Diversas organizaciones y personas expresan las razones por las que entienden –y exhortan– que la ciudadanía puertorriqueña debe votar NO a la enmienda constitucional a la fianza en el referéndum del 19 de agosto.

Carlos Ramos González
Experto en derecho constitucional
Profesor Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico

Se quiere enmendar la constitución porque supuestamente ha habido un abuso del derecho, pero no han presentado evidencia empírica de este abuso. Eso es bien peligroso. ¿Está usted dispuesto a que un juez le niegue a usted o alguna persona que usted conoce la fianza en un caso de asesinato que usted sabe que es fabricado? Esa debe ser la premisa para la consulta.

Ese camino de usar, de traficar con el miedo, de usar la alta incidencia de actividad criminal para que el pueblo se quite un derecho que ha dado tanto trabajo poner ahí y que protege la presunción de inocencia, marca un camino peligrosísimo para seguir eliminando una serie de derechos que no tienen contraparte federal.


Osvaldo Toledo Martínez
Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico

Ante el fracaso del gobierno en detener el alza en la criminalidad y la consecuente histeria que se ha generado ante tal fracaso, vemos cómo el gobierno apela de forma engañosa, despiadada, cruel, a los sentimientos de las víctimas y sus familiares haciéndolos creer que enmendando la Constitución y limitando el Derecho a la Fianza ayudarán a detener o disminuir la criminalidad. Tal alegación no es verdad, se trata de pura demagogia política, no existe base empírica o estudios científicos que sostengan esa alegación.

La única realidad es que ser imputado de delito no equivale a ser culpable, que mañana a mí o a un familiar de alguna de las víctimas, a un vecino, a cualquier ciudadano nos pueden acusar por error, por una identificación errónea de uno de esos delitos que mencionan en la ley habilitadora del referéndum o lo que es peor, la policía, el estado nos puede fabricar prueba para acusarnos falsamente.

Los que están a favor de limitar tus derechos, de eliminar tu presunción de inocencia mediante la limitación al derecho a la fianza, utilizan como argumento que en Estados Unidos, en la jurisdicción federal no existe el derecho absoluto a la fianza. Cabe preguntarse si a pesar de ello por qué en Estados Unidos cada año aumenta la criminalidad, por qué vemos como se cometen crímenes horrendos, cómo a cada momento salen asesinos en serie y personas que asesinan sin motivo a muchos otros en un solo acto.

La Constitución de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos y eliminaron de la misma lo que quisieron eliminar, pero ese derecho absoluto a la fianza lo dejaron incólume.

Los jueces en Puerto Rico ya tienen amplia discreción y herramientas (Regla 6 y 218 de Procedimiento Criminal, entre otras) para imponer la fianza y condiciones necesarias para garantizar que el imputado comparezca al juicio.

Hoy es la fianza, mañana cuando la criminalidad siga en aumento seguirán eliminando derechos que nos garantiza la Constitución.

El problema de la criminalidad es multifactorial. El estado ha fallado en ir a la raíz de cada uno de esos factores para combatir el mal que nos aqueja a todos. Es necesario enfocarse en las desigualdades, en las inequidades dentro de nuestra sociedad. Tenemos que acudir a la educación, a la familia, tenemos que atacar la entrada a Puerto Rico de las drogas, de las armas, necesitamos una policía profesional que pueda resolver los crímenes que se cometen, ahora de cada 10 crímenes solo se encuentra el culpable de tres.

NO CEDAS TUS DERECHOS, VOTA NO a eliminar tu derecho a la fianza.


Unión Independiente Abogados Sociedad para Asistencia Legal

La diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado jurídico consiste en que en el primero el respeto de los Derechos Constitucionales y Naturales de cada ciudadano están garantizados. Hoy nos piden que renunciemos al Derecho a permanecer libres bajo fianza, mañana nos pedirán otra renuncia y luego ya no preguntarán, simplemente ya no tendremos Derechos.


