26 de junio de 2024

Durante los días 20 y 21 de febrero del año en curso se llevó a cabo en el Reino Unido de la Gran Bretaña una vista judicial en torno a la extradición de Julián Assange a los Estados Unidos. Sobre su persona pesaban 18 cargos formulados por el gobierno estadounidense por espionaje e intrusión informativa al amparo de la Ley de Espionaje de 1917, según enmendada.

Assange, nacido el 3 de julio de 1971 en Townsville, Australia y de ocupación “informático”, desde muy joven era considerado un “hacker” de computadoras. Como programador, fue el creador del programa cifrado Rubberhost, utilizado para el desarrollo posterior del programa TrueCry y otros. A nivel universitario estudió matemáticas y física en la Universidad de Melbourne, Australia, aunque no completó su carrera. Se indica que también ha estudiado neurociencias y filosofía.

Para 1999, Assange registró un sitio en la web que denominó Leaks.org, aunque a nivel mundial, desde el 2006, se conoce más bajo el nombre de Wikileaks. Assange fue galardonado con varias distinciones internacionales. Entre ellas destaca el reconocimiento de Amnistía Internacional de los medios británicos de 2009 por su exposición de los crímenes cometidos en Kenia, África. También ha sido reconocido por la importante revista The Economist.

A través de Wikileaks, Assange hizo público en diversas ocasiones millones de cables secretos, entre ellos, comunicados del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos con sus sedes diplomáticas; comunicaciones entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y otras instancias de su gobierno; cables y comunicaciones secretas o privadas de diversos gobiernos y funcionarios con otros países y personalidades, incluyendo operaciones encubiertas que a juicio de los Estados Unidos, al menos en lo que a su gobierno respecta, ponían en riesgo la identidad de personas y funcionarios encubiertos, así como operaciones secretas de este gobierno en el exterior.

Entre las filtraciones se encuentran: (a) 75 mil informes de actividades relacionadas con la guerra de Estados Unidos contra Afganistán; (b) 400 mil informes o documentos sobre las actividades de Estados Unidos en Iraq; (c) 800 relacionados con la prisión de Estados Unidos en Guantánamo; (d) 250 mil documentos del Departamento de Estado; (e) 573 mil mensajes interceptados durante los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos; (f) miles de correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton,  John Podesta, y otros miles de Sarah Palin; (g) nombres y direcciones de 13 mil miembros del Partido Nacional Británico; y (h) 20 mil documentos de la empresa Sony Pictures.

Así las cosas, Assange fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber expuesto entre 2010 y 2011 información clasificada. La información y los datos recopilados electrónicamente hechos públicos relacionados con las guerras de Afganistán e Iraq revelan, entre otros aspectos, violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados Unidos contra prisioneros de guerra en sus intervenciones militares en estos países.

Los documentos publicados por Assange partieron de la premisa de lo que éste entendía era el derecho de los ciudadanos de conocer las actuaciones de sus gobernantes. Una segunda premisa fue que tal conocimiento o información permitiría sacar de la ignorancia a los ciudadanos sobre qué realmente hacen y ocultan sus gobernantes. Evidentemente se produjo un encontronazo en cuanto al manejo de la información y los datos, donde no siempre las anteriores premisas caminan de la mano con la “seguridad del Estado”.

El 21 de julio de 2010 la policía sueca emitió una Orden de Arresto contra Assange acusándole de violación sexual a la ciudadana de origen cubano Ana Ardin, activista de la extrema derecha cubana de este país. Si bien la acusación fue retirada por la propia fiscalía sueca sobre la base de inexistencia de pruebas; más adelante, otra fiscal de rango superior consideró que sí había base suficiente para enjuiciar al imputado. Assange también fue acusado de acoso sexual a otra mujer relacionada con Ana Ardin, la que señala fue inducida a sostener relaciones sexuales mientras dormía sin Assange utilizar un condón.

