El pasado 25 de julio se cumplieron 114 años de la invasión militar que dio inicio a la dominación de Puerto Rico por parte de Estados Unidos. También se conmemoraron 60 años de la promulgación de la constitución que estableció el Estado Libre Asociado (ELA) y formalizó su unión con la potencia que la convirtió en colonia.

La conmemoración de ambas efemérides tuvo como telón de fondo los preparativos para un nuevo plebiscito sobre el estatus político del país caribeño, que deberá efectuarse el próximo 6 de noviembre junto con las elecciones generales. Quienes acudan a las urnas dirán si quieren o no que se mantenga el ELA. Pero "el asunto no pasará de ahí", advirtió Julio Muriente Pérez, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), quien calificó la consulta de engañosa, "porque no es vinculante".

"Se hace necesario desmitificar el carácter pretendidamente democrático de los procesos electorales en Puerto Rico", aseveró en entrevista concedida al Correo del Orinoco, y denunció que en su país "se vota, y se vota mucho, pero se elige poco y se decide poco, porque las elecciones no están concebidas para resolver asuntos esenciales, sino más bien para modificar y perpetuar las estructuras administrativas de la colonia".

El docente universitario explica que es muy pobre el nivel de incidencia sobre el destino de su país que logran las y los boricuas mediante los comicios. No puede ser de otro modo, agrega, ya que "los procesos electorales coloniales no son democráticos en sí mismos, porque no traen aparejada una toma de decisiones del elector, así que la obtención de la mayoría no supone para los votantes un ejercicio de poder". Por eso, reiteró, "es impensable la independencia de Puerto Rico por la vía institucional".

-¿Pero entonces, cuál podría ser la vía?

-Para nosotros la vía es muy clara: una asamblea constitucional de estatus, que debe darse mediante la devolución al pueblo de los poderes que la potencia le arrebató. Eso ya tiene una base legal, que es la Resolución 1514 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en su punto número cinco establece que cualquiera que sea el destino que escoja un pueblo bajo dominación colonial, primero que nada tiene que darse la transferencia de poderes para restituirle la autonomía que le fue arrebata por la potencia invasora.

-Esa es una salida institucional...

-Pero una asamblea constitucional de estatus inevitablemente viene a representar el quiebre de la institucionalidad gobernante, que encubre un acto de flagrante ilegalidad, como lo es el colonialismo. No solo es ilegal, sino que tiene "un carácter delincuente, y para que no quede duda de ello, hay que recordar que comenzó con una ocupación militar", arremete el activista. Y agrega: "Hay que tener en cuenta que toda institución creada a partir de una intervención armada es intrínsecamente ilegal, más en el caso de una colonia, porque el colonialismo está considerado como ilegal en el mundo entero. Ahí está la resolución de la ONU que acabo de mencionar".

-¿Es posible llegar a esa asamblea? ¿Qué se está haciendo para lograrlo?

-La instalación de una asamblea constitucional de estatus presupone que un nivel de madurez política y patriótica de parte de todos los sectores de la sociedad -que aun teniendo contradicciones sobre a dónde quisieran orientar el destino del país- reconozcan que nada será posible si no se resuelve el problema de la dominación colonial. Por eso es tan importante promover entre la población la discusión para mostrar la necesidad de que cualquier solución que se plantee tiene que emanar de un ejercicio verdaderamente soberano por parte del pueblo. En eso trabajamos y estamos denunciando la consulta del próximo 6 de noviembre como una farsa.

-¿Por qué dice usted que es una farsa?

-Porque no es vinculante, y lo que resulte de ahí no va a tener ningún efecto real en el destino del país. Es una farsa porque, como ya dije, el primer gran acto para resolver la cuestión del dominio colonial en Puerto Rico es que le sean devueltos al pueblo todos los derechos que se le quitaron, para que sea el pueblo quien decida la ruta que ha de seguir el país, y no una potencia extranjera.

A propósito de este señalamiento, cabe destacar que la ley que rige el plebiscito declara explícitamente: "...esta Asamblea Legislativa propone combinar varias de las alternativas propuestas por el Grupo de Trabajo, de forma que podamos maximizar las fortalezas de cada una de éstas y lograr los consensos esperados. Así, entendemos conveniente adoptar la alternativa propuesta por el Grupo de Trabajo en cuanto a un proceso consistente en dos consultas."

