¿Cómo sería tu vida si cada día pudieses dedicar cuatro horas al trabajo de cuidados, cuatro al remunerado, cuatro al trabajo en la comunidad y cuatro a la música, la lectura o el deporte? Hace un siglo parecía inalcanzable lograr una jornada de ocho horas diarias y cuarenta semanales, pero las luchas del movimiento obrero hicieron que ese sueño pasase a ser una realidad en parte del mundo.

No debemos olvidar estas luchas que hacen nuestra vida mejor. En tiempos en que el neoliberalismo profundiza las situaciones de desigualdad, debemos ofrecer respuestas para volver a situar a las personas y la vida al centro de toda decisión económica, adelantando pasos hacia la equidad como objetivo social.

La economía del bienestar ha sido acusada de ser parte de la crisis; las mentiras se repiten continuamente. Confundir intencionalmente lo que es “economía del bienestar” con ayudas económicas para familias desventajadas es engañar al pueblo. Por eso debemos aclarar las falacias o mentiras económicas sobre el rol del Estado, pues estas abonan a la gestación de la corrupción. La corrupción distorsiona las macroeconómicas, afecta la inversión, desvía el uso de fondos públicos hacia proyectos improductivos y genera un pobre desempeño de la economía, además de destruir el capital social y humano.

La economía del bienestar, que en pocas palabras, es esa rama de la teoría económica que establece las condiciones para conseguir la máxima eficiencia económica, no debe ser acusada de la mala gestión pública. La máxima eficiencia económica se logra evaluando las políticas que persiguen la consecución de ciertas metas que se consideran deseables para alcanzar el máximo de bienestar social. Ese bienestar social es el conjunto de esos factores que una persona necesita para gozar de calidad de vida, tranquilidad y satisfacción humana. Factores como empleos dignos, ingresos para satisfacer las necesidades, viviendas, acceso a la educación y a la salud, tiempo para la cultura, etc. Para que exista calidad de vida debemos tener equidad social y económica como objetivos sociales. Debemos entender la equidad social y económica como un conjunto de prácticas tendientes a superar la exclusión y las inequidades sociales, económicas, culturales y políticas, de modo que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto y el Estado tenga la función de lograr esa equidad para todos y corregir todas las acciones que propenden a limitarla (o sea, las fallas del mercado).

Entendemos que las culpas o deficiencias que se le adjudican a la economía del bienestar son parte de la falta de definición e información que diariamente se ofrece en nuestra sociedad y que desvía la atención sobre el problema principal que es la corrupción. Las mentiras económicas pretenden restarle valor a la influencia que el gasto público ha tenido en el crecimiento y el desarrollo, para la protección de nuevos sectores vulnerables de la economía y la población, para la estabilidad socio económica en general y para corregir los problemas del mercado. De igual forma, pretende desestimar la desigualdad económica y alejar el objetivo de la equidad social y económica que toda sociedad desarrollada debería pretender alcanzar. Pero cuando comenzamos a destruir esas falacias y a buscar alternativas apropiadas a la crisis económica, damos pasos para construir una sociedad donde la equidad es uno de los objetivos y donde somos parte inherente de los planes de recuperación.

El consenso de Washington

El poder se ha convertido en un objeto a alcanzar, una ficha de juego en la economía de mercado que hay que controlar. La política rige nuestros destinos como expresión del juego de poder y le cede el poder al mercado. Se deben construir entonces falacias que justifiquen y presenten como únicas alternativas las recetas neoliberales enmarcadas en lo que a nivel internacional se conoce como el consenso de Washington. Toda esta construcción ideológica para destruir la economía del bienestar y debilitar el Estado se gesta en la década del 1990, se presenta  como conocimiento científico y se promociona a través de instituciones internacionales. Utiliza el lenguaje emocional o conmovedor para generar estados emocionales que sugestionan a los seres humanos de modo que eviten cuestionarlos; con el discurso de que tomar prestado era la única alternativa para salir de la crisis, el gobierno convence al pueblo. El neoliberalismo es una modalidad económica que promociona el fortalecimiento de la economía a través de la aplicación de recomendaciones que están enmarcadas en el  consenso de Washington. ¿Y qué es el consenso de Washington? Es un conjunto de políticas económicas o recetas para países, consideradas por los organismos financieros internacionales y centros económicos, con sede en Washington, para reformar las orientaciones políticas y económicas. Son 10 reglas, que colocan las políticas públicas del gobierno en función del mercado de forma transversal, apoyadas en falacias que las justifican sin ser evaluadas:

