El Artículo 9.1 de Código Electoral de Puerto Rico de 2020 dispone que las elecciones generales han de llevarse a cabo “cada cuatro años el primer martes después del primer lunes de noviembre. Por lo tanto, la primera Elección General a partir de esta Ley, se realizará el martes 3 de noviembre de 2020.” La fecha coincide con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América donde el pueblo estadounidense selecciona su presidente. En estas elecciones participó un total 160 millones de estadounidenses, una de las más si no la más concurrida. A diferencia de Puerto Rico donde el número de votos por el candidato a la gobernación decide su resultado, en Estados Unidos el pueblo no elige directamente a su presidente sino que lo hace un denominado “colegio electoral”.

El colegio electoral corresponde a un número de votos que se distribuye entre los cincuenta estados de ese país, donde cada estado acumula un número de votos en forma distinta conforme a su población y donde aquel candidato que logre acumular 270 votos de los colegios electorales, es el que se proclama ganador de la contienda. Así las cosas, por ejemplo, en la última elección que precedió a la actual, Hillary Clinton sacó sobre 3 millones de votos más que Donald Trump, sin embargo el número de votos de los colegios electorales favoreció a este último. Aun cuando Joe Biden, a la fecha de escribir este artículo, está al frente de Donald Trump por más de cuatro millones de votos directos (73,701,617 vs. 69,765,856; es decir, 50.5% vs. 47.8%); y un número mayor de votos en el colegio electoral (264 vs. 214); faltando por contar poco más de un millón de votos, no ha podido alcanzar los 270 votos de los colegios electorales para ser proclamado nuevo presidente de Estados Unidos a partir de enero de 2021.

En Estados Unidos los congresistas se eligen cada dos años; mientras los senadores, cuyo término es de seis años, se elige una tercera parte de ellos cada dos años. Todo apunta a que con los nuevos congresistas, el Partido Demócrata mantendrá el control del Congreso. En el Senado, sin embargo, aún se disputa el resultado y cuál partido finalmente habrá de presidir el cuerpo. Al presente el Partido Republicano cuenta con 48 senadores, el Partido Demócrata con 46, dos senadores independientes y tres pendientes de certificar su elección. Los  dos senadores independientes generalmente cierran filas con el grupo de senadores demócratas, lo que representa un empate donde la mayoría será decidida por los tres restantes.

En Puerto Rico, el candidato ganador de la contienda electoral aún no ha podido ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones debido a que no ha culminado el proceso de contabilizar el 100% de los votos emitidos, aunque la distancia en votos entre los dos principales candidatos ya hace evidente el triunfo de Pedro Pierluisi por el Partido que promueve la estadidad, el Partido Nuevo Progresista. Pierluisi fue Comisionado Residente en Washington durante dos cuatrienios y ha sido instrumental en intentar sin éxito, la aprobación de una ley en el Congreso mediante la cual se admita a Puerto Rico como un estado de la Unión. A pesar de su triunfo, será gobernador con tan sólo el apoyo poco más del 32% de los votos del electorado que participó en las elecciones, el cual dicho sea de paso, ha resultado ser inferior al obtenido por ese mismo partido en las elecciones previas y ciertamente el menor porciento de votos con que un partido llega a la gobernación desde la fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En segunda posición llegó el Partido Popular Democrático, un partido que dirigió el proceso de fundación del ELA y que llegó a contar con más del 60% del electorado, el cual en las presente elecciones básicamente ha reducido el por ciento de su base a poco más de 31% del electorado. Hoy, en el caso de ambos partidos “mayoritarios”, la realidad dicta que se trata, frente al conjunto del electorado, de partidos minoritarios. Esta situación coloca sobre la mesa la necesidad de una enmienda a la Constitución vigente de una segunda vuelta electoral si es que queremos que quien gobierne sea realmente un partido de mayoría.

En estas elecciones concurrieron a las urnas, además de los dos partidos antes mencionados y el Partido Independentista Puertorriqueño, partido fundado en los años cuarenta del pasado siglo, dos agrupaciones nuevas, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad, junto a un candidato independiente. El MVC logró obtener cerca del 15% de los votos emitidos; mientras el PIP obtuvo alrededor del 14% y el Proyecto Dignidad el 7%. Estas tres agrupaciones, además de haber quedado inscritas como partidos electorales, lograron colocar legisladores en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico: en el caso de MVC, dos senadores y dos representantes por acumulación, mientras se debate al momento de escribir este artículo la posibilidad de elegir otra Representante por el Distrito 3 de San Juan. A nivel municipal en San Juan, el MVC está aún en una cerrada disputa por la alcaldía de la ciudad capital, donde de no prevalecer, quedando posiblemente a un 1% o menos de los votos del ganador por el PNP, se colocaría como segunda fuerza electoral en dicho municipio. A nivel nacional, MVC que participa por vez primera en el proceso electoral, pasa a conformar la tercera fuerza política en el país, ganando con ello, bajo el presente Código Electoral, el derecho a figurar como tercer integrante de la Comisión Estatal de Elecciones, organismo regulador del proceso electoral en Puerto Rico.  El candidato independiente a la gobernación  en estas elecciones alcanzó menos de un 1% de los votos.

