El pasado 20 de octubre, los electores bolivianos recurrieron a las urnas para la elección del presidente y del vicepresidente de Bolivia, como también de 130 diputados y 36 senadores. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que para ser electo en una primera vuelta electoral, el candidato a la presidencia debe obtener la mayoría absoluta de los votos de aquellos que participaron en el proceso, o guardar una distancia de más del diez por ciento de los votos (10%) respecto al candidato que llega en la segunda votación. De lo contrario sería necesaria una segunda elección entre los dos candidatos más votados, y el que gane en esa segunda vuelta electoral, sería la persona que asumiría la presidencia. En el caso de las pasadas elecciones, de no haberse alcanzado la mayoría absoluta por alguno de los candidatos a la presidencia; o sin alcanzarla, que la distancia con relación al segundo no fuera mayor al mencionado 10% de los votos, se efectuaría una segunda vuelta el 15 de diciembre de 2019, es decir, dentro de los noventa días siguientes a la primera elección, tal cual mandata la Constitución. Las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país, a diferencia de otras candidaturas, compiten a nivel nacional para dichos puestos.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme al artículo 166 de la Constitución, se vota mediante sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. De acuerdo con el artículo 171, los electores también tienen a su alcance el mecanismo de consulta revocatoria para los casos de la presidencia y vicepresidencia. Esta petición debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se formalice y se cumpla con los requisitos de ley.

El 27 de enero de 2019 se efectuaron en Bolivia las elecciones, denominadas “primaristas”. En éstas, los distintos partidos eligieron quiénes competirán por cada uno de ellos en las elecciones generales para las posiciones de presidente y vicepresidente.

En las pasadas elecciones, el presidente de Bolivia, Evo Morales, concurrió a las mismas buscando un nuevo término en la presidencia del país. Esta decisión ha sido cuestionada por sectores de la oposición. Lo cierto es que el día 21 de febrero de 2016 se efectuó un referéndum en Bolivia donde se planteaba una reforma constitucional dirigida a eliminar la disposición del artículo 168 de la Constitución que limitaba la reelección a un solo término; es decir, el presidente y vicepresidente no pueden ocupar el cargo por más de dos mandatos consecutivos. En la consulta, el pueblo boliviano, por un margen de 52% de los votos, no favoreció el cambio propuesto a la Constitución; frente a un 48% de los votos en favor de la enmienda. A pesar de ello, el Tribunal Supremo Electoral resolvió el 4 de diciembre de 2016 que, tanto el presidente como el vicepresidente, estarían habilitados para participar en las elecciones de 2019 en busca de un tercer mandato.

La Constitución boliviana dispone un término de cinco años para la presidencia y vicepresidencia del país. Señala en el artículo 168, en el caso de la presidencia, que el presidente sólo puede ser reelecto por un período similar de tiempo y de manera continua, una vez. Contradictoriamente, sin embargo, en estas elecciones el candidato a la presidencia, Evo Morales, se presentó como aspirante a un tercer término consecutivo (aunque en realidad sería el cuarto término si se toma en consideración que hubo un primer término de su presidencia bajo la anterior Constitución que no cuenta para los procesos bajo el presente ordenamiento jurídico).

La controversia relativa a si Evo Morales podía o no correr para un tercer término fue objeto de una decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el que le habilitó a él y al candidato a vicepresidente para postularse a un tercer término. Para sostener su decisión, el Tribunal recurrió a lo dispuesto en la “Convención Americana de Derechos Humanos de 1969”, también conocida como el “Pacto de San José”.

En este Tratado o Convenio, el cual Bolivia como Estado signatario adopta su contenido, no se establece tal limitación de términos en el ejercicio de la presidencia o vicepresidencia de la nación. Ya en el pasado, otros gobernantes, como fue en el caso de Oscar Arias en Costa Rica, se valieron de este Tratado para darle la vuelta a las disposiciones de las constituciones particulares de aquellos Estados que limitan la aspiración a un nuevo término para la presidencia. En el caso de Bolivia, para justificar la nueva postulación de Evo Morales a un tercer término en las pasadas elecciones, se argumentó que privarle de tal derecho, constituiría una privación de un derecho humano reconocido por la Convención antes mencionada.

Esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, a juicio de algunos juristas, presenta serios problemas en torno al alcance del concepto “poder soberano de un Estado”. Está planteado si sobre la voluntad soberana de un pueblo, expresada en este caso en su Constitución y votada en referendo, se puede colocar en una posición de jerarquía mayor el cumplimiento preferente de un pacto internacional antes que los poderes constituidos en la constitución vigente de un país.

Encuestas preliminares efectuadas en Bolivia indicaban previo a las elecciones, que la candidatura de Evo Morales apenas estaba al frente por un 2% de los votos, frente a la de su principal opositor, el ex presidente Carlos Mesa. Otras encuestas, sin embargo, favorecían a Evo Morales, indicando que contaba con el 52% del apoyo electoral, frente al apoyo de 23% de los electores a las aspiraciones de Mesa.

Sectores de la oposición destacaron como parte de su campaña contra Evo Morales, que se postulara a un tercer término bajo la actual Constitución no solo a partir de la limitación que el propio artículo 168 conllevaba, sino también, a partir de que el asunto fue llevado directamente a consulta mediante referéndum al pueblo y este rechazó la propuesta de cambio.

La página electrónica Cubadebate, en un artículo titulado ¿EE.UU intervendrá en las elecciones bolivianas?, escrito por Hugo Moldiz Mercado y publicado a la altura del 2 de abril de 2019, señalaba que el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco del desarrollo de sus políticas injerencistas, había enviado “señales” al presidente boliviano a los fines de que no se postulare para un nuevo término. Entre ellas mencionaba un comunicado de prensa en el cual el Departamento de Estado de Estados Unidos instaba a Evo Morales a respetar la consulta del 21 de febrero de 2016. Cita también las expresiones de la congresista de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, reclamando al presidente Trump que “el pueblo boliviano necesita nuestra ayuda, señor presidente y debemos comenzar a prestar atención a lo que está sucediendo aquí en nuestro hemisferio.” Finalmente, hacía referencia a la resolución legislativa, “trasladada al Comité de Asuntos Exteriores” por tres congresistas de ambos partidos,  donde señalaban la peligrosidad de la dirección que había tomado Bolivia, “alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales”, ello en referencia al gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Indicaba el autor que la actitud estadounidense también se daba a partir del hecho de la “estabilidad lograda por el gobierno boliviano y la permanente posición de condena de Evo Morales contra las acciones estadounidenses”, las cuales “representan un mal ejemplo para el imperialismo que no puede tolerar.” Destacaba, además, que no debíamos menospreciar las acciones de Estados Unidos, particularmente si tomamos en consideración cómo dicho país había actuado en el pasado hacia Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Señalaba la encomienda de Carlos Mesa y Jorge Quiroga para que se activara por parte de la OEA la “Carta Democrática Interamericana”, como instancia de intervención, así como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera su fallo en contra ante la consulta pendiente de decisión “de si la reelección es o no un derecho humano”.

Estas elecciones en Bolivia se han producido en momentos no sólo inciertos, sino también difíciles para la izquierda latinoamericana. Los comicios se han llevado a cabo, además, en un contexto precedido por la campaña lanzada por varios países de América Latina, Estados Unidos, algunas voces trasnochadas con sus propios problemas y limitaciones desde la Unión Europea y de la OEA, en una cruzada contra la República Bolivariana de Venezuela. Entre otras acciones destaca la promoción no sólo intentos desestabilizadores, golpistas y de clara amenaza de intervención militar; sino también, en un contexto donde tales amenazas y maquinaciones se extienden, además, hacia Cuba y Nicaragua. Parte del esquema de la oposición ha sido intentar deslegitimar el resultado de la elección incluso antes de que la misma se hubiera efectuado.

