La organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA) anunció una marcha hasta Fortaleza este domingo 17 para reclamar nuevamente al gobernador, Alejandro García Padilla que rescinda el contrato para la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Dicha marcha forma parte de una Jornada de Lucha que ha incluido presencia en la calle, envío de cartas y orientación cibernética. La misma partirá a la 1:00 de la tarde desde la Plaza Colón hasta Fortaleza.

“El gobernador se ha empecinado en darle continuidad a un negocio malo para Puerto Rico y de esa manera está propiciando la entrega, por cuarenta años, de uno de nuestros principales patrimonios, el cual ejerce un rol fundamental en toda estrategia de desarrollo económico y social de la Isla. Entregar un activo como el Aeropuerto a un consorcio caracterizado por controlar y monopolizar esta industria es un acto peligroso para el futuro de nuestro país”, expresó en un comunicado, Juan Camacho, portavoz de PUEDA.

Agregó que mientras el gobernador le abre las puertas al consorcio Aerostar, en México se acaba de legislar una nueva Ley de Aeropuertos que ilegaliza el tipo de control privado que ha tenido, entre otros, la empresa ASUR y que es similar a la propuesta que apoya el gobernador.

“ASUR ha admitido que está siendo investigada por la Dirección General de Aeronáutica de México, por auditorías realizadas entre los años 2004 y 2006. Así también, que ha recibido un total de doce demandas administrativas  y un litigio legal con el gobierno municipal de Huatulco por incumplir con el pago de impuestos por el uso del terreno en el cual se encuentra localizado el aeropuerto. Además, enfrenta otras dos demandas laborales”, dijo.

Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia, organismo encargado de combatir las prácticas monopolísticas en México, decidió prohibir al grupo ASUR participar en la licitación que planea llevar a cabo el gobierno para construir y operar un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya.

Las razones que evidencian que este negocio es malo es tan abundante y contundente que la actitud del gobernador pudiera constituir un acto de corrupción apto para ser sometido a un Fiscal Especial Independiente (FEI).