Mientras extinguía una condena de 63 años en  una prisión de Estados Unidos, la ex prisionera política puertorriqueña Dylcia Pagán, indicó lo siguiente:

“… los que internalizamos el valor y el sacrificio estamos convencidos que nuestro movimiento de liberación nacional no cobraría fuerzas sin personas dispuestas a prescindir de su libertad a cambio de la de su pueblo.”

Este año se cumplen treinta años de prisión de uno de los hijos de este pueblo y luchador anticolonial condenado por la causa de la libertad de Puerto Rico. Nos referimos a Oscar López Rivera, el prisionero político más antiguo del Hemisferio, quien continúa extinguiendo en una prisión federal dos sentencias que en conjunto suman 70 años de cárcel.

Nacido en 1943 y veterano del la Guerra de Vietnam donde fue condecorado por su valor en combate, a su regreso a Chicago donde residía, Oscar se integró muy pronto a las luchas de su comunidad en defensa y afirmación de los derechos de los puertorriqueños. Allí radicalizó su pensamiento tornándolo en acción diaria en pro de la libertad de Puerto Rico. Junto a otros compañeros y compañeras, se integró a la lucha organizada en lo que alguien llamó alguna vez la retaguardia de nuestro pueblo, para así, desde las propias entrañas del monstruo imperialista, impulsar la independencia de su Patria.

Su captura se produjo en 1981. Un año antes, en 1980, sus compañeros de lucha Haydée Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez, Elizam  Escobar, Carmen Valentín, Carlos Alberto Torres, Dylcia Pagán, Adolfo Matos, Alicia Rodríguez e Ida Luz Rodríguez habían sido capturados. Más adelante, en 1983, ocurriría lo mismo con Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez.  Antes, también había sido capturado en la ciudad de Nueva York, otro luchador puertorriqueño William Guillermo Morales. Todos ellos asumieron al momento de sus capturas la condición de prisioneros de guerra. Como tales, reclamaron la condición de combatientes anticoloniales no reconociendo la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos por lo que demandaron ser procesados por un tribunal internacional o por un tribunal de un tercer país que no formara parte del conflicto anticolonial entre Puerto Rico y Estados Unidos.

De acuerdo con el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, la protección que dicho Convenio Internacional reconoce a los prisioneros de guerra, se extiende también a personas capturadas en conflictos o luchas contra la ocupación colonial, la ocupación de un país por parte de regímenes racistas y a aquellos otros que participan de luchas por la libre determinación de sus pueblos. Así lo ratifica también la Resolución  2852 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1971 y la Resolución 3103 (XXVIII) del 13 de diciembre de 1973, cuando establece:

“Todo participante en los movimientos de resistencia, luchando por la independencia y la autodeterminación si es arrestado, tiene que recibir el tratamiento estipulado en la Convención de Ginebra.”

De acuerdo con el referido protocolo, un prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial.

El carácter político de los procesos legales seguidos por Estados Unidos contra estos prisioneros lo establece la naturaleza de las acusaciones hechas por Estados Unidos contra ellos, donde se les imputó conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos. A lo anterior se suma el carácter desproporcionado de las sentencias impuestas. En el caso de la mujeres capturadas, el promedio de las sentencias impuestas fue de 72.8 años; mientras que en el caso de los varones, el promedio fue de 70.8 años. En el caso particular de Oscar,  las sentencias impuestas ascienden a 70 años de prisión.

A través de los años, múltiples resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han demandado del gobierno de Estados Unidos la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños. Tribunales especiales convocados desde la sociedad civil igualmente han demandado su excarcelación y denunciado específicamente las condiciones bajo las cuales se les ha mantenido encarcelados. Tales fueron los pronunciamientos del “Tribunal Permanente de los Pueblos”, el cual sesionó durante los días 27 al 29 de enero de 1989 y del “Tribunal Especial Internacional sobre Derechos Humanos de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y Cárceles de Estados Unidos”, llevado a cabo  los días 7 al 10 de diciembre de 1990 en la ciudad de Nueva York.

