Nos dice el Lic. Edgardo Pérez Viera en su libro El Juicio de la Historia: Contra insurgencia y Asesinato Político en Puerto Rico, en referencia a la sucesión de eventos que llevan a la muerte de dos jóvenes patriotas en el Cerro de los Mártires que “[El] Plan terrorista del Cerro Maravilla no fue idea original de tres grupos, liderados por encubiertos, que lo intentaron llevar a cabo el 4 o el 25 de julio de 1978. El concepto del Plan surgió mucho antes; allá para fines de los años ‘60, en organismos de Estados Unidos”.

En su libro detalla, elementos a los cuales tuvo acceso como Investigador Especial en la “Segunda Fase de la Investigación del Senado de Puerto Rico sobre los Sucesos del Cerro Maravilla”. Entre ellos destacan los siguientes:

a.      Entre el 29-30 de noviembre de 1971 en Washington,  D. C. se desarrolló un Seminario al cual asistieron miembros de la Policía de Puerto Rico titulado Seminario de Guerra de Guerrillas Urbanas.

b.      Para entonces, ya desde el 15 de noviembre de 1971, se había elaborado un Memorándum titulado Subversion in Puerto Rico donde se plantea: “... la polarización hacia la unión permanente con Estados Unidos por la presente Administración motivó en 1968 que grupos subversivos empezaran a oponerse a este objetivo.” El Memorándum  recomendaba: 1) la creación de un Departamento de Información y Adoctrinamiento; 2) el reclutamiento de apoyo entre organizaciones cívicas, profesionales, estudiantiles, obreras y religiosas; 3) dirigir los esfuerzos en radio y TV en mensajes contra la subversión; 4) el control físico sobre las personas y sus propiedades; 5) la utilización de policías en  tareas de recolección de información entre familiares y centros de trabajo; 6) el desarrollo de interrogatorios a sospechosos; 7) la organización de grupos clandestinos o públicos integrados por ciudadanos privados y policías para penetrar y destruir los grupos subversivos.

c.      Entre 1974 y 1976 la Guardia Nacional de Puerto Rico y la Policía efectuaron en Panamá entrenamientos en la “Escuela de las Américas” de técnicas de contra insurgencia para el control del terrorismo urbano y rural. Otro de estos ejercicios, bajo el nombre clave de “Black Jack”, se desarrolló en el Área de Toro Negro, en las inmediaciones de las torres de comunicación en lo que hoy es el Cerro de los Mártires.

d.      El 14 de octubre de 1977, mediante Orden Ejecutiva, se creó el Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad (CASG). Este tenía la encomienda de desarrollar en Puerto Rico un “Plan de Defensa Interna”.

e.      El 7 de diciembre de 1977 se efectuó una reunión del CASG para escuchar la ponencia del Teniente Sebastián Ortiz Lorenzo, de la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, sobre la subversión  política y su vinculación con el movimiento obrero.

f.       Entre el 4 al 16 de diciembre de 1977 el FBI, la PPR, la Guardia Nacional y otras agencias desarrollaron en el Campamento Santiago entrenamientos conjuntos anti subversivos.

g.      En 1978 se procedió a desarrollar un Seminario sobre Violencia Política y Terrorismo, auspiciado por la “Law Enforcement Assistance Administration.”

Durante los años previos se habían creado “Escuadrones de la Muerte”, entre ellos uno donde participaban directamente funcionarios federales que operó bajo el nombre de “Defensores de la Democracia” y otro en la Policía de Puerto Rico bajo el nombre de “Los Duendes”, organizado por Alejo Maldonado.

h.      Fueron creadas varias unidades especiales por parte de la Policía y el FBI como la “Unidad de Arrestos Especiales”, bajo la dirección de Julio César Andrades; tres unidades SWAT; y un  “Task- Force” compuesto por el  FBI y la PPR”.

i.       El 4 de mayo de 1978, en una reunión del CAGS, se designó Presidente del Departamento de Seguridad Interna al entonces Secretario de Justicia Miguel Jiménez Muñoz. Allí se identificaron las alegadas amenazas de terrorismo en Puerto Rico, a saber: (a) toma de rehenes; (b) secuestro por rescate; ( c) asesinato; (d) terrorismo en masa; (e) conflictos laborales; (f) revueltas estudiantiles; (g) motines en las prisiones; (h) ataques a facilidades e instalaciones militares; (i) actividades guerrilleras: sabotajes, francotiradores, colocación de explosivos, incendios maliciosos, captura de rehenes y transmisión de mensajes a través de estaciones de radio y TV.

j.        En junio de 1978 fue aprobado un “Plan de Defensa Interna” (IDP), el cual había sido ordenado por el CSAG el 4 de mayo de 1978. Este contó con el visto bueno del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En él se plantea: (a) “la eliminación o neutralización de los insurgentes de la población” y “ganarse el apoyo de la gente”; (b) “socavar la moral de los elementos disidentes y de las guerrillas urbanas en Puerto Rico, debilitar los nexos entre la guerrilla y la población civil y ayudar al Gobierno a ganarse el apoyo de la población civil de Puerto Rico”; y finalmente, ( c) la Creación de un “Consejo Inter departamental de Seguridad”. En este Consejo participarían: la Guardia Nacional, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia; el Negociado de Investigaciones Especiales; el Departamento de Bomberos y la Defensa Civil. En una de sus partes puede leerse lo siguiente:

“ El Concilio de Seguridad Inter departamental será responsable por la planificación e implantación de las medidas y programas de Seguridad Interna. Ellos recomendarán objetivos al Gobernador en reuniones donde se trate el tema de la amenaza de los grupos de izquierda en Puerto Rico.” (Traducción nuestra)

k.       En agosto de 1978, por iniciativa de Miguel Jiménez Muñoz y a raíz de la muerte de Allan Randall, abogado patronal al cual se le vinculaba con la inteligencia estadounidense en Puerto Rico, se desarrolló un Seminario sobre Violencia Política y Terrorismo. En él se recomendó al Gobierno: (a) mano dura e intolerancia; (b) desarrollo de un programa de informantes y la penetración de grupos extremistas; ( c) campaña de propaganda donde se separen los subversivos del resto de la población; (d) desarrollo de guerra sicológica. En el mismo se concluye:

1) solo un lado puede verdaderamente sobrevivir. Los terroristas tienen que ser neutralizados; los terroristas no son rehabilitables; 2) si el terrorismo se escalona, hay que inmovilizar y sacar de circulación sus líderes.

l.        A partir del 28 de agosto de 1978 se desarrolló un Plan Maestro Operacional Anti Terrorista. El mismo surgió de una conferencia ofrecida por el Coronel Louis Giuffrida del “California Training Institute”. En el Plan se recomienda grupos de trabajo operacionales pequeños en el Gobierno, los cuales deben contar con un Ayudante de Prensa del Gobernador a cargo de operaciones sicológicas de carácter político y de apoyo público. A tenor con la recomendación, se designó a Pedro Rivera Casiano, ante quien se estuvieron reportando tanto el Secretario de Justicia como el Superintendente de la Policía durante los meses de junio, julio y agosto de 1978.

Estos acontecimientos sirvieron de contexto a la labor de Alejandro González Malavé como agente encubierto de la Policía de Puerto Rico. González Malavé había ingresado en el PSP allá para 1974. Como “chota”, durante sus años de estudiante en la escuela superior, se encargaba de enviar informes escritos y verbales sobre las actividades que desarrollaban grupos estudiantiles. Más tarde, ya convertido en militante de dicha Organización, formó parte de su núcleo en Villa Prades. Para entonces, era conocida su tendencia a hacer comentarios rutinarios presumiendo de sus conocimientos en explosivos y su pertenencia a una organización clandestina.

Dentro de esta rastrera tarea de agente provocador e instigador se vinculó con varios jóvenes independentistas a los cuales incitó eventualmente a participar, en los meses previos al 25 de julio de 1978, en el ataque a tiros a la casa del ex Gobernador Luis Muñoz Marín, en el robo de equipos de comunicaciones de la Guardia Universitaria, en la colocación de artefactos explosivos en oficinas del Correo en la Avenida 65 de Infantería y en la planificación de atentados contra diferentes torres de comunicaciones en Puerto Rico.

Hoy se conoce y no hay duda alguna, que todas y cada una de sus actividades se desarrollaron bajo la protección del FBI y de la Policía de Puerto Rico. Se trata de actividades que formaron parte de un plan orquestado cuidadosamente por sectores de la extrema derecha en Puerto Rico, con el apoyo del Gobierno de turno encabezado por Carlos Romero Barceló, para crear un clima de terror en Puerto Rico que justificara el lanzamiento de una intensa campaña represiva contra el independentismo. Esta permitiría a su vez, la desarticulación de las estructuras de lucha político-militares entonces existentes y serviría de antesala para una ofensiva mucho más fuerte para el  impulso del proyecto de estadidad para Puerto Rico diseñado por Carlos Romero Barceló.

Las medidas represivas diseñadas como parte de esta conspiración se hacían  también extensivas al movimiento obrero. Tomando como punto de partida la Huelga de la UTIER de diciembre de 1977 a  marzo de 1978 y la represión desatada contra dicho sindicato;  como también la ofensiva contra dirigentes obreros como Miguel Cabrera de la Unión de Tronquistas, acusado de dar muerte al abogado patronal y agente Allan Randall y las acusaciones contra los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Radamés Acosta y Arturo Grant, se pretendió crear un clima de inestabilidad política que justificara la eliminación de cualquier oposición militante al impulso de la estadidad para Puerto Rico.

Este plan perseguía, además, adelantarse  a la propuesta que se esperaba  ocurriera de un momento a otro de parte de la Administración Carter, para impulsar un espacio de discusión en el país para la búsqueda de mecanismos a través de los cuales encontrar una solución al problema de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos. En este diseño, las  condiciones bajo las cuales se establecerían las definiciones de las opciones de independencia, libre asociación, integración y estado libre asociado desarrollado, serían bajo igualdad de condiciones.

El acuerdo histórico alcanzado ante el Comité de Descolonización de la ONU durante ese año, donde el independentismo y los sectores que postulaban opciones autonomistas habían aceptado la inclusión de la fórmula de libre asociación soberana como fórmula descolonizadora aplicable al caso de Puerto Rico, ofrecía un contexto nuevo, favorable a la descolonización y totalmente desfavorable a la estadidad federada.