Luis Pedraza Leduc
Coordinadora Sindical y Frente Amplio de Solidaridad y Lucha

El referéndum sobre el derecho a la fianza responde a dos propósitos. El primero es electoral. Se desea atraer simpatías a la política de mano dura dando la aparente oportunidad de participación a la ciudadanía en un referéndum. Lo grave es que lo propuesto no atiende de manera alguna el problema de la criminalidad. El segundo tiene que ver con la crisis del capitalismo y la función del estado ante la crisis. La medida de limitar derechos está motivada por la necesidad del estado capitalista de reprimir, controlar y prevenir los conflictos sociales, las protestas y las movilizaciones populares que provocan la desigualdad, el desempleo y la crisis económica. Limitar el derecho a la fianza abre la puerta para continuar limitando otros derechos, poder perseguir y eliminar a los dirigentes o potenciales líderes del pueblo.


Movimiento Unión Soberanista (MUS)

El derecho constitucional a la fianza, contrario a lo que engañosamente se dice, favorece a todos los ciudadanos y no a los criminales. Este derecho sólo procura garantizar la comparecencia del acusado al proceso criminal, por lo que restringirlo violentaría el derecho constitucional de todo imputado a la presunción de inocencia, así como a una debida asistencia de abogado, ya que el acusado que se mantiene encarcelado antes de que le celebren juicio, no puede ayudar a su abogado eficazmente en su defensa. Además, denegar el derecho a la fianza inflige un castigo al acusado antes de que se pruebe su culpabilidad. Habrá de provocar mayor hacinamiento en las cárceles y afecta a la clase pobre del país. Sabido es que en Puerto Rico no existen estadísticas que demuestren que la restricción del derecho a la fianza se relaciona con el aumento de la criminalidad. Tampoco se ha demostrado que las personas que están bajo fianza, hacen mal uso de ese derecho y que son responsables del auge en la criminalidad que sufre nuestro país. Los derechos constitucionales son garantía que los ciudadanos oponen frente al estado y no pueden rendirse. La propuesta de enmienda que promueve el gobierno de Luis Fortuño no es sino una confesión de su incapacidad para combatir la ola criminal que nos acorrala.


Partido del Pueblo Trabajador (PPT)

Limitar el derecho a la fianza es una solución falsa a un problema real. Puerto Rico sufre un problema real de violencia en las calles y los hogares. Nuestro partido considera que ese problema exige respuestas innovadoras y efectivas. Pero limitar el derecho a la fianza en nada contribuye a reducir ese problema de la violencia que arropa a Puerto Rico.

¿Qué razones podrían darse para limitar el derecho a la fianza? Un argumento podría ser que muchos acusados no comparecen a juicio luego de pagar la fianza. Pero ese no es el problema apremiante: en Puerto Rico la gran mayoría de los acusados que gozan de la libertad bajo fianza comparecen a juicio. Por otro lado, se podría argumentar que debemos evitar que personas acusadas cometan delitos mientras están libres bajo fianza. Pero en Puerto Rico tampoco existe un problema real de delitos cometidos en tales condiciones.

En fin, limitar el derecho a la fianza no atiende ningún problema real. Ataca problemas que no existen (la no comparecencia y delitos cometidos mientras se está libre bajo fianza) y resulta inútil para atender el problema que sí existe y que nos preocupa a todos y todas: el problema de la violencia y la criminalidad.

El reciente caso de un joven acusado de asesinato es aleccionador: al no tener derecho a la fianza tuvo que pasar dos semanas encarcelado, sin poder preparar adecuadamente su defensa. Tuvo suerte: en muchos casos pudo haber seguido preso un año o más en lo que se atendía su caso. ¡Meses o un año perdido tras las rejas sin haber cometido falta!

Todos tenemos derecho a que se nos considere inocentes hasta que se pruebe lo contrario y a no sufrir cárcel hasta que se nos encuentre culpable. No dudamos, por otro lado, que la negación de la fianza se aplicará discriminatoriamente por muchos tribunales: serán los pobres los que más a menudo se encuentren tras las rejas mientras esperan juicio.

Por todas estas razones el Partido del Pueblo Trabajador te invita a votar NO el 19 de agosto.