En el caso del Partido Independentista Puertorriqueño, logró elegir un Representante por acumulación y una Senadora por acumulación; mientras el Proyecto Dignidad, igualmente logró un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes y el Senado. Un candidato al Senado que compitió individualmente, también fue elegido por acumulación, lo que crea un bloque de cinco senadores y de cuatro a cinco representantes en la Asamblea Legislativa donde un posible escenario es que ninguno de los dos partidos llamados “mayoritarios” tenga el número de votos suficientes para ejercer el total control de la Cámara o el Senado, lo que convierte a los legisladores fuera de estos dos partidos en el fiel de la balanza a la hora de presentarse legislación donde los partidos principales estén divididos. Este bloque, además, abre el espacio de negociaciones entre sí para impulsar de manera conjunta legislación, participación en los procesos de confirmación de funcionarios públicos y formulación de propuestas de política pública.

Indudablemente las organizaciones políticas emergentes alcanzaron y sobrepasaron los objetivos que se habían trazado. El MVC, una organización con un amplio programa anclado en la oposición a las políticas neoliberales, medidas anticorrupción y de transparencia en las funciones públicas; en la lucha comunitaria, en la formación de alianzas de base, en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTQ y los derechos de la mujer, entre otras causas;  logró colocarse como tercera fuerza política en Puerto Rico. Logró, además colocar sus candidatos por acumulación en Cámara y Senado; tuvo una amplia proyección ante el país, y en particular, en San Juan, logró articular un respaldo a su candidato a la alcaldía que desde ya, le proyecta junto a la candidata a la gobernación, como líderes jóvenes indiscutibles de este esfuerzo. El MVC impulsó en su programa de gobierno el mecanismo procesal de una Asamblea Constitucional de Estatus para atender el tema de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos.

En el caso del PIP, la candidatura de Juan Dalmau, con un amplio programa reivindicativo y de compromiso social recogido en su “Programa de Patria Nueva”, por cierto en muchos aspectos muy parecido al de MVC, no solo multiplicó por tres el número de votos por la insignia de su partido, y multiplicó por más de cinco el número de votos a su candidatura, sino que también, revalidó la representación parlamentaria de su organización en la Cámara y Senado.  Dalmau no solo atrajo hacia su candidatura gran parte del voto independentista no afiliado, que se refleja en el voto hacia la insignia de su partido; sino también en el apoyo más allá del independentismo a su candidatura, como lo refleja el número de votos por su candidatura que no votaron por la insignia de su partido. Una fuente importante de votos para Dalmau como fue en el caso de MVC es el voto de los jóvenes. Juntas, estas dos organizaciones obtuvieron el 28.5% de los votos emitidos

En el caso de Proyecto Dignidad, organización conservadora, con fuertes vínculos con los sectores religiosos fundamentalistas, opuesta al reconocimiento impulsado por MVC, el PIP y algunos sectores dentro del PNP y PPD de educación con perspectiva de género, reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTQ, con una visión en el proceso educativo basada en la afirmación de valores religiosos y sin ninguna propuesta concreta para resolver el problema de la subordinación política de Puerto Rico a los Estados Unidos, también sobrepasó las expectativas propias y ajenas en el número de votos obtenidos para su organización, quedando inscrito como partido político y en la elección de una candidata al Senado y otra a la Cámara de Representantes.

En las elecciones efectuadas el pasado 3 de noviembre, se incluyó la consulta a los electores en torno a su preferencia por la Estadidad. La pregunta fue “Estadidad, Si o No”. Desde muy temprano, se denunció el engaño de la consulta bajo la premisa que no era un ejercicio de libre determinación sino en anzuelo del PNP para movilizar su base a votar en la elecciones haciéndoles creer que realmente estaba en juego el futuro de la relación con Estados Unidos y los beneficios que muchos de ellos devengan en Seguro Social, pensiones, beneficios de veteranos y otro tipo de transferencias del gobierno federal.