En el caso de Oscar López Rivera, durante la Administración de William Jefferson Clinton, en ocasión del indulto que fuera conferido a la mayoría de los prisioneros políticos puertorriqueños que para entonces habían cumplido cerca de 20 años de prisión, se ofreció la posibilidad de la excarcelación de Oscar López Rivera unos años después de la salida del primer grupo. Esta oferta fue rechazada por Oscar mientras permanecieran encarcelados otros de sus compañeros, como era el caso de Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán. Estos últimos, sin embargo, ya se encuentran fuera de prisión. Al presente, a pesar el comportamiento ejemplar que Oscar ha mantenido en prisión en los pasados 30 años, la Junta de Libertad Condicional le niega la posibilidad de una salida de prisión.

Al reclamo por la excarcelación de Oscar López Rivera se ha sumado básicamente la totalidad del pueblo puertorriqueño. Dirigentes políticos, religiosos, comunitarios, representantes del movimiento obrero, de los gremios profesionales, el sector cooperativista, organizaciones juveniles y estudiantiles; en fin, el más amplio conjunto de representantes de la sociedad civil puertorriqueña, demandan la excarcelación de Oscar. Igual ha ocurrido en amplios sectores de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, así como otros importantes reclamos desde la comunidad internacional.

Estados Unidos no puede estar pregonando por el mundo un reclamo de respeto a derechos humanos cuando mantiene en su propio suelo prisioneros políticos, encarcelados como resultado de su lucha anticolonial como es el caso Oscar López Rivera.

La persecución por parte del gobierno de Estados Unidos contra aquellos que luchan por la independencia de Puerto Rico ha sido una constante en nuestro país a lo largo de los pasados 113 años de colonialismo impuestos como resultado de la Invasión de 1898. Sobre el particular, el profesor José “Che” Paraliticci, en su libro Cien Años tras las rejas: Historia de los presos independentistas puertorriqueños bajo el régimen de Estados Unidos, indica;

“Desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y comenzó a regir política y militarmente sobre el país, no ha habido una sola década en que algún independentista no haya ido a la cárcel, tal vez con la excepción de la década del veinte. No obstante, en todos los demás periodos, comenzando en 1899, se ha acusado al independentismo de violar infinidad de leyes y, como consecuencia, sentenciados a prisión tanto en Puerto Rico como en el propio Estados Unidos. Al independentismo se le ha imputado haber violado la ley del correo, del servicio militar obligatorio, de armas, de explosivos, del gran jurado y de la mordaza. También se les ha acusado de conspiración, sedición, agresión, desacato, incitación a motín y penetrar sin autorización a propiedad de los Estados Unidos en Puerto Rico, entre otras. Por estas acusaciones son cientos de independentistas lo que han estado tras las rejas a lo largo de este siglo.

El independentismo sentenciado durante estos cien años no ha sido únicamente el puertorriqueño residente en Puerto Rico. Asimismo, han estado en prisión puertorriqueños residentes en Estados Unidos tanto como no puertorriqueños simpatizantes de la lucha de independencia puertorriqueña.”

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien tiene a su alcance el ejercicio del indulto presidencial, se propone visitar a Puerto Rico el próximo 14 de junio dentro del marco de una reunión del llamado Comité Interagencial de Casa Blanca. El presidente Obama se ha expresado en los pasados dos años indicando que reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño. Más aún, ha indicado la importancia de que los puertorriqueños nos pongamos de acuerdo en asuntos que competen a nuestra libre determinación. La libre determinación de un pueblo no es posible con la presencia de prisioneros políticos en cárceles del imperio cumpliendo prisión como resultado de su lucha anticolonial. Los puertorriqueños tenemos un consenso en la demanda de la excarcelación de Oscar López Rivera.

Entre las muchas deudas que tiene Estados Unidos con el pueblo puertorriqueño se encuentra la excarcelación de nuestros prisioneros políticos, particularmente la de Oscar, quien ya lleva tres décadas en cárceles del imperio. Ya es hora de que Oscar regrese a su casa, a su familia, a su pueblo que le admira y respeta. Es la hora de su libertad