Lcdo. William Ramírez Hernández
Director Ejecutivo Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico

En naciones que se hacen llamar democráticas, el concepto de los Derechos Humanos se ha ido nutriendo de una necesaria expansión, mientras que en el Puerto Rico de hoy vemos cómo estos derechos se van disipando por maquinación exagerada de una administración que no respeta la sabiduría de estos conceptos y derechos. Habrá algunos de esos mismos burócratas que, en un futuro no tan lejano, estarán invocando estos mismos derechos que hoy les parece sobrar.

Contrario a lo resuelto por tribunales internacionales de derechos humanos, a los efectos de la necesidad de adoptar medidas que adelanten el derecho a la libertad, uno de los derechos humanos de mayor rango, los actuales administradores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de pescar votos de una ciudadanía hastiada de vivir en temor a la criminalidad imperante, se aferran a procurar la eliminación del derecho a la fianza. En Puerto Rico, el derecho a la fianza es un derecho constitucional íntimamente ligado al derecho humano a la presunción de inocencia y el derecho a permanecer en libertad hasta tanto se pruebe la culpabilidad de la persona acusada de un delito contra el estado.

La titularidad de este derecho le pertenece a todas las personas, no solo pobres y los marginados de nuestra sociedad; por lo que su debilitamiento, por razones obviamente egoístas, debe ser preocupación de todos.

El propósito primordial del derecho a la fianza, el cual además deberá ser razonable, es garantizar la comparecencia del acusado al tribunal; además sirve para salvaguardar la presunción de inocencia que cobija a todas las personas acusadas de un delito. Este derecho fundamental es reconocido tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952) como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

El Derecho a la Fianza no puede ser un instrumento que el gobierno tiene en sus manos para castigar, por imposición de una fianza excesiva o por negación de la misma, a personas que gozan de la presunción o que han incurrido en delito alguno, hasta que se pruebe lo contrario. Ejemplos tenemos demás de las injusticias cometidas contra acusados cuyas fianzas excesivas (o negadas en el sistema federal) no les permitió permanecer en la libre comunidad apoyando la labor de su representación legal, para luego de un largo proceso de detención carcelaria, posiblemente años, establecer su inocencia. Nuestros ingenuos políticos apuntan al hecho que se pudo establecer la inocencia del acusado es prueba suficiente que nuestro sistema funciona.


Julio A. Muriente Pérez
Copresidente Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH)

La presunción absoluta de inocencia que supone el derecho absoluto a la fianza para cualquier ciudadano, constituye un componente constitucional de extraordinario valor. Representa la garantía de que, en principio, el ciudadano no será objeto de privación arbitraria de su libertad. Que es al Estado al que le corresponde demostrar –si fuera el caso– la culpabilidad del ciudadano y no al ciudadano demostrarle su inocencia al Estado. Es una herramienta del ciudadano en su individualidad y debilidad relativa, para enfrentar los extraordinarios poderes represivos del Estado y la capacidad o posibilidad de éste de cometer injusticias o errores. Las enmiendas constitucionales tienen sentido y pertinencia sólo cuando ocurren para ampliar los derechos ciudadanos, no cuando van dirigidas a restringir esos derechos. Mucho menos se enmiendan para perjudicar a la inmensa mayoría de la población.

La evidencia científica y estadística disponible, ofrecida por la Administración de Tribunales, indica que 98 de cada 100 acusados bajo fianza, asisten el día que se le ha señalado el juicio, sin cometer delito alguno mientras están bajo fianza. De los dos acusados que cometen delito mientras están bajo fianza, en la mayoría de los casos esos delitos no tienen relación alguna con los casos de asesinatos a los que se refiere la propuesta enmienda constitucional. Quiere decir, entonces, que no existe ninguna relación entre comisión de delito, grave o menos grave, y derecho constitucional absoluto a la fianza.

Es decir, si en el peor de los casos prevaleciera el SÍ en la consulta del próximo 19 de agosto, ello no tendría ningún impacto positivo en el grave problema de violencia y criminalidad que afecta al País. Pues, esos son muy serios problemas de naturaleza económica y social, y no de naturaleza constitucional.

