Durante años los arecibeños han tenido que defenderse de insistentes intentos de contaminar su ambiente. Desde el 2010 enfrentan las intenciones de la compañía Energy Answer de ubicar una planta de incineración en el sector Cambalache de Arecibo.

Ese proyecto se encuentra bajo consideración de las agencias ambientales concernientes de Estados Unidos y Puerto Rico. El proyecto tiene oposición de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración. A ellos se han unido el Colegio de Médicos Cirujanos, ganaderos del norte de la Isla, la organización Ciudadanos en Defensa del Ambiente, la Asociación de Alcaldes, Sierra Club, Arecibo Basura Cero. También ha manifestado su oposición a ese proyecto la Coalición Nacional Puertorriqueña con sede en Wáshington, D.C.

En conferencia de prensa celebrada el jueves 18 de abril, un amplio grupo de esas organizaciones le dio la bienvenida a otro opositor a este proyecto, la Federación de Alcaldes, que a su vez envió una carta (de la cual se nos entregó copia) al Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en la que expresaron su “enérgica oposición” al incinerador en Arecibo. Se presentó además un extenso estudio realizado por la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la que se reveló que el contrato que firmó la pasada administración de gobierno de Luis Fortuño con Energy Answer para la planta incineradora en Arecibo resulta ser nulo e ilegal.

El reconocido abogado ambientalista Pedro Saadé explicó que entre los hallazgos del estudio (el cual se nos entregó) está que “este proyecto de incineración, el cual es la peor solución que pueda haber en cuanto a cómo manejar los desperdicios sólidos, ha arrojado que durante la administración pasada se otorgaron al menos tres contratos”. Un primer contrato, explicó, es entre Energy Answer y la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), mediante el cual la ADS se obliga contractualmente a ordenar a los municipios que transporten y entreguen los desperdicios sólidos y urbanos a Energy Aswer. “El objetivo básico de este contrato es garantizar un flujo de abasto, de materia para quemar, a Energy Answer. Si no, el proyecto no es viable. El problema está en que se impone una tarifa de $35 por tonelada y los municipios no van a poder pagar esa cantidad”. Además, dijo, “incurre en una serie de violaciones de ley por las cuales el contrato es nulo”, detalló Saadé. Esas violaciones, mencionó, incluyen que ADS no consultó a los municipios, lo cual es un proceso que emerge de la Ley de Municipios Autónomos, lo que llevó a que tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes se opusieran al proyecto.

Pero además, insistió Saadé, “ese contrato es una concesión de facultades de ley de esa agencia a un ente privado. La ley que crea la ADS es para estimular y ayudar a resolver el problema del desperdicio mediante el reciclaje y el reuso. No le faculta para ceder a un tercero las facultades de ley que es lo que significa este contrato” que para Saadé no es otra cosa que un “subsidio escondido a Energy Answer en tanto y en cuanto obliga a imponer un cargo por tonelada de $35”, lo que consideró como una forma de subsidiar la operación de la compañía privada. Además, su costo está por encima de lo que hoy día cuesta disponer de los desperdicios sólidos.

Saadé señaló que otro de los contratos con Energy Answer que se firmó en el 2009, es con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la cual ésta se compromete a comprarle a la incineradora una cantidad de energía que “no pasa del dos por ciento” por la cantidad de $785 millones de dólares. “Y hay que preguntarse si la AEE está en condiciones de otorgar ese contrato”.

Un tercer contrato, añadió, es entre el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y Energy Answer mediante el cual el DRNA cede su facultad para operar una bomba de extracción de agua del Caño Tiburones en Arecibo.

Saadé recordó que toda esta cadena de contratos ilegales “tratando de subsidiar e impulsar un proyecto tan malo para el país como es la incineración” pone al gobierno ante el deber de manifestar “de una vez y por todas” su política pública sobre “impulsar el reciclaje y el reuso que es lo que dicen nuestras leyes y nuestros reglamentos que es la solución”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Eduardo Ibarra, manifestó que “nosotros vamos a estar constantemente oponiéndonos a ese proyecto”. Aclaró que no está de acuerdo ni con los vertederos ni con la incineración pero sí con medidas de reuso y reciclaje. Cuestionó cómo es que aún no se han impuesto medidas sencillas como que en los supermercados se prohíban las bolsas plásticas y se fomente las reusables. “Y así hay muchas otras medidas que van a llevar a la ciudadanía a que rehúsen y reciclen los recursos”. Ibarra insistió en que de lo que trata la incineración es de “partículas potencialmente letales” e “invisibles” que entran al cuerpo, “las cuales se quedan en el ambiente por centurias. O sea, que esto es algo sumamente grave y no se ve”. Junto a él estuvo el doctor Ángel González, presidente del Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos, el cual es parte de la Coalición, quien indicó que se reunieron con el director de la ADS, Agustín Carbó Lugo, a quien le entregaron copia del estudio de la Clínica de Asistencia Legal y le solicitaron que declaren nulo e ilegal el contrato con Energy Answer. De otro lado, Iván Elías, en representación de Ciudadanos en Defensa del Ambiente, resaltó que el hecho de que la Federación de Alcaldes se haya unido a la lucha en contra de la planta de incineración demuestra que no se trata de una posición ideológica sino de que cada vez más sectores están en contra de la incineración.

Reducir, reusar, reciclar y compostar son la base de la filosofía de “basura cero”, destacó por su parte Javier Biaggi, portavoz del grupo de Arecibo de Basura Cero. Lo que se requiere es voluntad política, la cual le exigió al gobernador Alejandro García Padilla junto con que fomente plantas de reciclaje en lugar de incineradoras de basura. “Si nosotros recicláramos el tonelaje que diariamente se produce en Puerto Rico estamos hablando de que podríamos producir más de 30 mil empleos directos e indirectos por esa vía. Con la incineradora propuesta apenas produciría entre 200 o 300 empleos”, destacó Biaggi.

El ciudadano de Arecibo, Fernando Márquez, dijo que ya es suficiente con las farmacéuticas y la fábrica de fundición de plomo que ubican en ese pueblo o en sus alrededores que “ya están contaminando a Arecibo. Esta incineradora sería una sobrecarga” que contaminaría terrenos, los cuerpos de agua, la producción ganadera y a su gente, más allá de los límites territoriales del pueblo. “Esta planta incineradora abre además la puerta a una industria de incineración que se pretende instalar a través de todo Puerto Rico”, denunció. Añadió Elías que solo con la incineradora de Arecibo sería suficiente para enfermar y afectar a generaciones futuras. “Esto es una amenaza a la vida y a todo el país. Los contaminantes que saldrían de esa planta incineradora en Arecibo llegarían a todo el país. Eso está documentado en estudios de incineradoras similares que han reportado tener impacto a 100 millas alrededor de los incineradores. Esa fue parte de la ponencia ante la EPA (Agencia de Protección Ambiental federal) de la doctora Elba Díaz del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Eso aumentaría los casos de cáncer. Así está documentado, subrayó Elías.