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 Si se aprueba, el gobierno recibirá solo el 45% de los ingresos operacionales netos perdidos por conceder esta operación, para una pérdida total de $887,4 millones.
Por Cándida Cotto / Claridad
Para finales del próximo mes de febrero se espera que la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos emita su opinión final sobre la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (ALMM).
El viernes 28 de diciembre del 2012 a la 1:30 de la tarde el gobernador electo Alejandro García Padilla, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Transportación de EE UU, Ray LaHood, con relación a la privatización del ALMM. Según el resumen de la conversación que aparece en la página oficial de la FAA, el Gobernador le indicó a LaHood que era consciente de la petición del ALMM de participar en el proceso de privatización y que tenía tres preocupaciones que deberían ser abordadas en cualquier proceso final de privatización. Las “preocupaciones” del Gobernador se limitan a que: ningún empleado del aeropuerto sea despedido como consecuencia de la privatización; que los aeropuertos cercanos conserven su derecho de ampliación; y que las tasas del aeropuerto no deben aumentar.
Dos semanas antes, el 14 de diciembre, el comisionado residente Pedro Pierluisi, sostuvo una conferencia telefónica con LaHood y su equipo de trabajo, Joan De Boer, jefa de equipo, Dana Gresham, asistente del Secretario para Asuntos Gubernamentales, Amit Bose, secretario adjunto del DT y el asesor jurídico, James Cole. En dicha conferencia la FAA anotó que Pierluisi comunicó sus preocupaciones de que el 11 de enero del 2013 era la fecha límite para pedir una exención –por parte del patrocinador, es decir el gobierno de Puerto Rico–, para el proceso de evaluación, su preocupación por la importancia de que los aeropuertos regionales mantuvieran sus servicios y aludió a declaraciones públicas por parte del gobernador electo de apoyo a la privatización. El secretario LaHood le sugirió a Pierluisi que estableciera un tiempo para reunirse con los representantes de la FAA para discutir sus puntos de vistas.
En tanto, hace una semana se dio a conocer que la FAA decidió extender por un mes más el periodo para evaluar el acuerdo de transacción de la alianza público privada que la pasada administración del gobierno de Fortuño firmó con la empresa mexicana Aerostar Holdings para el ALMM. Aunque no se sabe si esta extensión respondió a las “preocupaciones” de Pierluisi y el Gobernador, el hecho es que han sido más las cartas de quejas, observaciones y oposición a la privatización que ha recibido la FAA que las de respaldo.
Entre las observaciones están, por ejemplo, las de empresas que denuncian que ya han tenido pérdidas económicas debido al proceso y otras que advierten sobre futuras consecuencias. Entre los que han presentado sus quejas está la Trans AD Puerto Rico, Inc. (TA). En carta del 19 de noviembre del 2012 dirigida a la FAA, los representantes legales de TA se quejan de que por varios años la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Puertos (AP) se encuentran en negociaciones para el proceso de privatización del aeropuerto bajo el programa piloto de privatización de la FAA y que al presente, en que Aerostar parece ser el operador prospecto, la AP no les ha comunicado a los concesionarios del ALMM sobre el impacto o consecuencias en sus contratos de la privatización. Añaden que en el caso específico de TA, la AP le ha negado el acceso para instalar sus avisos comerciales en el interior del recién inaugurado Terminal A, el principal del aeropuerto. Esta acción injustificable -se queja TA– ya les ha causado la pérdida de $30 millones de dólares. Agrega que en el contrato suscrito entre la AP y Aerostar, la empresa impuso una moratoria de que otras compañías privadas no tengan acceso al Terminal A que es el que ofrece la mayor parte de los servicios en el ALMM. La empresa TA denunció que la situación le ha obligado a presentar una segunda acción legal contra la AP en el tribunal en Puerto Rico. Aunque dice que no necesariamente se opone a la privatización, TA denunció que el proceso se ha conducido en perjuicio de los contratos de largo tiempo establecidos.