Por eso, hay que votar NO el próximo 19 de agosto.


Daniel Nina
Miembro del Frente Amplio de Puerto Rico

El Frente Amplio de Puerto Rico ha apoyado el principio que los derechos constitucionales no se deben limitar, sino, en todo caso ampliar. Es por esta razón que en los pasados meses, y de forma pública y consistente, nos hemos opuesto a las dos propuestas enmiendas constitucionales a ser expuestas en consulta pública el próximo 19 de agosto de 2012.

En el caso particular de la propuesta enmienda al derecho absoluto a la fianza, nos oponemos por razones de sentido común: este es un derecho absoluto que beneficia a toda la población; no existe prueba que indique que la criminalidad se reducirá a partir de esta enmienda; y los que serán sus grandes víctimas, como siempre, serán los pobres, negros y marginados del país. Hoy, más que nunca decimos: el 19 de agosto vota No y No.


Ángel Figueroa Jaramillo
Presidente de la UTIER

El Concilio de Delegados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), nuestor mayor cuerpo de dirección, acordó unánimemente hacer campaña para que el pueblo trabajador rechace el recorte de derechos propuesto en el referéndum a realizarse el 19 de agosto.

Entre los elementos que consideramos para votar NO a la propuesta enmienda constitucional destacan que con la misma se estaría negando la presunción de inocencia del acusado, limitaría la capacidad de éste para preparar adecuadamente su defensa, extendería el tiempo de privación de la libertad de los individuos y violentaría nuestro ordenamiento constitucional sin evidenciar objetivamente que eliminar el derecho absoluto a la fianza tiene un impacto positivo en la reducción de la criminalidad.

La discusión también tomó en consideración el historial represivo de la presente administración gubernamental, el hecho cierto de que bajo el estado de derecho vigente los jueces tienen la discreción necesaria para atemperar sus decisiones a los hechos ante su consideración y finalmente, el historial de atropellos que siempre sufren los más pobres cuando se enfrentan al poder judicial.

Ciertamente todos aspiramos a vivir en una sociedad donde los niveles de criminalidad sean mínimos o inexistentes, pero estamos convencidos de que no será con medidas de esta naturaleza que lo lograremos. Eliminar la enorme brecha de desigualdad social y económica que prevalece en el país, ampliar los derechos democráticos y las oportunidades de progreso material y espiritual de la ciudadanía son rutas más certeras para ponerle fin a la violencia que prevale hoy en Puerto Rico.

UTIER dice NO a la eliminación del derecho absoluto a la fianza.


Lcda. Mariana Nogales
Portavoz Humanistas Seculares de Puerto Rico

Humanistas Seculares de Puerto Rico se opone a la limitación de nuestro derecho constitucional a la fianza, por entender que eliminar derechos a favor del Estado es una estrategia peligrosa que abre las puertas para otras enmiendas que limiten o eliminen derechos. No es de extrañar que luego de la fianza, se continúe con la trayectoria de limitación y eliminación de derechos. Eso no lo podemos permitir.

Nuestra organización se caracteriza por la toma de decisiones racionales a base del estudio científico y las estadísticas. El estado NO ha fundamentado científicamente su reclamo de que la eliminación de la fianza reduzca la criminalidad y las estadísticas existentes demuestran todo lo contrario. El Estado apuesta al miedo y a los sentimientos existentes en el pueblo ante el clima de inseguridad que se percibe frente a la criminalidad. Nosotros apostamos al raciocinio del pueblo puertorriqueño.

“Quienes renuncian a su libertad a cambio de promesas gubernamentales de seguridad, terminan sin libertad ni seguridad”
-Benjamín Franklin


Movimiento Amplio de Mujeres

Las mujeres puertorriqueñas conscientes de que el derecho a la fianza es imprescindible para nosotras y que está amparado en la presunción de inocencia que nos cobija, repudiamos la enmienda que propone limitar nuestro derecho a la fianza.

