La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) repudia enérgicamente la forma en que la Policía y la División de Operaciones  Tácticas

(DOT) desalojaron de las calles una genuina manifestación pacífica de estudiantes frente a la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico y los persiguió hasta la Avenida Universidad donde se encontraba un segundo contingente de cuatro filas de policías de DOT.

La protesta estudiantil se expresaba en un momento en que estaba la Junta Universitaria reunida en Presidencia.  Estas órdenes que recibieron la Policía y la Fuerza de Choque trascienden el ámbito del Recinto de Río Piedras al ocurrir en calles municipales, por lo que se entiende que están avaladas por el alcalde Santini y el gobernador Fortuño.

El desalojo demuestra que en las vías públicas del país están prohibidas las protestas en su modalidad de marchas, piquetes y manifestaciones, aún cuando el Tribunal Supremo ha expresado que las calles son foros públicos tradicionales donde “el Estado no puede vedar de forma absoluta la libertad de expresión”.

La violación de derechos constitucionales fundamentales y el potencial de fuerza desmedido demostrado -si se compara con el de los estudiantes que sin armas realizaban su protesta- encontró una alianza ciudadana que se movilizó para proteger a los estudiantes del potencial peligro de violencia por parte del Estado.

Profesores, trabajadores universitarios, observadores del Colegio de Abogados y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), sindicalistas y miembros de la comunidad en general, conformaron un cordón humano en la Avenida Universidad para proteger a los estudiantes de un choque con los efectivos de la DOT y la División Motorizada de la Policía que avanzaban tras la protesta.

Nuestra universidad no es un gasto, es una inversión.