Toda la normativa se basa, efectivamente, en el informe presentado por un grupo designado a tal fin por la Casa Blanca, el cual laboró por mandato directo del presidente Barack Obama, quien -mediante la Orden Ejecutiva 13.517 (30-102009)- le asignó la tarea de "solicitar consejos y recomendaciones sobre medidas que promuevan la generación de empleo, educación, cuidado de la salud, energía limpia y desarrollo económico en la Isla, sin desviar su principal atención del tema del estatus".

MANIOBRA Y CONTINUISMO

Muriente Pérez no tiene dudas de que el plebiscito encubre una maniobra electoral: "El partido de gobierno se sabe muy desacreditado como fruto de estos cuatro años de gestión. Todas las encuestas anticipan su derrota, pero sus dirigentes quieren enamorar a sus electores llevándolos a votar en una consulta plebiscitaria para ver si logran que de una vez voten por el partido".

Se refiere al Partido Nuevo Progresista, que gobierna Puerto Rico desde 2009 en la figura de Luis Fortuño, abogado egresado de Georgetown, quien prometió a las ciudadanas y los ciudadanos de su país que el plebiscito es una "opción justa, equitativa, transparente, le ahorra dinero al Pueblo y les dará a todos en Puerto Rico la oportunidad de votar por la opción de estatus que prefieren".

-¿Qué se le va a preguntar a la población exactamente?

-Se le va a preguntar si quiere que Puerto Rico conserve su estatus político actual, y a quien responda que no, se le dará a escoger entre estadidad, independencia, o estado libre asociado soberano. Las tres son opciones propuestas por el poder colonial. Y el partido de Gobierno, el Partido Nuevo Progresista -que es anexionista- y otros sectores promueven la pretendida asociación soberana, que es un contrasentido, porque no se puede ser soberano y al mismo tiempo poner en manos de un país extranjero aspectos que ningún Estado puede ceder.

La llamada "estadidad" implica que Puerto Rico se incorpore como uno más de los estados de la unión estadounidense. Llama la atención que haya sectores que ante esa posibilidad no propongan la independencia plena sino una relación de soberanía relativa con respecto a la potencia norteamericana. A ello Muriente Pérez responde que se trata de una burguesía anexionista que, por encima de los intereses de su patria, defiende intereses políticos y económicos.

PRESIONAR A LA METRÓPOLI

Julio Muriente Pérez hace énfasis en un aspecto que considera crítico a la hora de pensar en cómo recuperar la independencia de su país: "Si hay algo que complica cualquier discusión sobre el problema de Puerto Rico es que Estados Unidos no reconoce que ejerce un poder colonial sobre nuestro país. Entonces, tenemos el caso de una colonia que la metrópoli dice que no es colonia, y pretende que de eso no se hable".

Esto es muy importante, sostiene el dirigente, porque la independencia "tiene que surgir del pueblo. Desde su más amplia y representativa diversidad -no desde los partidos, no desde las tribus- el país debe generar esa exigencia frente a la metrópoli, para que esta se vea en la necesidad de atender ese reclamo popular y se abra el camino hacia la descolonización". En otras palabras, insiste el dirigente, "el primer reclamo debe ser que cese el colonialismo".

Si el problema se planteara en esos términos, la vía a la independencia se abriría de inmediato, ya que cualquier propuesta de cambio de estatus tendría que pasar por la ruptura del tutelaje que Estados Unidos se arroga sobre la isla. En todo caso, lo menos que se puede hacer es presionar a Washington para que reconozca que es una metrópoli. Sacar la palabra "colonia" de la discusión debilita la posición independentista.

Al revisar la normativa del plebiscito del 6 de noviembre, a la luz del juicio de Muriente, se observa no solo su explícito apego a las recomendaciones del grupo designado por Obama, sino su apelación a leyes estadounidenses que por décadas han servido de base formal a la dominación yanqui. Lo más palmario es que ni por equivocación se menciona el término "colonia". Ni aun en el discurso de convocatoria del presidente Fortuño -que reconoce que su pueblo no tiene hoy poder de decisión- se admite que haya una relación colonial.