1. Disciplina fiscal: los presupuestos públicos no pueden tener déficits y se debe asumir la austeridad fiscal.

2. Reordenamiento del gasto público: establece prioridades en el gasto público. Recomienda alejarse de subsidios hacia la provisión de bienes y servicios públicos, tales como educación, servicios de salud y la inversión en infraestructura.

3. Reformas tributarias que le restan recursos al Estado debilitando su función.

4. Un tipo de cambio de moneda competitivo.

5. Liberalización financiera.

6. Liberalización del comercio internacional, para fomentar la inversión extranjera.

7. Eliminar las barreras a la inversión extranjera directa.

8. Privatización (venta de empresas públicas y de los monopolios estatales).

9. Desregularización de los mercados: fomentar el “dejar hacer”.

10. Protección de la propiedad privada o el gobierno para defender al mercado.

La pregunta obligada es: ¿y esto qué tiene que ver con Puerto Rico? Las actuaciones de los gobernantes en Puerto Rico vienen de estas recomendaciones. Se ha preguntado usted ¿por qué el gobierno consulta con los bonistas y las casas acreditadoras? Sencillo, le cede el poder a estas instituciones. ¿Pero qué tiene de malo seguir las recomendaciones? Muchas de estas políticas se aplican sin medir los resultados y sus efectos, sin investigar si han sido efectivas y si de verdad propician eficiencia económica, equidad y si mejora la calidad de vida. Aquí lo que importa es obtener ganancias aunque se sacrifique el pueblo. Para el gobierno, salvar a Puerto Rico es salvar las relaciones de poder económicas.

Qué ha sucedido en Puerto Rico

En Puerto Rico se han aplicado algunas de estas recetas y por eso tenemos que entender los efectos de las mismas, para poder hacer propuestas sobre cómo transformar la economía desde la parte estructural e ir a la raíz del problema. La elaboración de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo económico y reparto social debe partir del reconocimiento de dónde están los problemas y de la movilización para plantear, negociar y obtener soluciones. No trabajar con uno de los problemas principales, la corrupción política, es alejarnos de la solución.

El consenso en el resto del mundo es que estas recetas neoliberales no mejoran la economía y al contrario, pueden traer situaciones nefastas para la sociedad. Lo que se ha reportado en países que han implantado la austeridad  fiscal es que hubo más corrupción, más deuda y mayor concentración de las riquezas. ¿Es eso lo que queremos para Puerto Rico?

Austeridad, deuda y gobierno

La austeridad fiscal como alternativa va en contra de asumir la equidad como un principio socialmente aceptado. Al reducir los gastos del gobierno dejamos a la sociedad desprotegida, no cumplimos con el contrato social establecido, que representa las aspiraciones sociales y que articula las políticas y la funciones del Estado. Es cierto que debemos reconocer que el pacto social que asumimos en la década del 1950, que legitimiza el gobierno desarrollista del ELA, ya no tiene vigencia. Se debe buscar un nuevo pacto social, pero el mismo debe emanar de la sociedad y no ser impuesto desde la legislatura. Ese pacto social establecería las aspiraciones sociales que se reflejarían en los servicios de educación, salud y otros servicios gubernamentales. Debemos entender que el costo de la austeridad lo que hace es que socializa las malas prácticas administrativas pues no evalúan su desempeño y el efecto es que le pasa la crisis al pueblo, privilegia a sectores privados y a los bonistas que imponen el consenso de Washington y quien pierde es el pueblo.

