Con bombos y platillos se ha anunciado por el gobierno de Ecuador su salida de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la entrega del edificio que hasta ahora era la sede de la organización a otros fines y propósitos dentro del Estado ecuatoriano. A esta decisión se han sumado también otros países sudamericanos como Colombia, Chile, Perú y Paraguay, países que ya habían abandonado este esfuerzo de integración o mantenían en el mismo un bajísimo perfil. Estos países hoy propugnan por la creación de una nueva instancia regional que entierre aquella impulsada hace poco más de una década por el entonces presidente venezolano, comandante Hugo Chávez Frías. Con la salida de tales países, UNASUR, que estaba integrado por 12 países, queda reducida a cinco: el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela, la República Cooperativa de Guyana, la República Oriental de Uruguay y Suriname.

Con tal propósito se reunieron en Santiago de Chile el pasado viernes. Algunos de estos países, posiblemente con la salvedad de Colombia, participaron de la UNASUR en momentos en que sus gobiernos eran catalogados como de izquierda o progresistas. Hoy tales países son controlados por élites representativas de los sectores oligárquicos y neoliberales.

Se trata de los mismos actores que en el pasado intentaron quebrar los esfuerzos dirigidos a imponerle a América Latina un tratado de libre comercio afín a los intereses económicos de Estados Unidos a través del ALCA y que fueron igualmente abatidos por el liderato de Hugo Chávez y gobiernos progresistas en América Latina proclamando como opción solidaria, frente al ALCA, el ALBA. Se trata también de la misma corriente ideológica que un tiempo atrás vendieron a sus pueblos comprometiendo sus economías con el Pacto del Pacífico y el Pacto del Atlántico, los cuales adelantan modelos similares de libre comercio, el primero con las economías de países localizados en el océano Pacífico y de cara al océano Atlántico, con las economías europeas integradas en la Unión Europea.

Son también estos países los mismos que en abierta posición de ruptura con las instancias de integración latinoamericana, han constituido el denominado Grupo de Lima, para desde el interior del continente, sabotear el desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y que, en el contexto de la fabricación de una supuesta crisis constitucional, han cargado en sus hombros la figura de Juan Guaidó, desconociendo al gobierno legítimo y constitucional del presidente electo Nicolás Maduro Moros.

Desde Chile, país que pretende ser la sede del nuevo organismo, su canciller Roberto Ampuero pregona que la intención es sustituir la UNASUR por lo que ha denominado, “Foro para el Progreso” (PROSUR, que para algunos analistas debería denominarse, por sus lealtades y amarres ideológicos, PRONORTE). Por su parte, el canciller brasileño, Ernesto Araujo, señala que el cambio es necesario para tener los países “un organismo más leve que se dedique a iniciativas concretas como la integración física” entre países. En qué consiste tal integración física, sin embargo, no se explica.

A la convocatoria chilena se suman también los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú. En el caso de la Republica Oriental de Uruguay, si bien su presidente Tabaré Vázquez no participa del encuentro, sí envió a su vicecanciller Ariel Bergamino.

El canciller ecuatoriano José Valencia, si bien su país fue el primero en romper con la estructura de la UNASUR, había manifestado previo a la reunión alguna reserva sobre la creación inmediata de tal organismo. Manifestó que “una estructura compleja, necesaria como la integración, necesita pensarse adecuadamente. Un punto importante, interesante de partida, sin duda va a ser la próxima reunión de Santiago”.

De acuerdo con comentarios recogidos por la Agencia EFE y reproducidos por el periódico La República de parte de analistas de la situación, la nueva organización, que pretender ser una respuesta al componente ideológico con el cual nació la UNASUR, corre el riesgo de hacer lo mismo con un sesgo, esta vez de derecha, lo que podría conducir a un mismo resultado más adelante.

El 23 de mayo de 2008 fue suscrito por 11 presidentes y un Vicepresidente de América del Sur el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”. Dicho Tratado contó con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. El tratado abarca países que conforman una superficie de 17.7 millones de Km2, de los cuales 8 millones lo componen bosques. En aquel momento estas naciones contaban con una población estimada de 379 millones de habitantes. En la región que abarcan estas naciones se encuentra el 27% del agua dulce del planeta. Cuentan con reservas en hidrocarburos para su desarrollo en el próximo siglo, estando las mayores reservas conocidas en petróleo en suelo venezolano y con recursos tales como petróleo, gas, bosques, ríos, océanos, minerales y grandes extensiones de terrenos y abundantes en productos derivados de la agricultura.

En aquel momento de su constitución, con sus $2,886,780 millones en producción, el conjunto de países que integran la Unión Suramericana representaba la cuarta economía del mundo. América del Sur es, además, el primer productor y exportador de alimentos del mundo.

La sede ejecutiva de la Unión Suramericana se estableció en Quito, Ecuador; mientras que la sede del Parlamento Suramericano radica en Cochabamba, Bolivia. Estuvieron ausentes en el evento constitutivo Guyana Francesa, la cual dada su condición de departamento francés no es un estado independiente. Al igual que ocurre con las Islas Malvinas y las Islas Sandwich del Sur, las cuales constituyen colonias inglesas.

Conforme con los términos del Tratado, los países signatarios y aquellos que en el futuro pudieran adherirse al mismo, aspiran a constituir una identidad y ciudadanía suramericana, así como desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.