El proceso de la campaña electoral en Bolivia se desarrolló en el marco de la derechización de algunos de los gobiernos sudamericanos, como son los casos de Chile (con la que Bolivia mantiene un diferendo heredado de conflictos bélicos del siglo XIX cuando Bolivia perdió su acceso al mar a través de la región sur de su territorio); y los casos de países vecinos como Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú.

Al interior del país, a pesar de los grandes avances hechos durante la presidencia de Evo Morales en la recuperación económica y las transformaciones sociales y políticas efectuadas,  que incluyen en 14 años un crecimiento de un 4.8% con una inflación controlada al 2% y la reducción de la pobreza y la pobreza extrema a la mitad; aún está latente el conflicto desarrollado en el año 2008 con algunos departamentos.  Entonces, se manifestaron grandes diferencias entre la región andina del país, poblada mayormente por comunidades originarias y donde es evidente el amplio apoyo de estas comunidades a la candidatura de Evo Morales; y su región oriental, cuyos departamentos son conocidos como los “Departamentos de la Media Luna”, (Beni, Pando y Santa Cruz, fronterizas con la amazonia boliviana, limítrofes con Brasil y Paraguay; y Tarija, fronterizo con Argentina) donde prevalece la población de origen europeo. Estos, tras reclamos “autonómicos”, realmente pretendieron forzar intentos secesionistas que pusieron en el tablero la posibilidad de fracturar el Estado boliviano. Además de las diferencias étnicas existentes entre estas dos regiones, la andina y la de los departamentos orientales; están también las diferencias clasistas, económicas y sociales e ideológicas de amplios sectores de la población.

En los meses que precedieron las elecciones, observamos en el discurso público asumido por el presidente de Estados Unidos y funcionarios de su gobierno un trato distinto a Bolivia que el que han utilizado contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. En el caso de Bolivia, sin embargo, el que su discurso no fuera tan agresivo, no significa que el gobierno de Evo Morales y las transformaciones introducidas en la manera en que se desarrolla la política en su país, no estuvieran también bajo escrutinio por parte de Estados Unidos. Una posible explicación de tal conducta es la expectativa de una derrota de Evo Morales en la primera o segunda vuelta electoral y su apuesta en el triunfo de Mesa.

Bolivia es un país rico en recursos naturales, entre otros, la minería, el petróleo, el gas natural, la madera y la ganadería donde su gobierno ha asumido el control de los  hidrocarburos y la electricidad. Bolivia cuenta, además, por su ubicación geográfica, con una topografía especial en el contexto de sus puntos de cercanía fronteriza con el resto de América del Sur. No en balde este país fue seleccionado en la brillante mente y estrategia militar del Che Guevara, como lugar desde donde podría desarrollarse, de asentarse definitivamente un movimiento guerrillero con apoyo popular, un poderoso movimiento libertador y revolucionario en el contexto de las luchas de liberación nacional para América Latina.

En el plano político Bolivia es hoy, además, un referente de importancia para otros pueblos en la manera en que ha asumido, mediante su actual Constitución, cambios radicales que han permitido, luego de cinco siglos de intervención imperialista, el reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias elevando a rango constitucional los mismos. Así, por ejemplo, la Constitución de Bolivia marcha hoy al frente en el reconocimiento del derecho del pueblo al agua; a la alimentación y seguridad alimentaria; a la salud; al hábitat y la vivienda adecuada; a los servicios de agua potable y alcantarillado; a la prohibición de la privatización de tales derechos, considerados derechos humanos esenciales; a la seguridad social; a los derechos de los niños, adolescentes y la juventud; a la protección de las personas adultas y discapacitados; por mencionar algunos de los derechos elevados a la categoría de “Derechos Humanos” bajo la Constitución; así como la reivindicación de los derechos de la poblaciones originarias a existir libremente, a la protección de sus identidades culturales, a la libre determinación y territorialidad; a la protección de sus lugares sagrados; al respeto a la medicina tradicional, idioma, rituales y símbolos y vestimentas; a un medio ambiente sano; y el respeto a los pueblos que viven en aislamiento y opten por no ser contactados y continuar viviendo en tal condición.