La propuesta de eliminar el derecho absoluto a la fianza, proviene del gobierno de turno, que se ha caracterizado por posturas y acciones antidemocráticas, distantes de las verdaderas necesidades de las mujeres, del pueblo trabajador y de las personas más expuestas a la pobreza y a las necesidades sociales.

El gobierno proponente de la enmienda no ha presentado evidencia objetiva alguna para sustentar que la ola criminal que ha enfrentado Puerto Rico en los últimos años, particularmente los asesinatos, sean cometidos por personas que están en libertad bajo fianza mientras se les celebra juicio.

Con la mención de la violencia machista y los feminicidios, la propuesta enmienda es una estratagema para manipular la opinión del público, temeroso ante la ola criminal rampante que mucho tiene que ver con la ineficiencia de los planes preventivos y las destrezas investigativas de la Policía de Puerto Rico.

No hay evidencia que respalde que las mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista perdieran la vida a manos de agresores que estuvieran en libertad bajo fianza luego de haber asesinado a otras parejas o ex parejas. Sin embargo, sí existen estrategias que no han sido implementadas por el gobierno de turno para prevenir la violencia machista tales como la implementación de la perspectiva de género en el currículo de educación pública y mejorar la eficiencia en los procedimientos de órdenes de protección.

Este Movimiento exhorta al pueblo puertorriqueño, particularmente a las mujeres, a votar que NO el próximo 19 de agosto y a servir de funcionarios y funcionarias para proteger los votos.


María de Lourdes Santiago
Candidata al Senado del PIP

Las propuestas de enmienda constitucional que se someterán a votación el 19 de agosto son una muestra de la equivocada –y perversa— estrategia de la intolerancia a la que se han abrazado el liderato PPD y PNP como respuesta a la falta de capacidad y voluntad para atender los problemas fundamentales del país. Nadie puede racionalmente sostener que la existencia del derecho a la fianza es responsable de la ola criminal. Pero claro, atender las verdaderas raíces de la criminalidad —la marginación, el estancamiento económico, el consumerismo desmedido, el desarraigo familiar y social, la crisis en la educación, la autoestima lacerada— requiere un ejercicio de restructuración del sistema político de dependencia en el que basan sus apetitos esos partidos.


Hugo J. Delgado Martí
Portavoz Movimiento Socialista de Trabajadores (MST)

La propuesta de enmienda al derecho constitucional a la fianza sólo busca restarle derechos al pueblo pobre y trabajador. Las estadísticas demuestran que no existe una relación entre la libertad bajo fianza y la criminalidad. De enmendarse el derecho a la fianza se castigaría con cárcel a una persona sin que se le haya juzgado y determinado su culpabilidad. Además, limita las oportunidades que tiene la persona acusada de preparar su defensa, pues restringe la posibilidad de buscar testigos y evidencia exculpatoria.

En Puerto Rico hay un largo historial de persecución política mediante levantamiento de carpetas, asesinatos políticos, hostigamiento policial a independentistas y líderes sindicales, fabricación de casos etc. En tiempos más recientes, los estudiantes universitarios fueron víctimas de los atropellos de la policía y de la fiscalía de San Juan. El derecho a la fianza permitió a los y las estudiantes acusadas salir en libertad y enfrentar exitosamente sus casos. Los que viven en caseríos, barriadas y comunidades pobres se encuentran a merced del prejuicio y el hostigamiento de la policía, eliminar el derecho a la fianza sería abrirle la puerta a la encarcelación por la mera sospecha. Definitivamente, la medida nada tiene que ver con la criminalidad. El gobierno de Luis Fortuño por un lado incrementa la explotación de la clase trabajadora y reduce los derechos laborales, mientras por el otro lado nos imponen un estado de derecho punitivo y represivo totalmente intolerante a las acciones de resistencia de la gente. Es por esto que decimos que “la fianza es para la gente pobre”.


