Al fundarse el Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, el gobierno de Estados Unidos aplicó un plan general para Puerto Rico, dirigido a dar la impresión de que ellos desaparecerían de la escena y que los puertorriqueños y las puertorriqueñas asumiríamos la dirección de nuestra sociedad.

Se permitió que hubiera un gobernador y una legislatura puertorriqueños. También una policía y una guardia nacional compuesta por puertorriqueños; un tribunal supremo con jueces puertorriqueños y hasta una constitución puertorriqueña. Partidos políticos, bandera e himno oficial; en fin, se promovió una especie de “puertorriqueñización” de la dominación colonial.

Estados Unidos aparecería como una suerte de dios omnipresente, proveedor y protector de este pueblo pobre e indefenso. En ningún caso reconocería responsabilidad por los problemas, las carencias y limitaciones que con el paso del tiempo se han convertido en una crisis general de nuestra sociedad. Mandaría en todo—como siempre desde 1898—pero con cierto disimulo.

Ello explica porqué muchos de los análisis que se hacen sobre la precaria situación económica y social en que nos encontramos, se conforman con atacar partidos políticos, administraciones o gobernadores de turno. Como si se tratara de asuntos internos o de responsabilidades individuales.

Muchos intentan pasar por alto que en gran medida enfrentamos una creciente crisis económica y social porque no tenemos los poderes políticos para enfrentarlas, porque dependemos de decisiones externas, que se toman pensando en otros y no en nosotros.

Reducir la asignación de responsabilidades o culpas a Muñoz, Romero, Aníbal o García Padilla, es desconocer que los gobernadores coloniales carecen del poder para tomar decisiones principales en beneficio del pueblo.

La responsabilidad primaria, esencial, fundamental y hasta hoy determinante, del tipo de sociedad que se organizado en Puerto Rico durante los pasados 116 años, recae en el gobierno de Estados Unidos.

Ellos han sido el problema. No pueden ser la solución.

Precisamente, la solución comienza si reconocemos que tienen que transformarse a la mayor brevedad las relaciones existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos. Una transformación que represente poderes políticos para nuestro Pueblo poder decidir por su cuenta lo que más le convenga.

Pero eso no se resuelve con falsos plebiscitos. De engaños y gestiones fraudulentas estamos saturados.

Los problemas de la sociedad puertorriqueña comenzarán a resolverse el día que nosotros y nosotras, el Pueblo, asumamos el control de nuestro destino.

La Asamblea de Estatus es un paso en esa dirección. Representa un junte de voluntades, desde la mayor diversidad y con el mayor respeto y seriedad de propósito.

Reflexionemos sobre todo esto. Separemos la paja del grano. Nadie lo va a hacer por nosotros y nosotras. No permitamos que el País se nos siga yendo entre los dedos.