Luego de la crisis económica reciente, el chatarrazo, tenemos mayor consciencia de los riesgos de políticas económicas basadas en el endeudamiento. Como pueblo nos enteramos de que por décadas el gobierno cayó en la tentación de incurrir en déficits fiscales y financiar los mismos recurriendo al endeudamiento, como observamos recientemente con la emisión de bonos. Diversos gobiernos encontraron en el endeudamiento el instrumento ideal para tener los beneficios políticos. Con la deuda lograron un mayor gasto público sin los costos de cobrar mayores impuestos, pasando a las generaciones futuras el endeudamiento. La lógica de la política de cada cuatro años consiste en extender los desequilibrios financiados con endeudamiento, que sostienen los intereses de las clientelas políticas. Ante este esquema lo que recomiendan es un ajuste fiscal que reduzca el gasto público y elimine el déficit, evite el endeudamiento, e instrumente una apertura económica; pero si no se trabaja con la corrupción política, no tendremos soluciones que perduren ni a corto plazo.

Algunas de las recetas, como disminuir el Estado, pedir el despido de empleados públicos, reducir los salarios, privatizar los servicios públicos básicos y reducir los servicios, tienen consecuencias sociales y económicas que no se valoran. Este fue el caso de la Ley 7, de cuyos efectos no conocemos el valor, no sabemos cómo benefició o salvó al país y todavía pagamos sus consecuencias. Lo que sí sabemos es que agravó la crisis económica y fiscal. Debemos entender que el funcionario público no es el problema, disminuir sus salarios reales, flexibilizar las condiciones laborales y reducir sus pensiones, dejándolos sin estabilidad ni protecciones, tampoco resuelve el problema.

Un Estado pequeño, desarticulado y sin recursos económicos es el ideal para que grupos que controlan el poder económico y político sigan ampliando sus fuentes de ingresos principales, a través de la especulación financiera, los oligopolios, los salarios ínfimos y la evasión contributiva. Se trata de un Estado que es gobernado para unos pocos y que obedece a ese poder económico que influye en la política, en su capacidad para controlar las leyes y reglamentos, sin evaluación de las consecuencias sociales y económicas.

Liberalización financiera y de comercio internacional

Debemos recordar como una lección histórica que la desregulación de los mercados financieros llevó a las burbujas de hipotecas “basura” y sus productos fueron responsables de la gran crisis económica mundial del 2008 y del 2009. La economía mundial entró en crisis debido a la financiarización de la economía, que explica la relación entre el sistema financiero, el sistema productivo y las formas de financiamiento de todos los agentes económicos como nueva modalidad para lograr ganancias.

La lección es sencilla: es imprescindible un Estado que regule activamente en protección del interés colectivo. La falacia hace creer que los Estados necesitan al mercado para existir. En realidad son los mercados financieros los que necesitan a los Estados y su deuda pública para existir y obtener ganancias. Existe otra falacia que se reproduce en los medios de difusión, que recientemente tuvimos en la Isla, y es que hay que bajar el déficit porque los mercados financieros no prestarán dinero al Estado al no fiarse de que los Estados puedan devolverles el dinero. Pero el Estado puede conseguir dinero a partir de otras medidas que socializan los costos de esa deuda, ofreciendo bonos atractivos al mercado de especuladores con exenciones contributivas, además de poder aumentar los impuestos.

