30 de enero de 2021

El Diccionario de la Lengua Española, entre otras acepciones, define la palabra “primavera” como una estación del año que “comienza con el equinoccio del mismo nombre y termina con el solsticio de verano.” Otras interpretaciones, como la que figura en las redes sociales, particularmente en la página referida como Wikipedia, nos dice  que esta estación del año “corresponde a un tiempo intermedio entre la estación fría, el invierno, y cálida, el verano.” En política, se ha utilizado también el término para referirse a un ciclo de apertura; de liberalización de regímenes autoritarios como resultado de amplias movilizaciones sociales; una etapa de avance en el ejercicio de derechos democráticos; y de un período de transición, desde estructuras anquilosadas y anacrónicas de gobernanza, a nuevas y amplias formas de pluralidad política de los ciudadanos de un país.

Históricamente hablando, se ha ido cimentando a escala global el discurso, en alguna medida impuesto por los países capitalistas más desarrollados, de anteponer los estilos de gobiernos de algunos países a las formas distintas de gobernanza prevalecientes en las llamadas “democracias representativas”. Estas “otras” formas de gobernanza, en algunos casos adquieren el carácter de regímenes represivos y autoritarios; en otras ocasiones, a pesar de sostenerse en el ejercicio democrático del derecho al voto por parte de sus ciudadanos, igualmente sus sistemas de gobierno son criticados por tales democracias representativas, sencillamente por la resistencia de sus pueblos a someterse a los designios imperiales de la primeras.

Para las llamadas “democracias representativas”, la defensa de la soberanía nacional, el antiimperialismo o la afirmación del principio de no injerencia en la toma de decisiones por parte de ciertos países menos desarrollados, representa a la hora de éstos pretender ejercer sobre ellos sus políticas imperiales, un gran obstáculo. Para estas “democracias representativas” cuenta muy poco la vigencia o no de los derechos humanos, civiles o democráticos al interior de estos países, si sus clases gobernantes se someten a sus políticas imperiales. Por eso, no es de extrañar el apoyo que reciben algunos Estados políticos donde prevalecen las monarquías absolutistas, las dictaduras o los regímenes autoritarios que niegan tales derechos a su población de parte de tales “democracias representativas”. Mientras sostienen tales regímenes y apoyan tales gobiernos en la represión de las fuerzas que propugnan por un cambio radical en sus estructuras de gobierno; día a día forma parte de sus agendas desarrollar planes que lleven al derrocamiento de aquellos gobiernos cuyos pueblos optan por caminos distintos a los que ellos, a la distancia, pretenden imponer.

En las postrimerías del año 2010 se desató en la ciudad de Sidi Bouzid, capital de Túnez, país localizado en el norte de África, un levantamiento popular promovido por un incidente represivo generado por la policía de la ciudad contra un joven comerciante vendedor de frutas. Su nombre era Mohamed Bouazizi. Se indica que el joven fue despojado de sus mercancías y del dinero producto de sus ventas. La respuesta del joven ante el abuso del que fue objeto y de la frustración sufrida fue prender su cuerpo en fuego inmolándose. Este joven falleció días después, el 4 de enero de 2011. Su sacrificio personal generó la indignación popular la que en pocas semanas echó abajo el gobierno.

En aquel momento el gobierno tunecino venía siendo controlado desde 1987 por Zine el Abidine Ben Alí. El gobernante  regía al país  con mano de hierro. En los días siguientes al muerte del joven vendedor de frutas, las intensas movilizaciones populares desatadas forzaron la caída del gobierno. La salida forzada del gobernante recorrió las pantallas de las televisoras del mundo, proyectando la caída del gobierno como un gran triunfo del pueblo contra gobiernos autocráticos y corruptos. Este imaginario de la respuesta del pueblo tunecino ante un gobierno tiránico, fue inmediatamente aprovechado por puras consideraciones imperialistas por los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea con el propósito de promover el derrocamiento de otros gobiernos y gobernantes que ya no le servían a sus intereses.

