Nuestro pueblo está en crisis. El sistema económico estructural se desgastó y se precipita al derrumbe total.

La violencia y la criminalidad, altamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas, la desigualdad social y el desempleo, producen un escenario de desorientación, de desesperación y de falta de esperanza.

Tal como la experiencia nos dice y vamos corroborando poco a poco, este escenario sirve como caldo de cultivo para el oportunismo demagógico, para eliminar derechos constitucionales, para el racismo, el autoritarismo, la represión, el control absoluto de las instituciones, el fundamentalismo religioso y el desprecio a los sectores minoritarios de la población.

Gobierno se confunde con partido; se adhieren sectores que de otra forma nunca hubieran apoyado; no se apela a la razón para convencer sobre proyectos y leyes y se convierte en enemigo de las libertades y derechos que puedan debilitar su autoridad y su poder. Y más todavía, se legitimizan con plebiscitos y elecciones.

Esa dramática descripción, que pudiera haber sido copiada de la experiencia de países que han sufrido el yugo del fascismo, -como Chile y Argentina, entre otros- se asemeja mucho a la que estamos viviendo durante la última década y que se acrecienta de manera peligrosa.

La eliminación de derechos constitucionales es la agenda de los últimos meses de la Administración actual. Con el maridaje de sectores de la oposición partidista, pretende eliminar el derecho absoluto a la fianza, a la presunción de inocencia y al juicio justo y rápido.

Antes habían aprobado la Ley de Permisos, la Ley Tito Kayak y el Artículo 297 del Código Penal, todas dirigidas a limitar la participación y libre expresión del pueblo. Así también, no han dejado de intentar eliminar la prohibición de llamadas telefónicas y de la pena de muerte mediante aplicaciones federales.

Ante esta realidad, el quehacer del pueblo es obligado y necesario. Comencemos el domingo.