Hoy pocos discuten los beneficios de la inversión extranjera directa, y menos el modelo agotado de Puerto Rico, el de inversión externa. Este modelo socializaba los costos de establecerse en Puerto Rico ofreciendo bajos costos operacionales, subsidios y exenciones a las empresas y permitiendo a las empresas que se apropiaran de las ganancias (pues no le cobraban impuestos), remitiéndolas al extranjero. Este modelo de inversión extranjera nunca se evaluó o actualizó y fue perdiendo vigencia; pero aún así, hoy día se siguen socializando los costos de inversión, se le facilita la gestión gubernamental y seguimos privatizando sus ganancias (aunque se le cobra el 4%) que se van afuera y no aportan al desarrollo de Puerto Rico. Cuando evaluamos el auge de la inversión extranjera y las exportaciones, encontramos que en vez de disminuir la pobreza y el desempleo, las mismas aumentaron debido a la poca atención dada al tema de la equidad y la justicia intrageneracional  como elementos de crecimiento. Cada día el modelo requería que emitiéramos más deuda para atraer capital, comprometiendo la capacidad de crecimiento de nuestra economía y no generando empresas locales, causando la crisis del modelo puertorriqueño. Por otro lado, nuestro modelo no enfatizó en la necesidad de generar investigación y desarrollo para mejorar nuestra producción y gerencia pública y privada. Por eso la falta de investigación o evaluación científica de este modelo y de sus beneficios no permiten estimar la magnitud de los costos de estas políticas públicas. Hoy día este modelo se replica por América Latina agudizando las contradicciones (desempleo, pobreza y exclusión social, además de destrucción de empresas nacionales) y la explotación que produce.

Corrupción y privatización

La falacia o mentira económica es que la manera de combatir la corrupción es privatizar. Este argumento de la privatización no ha sido evaluado de forma científica, y ha generado más corrupción en el proceso. Si entendemos la corrupción como mal uso de fondos o del poder para conseguir una ventaja pública o privada, podemos entender la corrupción como un problema que afecta de forma desigual en la economía. Los casos estudiados en otros países señalan que la privatización no se llevó a cabo cuidadosamente, generando como resultado más corrupción y mayor concentración de las riquezas. La prisa por lograr resultados a corto plazo, el seguir instrucciones de gente interesada en los procesos de privatización, la falta de un gobierno que articule una agenda de todos y la politización, son parte de los gestores de la corrupción en los procesos de privatización. Los estudios realizados en Harvard han señalado que la corrupción está vinculada a la desigualdad. Una concentración de poder económico y político en un grupo reducido genera incentivos hacia la corrupción al percibirse impunes. La investigación señaló que cuando existe un gobierno transparente y eficiente, con participación pública activa, una población educada y con buenos servicios públicos, lleva adelante un control social que limita la corrupción. Los estudios añaden que la corrupción no es exclusiva del sector público y por esto los esfuerzos deben concentrase en combatirla, tanto a nivel público como privado. Para erradicar la corrupción el Estado debe corregir la desigualdad, la falta de información y la poca participación pública que generan situaciones de corrupción.

Es crítico, pues hoy día se escucha sobre la necesidad de privatizar para lograr eficiencia del Estado, cuando lo que debemos escuchar es que podemos lograr eficiencia si hacemos nuestra labor de fiscalización del uso de fondos públicos. Podemos controlar la corrupción si el objetivo del gobierno es la gente y no los auspiciadores económicos. Podemos controlar la corrupción si la politiquería la dejamos fuera y trabajamos por el pueblo. Escuchar que privatizar la AEE traerá reducciones en los precios es una nueva falacia construida bajo premisas falsas de los que esperan ganar con ese negocio. Es una premisa falsa si no controlamos la corrupción en el proceso, si favorecemos unas propuestas sobre otras solo para lograr ventaja económica y política. Cuando evaluamos la propuesta que hacen, vemos que piden que privaticemos la parte de la producción de la energía que es rentable y la pasemos a manos privadas; o sea, que le demos las ganancias a unos pocos sin tener claro cuáles son los beneficios sociales que se alcanzarían. Por otro lado, nosotros, el pueblo, nos quedaremos con la parte del negocio que es de pérdidas: distribuir, reparar, facturar, etc. En pocas palabras, socialicemos los costos y que el pueblo los asuma, y que otros se apropien de las ganancias, a cambio de la promesa de que van a bajar los costos de energía eléctrica. Nuevamente, la riqueza de unos pocos crece con la finaciarización de la economía, las operaciones de oligopolios y el debilitamiento del Estado. Mientras tanto, el pueblo paga las malas gestiones públicas, las malas administraciones y las ineficiencias de esta política pública. Hay que recordar que la función del Estado es corregir esas asimetrías del poder, lograr eficiencia y eficacia, conseguir el mayor beneficio social dentro de los criterios de equidad.

