“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos de levantarse en armas contra la opresión”. Así expresa la declaración formulada mediante un video el pasado 29 de agosto por el comandante Iván Márquez, segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, quien fuera uno de los principales negociadores del Acuerdo de Paz negociado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos en el año 2016.

El Acuerdo negociado con la participación de los gobiernos de Noruega y Cuba como garantes, así como con el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela y Chile como acompañantes y facilitadores, fue finalmente ratificado y entrado en vigor ese año. De acuerdo con Márquez, la decisión tomada recientemente es el resultado de la “traición del Estado a los acuerdos de paz”, al no cumplir con sus obligaciones de “garantizar la vida de sus ciudadanos y, particularmente, la de evitar asesinatos por razones políticas.”

Desde que entraron en vigor los acuerdos de paz en 2016, las FARC-EP, de ser una organización político-militar, pasaron a ser un partido político. Como tal ha pretendido insertarse en el proceso electoral en Colombia confiando en un estado de derecho que le permita su reinserción social y política en el país tras una guerra de 50 años que dejó una estela de 220 mil muertos y millones de víctimas. De acuerdo con las expresiones del comandante Iván Márquez, luego de más de dos años de inserción política, más de 500 dirigentes en los movimientos sociales y alrededor de 150 ex combatientes de la guerrilla han sido asesinados en Colombia sin que el Estado haya hecho esfuerzos mayores por identificar y capturar los responsables.

Al presente, el partido político que surge de las entrañas de las FARC-EP, llamado “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, y que dirige el exprincipal responsable de la guerrilla, el comandante Rodrigo Londoño (“Timochenko”), cuenta con 10 diputados en el Congreso de Colombia. Estos escaños que fueron garantizados mediante los Acuerdos de Paz. Una de los escaños correspondía a Márquez, quien se negó a tomar posesión del cargo y se trasladó a Caquetá, uno de los lugares de reunión para los excombatientes. Sobre la decisión de Márquez y sus compañeros expresó Timochenko lo siguiente:

“Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con el partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos”.

Señaló, además que no compartía ninguno de los términos del mensaje dado por Márquez y sus compañeros, afirmando que proclamar la lucha armada en Colombia en estos momentos, era una “equivocación delirante.”

De acuerdo con Juan Carlos Pérez Salazar, editor de noticias de BBC Mundo, la ruptura “se veía venir”, dado el hecho que, según él, de acuerdo con lo que señala el ex presidente Santos, Iván Márquez “era el más granítico y ortodoxo” en las conversaciones de paz. Mientras la prensa internacional dice que el 90% de las FARC-EP apoya la continuación con el proceso de paz, el exmandatario colombiano y figuras del actual gobierno impulsan la línea dura contra lo que llaman “los desertores” del proceso de paz. Hasta ahora, se indica, son 13 los comandantes militares de las FARC-EP que han optado, junto a 1,800 viejos combatientes y 300 reclutas adicionales, sumarse al nuevo esfuerzo armado.

La realidad, sin embargo, es mucho más complicada y de las experiencias se aprende. Los acercamientos entre las FARC-EP y el gobierno colombiano históricamente han tenido escenarios anteriores a las negociaciones de paz en La Habana, los que incluyen importantes altos al fuego entre las partes. Por ejemplo, en 1984, luego de una reunión con los diferentes frentes de guerra, las FARC-EP, como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Belisario Betancourt, decretó un alto al fuego que abrió paso a la formación política “Unión Patriótica”. Esta organización de carácter legal eventualmente fue liquidada por escuadrones de la muerte compuestos por elementos de las fuerzas armadas, sectores oligárquicos vinculados al gobierno y a los carteles del narcotráfico colombiano. En el proceso de participación electoral de la UP, miles de dirigentes a nivel nacional, departamental y municipal, fueron objeto de secuestros, torturas y asesinatos, incluyendo las muertes de varios candidatos a la presidencia en aquellas elecciones.

Para 1987 las fuerzas insurgentes se reagruparon y formaron la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”. Más adelante, con la intervención de México y la República Bolivariana de Venezuela, se reiniciaron, a partir del 3 de junio de 1991, nuevos diálogos con el gobierno de Colombia.

En 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló otra iniciativa de paz. Esta vez, se creó una zona desmilitarizada de unos 40 mil kilómetros cuadrados de extensión, una superficie equivalente aproximadamente al tamaño de Dinamarca, la cual se conoció como “Zona de Despeje”. En ella, las FARC-EP ejercieron el control territorial y poblacional hasta el año 2002 cuando fracasaron las negociaciones.