Así las cosas, al desarrollo de los sucesos en Túnez, le siguieron otras protestas y grandes movilizaciones, unas como resultado del desarrollo natural de las contradicciones internas entre diferentes componentes de la sociedad en estos países; en otras, como resultado de la agitación y la organización de grupos extremistas afines a los intereses imperialistas de Occidente. De esta manera se promovieron conflictos armados internos que en casos como Libia, Sudán y Yemen, terminaron en el derrocamiento a sus gobernantes y fracturando la unidad interna y política de estos Estados. Así, en países como Egipto, Yemen, Argelia, Libia, Mauritania, Siria, Sudán, Omán, Jordania, Arabia Saudita y Bahréin, todos ellos de una manera u otra, fueron partícipes de amplias movilizaciones populares.

Se indica que a partir de estos sucesos, diferentes organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización del Tratado del Atlántico Norte; de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países regionales, afectados o periféricos a donde se desarrollaron estas movilizaciones como fue el caso de Israel; todos ellos, velando sus particulares intereses en la coyuntura, contribuyeron al desarrollo de los sucesos que Occidente bautizó como la Primavera Árabe.

De acuerdo con lo señalado por Paul Rogers en Open Democracy, la participación del pueblo en estas movilizaciones compararon con aquellas desarrolladas durante las revoluciones europeas del siglo 19, particularmente con las de 1830 y 1848; mientras otros observadores compararon las mismas con eventos más recientes como las movilizaciones sociales que llevaron al derribo del Muro de Berlín y la caída del Campo Socialista y la Unión Soviética.

Noam Chomsky, al reflexionar en torno al desarrollo de estos sucesos nos indica que el verdadero inicio de estas protestas a las cuales se les llama Primavera Árabe, se retrotraen al mes de octubre de 2010 en el marco del conflicto territorial entre el Reino de Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática en el territorio que una vez se conoció como el Sahara Español donde la población saharaui reclama su derecho a la libre determinación frente a los intentos de Marruecos de anexarse su territorio.

En nuestro caso, sostenemos que más allá de cómo consideremos el contenido y alcance de estos acontecimientos, se trata de movimientos sociales, algunos de ellos inspirados en el reclamo de reivindicaciones en torno a las condiciones materiales de vida de la población;  y otros vinculados a limitaciones en cuanto al ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos, particularmente en cómo se manifiestan en el caso de países donde se profesa la fe musulmana y existen fuerzas que propugnan por la vinculación de la religión y el Estado. También es importante considerar la manera en que se manifestaba el repudio de los ciudadanos de cada país a la participación autoritaria de sus estructuras militares en la conducción de sus gobiernos. Hay que tener también presente que, en distintos casos, las movilizaciones no fueron en sí mismas producto de movimientos espontáneos, sino dirigidas desde intereses ajenos que tan sólo perseguían echar abajo gobiernos y Estados en los que sus habitantes  mediante la lucha popular, empujaban por romper de las cadenas que les ataron a un pasado colonial.

Luego de una década desde el inicio de esta llamada Primavera Árabe, a la cual algunos le llamaron “el inicio de las revoluciones democráticas” en esta región del mundo, su resultado no ha sido el previsto. Por ejemplo, los cambios de gobierno provocados por estas movilizaciones en países como Túnez, Egipto e incluso los procesos desarrollados en Turquía, tuvieron como resultado la sustitución de regímenes autoritarios existentes por regímenes islámicos también autoritarios donde el fundamentalismo musulmán ganó terreno frenando las propuestas de cambios.

En el caso de Libia y Sudán, el derrocamiento del gobierno que existía previo a estos sucesos, terminó en la fractura del Estado; en Sudán el conflicto llevó a la división del país surgiendo así en enero de 2011 el Sudán del Sur. En Libia, tras la intervención de la OTAN, el Estado edificado bajo la dirección de Muammar al Gadafi a partir del septiembre de 1969 fue literalmente destruido. Allí la intervención de la OTAN, liderada por los Estados Unidos, convirtió el país en un Estado desestructurado donde luego de una década, distintas fuerzas continúan enfrentándose unas a otras, incluyendo el denominado Estado Islámico; mientras Occidente se apoderaba de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, y del saqueo de sus reservas en oro.

En Siria, una coalición encabezada por los Estados Unidos, la Unión Europea y los países signatarios de la OTAN, han mantenido a lo largo de esta década y han promovido el desarrollo de una guerra civil que ha costado la vida de cientos de miles de víctimas y la destrucción de importantes elementos de su infraestructura. Siria es hoy un país  donde su territorio es un área de disputa entre los opositores al gobierno constitucional de Bashar al Assad, apoyado por la Federación Rusa, la República Islámica de Irán y Hezbolá, donde se enfrentan tales opositores al gobierno, el  Estado Islámico, las minorías kurdas, los Estados Unidos, Israel y Turquía, representando ello el forcejeo de estas potencias  y estas fuerzas por garantizar para cada cual sus respectivas zonas de influencia a nivel regional.