A raíz de estas acusaciones Assange optó por esconderse y luego huir al Reino Unido, por lo que Suecia solicitó la intervención de la Interpol. Siendo detenido en Londres, fue llevado ante la justicia y puesto en libertad provisional mediante la prestación de fianza. Aprovechando la situación,  fue a la embajada de Ecuador donde solicitó asilo político alegando la fabricación de las imputaciones en su contra. Su petición de asilo fue concedida bajo el gobierno del entonces presidente, Rafael Correa.

El derecho al asilo político o diplomático existe desde tiempo inmemorial. Actualmente se encuentra reglamentado a nivel internacional mediante la Convención de Viena de 1961. Las razones para conceder o denegar una petición de asilo político están directamente vinculadas con el ejercicio de las prerrogativas soberanas de cada Estado. De la misma manera, los fundamentos para la petición de asilo político se encuentran definidos o demarcados por las convenciones internacionales que han atendido este tipo de petición.

El Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos, Suecia y Ecuador han considerado, aprobado o denegado en el pasado peticiones de asilo hechas por ciudadanos de otras nacionalidades. Siendo la prerrogativa soberana de cada Estado su concesión o su denegación, ningún Estado extranjero puede, a base de sus propias leyes, interferir con el ejercicio soberano de otro Estado en el proceso de aprobar o denegar una petición de asilo político o diplomático.

Desde el mes de junio de 2012, el gobierno ecuatoriano bajo el presidente Rafael Correa estuvo examinando los méritos de la petición de Assange. Durante ese tiempo fue enorme la presión de países como Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña sobre la República de Ecuador para que esta última no le concediera asilo político.

Llama la atención en el manejo del caso de Julián Assange un movimiento no solo inusual, sino claramente violatorio del derecho internacional vigente. Ya en el momento de solicitar asilo político, las autoridades británicas le habían comunicado al gobierno ecuatoriano que no descartaban una incursión en la sede de su embajada para evitar el asilo político de Julián Assange y su eventual salida del país.

En un ejercicio de prepotencia, no basada en el derecho internacional, sino en una ley aprobada por el Reino Unido de la Gran Bretaña, dicho gobierno se arrogó el derecho a actuar ocupando la sede de una embajada. De acuerdo con la ley británica, lo único que el gobierno inglés necesitaba, era cancelar las visas del personal diplomático en la embajada y solicitar de éstos el abandono del país para así indicar que la sede de la embajada estaba sin uso y, en consecuencia, proceder a ocupar la misma.

La decisión final tomada por la República de Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa al conceder asilo político a Julián Assange fue una afirmación clara del ejercicio de sus derechos soberanos. La respuesta de Londres expresando su repudio a la decisión de asilo fue señalar que no concedería salvoconducto a Assange para abandonar la embajada ecuatoriana y trasladarse a Ecuador o a un tercer país. Esto supuso para Assange permanecer dentro de la embajada por espacio de siete años, básicamente como si fuera un arresto domiciliario.

Luego de asumir la presidencia de Ecuador Lenin Moreno, Assange publicó a través de Wikileaks actos de corrupción que vinculaban la familia de Moreno, lo que le valió el retiro de la condición de asilado político y de la ciudadanía ecuatoriana conferida por el anterior presidente Rafael Correa.  Moreno expresó que Assange había violado “demasiadas veces” el acuerdo de convivencia para garantizar su permanencia en la embajada del país sudamericano. Moreno consintió que las autoridades británicas arrestaran a Assange en el interior de la embajada el 11 de abril de 2019, ello a petición del gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, Assange fue encarcelado por las autoridades británicas.

Entrevistado por BBC en Bruselas, capital de Bélgica, Rafael Correa manifestó que la eventual detención de Assange por parte del gobierno de Moreno no le sorprendía, aunque si le resultaba increíble “la brutalidad con la que se llevó a cabo”.  Señaló que desde el principio de su gobierno Moreno había negociado con los Estados Unidos la entrega de Assange al gobierno británico.

