se ha recaudado más dinero mediante el IVU debido a deficiencias administrativas del Gobierno, que si se corrigieran, recaudaría más. Denunció que no hay un estudio que valide la necesidad de cambiarlo. “El estudio es necesario pues señalaría dónde está el problema que debemos corregir”.
En el caso del IVA, reconoció que “puede ser mejor, pero no se ha explicado pues los políticos ni lo entienden y son incapaces de hacer un impuesto simple, que puedan explicar de forma transparente para mostrar sus beneficios. Esto lo condena a ser ineficiente, pues si no se entiende puede equivaler a más costos para los empresarios/intermediarios que deben pagar por radicar la planilla y recuperar esos costos administrativos. Se lo pasarán al próximo en el precio”.
Esto significa que el efecto de auto fiscalizarse se logra pero a costos mayores para el consumidor que se encuentra al final de la cadena. Quiñones Domínguez afirmó que con el IVA, “seguirá la misma falta de eficiencia en Hacienda, aumentando los costos y reduciendo la capacidad de captar. Hay que corregir el problema principal que es Hacienda y su falta de eficiencia, corregir la corrupción que se puede dar en cada paso para lograr un impuesto que recaude, que no afecte la forma de hacer negocio en Puerto Rico”.
La economista reiteró la necesidad de separar ambas discusiones y que se lleve a cabo una reforma contributiva que “haga justicia a los trabajadores y la cual los que ganan más están entorpeciendo”. |