El gobernador Luis Fortuño está sordo y ciego o se hace para que lo carguen.

O quizás tiene otros planes para un gasoducto más corto en la zona norte que se supliría de gas natural de Estados Unidos en lugar del gas de Fenosa en Ecoeléctrica. O podría ser también que quiera contar con los $800 millones que costaría el gasoducto para ponerlo en manos de sus inversionistas políticos. El tiempo dirá.

La pasada semana Fortuño solicitó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que buscara alternativas “más rápidas y baratas” al gasoducto, dejando entrever que ese proyecto mal llamado Vía Verde, como está propuesto podría no construirse. Sin embargo, tanto el Gobernador como el Director Ejecutivo y el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Otoniel Cruz y José Ortiz, respectivamente, han dejado ver que la solicitud del permiso ante el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para el gasoducto seguirá su curso. El Gobernador ha dicho que esperará hasta marzo para conocer otras opciones disponibles al gasoducto. Pero la organización comunitaria Casa Pueblo le dio hasta el próximo viernes para que retire la solicitud del permiso o se atenga a las consecuencias.

Lo de las barcazas no es nuevo

Hace año y medio, CLARIDAD publicó (edición 3004, Del 30 de septiembre al 6 de octubre 2010) que la organización comunitaria Casa Pueblo presentó una opción menos costosa e insegura que el gasoducto: la utilización de barcazas para suplir gas natural directamente a las plantas generatrices de la AEE, sin necesidad de construir el gasoducto. Para entonces esa opción pareció ser descartada por el gobierno. Pero fue la propia AEE que abrió la puerta para esa propuesta.

“La AEE aceptó que barcos cisternas podrían descargar gas natural en la costa norte de surgir una emergencia”, enfatizó Casa Pueblo entonces, por lo que propuso que “un barco cisterna podría emplearse inicialmente en la costa norte para energizar (las centrales de) Palo Seco y San Juan mientras se construye un tanque y el terminal de descargue (de gas natural)”.

Pero el Gobernador y los ejecutivos de la AEE insistieron con argumentos bastante flojos que el gasoducto era la única opción viable a un costo de $350 millones de dólares, algo que ahora se sabe que costará no menos de $800 millones de dólares.

Poco después, los trabajadores de la propia AEE pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), quienes conocen de cerca cómo se genera y transmite la energía en la Isla, contrataron un grupo asesores e hicieron una propuesta específica (CLARIDAD Edición 3007, Del 21 al 27 de octubre de 2010). Fue en las vistas públicas que la Junta de Calidad Ambiental realizó de manera simultánea en cuatro pueblos en octubre de 2010, donde la UTIER presentó la siguiente alternativa: convertir las plantas del Sur (Costa Sur, la termoeléctrica de Aguirre y el Ciclo Combinado de Aguirre) a gas natural. Para la termoeléctrica de Aguirre la UTIER propuso un sistema de boyas que ubicaría una barcaza o tanque flotante a dos o tres millas de distancia de la costa desde donde se descargaría el gas hasta la planta. Con relación a la planta de Costa Sur, ésta recibiría el gas directamente de Ecoeléctrica “ya que cuenta con la estructura para así hacerlo”. De esa forma, aseguraron, el 65 por ciento de la energía eléctrica se estaría produciendo con gas natural sin necesidad de construir el gasoducto.

Sobre las plantas de la AEE en el norte de Puerto Rico, la UTIER planteó que generan apenas un 25 por ciento de la energía total que se produce en el país, la cual visualizaron como una “reserva”, ya que dijeron que en la Isla se produce mucho más de la energía que se consume en las horas pico.

Mejoría para las empresas

Sin embargo, releyendo la entrevista que le hiciera CLARIDAD (Edición 2999, Del 26 de agosto al 1 de septiembre 2010) al entonces director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, -en momentos en que no existía documento alguno disponible en las páginas oficiales del Gobierno ni de las agencias concernientes que describieran los detalles del propuesto gasoducto-, fue el propio Cordero quien admitió que los alegados beneficios del gasoducto serían principalmente para el comercio más que para los abonados residenciales porque así se generarían más empleos y se mejoraría la economía. Hablaba del 2014 para que Puerto Rico alcanzara el 71 por ciento de energía producida con gas en lugar de derivados del petróleo.