Lcdo. Eduardo Villanueva Muñoz
Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico

El Referéndum para conceder discreción a los jueces en casos en que se imputa un asesinato requiere que la ciudadanía comprenda lo que se juega más allá de las estadísticas. Se sabe por los datos de Asistencia Legal, que no hay un problema de reincidencia con los que son acusados de asesinato y están bajo fianza. Se ha explicado que la Regla 218 de procedimiento penal permite en la actualidad que el juez, si le dan los datos correctos sobre el historial del imputado, aunque fije fianza, puede restringir severamente su libertad para evitar que reincida. Una funcionaria y candidata del PNP admite que aun desde la cárcel federal, un imputado puede amenazar testigos si le es necesario. Por tanto, tener a alguien encarcelado no impide que delinca por terceros. Los datos apuntan a que la desigualdad social, el desempleo, la deserción escolar y la mala calidad de las investigaciones, son mayores elementos causantes de la criminalidad que los derechos civiles que ejercen los imputados de delitos.

Se ha explicado públicamente que los fiscales en la mayor parte de los casos que investigan, acusan por el delito mayor que pueden acusar, para luego negociar un delito menor con el imputado y su abogado. Por ello, ser acusado de asesinato no necesariamente implica que la prueba evaluada justifica la acusación de asesinato. Con la enmienda propuesta, basta con ser acusado de asesinato, aunque la prueba no lo justifique, para que el juez en la discreción concedida, le niegue la fianza. No hay que ser vidente para saber que los jueces que esperen re nominación o ascensos de puestos en la judicatura, van a ser objetos de grandes presiones para denegar fianzas. La discreción en el proceso de fijar fianza, en la práctica será inexistente. Lo cierto es que la enmienda propuesta es para asimilarnos más al sistema federal, es decir, persigue más un fin ideológico y de estrategia de status, que un plan anticrimen. La enmienda es para simular que se tiene mano dura con el criminal, no con los acusados que se supone que se les presume inocentes. El objetivo es presionar para producir más culpables y beneficiar a los cabilderos de las cárceles privatizadas. La intención es que quien se sienta inocente lo piense varias veces antes de defenderse porque el juez le puede negar la fianza desde el inicio del proceso. Lo único seguro de esta inseguridad anunciada, es que el ciudadano se ahorcará con la soga que le regaló al estado, cuando renunció su derecho a estar libre para defenderse de lo que le acusen.

Por eso tenemos que votar NO, para afianzar el derecho a ser libres.


Dr. Eduardo Ibarra
Presidente Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico

Es y ha sido nuestra contención que en forma urgente se realice una Solemne Cumbre sobre la Criminalidad donde se analicen en forma seria, formal, inteligente y exhaustiva las profundas raíces de la criminalidad en Puerto Rico y se tomen acciones concretas, educadas y apolíticas para solucionar el problema a corto, mediano y largo plazo.

Deberá también dicha Cumbre reunir a los líderes comunitarios en representación de todos los estratos sociales y no solo el de nuestros grupos más desventajados. Es igualmente imperativo incluir talentos y experiencias de otros países que de una forma u otra hayan encontrado y desarrollado soluciones a ese problema, como es el caso de Portugal, Austria, Suiza y otras jurisdicciones en muchos lugares del mundo. Es impresionante notar que países como Austria tienen una criminalidad muy cercana a CERO. ¿Qué pasa?

La tragedia es que no hay voluntad política para iniciar un proceso donde impere la educación, la razón, el buen juicio, los conocimientos científicos, la literatura, el arte y la experiencia histórica.

Es incomprensible que se continúe sugiriendo día a día que la criminalidad es un problema que puede ser solucionado por un superintendente que tenga especial talento y capacidad para dirigir las fuerzas policíacas, unido a una mayor colaboración de la ciudadanía.

Tampoco lo logrará como por arte de magia limitar el derecho a la fianza o imponer la pena de muerte ya que la conducta criminal tiene profundas raíces culturales, educacionales, económicas y de salud mental.

Aunque la crisis económica y muchos otros factores influyen significativamente, sin duda alguna la educación y la salud mental son los ámbitos que la sociedad debe primariamente enfatizar para resolver tan dramático problema.