Durante la vista de extradición del 6 de junio de 2023 el Juez Jonathan Swift denegó el permiso solicitado por la representación legal de Assange para recurrir contra la orden de extradición emitida en favor de los Estados Unidos y dio por buena la misma. Es con relación a dicha denegatoria que en los días 20 y 21 de febrero de 2024 se llevó a cabo la nueva vista del caso en la cual otros dos jueces, Victoria Sharp y Adam Johnson, escucharon los argumentos de la defensa en su petición de reconsideración.

De acuerdo con su abogado Edward Fitzgerald, la acusación contra Assange “tiene motivaciones políticas”. Esta consideración es importante ya que, al ser aceptada por los dos jueces, derrotaría y revocaría la Orden de Extradición del Juez Swift. Indicó a tales efectos Fitzgerald lo siguiente:

“…Assange expuso una criminalidad grave. Está siendo procesado por realizar una práctica ordinaria, obtener información  y publicar información clasificada, información que es a la vez verdadera, y de evidente e importante interés público.”

De no haber prevalecido la defensa, Assange hubiera sido extraditado a los Estados Unidos enfrentando juicio con una exposición de hasta 175 años de prisión, aunque tratándose de la Ley de Espionaje de los Estados Unidos, no puede de antemano descartarse que también podría haber estado expuesto a la pena de muerte. Sin embargo, en tal caso, su representación legal hubiera podido recurrir ante el Tribunal de Apelaciones de Londres; y más adelante, de sostenerse nuevamente el fallo negativo para Assange, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal fue creado mediante Tratado en 1950.  El Reino Unido es  uno de los  Estados signatarios. Si se acogía la petición de Assange, el Tribunal de Apelaciones de Londres podía disponer la paralización de la extradición y ordenar la celebración de un nuevo juicio. El mismo resultado se obtendría en una decisión favorable por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En el proceso, en múltiples ciudades se desarrollaron actividades de solidaridad en apoyo a Assange. El mundo esperaba el resultado final de este caso. Sin embargo, estando pendiente el proceso, tras haber permanecido Assange prisionero en el Reino Unido por espacio de 1,901 días, de manera sorpresiva, el Tribunal Superior de Londres le concedió libertad bajo fianza y fue liberado. El 24 de junio  fue anunciada su salida de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

El evento estuvo precedido por un acuerdo negociado con el Gobierno de Estados Unidos. En virtud del mismo, Assange se declararía culpable de los cargos de espionaje, aceptando una pena de 62 meses de cárcel, la cual se compensaría con el tiempo que permaneció encarcelado en el Reino Unido. En consecuencia a lo anterior, en realidad Assange no tendría que cumplir prisión en Estados Unidos. Esto le permitiría viajar eventualmente a Australia. Ahora bien, el acuerdo supuso que para procesar el trámite, Assange debería reportarse ante un juez en el territorio estadounidense de Las Marianas del Norte, distante a 3,200 kilómetros de Australia, donde se suscribiría el acuerdo negociado entre las partes.

De acuerdo con BBC News Mundo, uno de los implicados con Assange fue el ex analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos,  Chelsea Manning. Este fue condenado a 35 años de prisión pero en 2017, Barack Obama siendo presidente de Estados Unidos, le conmutó su sentencia. Se indicó también por dicho medio, que ya en abril del presente año, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden se encontraba considerando la petición de Australia de retirar los cargos contra Assange. De hecho, indica también BBC News Mundo, que el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese había expresado: “No se gana nada con que continúe encarcelado y queremos que [sea] devuelto a Australia”.

Assange viajó desde Londres acompañado del Alto Comisionado de Australia en el Reino Unido y del embajador de Australia en Estados Unidos, quien a su vez, le acompañaría a las Isla Marianas del Norte para el trámite judicial final.

Tras la formalización del acuerdo, hoy Assange es una persona libre, luego de siete años de asilo político en la embajada de Ecuador y cinco años más de prisión en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Parte del acuerdo es que Assange no podrá regresar a territorio estadounidense. Esta condición, suponemos, en nada perjudicará ni perturbará las noches por venir ni el sueño a Julián Assange junto a su familia.