El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizó el jueves 6 de marzo en una reunión a puertas cerradas una propuesta de Panamá, respaldada por Estados Unidos, de convocar a una reunión de consulta de cancilleres para tratar la crítica situación imperante en Venezuela (donde un mes de provocaciones y “guarimbas” impulsadas por sectores de la oposición han generado a esta altura 21 muertos).

La propuesta se parecía como una gota de agua a la moción que derivó en la Conferencia de Cancilleres de la OEA efectuada en enero de 1962 en San Rafael, Uruguay, en la cual, después de muchos días de una presión inaudita ejercida por EEUU, se alcanzaron los votos mínimos para expulsar a  Cuba revolucionaria del sistema interamericano. Esto aconteció unos meses después de la participación del Ché Guevara en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la OEA en Punta del Este (agosto de 1961), en que denunció la fementida Alianza para el Progreso en pleno rostro del delegado estadounidense Douglas Dillon.

La propuesta de Panamá, por la cual el presidente Ricardo Martinelli estaba actuando como un simple mandadero del gobierno de los Estados Unidos, llevó al presidente venezolano Nicolás Maduro a decretar la ruptura de relaciones con Panamá, al considerarla como una intromisión en los asuntos internos de su país. Maduro declaró que el presidente y el canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, así como el embajador de ese país en Washington, “están conspirando contra Venezuela para que se produzca una intervención extranjera en nuestro país”. La cancillería venezolana  informó a la embajada panameña en Caracas que su embajador y otros tres diplomáticos fueron consideradas personas no gratas y tenían 48 horas para abandonar el país. Simultáneamente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que el gobierno de Estados Unidos, en conjunción con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, estaba tratando de desestabilizar a Venezuela. Todos estos elementos juntos integran la gran conspiración contra la República bolivariana.

En el organismo de la OEA la propuesta de Panamá fue rechazada de plano. Se opusieron decididamente todos los países integrantes del ALBA, así como Uruguay, Argentina y Brasil, entre otros. Simultáneamente, Cuba se pronunciaba a través de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla contra las maniobras de la OEA y contra las actitudes injerencistas de Estados Unidos. Al tiempo de reiterar su “invariable solidaridad” con el gobierno de Maduro, el canciller cubano manifestó: “Deseo expresar nuestra enérgica condena a las resoluciones sobre Venezuela aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y a los intentos de injerencia de la Organización de Estados Americanos”.

Otro dato revelador: el Departamento de Estado exigió la liberación de Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición. Éste ha asido condenado por la justicia por sus actividades conspirativas y por reclamar públicamente que las manifestaciones prosigan hasta derribar al gobierno de Maduro. El State Department parece ignorar que Leopoldo López fue contactado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y que resolvió entregarse cuando se convenció que sus propios correligionarios proyectaban matarlo a fin de convertirlo en un mártir. Para que no quepan dudas, esto lo declaró la propia esposa de Leopoldo López a la CNN, que lo difundió. El objetivo era responsabilizar de ese crimen al gobierno y de esa manera atizar el clima de guerra civil y abrir paso a la intervención extranjera.

En el debate continental suscitado a raíz de estos hechos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa (que obviamente rechazó la propuesta panameña) señaló que una alternativa viable sería considerar el tema de Venezuela en una reunión de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), destacando la circunstancia de que los mandatarios de las naciones sureñas se  encontrarán sin duda en la asunción de la presidencia de Chile por parte de Michelle Bachelet, el próximo martes 11 en Santiago. En definitiva es lo que se resolvió. Los mandatarios se reunirán en esa fecha, y para el día siguiente, miércoles 12, ya está agendada una reunión de los cancilleres de los países sudamericanos en la capital chilena para definir su posición sobre la situación imperante en Venezuela. Como se sabe, la presidencia pro tempore de UNASUR está actualmente en manos de la República de Surinam (la antigua Guayana holandesa) y su presidente, Desi Bouterse, se ha pronunciado en forma categórica a favor de la reunión del organismo.

En las horas siguientes, y ya descartada la amenaza de la propuesta de Panamá, la propia OEA en su conjunto votó en forma unánime una declaración abogando por el cese de la violencia en Venezuela, en lo que fue considerado como una “decisión histórica”.

Al mismo tiempo, y como señal de la  activa participación de Venezuela en todos los frentes, el canciller Elías Jaua, que junto a un grupo de diputados venezolanos realizó una gira relámpago por varios países sudamericanos, incluso el nuestro, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde denunció los planes de intervención extranjera contra su país y la intensificada campaña mediática de mentiras y tergiversaciones sobre la realidad venezolana a nivel internacional.

