Borikén, nombre indígena del archipiélago cuya principal isla es Puerto Rico, vive en este siglo XXI esclavizado por un Tratado suscrito en 1898 por España y Estados Unidos, una situación rechazada en grandes foros internacionales gracias a la resistencia de los movimientos nacionalistas de la pequeña ínsula del Caribe, que luchan desde hace décadas por obtener la soberanía nacional.

Washington, que se niega a devolver la soberanía a los boricuas –en manos extranjeras desde que desembarcó allí Cristóbal Colón en 1493- mantiene a su ciudadanía en una especie de limbo jurídico. El poderoso imperio del Norte no la admite como uno de sus Estados, pero tampoco la devuelve a sus legítimos dueños, pues posee muchos intereses en ese enclave, entre ellos los militares. De ahí que la mejor idea para sus propósitos es declararla pomposamente Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

El 11 de abril de 1889 el gobierno estadounidense canjeaba con el reino de España las ratificaciones del Tratado de París, suscrito un año antes en la capital francesa por sus máximas autoridades, una suerte de colofón de su intromisión en la guerra hispano-cubana, documento con el cual pudo adueñarse de varios territorios geográficamente importantes en la nueva geopolítica que diseñaron para la región del Caribe en el siglo XX.

Con ese supuesto gesto diplomático, las autoridades estadounidenses se adueñaban además de las restantes posesiones españolas en El Caribe y en la región del Pacífico. O sea, Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas.

En cuanto a Cuba, los estrategas de entonces planificaron ocupar su  territorio para después otorgarle una independencia ya ganada por los criollos en los campos de guerra contra los españoles. La supuesta salvación llegada con los barcos imperiales marcó la historia de ese país que desde entonces y hasta 1959 sobrevivía bajo los intereses políticos y económicos de Washington.

La suscripción del documento parisino daba por concluida la guerra hispano-cubano. El régimen imperial aprovechó su entrada en Cuba para ampliar su expansión luego de casi 100 años de apropiaciones amañadas bajo distintas doctrinas. Ese parecía ser el llamado destino manifiesto de estas tierras. Para aquella fecha, había comprado Louisiana, Oregón, California, Texas, Nuevo México, entre otros territorios, pero sus ambiciones lo trajeron al Caribe amparado por una flota que daba cuenta de su poderío militar.

UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

Desde la fecha en que el presidente William Mc Kinley firmó el texto en París, Puerto Rico es una piedra en el zapato de Estados Unidos, aun cuando en los referendos realizados sobre la eventual recuperación de la soberanía, la mayoría de la población se haya negado, dada la dependencia económica del Estado Libre Asociado y la penetración de la cultura de los norteños durante varias generaciones.

Sin embargo, los nacionalistas puertorriqueños vienen librando desde hace décadas una batalla desigual para recobrar la libertad de la isla y para ello hacen valederas diferentes formas de lucha, desde la callejera hasta la discusión en las Naciones Unidas (ONU) de ese obsoleto caso de colonización en el siglo XXI.

Los nuevos gobiernos de corte democrático en América Latina y El Caribe se han sumado a los esfuerzos de quienes desean la plena libertad del Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Hay muestras importantes de la solidaridad con los borinqueños. Ejemplo de ello son las votaciones del Comité de Descolonización de la ONU a favor de la soberanía de la ínsula y el apoyo recibido  en otros foros internacionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), la mayor fuerza unitaria e integracionista existente en la actualidad en esas regiones.

El pasado año, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas evaluó de nuevo, a propuesta de Cuba –unida a Cuba en la historia y cercanía geográfica- y el auspicio de otras naciones latinoamericanas,  la situación de Puerto Rico, un ejercicio diplomático que realiza esa instancia desde hace más de tres décadas y del cual Washington hace caso omiso.

Ante los delegados de 193 países integrantes del organismo mundial, el representante alterno de Cuba ante la ONU, Oscar León, presentó un proyecto de resolución con el auspicio también de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador sobre el derecho inalienable de Puerto Rico a la libre autodeterminación e independencia.

Era un acto ya visto en la ONU. El derecho de los puertorriqueños a su soberanía ha sido reconocido desde 1972 en 31 resoluciones y decisiones adoptadas por esa instancia.

Sin embargo, León reconoció que “poco se ha avanzado en todos estos años en la búsqueda de una solución definitiva a la situación colonial existente que permita a los puertorriqueños determinar libremente su condición política, y alcanzar sin interferencia extranjera sus sueños políticos, económicos, sociales y culturales”.

El proyecto de resolución también solicitó al presidente estadounidense Barak Obama la liberación de los presos políticos Oscar López Rivera, encarcelado desde hace 32 años y de Norberto González Claudio, quienes cumplen injustas condenas por su voluntad independentista.

La inserción del tema Puerto Rico en la II Cumbre de la CELAC celebrada en La Habana, dio un espaldarazo a los esfuerzos de los patriotas puertorriqueños. Representantes de movimientos políticos boricuas a favor de la soberanía nacional viajaron a La Habana como invitados para participar en actividades colaterales a la magna cita.

“Reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y, al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de  Descolonización de las Naciones Unidas, reiteramos que es asunto de interés de  CELAC”, indicó la Declaración final de la Cumbre, según concluyeron 29 jefes de estado y gobierno reunidos en la capital cubana.

La lucha por la liberación de Puerto Rico es larga y difícil. Estados Unidos es un enemigo poderoso que no se dejará quitar esa joya de la corona caribeña, la cual gobierna entre telones, pero tampoco podrá eludir el sentir de una buena parte de los cuatro millones de personas que viven allí y que demuestran, con sus protestas en las calles, en las tribunas públicas, en su siempre renovada lucha política, que en algún momento la tierra borinqueña se insertará en las naciones libres del Caribe.