Las condiciones en las cuales nos tocará presidir esta institución, requieren de todos y todas el más firme compromiso con el país, con la sociedad.

Palabras del Lcdo. Alejandro Torres Rivera en su toma de posesión como Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

¨La gloria y el triunfo no son más
que un estímulo al cumplimiento
del deber¨. José Martí, 1873

Buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Como comprenderán, es un día de mucha emoción y sentimientos mixtos. ¡Cuánto daría por haber tenido la oportunidad de compartir un momento tan importante en mi vida con mis padres, con mi hijo Alejo y con otras personas queridas y respetadas! Aún así, me siento feliz de contar aquí con la presencia de mis hijas Verónica Sofía y Alejandra Sofía; mis nietas Sara Mercedes, Daniela Andrea, Lucía y Cecilia; mis hermanas María Judith y Ada Irma; mi hermano David; y por supuesto, de mi esposa Nelly, junto a tantos otros familiares y amigos. Mi abrazo desde la distancia, a mi hijo Ricardo y a mi hermano Mario; y claro está, mi abrazo cercano a aquellos hermanos y hermanas que he escogido en la vida, amigos y amigas de tantos años. Este saludo lo extiendo, además, a quienes con gran pasión, esfuerzo y solidaridad humana me acompañaron, a lo largo del pasado año formando parte del grupo de trabajo que nos trajo a este importante momento.

Agradezco la presencia en esta sala de funcionarios públicos y de las diferentes ramas políticas que nos acompañan, así como a tantos abogados y abogadas con los que he compartido casi cuatro décadas en el ejercicio de esta profesión.

A lo largo de esta jornada en la cual expusimos nuestro programa para un nuevo bienio, levantamos la consigna de que ser colegiado y colegiada es un honor. Nos inspira la consigna la primera impresión que recibe cualquier visitante en nuestra sede, al observar junto a la representación de la ¨justicia¨ que se encuentra en la estatua colocada en la fachada de este edificio, la frase escrita ¨honrando la toga¨.

El honor y la honra son compañeras inseparables en el ejercicio de la profesión legal. Así ha sido en los 176 años transcurridos desde nuestra fundación como Colegio. La razón social de ser de nuestra institución, desde sus primeras etapas, significó no solo el compromiso gremial con nuestros afiliados, sino también extender nuestro brazo institucional en auxilio de los sectores más menesterosos del país. Para significar su propósito, aquellos que iniciaron la ruta que hemos transitado, desde entonces, se distribuyeron entre ellos en ese acto fundacional “los pleitos y causas de los ciudadanos pobres y desvalidos”.

Con un sentido histórico podemos afirmar, la importancia de este ejercicio fundacional con algunos de los principios recogidos en los Cánones de Ética Profesional que rigen actualmente nuestra profesión. El Canon 1, que regula los “Deberes del Abogado para con la Sociedad”, nos dice en su “Criterio General”, lo siguiente:

“Los miembros de la profesión legal, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de velar porque los distintos procesos legales de la sociedad incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. Para desempeñar esta responsabilidad la sociedad debe tener a su alcance todos aquellos servicios profesionales adecuados, de naturaleza legal, que sean necesarios. También es menester que todo abogado, como ciudadano y en su capacidad profesional ya sea como juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otro carácter, actúe siempre de acuerdo al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones”.

¿Cuál es ese ideal del cual nos habla tal Criterio General en función de la responsabilidad social del abogado y de la abogada?

El Preámbulo de los Cánones de Ética Profesional nos ofrece la respuesta: Primero, entender que “el fin primordial” de la función de la abogacía es “el servicio a la sociedad, servicio que tiene que estar dirigido principalmente a lograr la existencia de un orden jurídico íntegro y eficaz y que tiene que estar orientado esencialmente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano que rigen la convivencia social en el país”. Segundo, tener siempre presente en nuestros actos, que éstos no operan en el vacío, sino que “afectan de una manera sustancial los aspectos principales de la vida comunal”. Tercero, reconocer que el acceso a servicios legales de forma “honrosa, diligente y educada”, reviste un interés social para cada ciudadano. Cuarto, asimilar en cada uno de nuestros actos la importancia de evitar la apariencia de conducta impropia. Finalmente, afirmar un compromiso “solemne e inquebrantable” con la conducta que se espera de los abogados hacia sus colegas en la profesión.

De nosotros y nosotras, además, el país espera mucho. No puede haber orden institucional en un gobierno si el mismo no se rige por leyes que a su vez sean el asidero de la justicia a la cual aspiramos. La justicia no es una mera abstracción, no es sólo una aspiración en nuestra vida social; la justicia tiene que ser un principio ético que irradie todas nuestras acciones, donde la humanidad del ser humano es un elemento esencial; aquel que nos dice y recuerda que las personas deben ser más imporantes que las cosas. En ello reside la capacidad del que juzga y adjudica; en ello reside la virtud del que aboga y defiende. Cuando el sistema de leyes vigentes se aparta de la justicia, fracasan las instituciones, pierde la sociedad, se degrada el individuo.

