La disputa territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio de la Guayana Esequiba: nuevos desarrollos

6 de diciembre de 2023

El 3 de diciembre de 2023 se llevó a cabo un referéndum en la República Bolivariana de Venezuela en torno a cinco preguntas básicas: (a) si los venezolanos rechazan por todos los medios, conforme a derecho, la línea demarcatoria impuesta por un Laudo Arbitral de 1899 delimitando la frontera de Venezuela con la región llamada Esequibo; (b) si se apoya el Acuerdo de Ginebra de 1966 como base para resolver la disputa territorial sobre la región del Esequibo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana (RCG); (c) si se está de acuerdo con la posición de Venezuela sobre esta controversia de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia; (d) si se está en contra de la posición de la RCG de unilateralmente disponer de un mar pendiente de delimitar de manera legal y en violación al derecho internacional; (e) si se está de acuerdo con la creación por Venezuela del estado de Guayana Esequiba, que incluya la otorgación de ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando  dicho estado al mapa de Venezuela.

El resultado de la consulta, en la cual participaron de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral 10,554,320 electores de un total de 20.7 millones, arrojó un resultado favorable al interés de Venezuela por parte del 95% de los votantes.

El territorio Esequibo  reclamado por Venezuela comprende 160 mil Km.2. En él residen aproximadamente 125 mil habitantes. Representa dos terceras partes del territorio que hoy reclama la República Cooperativa de Guyana (RCG) como su territorio. En total, la población que reclama para sí la RCG, incluyendo el territorio esequibo, alcanza 800 mil personas.

De acuerdo con el libro titulado Guayana Esequiba, Historia de un Despojo, la disputa sobre este territorio se retrotrae a un viejo diferendo entre la recién fundada República de Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña hace ya más dos siglos.

Hacia 1777, el Imperio Español creó mediante la Real Cédula de Carlos III en suelo hoy venezolano, la Capitanía General. Cuando el 5 de julio de 1811 se firma el Acta de Independencia de Venezuela, esta hereda la totalidad del territorio perteneciente a la anterior Capitanía General. Pocos años después, hacia 1814, colonos ingleses comienzan a asentarse en territorios que pertenecieron a Holanda en las regiones de Demerara, Berbice y Esequibo lo que provocó la protesta del Libertador Simón Bolívar. Con su separación de Colombia en 1830, Venezuela consigna en el Artículo 5 de su Constitución el dominio del nuevo Estado sobre el territorio de la anterior Capitanía General.  En 1831, sin embargo, como parte de su política imperial, Gran Bretaña constituye la Guayana Británica, fronteriza con territorio venezolano, lo que incrementa el traslado de colonos hacia territorio esequibo.

En 1835, Robert Hemmann Schomburgk traza un mapa de Este a Oeste, estableciendo una línea fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica y más adelante traza un segundo mapa, de Norte a Sur, equivalente a una superficie de 141,930 Km. cuadrados que llevó a una protesta por parte del gobierno de Venezuela ante el gobierno británico, abriendo así paso a las primeras negociaciones sobre un conflicto fronterizo entre ambos Estados a partir de 1844. En las negociaciones, Venezuela reclamó el reconocimiento del Río Esequibo como límite fronterizo histórico. El proceso inglés de traslado de población y colonos, sin embargo, no cesó, como tampoco su proyecto expansionista. Hacia 1888, el Reino Unido reclamaba el control de 203,310 km. cuadrados.

En 1897 las partes en disputa suscribieron un Tratado en virtud del cual se comprometieron a resolver su diferendo mediante un arbitraje internacional en París, creándose así un panel arbitral compuesto por cinco integrantes en el año 1899: dos representantes por cada parte y un quinto miembro neutral al conflicto. Sin embargo, Venezuela, ante las exigencias del gobierno de Estados Unidos, se sometió a que sus representantes en el panel de arbitraje fueran designados por dicho país, por lo cual fue el Congreso de Estados Unidos el que hizo las designaciones. El quinto miembro del panel también fue escogido por otra potencia imperial: Rusia.

Tras seis sesiones consecutivas, el panel de arbitraje emitió su laudo en forma unánime concediendo a Venezuela sólo la soberanía sobre la desembocadura del Río Orinoco y una porción contigua al Este de la misma; mientras que al Reino Unido concedió la porción Oeste al Río Esequibo hasta los ríos Venamo y Cuyuní, en una línea de mil kilómetros. Entre 1900 y 1905 se designaría una Comisión Mixta para demarcar las fronteras entre las partes.