Lo cierto es que la admisión de que se está en presencia del colonialismo dejaría sin efecto cualquier propuesta basada en el sistema jurídico de EEUU o en sus recomendaciones. Pero el estamento que administra los asuntos públicos de Puerto Rico se rehúsa a dar ese paso.


La ventaja de la ciudadanía estadounidense es un mito bien mercadeado

No es extraño escuchar que las puertorriqueñas y los puertorriqueños son gente afortunada porque tienen la ciudadanía estadounidense. El propio Hollywood explotó esa visión en el musical West Side Story (1961) a través de Anita, una joven boricua residenciada en Nueva York que se desborda en loas a Estados Unidos en la canción "América". En la vida real, una de las supuestas ventajas de nacer en un Estado Libre Asociado es la de vivir en EEUU sin visa y sin pagar impuestos federales.

Julio Muriente Pérez responde a estas observaciones con una sonrisa benevolente: "Mira, la ciudadanía estadounidense nos fue impuesta en 1917, y para entonces Puerto Rico ya había sido convertido en una gran plantación azucarera. Ese modelo se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando se dio una transformación económica de carácter industrial. En el 18, en el 20, en el 25, en el 30, en el 34, en el 40 ya hasta en el 50, el país vivió en la miseria, ya teníamos esa ciudadanía".

El cambio de modelo exigía modificar las condiciones de existencia de la población, advierte: "Tú puedes, desde el analfabetismo, cortar caña, tú puedes estar subalimentado y enfermo y cortar caña, pero desde el analfabetismo y una condición precaria de salud no puedes rendir en una fábrica".

El análisis de Muriente revela que las mejoras sanitarias y sociales fueron, literalmente, un negocio: "El que salió del campo para entrar a la fábrica produjo mucha más plusvalía que su abuelo, que vivía de cortar caña. Hay que tener cuidado de no confundir miseria con explotación. Ese que ahora vive mejor es más explotado que el que vivía en la plantación, porque la cantidad de riqueza que le produce al capitalista extranjero es mucho mayor. En todo caso, si hubo un salto relativo en la calidad de vida de los puertorriqueños no fue por la ciudadanía estadounidense, sino por la decisión del invasor de cambiar la estructura productiva".

PASAPORTE A LA DISCRIMINACIÓN

Muriente Pérez esgrime otro mentís a la fantasía de la ciudadanía estadounidense como un privilegio: "Los puertorriqueños no tienen problema cuando llegan al aeropuerto, porque no les piden el pasaporte. Hasta ahí son iguales al resto de los estadounidenses, pero cuando salen por la puerta entran al mundo de la discriminación y la desigualdad".

"Las estadísticas vitales estadounidenses demuestran que las condiciones de vida de los puertorriqueños son en todo sentido inferiores que las de la generalidad de los habitantes de EEUU. Habría que preguntarse a dónde fue a parar la abundancia que implicaba ser ciudadano de ese país", apunta el activista.

"Ahora mismo, el pueblo puertorriqueño se encuentra en una crisis terrible y la economía subterránea del narcotráfico alcanza a 15 o 20%. Además, como en las pasadas dos décadas emigraron más de un millón de compatriotas, son más los que están en EEUU que los que viven en Puerto Rico, y la población económicamente activa apenas llega a 40%", expone Muriente. Y pregunta: "¿De qué ha valido ser ciudadanos de ese país? ¿Cuál es la ganancia de tener esa ciudadanía? Eso es un mito, un mito bien mercadeado".


La ONU condena la dominación extranjera

El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514. En su preámbulo, el documento declara "todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional", y que por lo tanto, se debe "poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones".

La resolución consta de siete puntos, el primero de los cuales reza que "la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales".

El punto 5, citado por Julio Muriente Pérez expresa: "En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo, ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas".

Publicado en La artillería
Suplemento dominical del
CORREO del ORINOCO
Domingo 29 de julio de 2012
T/ Carlos Ortiz F/ Héctor Lozano