Vivimos tiempos muy difíciles. Tiempos en que las instituciones por las cuales aspiramos a regirnos hace ya más de medio siglo, se han quebrado, aflorando de la manera más cruda, el rostro del coloniaje en Puerto Rico. El colonialismo es un crimen contra la humanidad, es la forma más cruda de violación de los derechos humanos de un pueblo y un anacronismo histórico a la altura del Siglo 21 de nuestra era.

La reciente ley congresional PROMESA, junto a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos Pueblo v. Sánchez Valle y ELA v. Franklin, no hacen sino confirmar el dato de que en Puerto Rico, en los pasados 118 años, no ha habido cambio alguno en las relaciones de subordinación política y colonial de nuestro país hacia los Estados Unidos. Los señalamientos hechos por los distintos Informes del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Puerto Rico son hoy, no una mera expresión de Casa Blanca, sino el consenso uniforme de las tres ramas políticas del gobierno federal.

PROMESA, como indicara el Juez Torruellas en su discurso ante nuestra Asamblea General hace unas semanas, no es sino el ejercicio por parte del Congreso de Estados Unidos, para mediante legislación, crear la agencia de cobro de los bonistas para asegurar el pago de las deudas contraidas por diferentes gobiernos y administraciones en Puerto Rico. PROMESA llega a Puerto Rico a atender en primera instancia el pago de miles de millones de dólares asumidos en deuda por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no para atender las necesidades de nuestros ciudadanos en las áreas de salud, educación, vivienda, servicios sociales, seguridad y desarrollo económico, por sólo mencionar algunas.

Las condiciones en las cuales nos tocará presidir esta institución, requieren de todos y todas el más firme compromiso con el país, con la sociedad. Se trata de una tarea titánica que no será posible realizarla solamente desde la presidencia, o desde una Junta de Gobierno. Para ello es necesario la suma de voluntades de todos y todas las colegiadas, para a través del instrumento que representa este Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, desde nuestras instancias de dirección, desde nuestras comisiones de trabajo, y desde nuestras delegaciones, crear en un esfuerzo común, una propuesta de unidad y trabajo de la profesión legal, y desde ella, nuestra vinculación con nuestro pueblo. Esa es la manera de honrar la toga, esa es la manera de afirmar el honor de pertenecer a esta digna profesión.

El Colegio, sin embargo, enfrenta otros retos cuya superación es fundamental para la supervivencia de la institución. Víctimas como hemos sido más de una vez de la descolegiación compulsoria, nuestra institución depende de la voluntad de miles de abogados y abogadas que voluntariamente se afilien a nuestro Colegio. Para ampliar nuestra matrícula, tenemos que ser pertinentes para nuestros colegas, ampliar la oferta de servicios, racionalizar la efectividad de los mismos haciéndolos más y mejores; el Colegio necesita renovación generacional; el Colegio tiene que imponerse como tarea ir detrás de aquellos abogados y abogadas que en el pasado con una colegiación compulsoria fueron pilares de esta institución y que hoy, desde una colegiación voluntaria, se han alejado de nosotros por diferentes razones.

Al repensarnos como institución al servicio de nuestra comunidad, en la misma línea que nos sugiriera Eduardo Lalo en su mensaje a la matrícula, podríamos ir tras un vínculo mayor entre el Colegio y la ciudadanía, estableciendo las bases para el desarrollo de una estructura que agrupe y cohesione a los amigos y amigas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico como fuerza auxiliar de nuestra institución.

Este bienio debe ser el bienio del inicio de pase de batón en la conducción de esta institución a abogados y abogadas jóvenes, que son en última instancia el relevo generacional de nuestra institución. De hecho, ya la composición de esta Junta de Gobierno electa comienza a reflejar el cambio en gran parte de su composición con una gran cantidad de abogados y abogadas con menos de 15 años en el ejercicio de la profesión.

No quisiera terminar estas palabras sin dirigirme a los estudiantes de Derecho. A ellos les digo no pierdan nunca la esperanza con la profesión que les ha correspondido elegir. Vivan orgullosos y orgullosas de la decisión que tomaron de convertirse en profesionales del Derecho, para desde el ejercicio de su futura profesión servirle a pueblo, servirle a nuestro país. De nuestra parte, estimularemos que como estudiantes de Derecho, ustedes se vinculen con la organización que recoge sus futuras expectativas como colectivo estudiantil, la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho; y claro está, desde una perspectiva más vinculada a su futuro gremio, a través de la categoría de afiliación de ¨estudiante colegiado¨, al Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Servirle bien a nuestro Colegio, es servirle bien a nuestro país. Espero contar con el apoyo solidario de todos ustedes en esta difícil pero honrosa tarea. ¡Ser colegiado y colegiada es un honor!

Muchas gracias.

24 de septiembre de 2016