Otra empresa que se quejó del proceso es la cadena de restaurantes Margaritaville Enterprises (ME). Según la carta enviada a la FAA, ME alega que en junio del 2011 inauguró su negocio en el aeropuerto con una inversión de $3.5 millones, y creó 60 nuevos empleos. ME plantea que la privatización del ALMM presenta “serios y complejos” problemas en las operaciones de expansión de su negocio y futuros negocios para Puerto Rico, que no se verán de inmediato, sino a lo largo del tiempo. “El aeropuerto de San Juan es uno de los recursos más valiosos de Puerto Rico”, dice la carta de ME firmada por su vicepresidente de operaciones Mark Rogers.
ME le expresó a la FAA que el control de las operaciones del aeropuerto a un privado extranjero sólo se debe dar después de una investigación a fondo y le pide al DT que revise “cuidadosamente la solicitud final para la privatización antes de tomar cualquier decisión”. Para terminar, cuestiona si el DT ha considerado por completo las complejidades y serias consecuencias de esta privatización, incluyendo si la AP y Aerostar revisarán y honrarán los contratos para que empresas como la suya continúen “ayudando al aeropuerto, a la comunidad de San Juan y a todo Puerto Rico a crecer y a prosperar”.
Otro grupo que recomienda a la FAA que haga un análisis cuidadoso sobre el acuerdo de privatización es la Asociación Nacional de Negocios de Aviación (NBAA, siglas en inglés) ya que puede tener efectos detrimentales a la aviación en general y a otros aeropuertos en Puerto Rico.
Un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico
Como “un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico”, describió la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) la privatización del aeropuerto y así se lo expresó a la FAA.
En el documento sometido, la AEPR indicó que su opinión se basaba en un análisis de costo beneficio económico el cual concluye que esta transacción “no contribuye al interés público y es un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico. Si se aprueba, el gobierno recibirá solo el 45% de los ingresos operacionales netos perdidos por conceder esta operación, para una pérdida total de $887,4 millones”.
Otros efectos adversos de la transacción son: las condiciones fiscales de la AP se deteriorarán lo que provocará un déficit operacional anual por la cantidad de $37.4 millones: La capacidad de la AP para apoyar las mejoras de los puertos y aeropuertos regionales se verá comprometida. Se reducen las posibilidades de convertir las antiguas facilidades de las bases de Roosevelt Roads (Ceiba), Ramey (Aguadilla), y el Puerto de las Américas (Ponce) como polos regionales de desarrollo. Se le transfiere a una empresa extranjera los cerca de $60 millones anuales que genera la operación del ALMM. “Este dinero saldrá de nuestra economía local, lo que aumentará nuestra dependencia de las transferencias federales que son pagadas por los contribuyentes de Estados Unidos continental”, denunciaron los economistas.
Para concluir, la AEPR reiteró que las operaciones actuales del ALMM son de una condición de monopolio natural lo que permite ganancias extraordinarias y que la aprobación de esta transacción dará lugar a una transferencia de rentas monopolísticas a una entidad privada que se beneficiará de una condición que no tiene nada que ver con la mejora de la productividad y en su lugar se traducirá en un aumento de la desigualdad social.
Por su parte, el economista José Alameda, quien ha estudiado las consecuencias negativas que tendrá para el país la privatización, a preguntas de este semanario dijo que las peticiones de García Padilla es como “pedirle a un perro que no muerda”. Anotó que esas condiciones son “imposibles” en el marco de lo que son las empresas privadas capitalistas que están para ganar dinero.
Según la página de Internet de la FAA, si se aprueba la solicitud final y el acuerdo de arrendamiento, todavía se tiene que publicar un aviso en el Registro Federal para una revisión pública para un periodo de comentarios de 60 días.
 Primera protesta al nuevo gobierno: Despega la lucha contra privatización del aeropuerto
“¿Cuál es la política pública de este gobierno? El gobierno anterior tenía como política pública la privatización. ¿Y este gobierno, cuál es su política pública?”, reclamó Camacho en expresiones a la prensa frente al Capitolio.
Por Perla Franco / Claridad
Una de las funestas herencias que dejó el pasado gobernador Luis Fortuño fue la del leonino contrato de privatización para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, lo que el pasado jueves le provocó al actual gobierno, a 17 días de haber comenzado su mandato, el primer piquete para exigirle que rescinda de inmediato ese contrato y se deje de excusas.