Nada de ello hubiera sido posible si no hubiera sido como consecuencia del triunfo que encabezó el Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el liderato de Evo Morales y la obra titánica de su gobierno.

De acuerdo con datos oficiales, luego de completado el examen del 100% del voto emitido, Evo Morales se posicionaba con el 47.07% de los votos, mientras el candidato Carlos Mesa se situaba con  apenas poco más del 36.51%. Bajo esta distribución de los votos, Evo Morales ha sido proclamado presidente por el Tribunal Supremo Electoral por haber obtenido una diferencia de 10.56% de los votos respecto a Carlos Mesa, es decir, 648,180 votos sobre el número alcanzado por Mesa. Sin embargo, la pequeña diferencia porcentual en votos, que evitaría la segunda vuelta, y el hecho de que se hubiera interrumpido e algún momento al conteo de los votos, ha estimulado la denuncia de Mesa de fraude en las elecciones, de lo que también se han hecho eco algunos países de la región y la OEA.

El resultado de las votaciones, a pesar del triunfo de Evo Morales, también refleja un desgaste en su figura, ya que se trata del más bajo porcentaje en votos desde hace 14 años cuando accedió por primera vez a la presidencia del país. El llamado de protesta hecho por Mesa y alimentado como hemos indicado por la derecha latinoamericana y la OEA, ha lanzado a muchos opositores a las calles en las principales ciudades, incluyendo los departamentos denominados de la Media Luna, creando un escenario que el propio Evo Morales ya ha definido como un montaje con fines golpistas, tal como ocurrió antes en el contexto venezolano. El gobierno boliviano ha invitado a la Comisión de Observadores que envió la OEA a Bolivia en ocasión de las elecciones, a que regrese nuevamente al país y lleve a cabo un recuento de los votos, ofrecimiento al cual ya la OEA ha indicado a través de su Secretario General, que acepta la invitación.

Ciertamente, en el proceso que precede estas elecciones se confrontaron dificultades, tropiezos y errores. Desde el punto de vista del estricto derecho, tenemos la noción de que las constituciones votadas por el pueblo en el ejercicio de sus prerrogativas soberanas, deben ser objeto de acatamiento absoluto. De ahí la sorpresa que nos causara que un Tribunal Electoral resolviera una controversia electoral a partir de normas contenidas en un Tratado o Pacto Internacional y no en la Constitución del país aprobada soberanamente por el pueblo boliviano. De la misma manera nos cuestionamos en su momento cómo, si la controversia sobre la renominación de términos fue sometida al escrutinio popular en referéndum, no se acate el resultado de la consulta. Evidentemente, en esos 14 años no se atendió, o no se atendió adecuadamente el relevo dentro del Movimiento al Socialismo dirigido por Evo Morales que permitiera la continuidad del proceso bajo una dirección personal distinta.

Al revalidar Evo Morales en esta primera vuelta, será el presidente de Bolivia por los próximos cinco años. A partir de la certificación del Tribunal Electoral, queda fuera de discusión la tesis de que, al no revalidar en esta primera vuelta su candidatura, deberá concurrir a la segunda vuelta electoral donde quizás, las posibilidades que hubiera tenido que enfrentar Evo Morales, hubieran  sido más difíciles a la hora de escrutar el resultado de los votos. Este conjunto de errores, sin embargo, no debe confundirnos deslegitimando la certificación emitida por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, menos aún asumiendo una postura que nos lance a las garras del discurso imperialista que, como bien sabemos, lo que le interesa es acabar con los avances alcanzados por Bolivia en su lucha por el adelanto de la justicia social para su pueblo.

El momento es de lucha y no de vacilaciones. El gobierno del presidente Morales ha demostrado su capacidad para adelantar los mejores intereses del pueblo boliviano. Podemos tener diferencias con sus posturas en algunos extremos. Lo que no puede permitirse es que, en aras de señalar nuestras posiciones críticas en lo relacionado con los términos para su incumbencia como gobernante, perdamos la perspectiva de que Evo es el candidato que el pueblo boliviano quiere al frente de su nación.