Luego de un fallo favorable, el Reino Unido propuso otro arbitraje internacional, esa vez sobre una porción territorial de 33,200 km. cuadrados, hacia el Sur, en la frontera con Brasil. En esta ocasión, el fallo provendría del Rey de Italia, Víctor Manuel III, el cual en 1904 confirió al Reino Unido de la Gran Bretaña una superficie de 19,630 km. cuadrados, y a Brasil 13,570 km. cuadrados. El territorio otorgado al Reino Unido de la Gran Bretaña forma parte del reclamo actual de la República Bolivariana de Venezuela frente a la República Cooperativa de Guyana.

En 1962 el gobierno de Venezuela llevó su reclamo del territorio al Oeste del Río Esequibo ante la Organización de las Naciones Unidas. Alegó la nulidad del laudo arbitral de 1899 basado en varios puntos: (a) engaño y mala fe por parte del Gobierno del Reino Unido; (b) falta de notificación adecuada del laudo; y (c) colusión por parte de los países miembros del panel de arbitraje en su contra.

Luego de discutir largamente las diferencias, se alcanzó un acuerdo entre las partes conocido como “Acuerdo de Ginebra”, el cual fue suscrito el 17 de febrero de 1966. Este Acuerdo, si bien invalida el laudo de 1899, deja pendiente de resolución futura el diferendo entre ambas partes. Este Acuerdo se produjo cercano a la fecha en que el Reino Unido de la Gran Bretaña renunciara su dominación colonial sobre la llamada Guayana Británica, evento que ocurrió el 26 de mayo de 1966.

Durante cuatro años las partes se reunieron inconsecuentemente con miras a alcanzar un acuerdo sobre el diferendo territorial, firmando el “Protocolo de Puerto España” de 1970, quedando en suspenso las conversaciones por espacio de doce años. Para 1982 el gobierno venezolano determinó dejar sin efecto el Protocolo, proponiendo iniciar conversaciones directas con la República Cooperativista de Guyana. La repuesta de Guyana fue solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia, petición ésta que fue aceptada por el Secretario General de la ONU.

El 3 de marzo de 1999 se produjo la visita a Guyana de una comisión integrada por 15 funcionarios del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, lográndose el acuerdo de nombrar una Comisión Binacional de Alto Nivel. Sin embargo, ese mismo año, en el mes de julio, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela notificó, mediante una nota formal al gobierno de la República Cooperativa de Guyana, su protesta por la entrega de concesiones por este último a compañías petroleras como CGX, Energy, Exxon, Mobil y Shell para la exploración en la plataforma marítima del territorio en disputa.  Más adelante, en el año 2000, la República Bolivariana de Venezuela, protestó la concesión a los Estados Unidos de derechos para establecer una plataforma de lanzamiento de cohetes en el referido territorio.

Es importante recordar que en el territorio conocido como Guayana Francesa, el cual hoy se encuentra incorporado a Francia como uno de sus departamentos de ultra mar, este país europeo mantiene un centro de lanzamientos de cohetes al espacio. Desde allí Francia coloca sus satélites en la atmósfera, a la vez que desarrolla investigaciones de todo tipo, incluyendo su posicionamiento militar en la carrera espacial.

Los incidentes y denuncias por parte de Venezuela a las acciones del gobierno guyanés han sido consistentes, como consistentes ha sido lo que Venezuela considera son provocaciones contra su país. A pesar de que Guyana se ha adherido a proyectos de integración suramericana como son la UNASUR, el CARICOM y la CELAC, las diferencias entre ambos gobiernos persisten.

El 15 de noviembre de 2007 se produjo un incidente fronterizo cuando según el gobierno guyanés, un grupo de cuarenta militares venezolanos entró en aguas en disputa entre ambos países para volar  dos dragas en el Río Cuyuní.

Existe una diferencia de capacidad militar entre ambos países ya que la República Cooperativa de Guyana, distinto a la República Bolivariana de Venezuela, no cuenta con fuerzas armadas estructuradas, sino que más bien depende de unas reducidas “Fuerzas de Defensa de Guyana”. Para Venezuela, sin embargo, la salida del diferendo territorial y marítimo no se plantea mediante la acción armada. Tanto el gobierno de Hugo Chávez Frías como el de Nicolás Maduro han apostado a una solución diplomática al conflicto territorial. Las acciones unilaterales de Guyana, sin embargo, con el apoyo de los Estados Unidos y del capital transnacional, apuestan a la no resolución del conflicto entre ambos países por la vía negociada. La posición de Guyana de continuar ofreciendo concesiones al capital transnacional en territorios y lecho marítimo de los territorios en disputa ciertamente no abona a una solución al problema.