Desregularización de los mercados y proteger el mercado

Algunos economistas recalcan que el aumento del desempleo se debe a la rigidez del mercado laboral y a la excesiva influencia y poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas. Para ellos la solución es desregularizar el mercado laboral para que se creen más empleos. Esta es otra falacia que genera más corrupción, construida para engañar al pueblo. Los argumentos no reconocen las asimetrías o imperfecciones del mercado laboral, no reconocen el problema del patronazgo político laboral que se da, tanto en la esfera pública como en la privada. El patronazgo político en los empleos es una de las causas de la corrupción, y no es otra cosa que buscar la recomendación política para acomodarte en un puesto. Todos sabemos que para conseguir un empleo no es válida tu experiencia o conocimiento, lo que influye es tu conexión política, incluso para obtener un empleo en cualquiera de las tiendas al por mayor. Sí, los empleos a tiempo parcial y mal pagados en las tiendas se reparten desde las alcaldías que poseen una cantidad de puestos asignados. Así que establecemos que el mercado laboral no es competencia perfecta; la evidencia empírica existente en la literatura científica evidencia que existen asimetrías. Por lo tanto, el deber del Estado es corregir esas imperfecciones (o asimetrías) del mercado laboral. Si a lo anterior le añadimos que una de las características de la recesión es la disminución de puestos de trabajo, señalar que la persona a la que se despide va a poder encontrar trabajo es erróneo. Por otro lado, la financiarización de la economía y la mejora en el capital, establece que las nuevas formas de producción no generan la cantidad de puestos de trabajo esperada. Lo que hemos estado viendo estos años ha sido una disminución muy marcada de los ingresos del trabajo, como consecuencia de que la productividad ha aumentado más que los salarios, en contra de lo que constantemente se está indicando. Ello explica que los ingresos del capital han aumentado a costa de la disminución de los ingresos del trabajo. Esta reducción en el ingreso disminuye la capacidad adquisitiva que han intentado paliar endeudándose, permitiendo mantener un alto nivel de demanda que estimuló el crecimiento económico. Por otro lado, hay estudios que señalan que las mejoras en los salarios producen mejoras en la economía, pues la gente tiene más dinero para gastar.

La corrupción y los puestos de empleos del gobierno

Un problema de la falta de eficiencia en la gestión pública tiene que ver con cómo se ha violentado la forma en que se consigue empleo en el gobierno, el principio del mérito. Las leyes y reglamentos establecen que los puestos se asignan a los seres humanos más talentosos para que sean los que desarrollen soluciones a los problemas de la sociedad, tengan compromiso con la administración pública, con calidad y eficiencia en la oferta del sistema. Pero la realidad es otra, y poco a poco fue introduciéndose el patronazgo político que conduce a la corrupción. Ese patronazgo, que las leyes de personal trataron de eliminar, nuevamente se va introduciendo en el gobierno, desde la alta gerencia hasta los puestos más bajos, causando corrupción en diferentes formas. La permanencia en el sistema público pretendía ser un proceso justo, donde el mejor era seleccionado por sus credenciales y experiencia y sobre todo por su compromiso con el servicio público. Estos empleados que entran por patronazgo político, crean asimetrías o sesgos en los puestos, no se escoge a los mejores, no permiten que los empleados entiendan sus funciones, la importancia de su puesto y su función social y, lo peor, no tienen compromiso con el servicio público. Esta es la misma situación que se da con jefes de agencias, ayudantes y asesores; que no se escoge el mejor, el que demuestre compromiso social, sino al que mejor responda a la politiquería, afectando la calidad del servicio. Estos servidores públicos deben ser nombrados por méritos, por preparación académica y experiencia pues de lo contrario atentamos contra la capacidad y el talento, contamos con personas que no aportan, que fomentan la mediocridad y la corrupción, pues están en esos puestos por su capacidad política. Por otro lado, al ser bautizados políticamente exigen sueldos y beneficios altos, lucrándose del dinero del pueblo, no tienen productividad y dañan la gerencia pública. Para corregir este problema su compensación debe estar basada en criterios de sana gerencia pública, servicio al pueblo y productividad y no en criterios políticos. Ya estamos cansados del discurso basado en falacias económicas, de que hay que pagar mucho para que acepten el puesto; si no es un verdadero servidor público, que no acepte el puesto. El puesto es para servir al pueblo, lograr eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos y lograr beneficios sociales y no para lucrase; lo demás es corrupción.