La protesta fue convocada a través de las redes sociales por Juan Camacho, activista social, bajo el nombre de “Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto”. Al llamado se unieron empleados de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO) del aeropuerto y su presidenta Astrid Rosario; el coordinador del Proyecto de Solidaridad (PROSOL-UTIER), Luis Pedraza Leduc; dirigentes de la Unidad Laboral de Enfermeras y Enfermeros, entre ellos Radamés Quiñones; el dirigente estudiantil René Reyes, los dirigentes del Movimiento Unión Soberanista, Arturo Hernández, Rosa Bell Bayrón y María de Lourdes Guzmán; Tito Kayak en representación de Amigos del Mar y el líder de los camioneros, Víctor Rodríguez, entre otros.
La protesta comenzó a mediodía en las escalinatas del Capitolio. Los manifestantes reclamaban a los legisladores de mayoría Charlie Hernández, Jaime Perelló, Luis Vega Ramos y Roberto Rivera, que se manifestaran, ya que antes de las elecciones, cuando estaban en minoría, se expresaron contundentemente en contra de la privatización del aeropuerto, pero tras las elecciones habían guardado silencio sobre el tema. También reclamaban que explicaran por qué la actual administración no había rescindido ese contrato el pasado 12 de enero, cuando tras cumplirse el plazo de 180 días para culminar la transacción entre el gobierno de Puerto Rico y el consorcio del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) el gobierno pudo retirarse de la transacción sin penalidad pero no lo hizo. Por el contrario, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Puertos (AP) extendieron 45 días el proceso alegando que de esa forma daban tiempo a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que había dicho que se demoraría en la evaluación del contrato hasta febrero.
“¿Cuál es la política pública de este gobierno? El gobierno anterior tenía como política pública la privatización. ¿Y este gobierno, cuál es su política pública?”, reclamó Camacho en expresiones a la prensa frente al Capitolio.
Por su parte, Rosario manifestó su preocupación no solamente por los 200 empleos que se podrían perder con la privatización del aeropuerto, sino porque esa transacción coartaría las posibilidades de crecimiento de los aeropuertos regionales porque el concesionario tendría la facultad de imponer penalidades al gobierno si éstos expanden sus operaciones y se convierten en competencia. La líder del principal sindicato de trabajadores del aeropuerto enfatizó que HEO había advertido hace dos años que “se estaba dejando deteriorar el aeropuerto para privatizarlo”. Catalogó como dañino ese contrato que pondría en manos privadas el principal aeropuerto del país por al menos 40 años.
Fue entonces cuando los legisladores Hernández, Perelló y Roberto Rivera salieron del Capitolio, se acercaron a los manifestantes y aseguraron que su posición seguía siendo en contra de la privatización del aeropuerto.
Los legisladores invitaron a varios de los líderes del grupo a reunirse con ellos. Camacho, Pedraza Leduc, Guzmán, Rosario y otros dos trabajadores del aeropuerto participaron de la reunión. Al culminar la reunión informaron que los legisladores plantearon que la primera legislación presentada por la nueva mayoría en la Cámara fue la R. de la C. 0001, el 2 de enero, con el propósito de realizar una “amplia investigación” sobre la transacción entre el gobierno y ASUR. Pero además, que se opusieron a la extensión de los 45 días adicionales que otorgó a la transacción el BGF y la AP. Para Camacho, eso podría indicar un “choque” entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por ello, dijo, les peticionó a los legisladores que hicieran “una expresión legislativa contundente” en rechazo a la privatización del aeropuerto.
Pedraza Leduc les recordó a los manifestantes que “aquí lo que está decidiendo esto es el dinero, los millones de dólares y los intereses económicos”. Y dijo que les cuestionaron a los legisladores su disponibilidad para derogar la Ley 29 de 2010 de Alianzas Público Privadas, que establece que “el contrato puede ser en secreto y se hace público luego de firmarlo”. Añadió que tanto la Ley 29, como la Ley 7 y la Ley de Permisos, aprobadas todas por la pasada administración, fueron hechas para aplicar la política pública de privatización que ésta promovía.
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