Tras la llegada al poder en Guyana de David Graner en 2015, el gobierno venezolano ha denunciado las acciones de Guyana como una “peligrosa provocación”, por lo que el gobierno  bolivariano, a través de su Asamblea Nacional, aprobó el Decreto Núm. 1859 estableciendo zonas de defensa marítima y creó la “Comisión Presidencial para los asuntos limítrofes”, llamando, además, a su representación diplomática en Guyana y reclamando la intervención de las Naciones Unidas para que actúe como mediadora del conflicto. Más adelante, con la participación de la totalidad de los partidos políticos a favor de la medida, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, apoyar la defensa del derecho de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Como indicamos antes, en el año 2018 la República Cooperativa  de Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia en torno al diferendo, la que Venezuela rechaza. En su petición Guyana solicita que se confirme la validez del Laudo Arbitral de París previamente rechazado por Venezuela. La Corte Internacional de Justicia se declaró en 2020 con jurisdicción para entender en la petición hecha por Guyana; mientras Venezuela indica que sólo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido licencias autorizadas a través de PDVSA para la exploración de petróleo, gas y minas; así como ha establecido una “zona de defensa integral de la Guayana, como también una sede política administrativa. El territorio en disputa, además del petróleo y gas, es rico en yacimientos de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita, aluminio, manganeso y uranio. Se indica que al presente Exxon/Mobil ha identificado 46 zonas con unos 11 mil millones de barriles de petróleo, que representan el 0.6% de las reservas mundiales, particularmente en una zona de 26 mil Kms.2 frente a las costas del territorio en disputa. Producto de la explotación de minerales en la región del esequibo, la RCG ha triplicado el PIB desde 2019. Se estima que para el año 2027 esté extrayendo 1.2 millones de barriles de petróleo por día.

La situación de tensión entre los dos países puede dar lugar al desarrollo de un conflicto mayor, particularmente en momentos en que sobre Venezuela, Estados Unidos ha venido promoviendo un proceso desestabilizador de su gobierno. Un incidente de mayores proporciones en la frontera con Guyana podría llevar a una intervención imperial en la región de parte de Estados Unidos, como también de su aliado, el Reino Unido de la Gran Bretaña.

No sería la primera vez que tal escenario ocurriría. Así fue, por ejemplo, la alianza entre estas dos potencias imperiales durante la campaña militar argentina en Las Malvinas. El desarrollo de un conflicto que arrastre a Venezuela a una confrontación armada en el territorio de la Guayana Esequiba, junto al fortalecimiento de una oposición interna en Venezuela, presentaría un escenario muy difícil para la ya inestable situación política en el país.

En el mes de marzo de 2018, la República Cooperativa de Guyana solicitó de la Corte Internacional de Justicia que asumiera jurisdicción en la búsqueda de soluciones a la controversia territorial sobre la soberanía de la Guayana Esequiba. Este reclamo obtuvo el apoyo de dos Secretarios Generales de la ONU, el anterior Ban Ki-moon y  Antonio Guterres. En aquel momento el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró que su país estaba “supervisando los reportes de que la Armada Venezolana pudo haber interferido con los buques que operan en nombre de ExxonMobil” en el litoral costero de la Esequiba. Subrayó el comunicado que “Guyana tiene el derecho de explorar y explotar recursos en sus aguas territoriales y zona económica exclusiva.”

Organismos como CELAC, e incluso otros organismos de integración regional suramericana y caribeña, tienen el potencial de jugar en estos momentos un importante papel en la búsqueda de salidas negociadas a diferentes conflictos que se heredaron de las guerras anticoloniales del Siglo XIX y de aquellas otras que fueron desarrolladas por las diferentes oligarquías en los pueblos recién independizados. Los lastres de aquellos procesos del Siglo XIX siguen impactando y dificultando hoy los procesos políticos del Siglo XXI.

Una salida negociada, o una salida al amparo de procedimientos legitimados por las partes en conflicto a escala internacional, siempre serán superiores a cualquier solución armada entre pueblos hermanos, entre pueblos víctimas de la dominación imperialista a lo largo de su historia.

El referéndum llevado a cabo por el gobierno venezolano, a la par que ha rechazado reconocer jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia en este diferendo, ha apostado por la búsqueda de una solución entre las partes, basada en el derecho internacional. Para ello, la voluntad de ambas partes será determinante.