Tras el fracaso esta semana del intento de sofocar el movimiento estudiantil mediante la ocupación armada de recintos universitarios, el conflicto social que ya lleva nueve meses ha tomado un giro inesperado al revelarse un esquema de información bancaria fraudulenta y complejas intrigas en el manejo de las finanzas de la Universidad de Puerto Rico.

La situación pone en entredicho –por partida doble- la credibilidad del Estado, que en los últimos días ha enfrentado una cadena de paros estudiantiles en recintos universitarios de diversas partes del país, los que tuvieron su expresión más violenta en la lucha en las barricadas del Recinto de Río Piedras, donde los estudiantes derrotaron a los guardias privados que intentaron el asalto con el saldo de varios heridos y vehículos destrozados.

Luego de los enfrentamientos, la Policía nacional tomó los recintos de Aguadilla y Bayamón, donde sin embargo continuaron los paros y horas después de que concluyera el de Río Piedras, se ocupó también ese y la rectora Ana Guadalupe anunció que los estudiantes y profesores se iban a tener que acostumbrar a la presencia de los guardias armados en el campus. El Gobernador Luis Fortuño inició una gira por medios de noticias para justificar los cambios que realiza y planea su gobierno, mientras el presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, usó apelativos de “salvajes”, “anarcolocos” y otros similares para referirse a los estudiantes alzados.

En los medios nacionales de noticias se difundieron fuertes censuras por las imágenes de los enfrentamientos, pero la presencia de fuertes contingentes policiales en los recintos volcó a los profesores y empleados administrativos en contra de la política del Estado.

Mientras en Bayamón las aulas estaban vacías y los profesores se negaban a impartir cursos, en Río Piedras crecía la multitud airada frente a las escuadras policiales. Entonces fue que los estudiantes comenzaron su nuevo ataque a la credibilidad del Gobierno.

El primer aldabonazo lo dio el Comité de Representación Estudiantil (CRE), que le entregó a la prensa documentos oficiales indicativos de que la propia jefatura de la UPR difundió información bancaria falsa para justificar el disputado aumento en el costo de las matrículas, que se calcula podría impedir que cerca de 10,000 estudiantes pobres continúen sus estudios universitarios.

Mientras tanto, el Gobierno optó por guardar silencio ante las inquisitorias sobre informes de que se han estado llevando a cabo reuniones en Nueva York para gestionar la venta de varios de los recintos de la UPR. Las preguntas específicas fueron sometidas por NCM Noticias hace diez días para que se indicara si eran ciertos, falsos o parcialmente ciertos los informes de que un bufete neoyorquino y el Banco Gubernamental de Fomento intervenían en las mencionadas negociaciones con compradores potenciales.

El portavoz gubernamental indicó que gestionaría la respuesta y adelantó estar consciente de que la venta de unidades del sistema universitario público podría violar las leyes de Puerto Rico, pero transcurridos los diez días no había producido la confirmación o desmentido de rigor.

Pero cualquier panorama sobre los informes de que se gestiona desmembrar la UPR para vender partes a intereses en Estados Unidos que compran universidades con problemas fiscales se complica con la revelación de los documentos sobre una línea de crédito de 100 millones de dólares concedida por el mismo Banco Gubernamental de Fomento. Ante la sorpresa inclusive de economistas que apoyan al Gobierno, ahora resulta que la llamada “cuota de estabilización” que se pretende imponer a los 65,000 estudiantes del sistema no aparece especificada como colateral alguna del empréstito, que en cambio fue concedido sobre la base de que se pignorarían deudas por cobrar que tiene el mismo Gobierno con la Universidad.

Las nuevas jornadas de alzamiento estudiantil comenzaron con una asamblea en Río Piedras, que el Gobierno trató de ilegalizar, pero que superó el quórum requerido y aprobó por mayoría aplastante el paro de dos días de esta semana y una huelga indefinida que comenzará el 14 de los corrientes si no se deroga el aumento. Esta semana se decretaron paros similares en Aguadilla, Cayey, Bayamón y Ciencias Médicas, mientras ya se había producido uno en Utuado y crece la agitación en otras unidades del sistema.

De igual forma, se mantiene como amenaza la negociación para un contrato laboral con la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, que lejos de la presencia de la prensa nacional efectuó su asamblea y dejó claro que tiene un plan –que no divulga- para forzar negociaciones que garanticen su plan de seguro médico, entre otros reclamos.

De hecho, los medios nacionales de noticias habían estado minimizando el crecimiento del alzamiento estudiantil y el Gobierno daba muestras de subestimar el potencial de problemas. Ante la sorpresa de la cadena de paros, se desarticularon los discursos de las autoridades del Estado, que habían menospreciado los llamados de peritos académicos para que se restituyeran los fondos cortados a la Universidad y se buscara una salida negociada.

Luego de la sorpresa de las revelaciones estudiantiles sobre la información falsa, el economista Carlos Colón de Armas, quien fuera vicepresidente ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento bajo la anterior administración anexionista, advirtió con cautela que “de ser así” entonces el aumento pautado se puede alterar y aceptar medidas como las propuestas por su grupo denominado Sumando Ganamos Todos para repartir la carga económica entre el Gobierno y la propia comunidad universitaria.

Los estudiantes, que produjeron sus propias propuestas en un documento de 300 páginas para aumentar los ingresos de la UPR en 450 millones de dólares y 78 millones de dólares en ahorros, no se han cerrado a la alternativa del mencionado grupo de profesores. Por ahora, se concentran en exigir negociaciones y en seguir haciendo movimientos sorpresivos, como cuando Giovanni Roberto arengó a los mismos guardias armados que los estudiantes enfrentaron la víspera y logró abrazarse con ellos luego de decirles que la lucha estudiantil era para que en el futuro ellos también, como otros en las barriadas pobres, tuvieran acceso a la universidad pública.