Con una campaña multimillonaria, donde intervinieron entre otras, fuerzas económicas en Estados Unidos que se benefician de los contratos con el Gobierno de Puerto Rico, básicamente sin el apoyo para los opositores a la Estadidad de recursos materiales para la articulación de una campaña masiva en rechazo a la Estadidad; habiéndose contabilizado el 97.56% de las papeletas (con apenas una participación de 52.11% de los electores hábiles), el “Si” obtuvo el 50.7% de los votos emitidos; mientras el “No” obtuvo el 46.2%, con el 3.1% de las papeletas dañadas o votadas en blanco. En conjunto, quienes no votaron por el “Si”  conforman un total del 49.3% de los electores. Lejos de examinar este resultado como una derrota al “No”, debemos examinar el desarrollo de las cinco consultas de estatus hechas en Puerto Rico a partir de 1967, y a partir de dicho examen, entonces concluir.

En la primera consulta, el ELA obtuvo el 60.4% de los votos, mientras la Estadidad obtuvo el 39% y la Independencia (en el marco de un boicot del independentismo), obtuvo el 4.28%.

En la segunda consulta, efectuada en 1993, el ELA obtuvo el 48.6% de los votos, la Estadidad el 46.3% y la Independencia el 4.4%.

En la consulta de 1998, la opción de “Ninguna de las anteriores” obtuvo el 50.3%; mientras la Estadidad obtuvo el 46.5% de los votos, la Independencia el 2.5%, la Libre Asociación el 0.3% y el ELA colonial 0.1%.

En la consulta de 2012 se presentaron al país dos preguntas. En en la primera consulta, sobre si el elector estaba conforme con el actual estado de las relaciones políticas con Estados Unidos, el 53.97% señaló su insatisfacción; mientras que en cuanto a la consulta en torno al estatus preferido, el 61.16% favoreció la Estadidad, el 33.34% el Estado Libre Asociado y el 5.49% la independencia.

En la consulta  efectuada en el año 2017, con apenas una participación de 22.93% del electorado, el resultado fue de 97.18% de los votos en favor de la Estadidad, el 1.50% de la fórmula ELA-Independencia y el 1.32% en favor del ELA territorial.

Si como resultado de las consultas de 2012 y 2017 los defensores de la Estadidad le han hecho la representación al Congreso de Estados Unidos de que en Puerto Rico un 61.16% de los electores en la primera consulta favorecía la Estadidad; y luego en la de 2017, el 97.18% la favorecía, ¿cómo pretenden justificar que en la presente consulta sólo el 50.7% de los electores favoreciera la Estadidad? ¿No hay acaso, con todo un esfuerzo multimillonario en la propaganda, una reducción real  porcentual en el apoyo a la Estadidad? Ciertamente no hay tal cosa como una victoria de la Estadidad y ese es el mensaje real luego de la presente consulta.

El nuevo gobierno que jure en Puerto Rico en enero de 2021 será uno que se perfila como una continuidad del presente. Ya ha comenzado el proceso de distribuirse el poder entre los “salientes” del PNP con los “entrantes” del PNP. El gobierno bajo Pedro Pierluisi, aliado de la Junta de Control Fiscal y anterior asesor legal de ésta, será para el país más de lo mismo. Por lo anterior, la única opción para nuestro pueblo es seguir empujando, aprovechando el nuevo escenario postelectoral que se perfila, impulsando más y más medidas radicales en favor de nuestro pueblo, en particular el pueblo trabajador. Hay que seguir ocupando aquellos espacios que desde la calle antes ocupamos, sumando en este esfuerzo los nuevos espacios políticos ganados tras las elecciones.

En el plano de Estados Unidos, ciertamente, decir que lo que ocurra en dicho país no debe hacernos perder el sueño, no sería del todo correcto. Un triunfo de Donald Trump será muy negativo, tanto para los puertorriqueños en Estados Unidos como los que permanecemos aquí. El impacto de las políticas neoliberales, reaccionarias e injerencistas de Trump hacia la población hispana, hacia los puertorriqueños en Puerto Rico y hacia los pueblos de América Latina, se dejarán sentir en nuestro país. No se trata, sin embargo, que de ser Biden quien triunfe en Estados Unidos, por ello Puerto Rico se coloque necesariamente en una mejor posición. No somos el ombligo de Estados Unidos, ni para un presidente demócrata ni para uno republicano; ni lo que ocurra en Puerto Rico alterará o definirá su política pública y su política exterior.

Independientemente quién asuma el timón de la política estadounidense, aquí hay un país que gobernar; hay una Junta de Control Fiscal que enfrentar y combatir;  y hay una lucha que desarrollar, tomando como punta de partida la búsqueda de consensos que nos proyecte como pueblo hacia un futuro, a corto y mediano plazo; un proceso de descolonización y un nuevo tipo de gobernanza donde el ciudadano sea el verdadero sujeto de cambio y transformación. A ese objetivo debemos dirigirnos como país.