En Yemen, también en enero de 2011, se produjo la rebelión de los opositores al gobierno de Ali Abdullah Saleh, cuyo gobierno represor fue respaldado por Arabia Saudita. Aquí el resultado de las movilizaciones populares llevó a la destitución de Saleh, siendo sustituido por Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, quien como cuestión de hecho, había formado parte del gobierno de Saleh. El conflicto desatado, en donde el gobierno de la República Islámica de Irán ha intervenido apoyando a las fuerzas opositoras al gobierno de Hadi respaldado por Arabia Saudita, ha complicado el escenario. Aquí, al factor propiamente político, se suma también el elemento religioso en la medida que Arabia Saudita y las fuerzas leales a Hadi se inscriben en la corriente suni de la religión musulmana; mientras las fuerzas rebeldes opositoras a Hadi, con el apoyo de Irán, responden a la corriente chiita dentro de la religión islámica.

Otros países musulmanes que se han visto afectados por el desarrollo de las movilizaciones populares a partir del año 2011, por mencionar algunos, son el Líbano, donde grandes movilizaciones sociales reclamaron cambios políticos y mayores espacios democráticos; Argelia, donde como resultado de la movilizaciones se decretó un estado de emergencia; el reino de Jordania, donde las movilizaciones provocaron la caída de su primer ministro y la convocatoria de un nuevo gobierno; Omán, donde las movilizaciones trajeron como resultado un incremento en el salario mínimo para trabajadores del sector privado; y Marruecos, donde el movimiento de masas llevó al compromiso del monarca, Mohamed VI, a prometer reformas a la Constitución.

El movimiento de protestas iniciado a partir de 2011 también se reflejó en luchas como las que libra al presente el pueblo kurdo dentro de su drama histórico de ser una nación sin territorio nacional, esparcida su población en países como Turquía, Iraq, la República Islámica de Irán y Armenia. En el caso de la población kurda, donde se ha dado la mayor movilización es en el marco de protestas sociales ha sido al interior de Turquía. Allí conviven millones de kurdos que de manera organizada reclaman el derecho de libre determinación en su territorio. En el caso de Turquía, a los fines de impedir la unidad de los kurdos que conviven en su país con los kurdos en Siria, se ha planteado aprovechar el conflicto en este último país para ocupar una parte de las provincias norteñas de Siria donde convive la población kurda, todo ello dentro de la tragedia que representa la intervención turca contra el gobierno constitucional sirio y su lucha contra el Partido Comunista del Kurdistán, al cual considera como una organización terrorista.

La realidad es que una década después, es muy poco el avance de los pueblos impactados por estos movimientos sociales en lo relacionado a establecimiento de derechos democráticos y el apego al respeto de estos por los gobiernos de los países mencionados. Regada con la sangre de cientos de miles de víctimas, con la destrucción del sueño de cambio y transformación social y económica para sus actores, la realidad es que la primavera esperada no llega aún para los pueblos de estos países. Siguiendo la imagen que nos proporciona la referencia a las distintas estaciones del año,  en lo fundamental, todo apunta a que el invierno en su fase más fría, sigue imperando en estos países.

Ciertamente en el marco de los sucesos ocurridos en la pasada década, ha llevado a algunos cambios en estos países. Pero no todo cambio representa necesariamente un avance. Aquellos cambios que se produjeron en los países mencionados durante esta década, en la mayoría de los casos, representan retrocesos en la vida de sus habitantes.

La guerra, el hambre, las enfermedades y la muerte siguen siendo aquellos cuatro jinetes de la apocalipsis de los cuales la novela del escritor español Vicente Blasco Ibáñez nos hablaba. A pesar de ello la lucha por una mejor vida, un mejor país y ciertamente un mejor futuro, sigue siendo la aspiración de los pueblos de estos países, objetivos a los que tarde o temprano en el proceso evolutivo del ser humano, ha de llegarse, porque eso y no menos es nuestra aspiración y nuestra esperanza.