A mí esto de poner a los jueces a decidir el derecho a la fianza me espanta. Y me espanta no porque tengan “mentalidad de carceleros”, que los hay, sino porque a los pobrecitos les tocaría la peor parte.

Primero, el referéndum entraña un “non sequitur”. Eso que en el lenguaje chato de mi abuela sería: “qué tiene que ver el codo con la luna”. Pura falacia. Pues, como en toda falacia, la conclusión no se deduce de las premisas.

¿Dónde está la trampa? Pues en decir que como en Puerto Rico se cometen muchos asesinatos, si metemos en la cárcel a los posibles asesinos, bajará el derroche de sangre. Así de simple, como decir que “el pan da piojos”. Cuidado. No es a un condenado de asesinato a quien negarían la fianza. Porque “imputado de asesinato” no es sinónimo de “presunto asesino”. Todo lo contrario, lo que se presume es la inocencia. Además, está “supercomprobado” que las causas del crimen están en otra parte. Y el Estado lo sabe.

Segundo, los propulsores de la medida no están legitimados moralmente para impulsarla. Como si Berlusconi legislara para acabar con la prostitución. Causa estupor saber que algunos políticos corruptos aboguen por la limitación del derecho a la fianza. Es el mismo estupor que causan los golpes de pecho que se da cierto juez federal cuando promete mano dura, como si perteneciera a la estirpe guardiana de la moralidad y la decencia. Y se lo cree. Instalado en los órganos represivos del Estado, se siente legitimado para andar con las llaves del penal en sus manos. ¿Cuánto vale unas semanas en la cárcel para un inocente? Que lo diga el presidente del Colegio de Abogados.

Tercero, ¿quién valora si el imputado queda libre bajo fianza? En principio tranquiliza oír que un juez imparcial examinará las circunstancias. Lo que ocurre es que un buen número de ellos son rehenes de los políticos. El sistema judicial ha degenerado a tal grado que, aunque el juez quiera ser imparcial, le recortan el aire en la estrecha pecera de la legalidad. Habrá casos en los que el imputado será el primo hermano de un amigo del ayudante de un legislador del partido en el poder. Pronto vendrá una llamada o un mensaje en clave. Y para este con pinta de asesino, seguro habrá fianza. Entonces, surgirán las categorías: los jueces que conceden fianza y los jueces de no fiar.

El asunto se agrava porque algunos jueces arrastran una mentalidad fraguada al calor de prejuicios y solucionan todo encerrando a las personas. Un amigo juez me decía que en su sala no permitía que los varones lucieran aretes o pendientes en las orejas. Cuando lo recriminé por el abuso de poder que su código de vestimenta implicaba, me zampó una excusa baladí: “Es que me distraen”. En ese momento pensé en los hermanos Guadalupe, cuando el asesinato de Vigoreaux.

No parece sostenible que un derecho que se rescató y se ha mantenido durante sesenta años, quede desdibujado cuando más se necesita consolidar un estado democrático. No lo merecemos. Además, es un escarnio que legisladores que tienen nebulosos lazos con el crimen compartan lugar con ciudadanos que legítimamente creen en la sabiduría de la medida. En fin, me parece mal que un gobierno plagado de desmanes exhume miedos y los riegue como píldoras venenosas en plena campaña electoral. Sobre todo, cuando se muestra incapaz de arrestar a los asesinos de Lorenzo, de la mujer de Irizarry Yunqué y de miles más.

En estos momentos de extremada corrupción pública parece irremediable que se pretenda montar una cabeza de playa desde donde seguir armando un estado policiaco. Me temo, sin embargo, que no progresarán. Si triunfara el sí, sería un momento de desazón, pues triunfaría la cultura del carcelero. Y, peor aun, validaría la creencia de que basta con dejar de comer pan para no tener piojos.