Una de las primeras luchas contra la corrupción a corto plazo, es combatir el empleo basado en conexiones políticas, sin experiencia ocupacional, donde media el arreglo con el partido vencedor de las elecciones. Al sacar el elemento que causa la distorsión, o la corrupción para corregir el problema, se restituye el verdadero servidor público, aquel que llega al gobierno a trabajar, para servir y no ser servido, y aunque le paguen menos, su recompensa es ser el mejor y dejar un legado para las generaciones futuras de sana administración.

Debemos combatir la corrupción pública y privada

Para lograr crecimiento económico debemos crear compromiso con un proyecto de futuro, comprometernos con combatir la corrupción pública y privada. Tener un gobierno centrado en la gente, que responda al pueblo y no a bonistas o financieros externos, es la aspiración social. Para esto es necesario un nuevo pacto social, con un proyecto de país que se cree por el consenso de todos, donde se defina la sociedad que queremos. Tener el consenso permite diseñar el proyecto político de la sociedad, que no es uno diseñado en la legislatura con vistas públicas, ni controlado por una fracción ideológica. Todos debemos entender que no es un proyecto de un grupo pequeño nominado por el gobernador, un grupo con intereses económicos o políticos o un grupo que se apropie de la voz del pueblo. Es democratizar el proceso donde todos participen con sus diversas voces y formas de ver la realidad, sin restar mérito a cada voz. Un grupo que supere el tribalismo político que no permite que realicemos evaluaciones objetivas y serias y que busquemos un objetivo social común y logremos combatir la corrupción. Es ser valiente para decir la verdad a quien ostenta el poder sin temor, pues se practica la democracia a diario y en todo momento, con una ciudadanía informada, comprometida y que dialoga, participa y busca soluciones. Luchar contra la corrupción es lograr un gobierno ágil, transparente y eficiente que restituye el modelo de servicio público, y que gobierne para el pueblo.

Hay que hablar, denunciar y combatir la corrupción para evitar el que usa privadamente los bienes del pueblo, los que sesgan sus criterios hacia el mercado, el que reproduce e induce la corrupción y el que usa fondos públicos para sobrevivir por medio de contratos, subsidios, o utiliza los fondos públicos con fines privados y el que no denuncia la corrupción y la asume como parte de la vida. Debemos combatir el patronazgo político que introduce la corrupción en el proceso de selección de personal público y privado.

Para combatir la corrupción el reducir el gobierno no es la solución, pues reduce el servicio, no logra eficiencia, no se cumple con el pacto social y no se puede cumplir con el objetivo social de equidad. Estudios en diversos países han demostrado que un gobierno pequeño no combate la corrupción, lo que combate la corrupción es un gobierno ágil, eficiente y eficaz que se base en criterios de equidad. Cambiar la lógica de desarrollo centrado en el ser humano y no en el mercado, conduce hacia mayor equidad, y por ende a crecimiento y desarrollo económico y social. La legitimidad del gobierno se logra cuando entiende las demandas populares; acercarse al pueblo lo coloca como centro y busca alternativas en conjunto para mejorar.

