Todos los cuatrienios nos topamos con las mismas lamentables noticias, relacionadas a la malversación, el fraude y la apropiación ilegal de fondos públicos por funcionarios o contratistas del gobierno.

Los noticiarios y los comentaristas de noticias vuelven a reciclar la diatriba en contra de los partidos políticos y de sus campañas. Siempre en la discusión que de ese problema resulta, surge la solicitud de mano dura, leyes más restrictivas y hasta la prohibición de hacer campañas o de donar a las mismas.

En honor a la verdad, el pueblo puertorriqueño, más que frustrado y molesto, tiene un aire de resignación peligroso, conformándose con emitir un voto en contra del gobierno de turno cada cuatro años. Y así, los dos partidos políticos principales se intercambian la administración del país. “¡Todos son iguales!”, logra uno escuchar en la calle. “¡Es que las leyes son flojas!”, se comenta en la cafetería.

Entonces, tengo que aclarar que Puerto Rico tiene el conjunto de normas más amplio y extenso en el mundo. Tenemos 34 tomos de leyes y un millar de reglamentos administrativos. El problema es mucho más profundo que la mera existencia, o no, de legislación.

Todos saben que en cada campaña política hay personas y organizaciones aportando a las mismas con la esperanza de poder obtener un contrato en el gobierno. Este fenómeno no es exclusivo de Puerto Rico, en Estados Unidos ese es el modus operandi de las campañas proselitistas. El problema ocurre cuando esas personas o compañías fraudulentamente utilizan esos contratos para generar ingresos sobre labores que no rindieron; para favorecer con servicios a personas que no cualifican para ello; o para ayudar al partido en el poder mediante “favores”, que al fin y al cabo son pagados con fondos públicos. Lo cierto es que los dos partidos principales han tenido su cuota de lo anterior y aún hay personas cumpliendo cárcel por ello.

No obstante, a pesar de nuestras leyes, reglamentos, y otras disposiciones, Puerto Rico tiene legislativamente las manos amarradas. Debido a nuestra relación colonial con Estados Unidos, Puerto Rico tiene que seguir el sistema jurisprudencial de ese país, además de las leyes federales. En ese contexto, cualquier legislación sobre donaciones a partidos, que exceda los parámetros de Estados Unidos, corre el riesgo de ser declarada inconstitucional, al amparo de Citizens United v. FEC y la legislación federal aplicable. )

Nos resta, además de buscar una vía descolonizadora, tener una dosis grande de moral, solidaridad y respeto por el país… por nosotros mismos. Los dirigentes políticos deben dar el ejemplo, principalmente a estas generaciones que los ven como modelos a emular. Si existe una verdadera intención de los partidos en acabar con la corrupción que envuelve la relación campaña-contratista, estos deben realizar esfuerzos internos para evitar que se continúe desangrando el país,ya de por sí agonizante.

Las decisiones están en sus manos, y finalmente es el gobierno quien decide a quién contrata y a quién no. No hacen falta más leyes ni reglamentos, hace falta voluntad y una fibra moral incólume. En ellos queda demostrar si la tienen. (endi.com)