Posible un gasoducto solo en el norte

Poco después se comenzó a rumorar que las verdaderas intenciones de ese gasoducto podrían ser las de proveer un combustible más barato como gas natural a las industrias en la zona norte ubicadas entre Arecibo y Barceloneta. Sobre ese asunto nadie se atrevía a opinar entonces. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2011 cuando el Cuerpo de Ingenieros emitió su evaluación preliminar en favor del gasoducto, que en entrevista con el experto abogado ambientalista Pedro Saadé Llorens salió a relucir nuevamente ese tema como posible explicación a la determinación del Cuerpo de Ingenieros. Las declaraciones de Saadé a preguntas nuestras en busca de esas explicaciones fueron las siguientes:

“Bueno, hay otro elemento. Aquí se ha demostrado que (la tubería del gasoducto) tiene unas válvulas para vender gas natural a la industria en el camino de Arecibo a Barceloneta. Eso está documentado y es una gran controversia legal porque el impacto de eso nunca se ha evaluado. Y la evaluación (del Cuerpo de Ingenieros) dice que no tiene que hacerlo. Otros señalan que Estados Unidos tiene como meta suplir gas natural o electricidad a las islas cercanas y que hay una industria de gas natural importante en Estados Unidos que se está desarrollando y nosotros somos, pues, un conejillo en esa ruta”. Saadé admitió que la agencia federal de Pesca y Vida Silvestre había abordado ese tema en su última carta relacionada al gasoducto.

Casa Pueblo insiste en que es un robo

Sin embargo, el portavoz del grupo de científicos de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, quien junto a su padre, portavoz de Casa Pueblo, Alexis Massol González, se reunieron con el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Ortiz, está convencido de que el tranque para descartar el gasoducto está en la Fortaleza y no en la AEE.

Massol reconoce que Ortiz es la figura que llegó a la AEE en busca de una salida política al Gobernador “y la encontró”. Ortiz propuso específicamente el uso de una barcaza para la Central Termoeléctrica de San Juan desde la que se transportaría el gas natural a través de un gasoducto a la Central de Palo Seco en Cataño. Esa tubería pasaría acostada sobre el lecho marino sobre una tubería ya existente sin afectar los corales del lugar. Pero a esa alternativa hay resistencia en Fortaleza. Según Massol Deyá, esa resistencia se debe a que desde Fortaleza se está insistiendo en el permiso del Cuerpo de Ingenieros porque si al final de este cuatrienio el Partido Nuevo Progresista se da cuenta que va a perder las elecciones, pudieran adjudicar contratos por los $800 millones que se estima actualmente que costaría construir el gasoducto, dejando esa deuda al gobierno entrante. Igual cree que si el actual gobierno gana las elecciones, ese dinero le sirve como botín para repartir.

Massol Deyá insistió en que “ahora es momento de salvar a la AEE”, quien si se le aprueba el permiso del gasoducto, se estaría embrollando en una deuda de entre $1,200 y $1,400 millones, añadió. Eso lo anticipó Casa Pueblo cuando su Comisión Científica y Técnica informó que el gasoducto costaría de dos a tres veces lo que la AEE alegaba en un principio, que era $350 millones.

La lucha continúa

Así las cosas, Casa Pueblo ha advertido que no hay que dormirse en las pajas. Que mientras el Gobernador no retire la solicitud de permiso al Cuerpo de Ingenieros, no hay garantía de que ese proyecto no se va a construir. Y para mostrar la seriedad con la que continúan tomado el tema, los Massol le advirtieron la pasada semana al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE que el Gobernador tenía hasta este próximo viernes para retirar la solicitud del permiso al Cuerpo de Ingenieros. De lo contrario, le indicó, las comunidades afectadaS con el gasoducto harían un anuncio a principios de la próxima semana dejando saber cuál sería la respuesta comunitaria a esa aparente incongruencia de buscar alternativas “más rápidas y baratas” al gasoducto, a la vez que el gobierno mantiene la solicitud ante EL Cuerpo de Ingenieros.

Así pues, todo parece indicar que la lucha contra el gasoducto continuará y de forma masiva.