El nuevo pacto social debe plantear el mantenimiento de vidas dignas, con bienestar. Solidaridad y equidad. La distribución equitativa de la riqueza supone unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva donde la prioridad del gasto público se oriente al bienestar: sanidad, educación, protección social y ambiental, y cuidado de la población. La oportunidad histórica de revertirlo es ahora. Es necesaria la contribución de todas las personas, así como la planificación, utilización y distribución equitativa de todos los recursos y combatir la corrupción. Hay que cambiar el modelo económico para que sea más solidario, con más justicia y más participación para lograr equidad. La igualdad y la equidad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos, debe ser una parte inherente de los planes de recuperación, así como de la transición hacia una visión holística a largo plazo de la época posterior a la crisis. Somos parte de la solución.

Con cinco recomendaciones podemos comenzar a transformar la sociedad y combatir la corrupción

Contribuir en mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos utilizando las tecnologías de información para diseñar escenarios de posibles acciones, mejorar la gestión de bienes y servicios del gobierno, que genere innovación para mejorar la gestión pública, realizar reuniones y ofrecer educación en diversas modalidades. Hay que reconocer que solo un segmento de la población maneja eficientemente las tecnologías  de información, por eso debemos democratizar su conocimiento con educación para el pueblo, de manera que llegue a más personas y el gobierno pueda agilizar su gestión en función del pueblo.

Fomentar los diálogos abiertos y participativos donde se permita la participación de las diversas voces en la evaluación continua de políticas públicas, donde se estimule la participación activa con diálogos abiertos entre los políticos y el pueblo. Esta retroalimentación continua mejora los servicios y logra que se evalúe el uso de los fondos públicos de forma eficiente.

Designar un equipo de destacados expertos (en diversos temas) que de forma voluntaria evalúen los proyectos de políticas públicas y se puedan eliminar los asesores que no son pertinentes (combatir el patronazgo político), que ofrezcan recomendaciones y que enriquezcan el proceso. Además, crear grupos de expertos para que diseñen un sistema para evaluar los programas del Estado, creen un sistema de monitoreo y rendición de cuentas por medio de un Observatorio de Gestión Pública, abierto a la participación pública.

El diseño de un programa de reclasificación laboral y mejoras de la administración pública por medio de los sindicatos y gremios profesionales, que recomiende y evalúe continuamente los puestos. Este programa debe fortalecer los puestos por el principio del mérito, que debe ser un principio fundamental, además de lograr un compromiso con la gestión pública y entender que esos puestos son privilegios que se ofrecen para que trabajen en función de la comunidad. Hay que buscar justas remuneraciones a los diferentes puestos, para lograr la mejora continua de las tareas asignadas.

Crear y fomentar un sistema de auditorías continuas, transparencias y gobernanza que permita la evaluación de los objetivos sociales y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Rendir cuentas continuamente a la población para que se conozca qué se hace con el dinero y, si se identifica dinero mal utilizado, que tenga la entereza de denunciarlo. Lograr la planificación participativa, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de fondos para que cumplan con objetivos sociales definidos, es asuntos de todos.

Denunciar y eliminar la corrupción es importante para lograr crecimiento económico, para fomentar la inversión y reducir la desigualdad social. De lo contrario, la llaga cancerosa de la corrupción destruirá nuestra economía y los esfuerzos para salir hacia adelante. Corresponde a nosotros trabajar por una sociedad equitativa, justa y sobre todo que fomente la calidad de vida, el crecimiento y desarrollo económico y social para las generaciones de hoy y las del futuro. Es nuestro legado mejorar la economía del bienestar, combatir la corrupción y tener un mejor gobierno.

(Tomado de 80grados)