Juan Camacho
Portavoz Toabajeños Contra el Gasoducto

Ante la convocatoria del gobierno para enmendar la Constitución para limitar el derecho absoluto a la fianza, nuestro pueblo tiene que rechazar la misma de manera clara y contundente. Primero, porque las causas de la violencia y de la criminalidad son profundas y complejas, relacionadas con las condiciones socio-económicas, la desigualdad social, el desempleo y otras causas que nada tienen que ver con soluciones policíacas y punitivas. Y segundo, porque se pretende abrir una puerta peligrosa que nos pudiera arrastrar a la pérdida de otros derechos constitucionales.

De esa manera, mañana podríamos estar votando para aceptar las intercepciones telefónicas, para eliminar la presunción de inocencia, para aceptar la pena de muerte, para renunciar al derecho a juicio rápido y por jurado y a otros derechos humanos y constitucionales.

Los que participamos o dirigimos procesos de lucha comunitaria tenemos la responsabilidad de alertar a nuestra gente del peligro que representa propuestas como ésa, máxime cuando hace apenas unas semanas se acaba de aprobar un nuevo código penal que elimina en la práctica nuestro derecho a la protesta y a la libre expresión.

El 19 de agosto tenemos la responsabilidad de participar y votar NO en el referéndum. Así también, pasado el proceso, debemos desarrollar una campaña dirigida a denunciar que en la práctica ya algunos jueces han estado restringiendo este derecho al fijar fianzas excesivas y fuera de la realidad económica de los acusados.

Las comunidades organizadas decimos NO a la eliminación del derecho a la fianza.


Nelson W. Canals
Director Ejecutivo Acción Democrática Puertorriqueña

Dentro del precario estado de derecho colonial, las únicas defensas que tenemos los ciudadanos frente a los abusos del gobierno, están en su Carta de Derechos, que incluye en la Sección 11, el derecho de todo acusado “a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.” Este derecho debe interpretarse como un corolario de otro derecho, más importante aún, el derecho de: “gozar de la presunción de inocencia.” La humanidad ha reconocido que este es un derecho fundamental a la dignidad y libertad humana. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU reconoce que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”

El tratar de mutilar el derecho constitucional de la fianza parte de la peregrina teoría de que la violencia hay que combatirla con una violencia mayor. El estado moderno pretende proteger los derechos ciudadanos mediante la institución de un aparato represivo fundado en el monopolio de la violencia. El estado prohíbe la violencia de parte de los ciudadanos con la amenaza y acción represiva contra los que no obedecen.

La propuesta de limitar la fianza y la política de mano dura de la Policía están íntimamente relacionadas. Al negarle a un acusado la presunción de inocencia, encarcelándolo antes de probarle que es culpable, se produce un mayúsculo acto de violencia. El mayor acto de violencia judicial, en nuestro sistema de derecho penal, es privar a una persona de la libertad sin haber demostrado su culpabilidad. Gracias a Dios que la Constitución prohíbe la sentencia de muerte, que, si no fuera así, de seguro los trogloditas en el gobierno tratarían de ampliar su aplicación.


Profesor Luis Delgado Rodríguez
Presidente, Alianza por Libre Asociación Soberana

Renunciar al derecho a la fianza sería retroceder y entregar derechos fundamentales a los que hemos advenido y que han costado grandes sacrificios. Entregar ese derecho a la fianza significaría retroceder a inicios del pasado siglo.

Ningún pueblo renuncia a derechos adquiridos y el nuestro no puede ser el primero. Mucho menos cuando la propuesta de enmienda no se ha validado ni justificado en términos de que pueda tener algún efecto o resultado en la alta incidencia criminal que padecemos como pueblo.

La propuesta es tan absurda, que aún sin existir el derecho a la fianza en la jurisdicción federal, los actos delictivos no han mermado de manera alguna, lo que corrobora que la enmienda a la fianza no tiene relación alguna con la solución del problema que se alega la misma iría dirigido.

Por lo tanto llamamos al pueblo a emitir dos votos de “NO” en el referéndum del 19 de agosto próximo, en contra de la enmienda al derecho a la fianza y en contra de la reforma legislativa.