Este 24 de abril se conmemoró el 48vo. Aniversario de la Revolución Constitucionalista en la hermana República Dominicana. Cuatro días más adelante, el pueblo dominicano se conmemorará también el inicio de la resistencia antiimperialista en dicha Revolución. Entonces, el pueblo en armas se lanzó a las calles de Santo Domingo defendiendo la soberanía nacional y enfrentando una vez más, por segunda ocasión en su historia patria, a las hordas invasoras estadounidenses.

Tres fueron los objetivos principales de la ley Promesa. Primero, mediante el Título III, garantizar un proceso ordenado para que los acreedores pudieran cobrar parte de sus bonos y préstamos que hicieron al gobierno y a las corporaciones públicas. Segundo, proteger al Tesoro de Estados Unidos de cualquier reclamación de los bonistas, derivada de la deuda de Puerto Rico (Ley Promesa, SEC. 210) y, tercero, evitar comprometer un solo centavo de los contribuyentes estadounidenses en la “atención” de la crisis fiscal (Paul Ryan, El Nuevo Día, 13 de abril de 2016). Por eso la ley no contiene ninguna medida de desarrollo económico y ningún paquete de “ayuda” financiera.

Esta agresión se llevó a cabo en abierta violación a las normas internacionales vigentes. No solo no se contó con el aval del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU; sino que, en el caso particular de Estados Unidos, se produjo sin autorización de parte del Congreso de dicho país y en contra del criterio de altos funcionarios del gobierno y sus fuerzas armadas. Se trata en todo caso de una clara violación de la soberanía de un estado nacional que forma parte de las Naciones Unidas.

Al igual que muchas de la propuestas impuestas o impulsadas en Puerto Rico, las reformas laborales adoptadas por el gobierno de Temer en Brasil han implicado la ampliación de la jornada de trabajo de ocho horas a doce horas diarias; la reducción del tiempo de descanso; la reducción del período de alimento; el empleo a voluntad y en consecuencia la ampliación de las facultades de los patronos para despedir sus empleados; la fragmentación del período de licencias por vacaciones; y la eliminación de la paga extraordinaria y bonificaciones. Es como si en Brasil, quien gobernara fuera la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos a los puertorriqueños y al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Claro, en ambos casos, de lo que hablamos es de la adopción del recetario de Fondo Monetario Internacional y las políticas neoliberales, hoy en auge a escala mundial.