El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) creó la semana pasada una comisión especial para estudiar y educar al pueblo sobre las implicaciones del propuesto referéndum para limitar el Derecho a la Fianza, conforme a legislación recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Esta Comisión Especial tendrá como tarea principal convocar la organización de un frente amplio que una a todos los sectores de la sociedad civil por encima de todo sectarismo y líneas partidistas, para promover que el pueblo proteja sus derechos constitucionales ante la más reciente propuesta para restringirlo.  La referida convocatoria la constitución de un frente amplio para defender el derecho a la fianza ha sido citada para el próximo jueves, 24 de mayo de 2012 en el salón Félix Ochoteco, primer piso del CAPR, a las 7:00 P.M.

La comisión nombrada a los efectos antes dispuestos está compuesta por Ana Paulina Cruz, Aura Colón Solá, Mariana Nogales, Carol Sosa Santiago, Rubén Colón Morales, José A. Nazario Álvarez, Alfonso Ramos Torres, Efraín Guzmán Mollet y Manuel Mayo. El CAPR y la Comisión Especial exhortan a todas las personas, líderes comunitarios, legisladores, iglesias, partidos y organizaciones políticas, organizaciones civiles y profesionales, y a cualquier otro ciudadano y ciudadana que interese ser parte de esta iniciativa a darse cita en el lugar, fecha y hora indicada.

El Derecho a la Fianza tiene como propósito principal garantizar la comparecencia del acusado a los procedimientos judiciales y, además, es un derecho que propone preservar la dignidad humana de todo ciudadano acusado, que en nuestra democracia se presume inocente antes del juicio.  Alterarlo para restringirlo trastocaría el fino balance de derechos que la constitución establece respecto de los acusados de delito por el Estado, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia. El Colegio de abogados se opone a que dicho derecho sea limitado o eliminado de nuestra Constitución. Igualmente, sostiene que las enmiendas constitucionales deben servir para expandir los derechos ciudadanos, no para eliminarlos. Por último, no se ha demostrado que la medida incida en la disminución de la criminalidad.

Contacto:

Osvaldo Toledo, Presidente del Colegio de Abogados

(787) 721-3358 ext. 204