El gobierno persiste con firmeza en su objetivo de alcanzar la paz, y en ese sentido ha integrado la Conferencia Nacional por la Paz y la Vida, con amplia representación de diversos sectores (aunque con manifiesta reticencia de la mayor parte de los sectores de la oposición a incorporarse) y también ha creado la Comisión de la Paz y la Verdad, conformada por los presidentes  de las Comisiones de la Asamblea Nacional legislativa y de personalidades representativas de la iglesia y de los diversos sectores incorporados a la Conferencia por la Paz y la Vida. Estos organismos están ahora en un proceso de descentralización, para llegar a conformar sus filiales en los diversos estados. Así, se anuncia la instalación de la Mesa por la Paz en el estado de Táchira, uno de los más conflictivos y donde más se han evidenciado las maniobras depredatorias de los sectores de la oposición.

Las movilizaciones de estos sectores se han ido desflecando. Lo que persiste en todo su vigor es la campaña de tergiversación mediática. Ya se ha desenmascarado hasta la saciedad una de las modalidades más utilizadas a ese respecto: la de atribuir al gobierno de Venezuela actos de represión que en realidad ocurrieron en Chile, Siria, Egipto, Cataluña, Grecia, Bulgaria, Río de Janeiro y en los propios Estados Unidos. Se falsificaron las leyendas de las notas gráficas respectivas. Se ha ido demostrando un día tras otro las falsificaciones de este tipo, de parte de la agencia CNN y del diario ABC de Madrid, entre los más destacados. Sobre este último, la ministra de Comunicación de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que demandará judicialmente al diario ABC, que “…tuvo la desfachatez de presentar unas fotos de unas protestas en Egipto como violación de los derechos humanos en Venezuela”. Es un ejemplo entre muchos. Hay otros, referidos específicamente a la campaña de CNN, como el caso del estudiante Ramón Soto, que fue presentado como una víctima de la represión del gobierno y que en realidad es miembro de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue objeto de un atentado por parte de los grupos mafiosos de Voluntad Popular (el mini partido de Leopoldo López), que le partieron la cara de un botellazo.

Ignacio Ramonet ha escrito un notable artículo titulado: “¿Está en riesgo la democracia en Venezuela?”, que con ejemplar brevedad sintetiza la situación en el país. Recuerda que en los meses recientes se registraron en Venezuela dos votaciones presidenciales, elecciones a gobernadores y comicios municipales, y en todos ganó el bloque bolivariano. En abril 2013 Maduro le ganó la elección presidencial a Capriles. Los opositores dijeron que las municipales de diciembre 2013 serían un plebiscito, y en ellas el chavismo ganó por 77% a 23%, conquistando 256 municipios contra 76 de la oposición. Ningún resultado ha sido impugnado por las misiones internacionales de observación electoral.

Traza luego un resumen a vuelo de pájaro de los logros de la revolución bolivariana desde 1998. Millones de personas, que por ser pobres no tenían documento de identidad, recibieron el estatuto de ciudadanos que les permitió votar. Consagró más del 42% del presupuesto del Estado a las inversiones sociales, sacó a 5 millones de personas de la pobreza, redujo la mortalidad infantil, erradicó el analfabetismo, multiplicó por 5 el número de maestros en las escuelas públicas, creó 11 nuevas universidades, concedió pensiones de jubilación a todos los trabajadores, incluso los informales, y un largo etcétera. Este  fue el basamento de  sus reiteradas victorias electorales: de Chávez ayer, de Maduro hoy.

No hay que olvidar –dice luego- que Venezuela, por poseer las principales reservas de hidrocarburos del planeta, es objeto de tentativas de desestabilización y de campañas mediáticas sistemáticamente hostiles. Por otra parte la oposición bajo el liderazgo de Capriles perdió cuatro elecciones sucesivas, y frente a ello su fracción más derechista, ligada a EEUU y dirigida por el ex golpista (desde 2002) Leopoldo López, apuesta ahora a un golpe de Estado lento, aplicando las técnicas del manual de Eugene Sharp (que hemos expuesto en notas anteriores).

Esto es lo que está en marcha en el momento actual, y explica desde las maniobras de acaparamiento masivo de productos de primera necesidad hasta el acoso mediático intensivo. A partir del 12 de febrero se pasó a la segunda fase, propiamente insurreccional, utilizando a un grupo social (un sector de estudiantes muy minoritario, según se ha demostrado con cifras) para provocar protestas violentas e introducir entre los manifestantes a pistoleros con la misión de provocar víctimas en ambos bandos. Cita al respecto un ejemplo revelador: la experticia balística determinó que los disparos que mataron en Caracas el 12 de febrero al estudiante Bassil Alejandro Dacosta y al chavista Juan Montoya fueron hechos con una misma pistola, una Glock calibre 9 milímetros. El plan sigue  con el incremento de las protestas y su nivel de violencia, redoblar la acometida mediática, obtener pronunciamientos de instituciones y gobiernos contra la presunta represión del chavismo, etc. En esa etapa estamos.

En conclusión, Ramonet repite la pregunta del título: “¿Está en riesgo la democracia en Venezuela?” Y responde: “Sí, amenazada, una vez más, por el golpismo de siempre”.

Tomado de Barómetro Internacional