El 26 de agosto de 2012 fue suscrito en La Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, el documento conocido como “Acuerdo General para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera”. Este permitió el inicio de nuevas conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. El anuncio estuvo precedido por la declaración unilateral de la organización guerrillera de renunciar a la utilización del secuestro como instrumento de lucha política y el anuncio de la liberación de los últimos diez militares y policías capturados. Se anunció, además, la aprobación de un “Marco jurídico para la Paz” por parte del Congreso de Colombia, proveyendo una normativa legal al Estado colombiano para negociar con los grupos armados. Cuando se hicieron públicas las negociaciones, lo cierto es que ya, desde el 23 de febrero de 2012, las partes venían conversando.

Estos acuerdos de 2012 partían de cinco apartados esenciales: (a) el inicio de “conversaciones directas e ininterrumpidas” con una agenda definida dirigida a alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto y por una “paz estable y duradera”; (b) el establecimiento de una “Mesa de Conversaciones pública”, a ser instalada a partir del 15 de octubre de 2012 en Oslo, Noruega y como lugar de negociaciones, La Habana, Cuba, quedando abierta la posibilidad de reuniones en otros países; (c) la celeridad en el calendario de reuniones; (d) el desarrollo de las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Chile y Venezuela como acompañantes del proceso; y (e) una agenda de discusión que incluía: 1) política de desarrollo agrario integral, 2) participación política, 3) fin del conflicto, solución del problema de las drogas ilícitas, 4) víctimas del conflicto, 5) implementación, verificación y refrendación de los acuerdos; y 6) reglas de funcionamiento.

El anuncio público tomó por sorpresa a importantes sectores de la oligarquía colombiana que inmediatamente se opusieron a las negociaciones de paz. Uno de los opositores más recios fue el ex presidente Álvaro Uribe y el actual presidente colombiano, Iván Duque. A pesar de la negativa del gobierno colombiano en esta nueva ronda de negociaciones en decretar un cese al fuego y la suspensión de las operaciones militares; en un comunicado de las FARC-EP de fecha 19 de noviembre, éstas decretaron unilateralmente un cese al fuego, el cual se extendería hasta el 20 de enero de 2013. A diferencia de 1998, en esta ocasión el gobierno colombiano se negó a negociar con las FARC-EP una zona de despeje o zona desmilitarizada. Tampoco progresó la demanda inicial de las FARC-EP a los fines de que pudieran participar de las negociaciones algunos de sus dirigentes extraditados por el gobierno colombiano a Estados Unidos.

Las FARC-EP es la agrupación guerrillera activa más antigua de América Latina. Fue fundada en 1964 a pesar de que desde mucho antes, en Colombia, ya existían agrupaciones guerrilleras en armas. Surge el día 30 de mayo de 1964 como ¨Bloque Sur¨, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (PCC) hasta que más adelante, el 5 de mayo de 1966, adopta su nombre actual. En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, se denominarán Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). A la fecha de los últimos acuerdos de paz, su máximo responsable era Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko” o “Timoleón”, quien sustituyó a su anterior responsable principal Guillermo León Cano, conocido también como “Alfonso Cano”, caído en combate el 4 de noviembre de 2011.

Desde el año 2008 la dirección de las FARC-EP fue duramente golpeada. Primero fue el fallecimiento de su fundador Manuel Marulanda, conocido como “Tiro Fijo”, el día 26 de marzo. Previamente, el 1 de marzo, se produjo la muerte del responsable de Relaciones Internacionales, Luis Edgar Devia Silva, conocido como “Raúl Reyes”, en un ataque perpetrado por la fuerza aérea de Colombia, con el apoyo logístico de Estados Unidos, contra su campamento localizado en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia. El día 8 de marzo, uno de los miembros de su Secretariado, Iván Ríos, fue asesinado por elementos de su seguridad personal. El 23 de septiembre de 2010 fue abatido en el departamento de Meta su Jefe Militar, Víctor Julio Suárez, conocido como “Jorge Briceño” o como el “Mono Jojoy”, en un bombardeo efectuado por las fuerzas armadas; mientras que el 4 de noviembre de 2011 se produjo la muerte de Alfonso Cano, quien había sucedido a su muerte al fundador de la organización Manuel Marulanda.