La expresión América Latina y el Caribe, lo cual va mucho más allá de los países inicialmente signatarios del Tratado, es porque en el mismo se contemplan dos artículos que permitirían ampliar el marco de los países signatarios en dicha ocasión. El Tratado refiere a la categoría de “Estados Asociados”, donde tendrían cabida aquellos Estados Independientes de América Latina y el Caribe que no suscribieron en su origen el Tratado, los cuales luego de cinco años de participar como asociados, podrían solicitar el ingreso formal dentro de la Unión Suramericana en igualdad de condiciones mediante el mecanismo de adhesión al Tratado y aceptación por el Consejo de Jefe(as) de Estado.

En un desarrollo posterior a la UNASUR, pero con una perspectiva similar de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, surgió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Entre los principios rectores establecidos en el Tratado se encuentran el irrestricto respeto a la soberanía; la integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solidaridad; la cooperación; la paz; la democracia; la participación ciudadana y el pluralismo; el respeto a los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; la reducción de las asimetrías y la armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible. Precisamente, algunos de los Estados que hoy impulsan el proceso de ruptura con la UNASUR, han sido Estados que han violado impunemente estos principios esenciales a la convivencia pacífica entre los pueblos latinoamericanos.

Fue acordado que la estructura ejecutiva de la Unión Suramericana se compondría de: El Consejo de los Jefes(as) de Estado; el Consejo de Ministros(as) de Relaciones Exteriores; el Consejo de Delegados(as); y la Secretaría General. La normativa adoptada para la toma de decisiones fue la del consenso. Con tal propósito, se dispuso, además, que para que pudiera adoptarse un acuerdo, deberían estar presentes al menos 3/4 partes de los Estados miembros.

En materia de defensa, a propuesta de Brasil, fue creado el “Consejo Suramericano de Defensa”, el cual contó con el endoso de todos los países presentes menos Colombia. A diferencia de la OTAN, las funciones de este Consejo serían las de crear un espacio o foro “para promover diálogos entre los Ministros de Defensa de la región” que permitan intercambiar información y experiencias.

Bajo la propuesta de una Unión Suramericana, América del Sur aspiraba a contar con cuatro instancias de integración: la UNASUR, el Consejo de Defensa, un banco central suramericano y una moneda única. Se trataba de un espacio fundamental dentro de la visión de una eventual integración de América del Sur, América Central y las Antillas.

A raíz de darse a conocer hace unos años la intención de Colombia, uno de los integrantes de la UNASUR y del Consejo de Defensa Suramericano, de permitir el uso de siete instalaciones militares dentro de su territorio nacional de parte de personal castrense y contratistas privados estadounidenses adscritos a sus Fuerzas Armadas, los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia levantaron su voz de protesta. Señalaron que el problema trascendía aspectos relacionados con la seguridad y soberanía colombianas. Señalaron entonces, y la historia les ha dado la razón, que la ubicación en suelo colombiano de estas instalaciones militares de Estados Unidos planteaba un asunto de mayor complejidad y peligro para la estabilidad política y militar de la región.

La insistencia en aquel momento por parte de Colombia de continuar adelante con sus planes, sirviéndole de plataforma militar en suelo suramericano a Estados Unidos bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, la vemos hoy en la amenaza latente que representa dicha presencia para la soberanía de sus vecinos Bolivia y Venezuela, lo que entonces también incluía a Ecuador. Por eso no se hicieron esperar aquellos señalamientos de Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez denunciando el pacto con Estados Unidos y llamando a la UNASUR a asumir la discusión en torno al alcance del uso de las bases militares colombianas por parte del Gobierno de Estados Unidos. Hoy tal peligro se magnifica con el ofrecimiento de Brasil a Estados Unidos para la colocación de instalaciones militares y aeroespaciales en su territorio.

En lo inmediato, las posibilidades de continuar adelante con el proyecto de la UNASUR son pocas. De igual manera, la posibilidad de desarrollar una nueva instancia como la planteada con PROSUR, sin la participación de Venezuela, Uruguay, Bolivia y la República Cooperativa de Guyana, podría ser una quimera. Sin embargo, aquí el efecto negativo no es tanto en lo que pueda surgir, sino en el daño causado a lo ya existente. Eso lo sabe bien el imperialismo. Por eso sigue apostando a esta estrategia, a la vez que arrecia las medidas contra el gobierno venezolano y su revolución.

Las llaves para el cambio favorable a la continuación de los procesos iniciados hace ya dos décadas con el presidente Hugo Chávez Frías está en manos de los pueblos de los propios países latinoamericanos donde el fascismo, la reacción y el neoliberalismo nuevamente se ha adueñado de sus instituciones de gobierno. Si a través de la lucha electoral, ciudadana o política es como se proponen la fuerzas progresistas retomar el curso de sus procesos revolucionarios; o si por el contrario, llegó la hora de asumir sus pueblos otros roles de lucha organizada, es parte del debate que deben asumir las fuerzas y organizaciones de izquierda en América Latina en estos momentos. Cada vez se cierran más, para los pueblos latinoamericanos, quizás con algunas coyunturales excepciones, los espacios de lucha electoral, lo que invita con sentido de urgencia, a la reflexión con profundo sentido autocrítico, de los procesos desarrollados en las pasadas décadas, y la necesidad de evaluar nuevos espacios, con nuevos métodos y formas de lucha del pueblo.