Colombia hoy día es quizás uno de los países más militarizados de América Latina. Allí Estados Unidos ha desplegado bajo el llamado “Plan Colombia”, donde a título de “asesores”, cientos de efectivos militares se han instalado en varias bases militares cedidas por el Estado colombiano. Con el apoyo estadounidense Colombia ha ido configurando una potente fuerza militar cuya capacidad excede propósitos estrictamente defensivos. En efecto, las Fuerzas Armadas colombianas tienen hoy, al menos teóricamente en fuerzas de tierra, aire y mar, junto con unidades de infantería de marina, la capacidad militar para incluso agredir países vecinos. Luego de la reciente crisis en torno a Venezuela, Colombia ha incrementado sus programas de entrenamiento, ayuda militar y ejercicios de sus fuerzas armadas con otras fuerzas militares en la región como Brasil y Perú, por sólo mencionar las más importantes, junto con el Comando Sur de Estados Unidos.

La versión original de este “Plan Colombia” surgió en 1998, precisamente bajo la presidencia de Andrés Pastrana, mientras se desarrollaron las conversaciones de paz. Este Plan militar se justificó como una especie de “Plan Marshall”, que le permitiera a Colombia desarrollar grandes inversiones sociales en un país crucificado por un conflicto armado que ya entonces llevaba cerca de tres décadas y la siempre presente excusa de las guerra contra las drogas. Entre sus componentes se encontraba ofrecer al campesinado una opción económica alternativa viable a la producción de la hoja de la coca; el fortalecimiento militar entre Colombia y Estados Unidos; y atender el problema de la viabilidad del Estado colombiano, fragmentado en aquel momento entre los narcotraficantes, el gobierno central, las FARC-EP y las organizaciones paramilitares.

El “Plan Colombia”, además, se ideó como un contra balance en los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Pastrana entre 1999 y 2000 para llegar a acuerdos de paz que impidieran un cierre irreversible al conflicto político en Colombia donde las fuerzas populares rompieran el impasse entre las partes en conflicto con el desarrollo de un proyecto social popular que desbancara los privilegios de los sectores oligárquicos. En su desarrollo, sin embargo, particularmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el “Plan Colombia” representó el fortalecimiento de la estructura militar de dicho país como contrapeso al desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y la entonces Revolución Cívico–Ciudadana en Ecuador.

Desde Colombia se han fraguado en los pasados años planes de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, que incluyen intentonas de golpes de Estado y magnicidios. Próximamente Colombia se propone legitimar en su territorio la presencia de oficinas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos como parte de la misma política desestabilizadora contra Venezuela.

El dirigente de las FARC-EP Iván Márquez, ha señalado que procurarán alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual cuenta con gran presencia de efectivos en la frontera con Venezuela. Posiblemente este dato haya llevado a sectores del gobierno colombiano a señalar, contrario a lo que expresa el comunicado difundido por las FARC-EP del pasado 29 de agosto, que en realidad, los dirigentes guerrilleros colombianos no se encuentran en la región amazónica del sureste de Colombia como indican, sino en la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, en momentos en que el gobierno colombiano hace estas declaraciones, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decretado la “Alerta Naranja” a lo largo de su frontera sur con Colombia, ordenando ejercicios militares de preparación ante una eventual amenaza de invasión a su territorio. El gobierno colombiano ha negado tal intención, ello a pesar de haber prestado su territorio en la zona fronteriza con Venezuela, para desde allí, con el apoyo de otros países y dirigentes suramericanos, impulsar un golpe de Estado contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Es dentro del este contexto regional que hay que debemos examinar el regreso de un sector de las FARC-EP a las selvas de Colombia, a donde una vez más se incorporan, compartiendo espacios de lucha, con el Ejército Nacional de Liberación (ELN), organización que no se sumó a los acuerdos de paz negociados por las FARC-EP. En lo inmediato, ya las operaciones militares de Colombia contra guerrilleros que han retomado las armas han dado comienzo, mientras continúan los asesinatos de civiles que figuran como candidatos a las próximas elecciones municipales en este país.

En sus declaraciones, Márquez ha expresado que cometió un “grave error” al deponer las armas. En lo inmediato, las autoridades colombianas han revocado contra este sector disidente en las FARC-EP la suspensión de las órdenes de captura emitidas en el pasado, así como la libertad condicional dada a Márquez y otros cuatro comandantes guerrilleros. En cuanto a Seuxis Paucias Hernández Solarte, cuyo nombre de guerra es Jesús Santrich, quien a la fecha de los acuerdos se encontraba encarcelado y fue liberado, se le revocó la libertad y se emitió una orden de captura. Igualmente ha ocurrido con otros dirigentes.

En las próximas semanas o en un plazo breve, estaremos presenciando la manera en que las FARC-EP asumen en el terreno de la lucha armada sus nuevos objetivos. Por su parte, habrá que esperar la reacción de otros sectores de la política colombiana, los de derecha e izquierda, ante este nuevo escenario.