Se indica que el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos fue objeto del peor atentado terrorista en su historia. Aviones de pasajeros llenos de combustible se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, [...]

mientras otro avión con sus pasajeros y tripulantes caía en Pennsylvania. Sobre los hechos, existen versiones que cuestionan la veracidad de tal historia oficial sobre todo en cuanto a si en efecto, la destrucción parcial ocurrida en el edificio del Pentágono se debió al estrellamiento contra la estructura de uno de los aviones o si se trató de un misil disparado contra la misma. Lo mismo ocurre en relación a si el avión que se estrelló en Pensilvania fue el resultado de una decisión de los llamados terroristas o si se trató de una nave derribada en vuelo por parte de aviones militares estadounidenses. Lo cierto es que tales actos cobraron la vida de más de 3 mil ciudadanos y residentes de Estados Unidos, incluyendo a los perpetradores directos de los atentados.

En el discurso pronunciado por el Presidente George W. Bush dirigido al pueblo de Estados Unidos a raíz de los sucesos, a la vez que hacía responsable por los atentados a la organización fundamentalista islámica Al Qaeda, anunciaba el inicio de la Primera Guerra del Siglo XXI. Indicaba que esa guerra sería una en la cual las fronteras no estarían definidas; que más que una guerra a la antigua, sería una respuesta imaginativa, dirigida por Estados Unidos, contra quienes perpetraron los atentados terroristas en Nueva York y Washington y contra aquellas personas u organizaciones que les hubieran ayudado o les hubieran dado resguardo o albergue. Indicó igualmente, que sería una guerra larga que se libraría en varios países simultáneamente; que no dependería de un golpe rápido; que no terminaría con un ataque contra un solo individuo; y finalmente, que se libraría en diferentes frentes, a saber: el frente militar, el frente de la inteligencia, el frente de las acciones de cumplimiento de la ley y el frente diplomático.

En el discurso Bush emitió un ultimátum contra el Gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de prisioneros extranjeros en dicho país, incluyendo estadounidenses; la protección del personal diplomático, periodistas y trabajadores internacionales que allí trabajaban; el cierre inmediato de los campos de entrenamiento utilizados por Al Qaeda y sus aliados; la entrega de todos los llamados terroristas junto con aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento presentes en Afganistán; y finalmente, el derecho absoluto de acceso por parte de Estados Unidos a los campos de entrenamiento existentes en dicho país de manera que su país pudiera asegurarse que no volvieran a ser utilizados para tal propósito.

La negativa del Gobierno del Talibán de ceder ante tales demandas, desataron las acciones bélicas sobre Afganistán que todavía hoy, casi una década después, continúan librándose en ese territorio.

Las medidas militares tomadas por Estados Unidos fueron llevadas a cabo con el consentimiento de la comunidad internacional tomando como base lo expresado en dos Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En el plano interno, comenzando con un conjunto de Órdenes Ejecutivas dictadas por al Presidente Bush a partir del 14 de septiembre, se dirigieron los primeros pasos para responder a los atentados perpetrados. Bajo la premisa de que existía una emergencia nacional de proporciones extraordinarias para la defensa nacional, el 13 de noviembre de 2001, Bush autorizó, ya fuera dentro o fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, la detención de personas sobre las cuales hubiera razones para creer que pertenecían a Al Qaeda; hubieran tenido vinculación orgánica con ellos; o hubieran conspirado para cometer actos de terrorismo internacional.

La Orden autorizaba, además, la creación de una Comisión Militar con el fin de llevar a cabo juicios en tribunales militares contra aquellas personas capturadas en el curso de la guerra apenas iniciada. A los prisioneros capturados en combate Estados Unidos no les reconocía el status de prisioneros de guerra. Les llamó “combatientes enemigos”. Como tales, podrían ser apresados, trasladados a aquellas facilidades que Estados Unidos designara con tal propósito, interrogados, acusados, enjuiciados y procesados, y finalmente, condenados. Entre las penas contempladas para estos prisioneros se encuentra la pena de muerte.

En enero de 2002 el Presidente Bush anunció la creación en la Base Naval de Guantánamo en Cuba de una prisión que según las palabras del entonces Secretario de la Defensa Donald Rumsfeld, albergaría “lo peor de los peor” de las personas sospechosas de cometer actos terroristas. Por esta prisión han pasado en casi una década, cientos de prisioneros capturados en diferentes países del mundo, los cuales han estado sujetos a interrogatorios, vejaciones, condiciones de privación de comunicación, maltrato y torturas.

En virtud de una ley aprobada en el año 2005, titulada “Ley sobre el Trato a Detenidos” (DTA), se implantaron los llamados juicios en las Comisiones Militares. En ellos, los encauzados no tienen derecho a una representación legal; se les dificulta en gran medida confrontar la prueba de cargos, la cual depende en muchas ocasiones de confesiones arrancadas a personas por medio de la coerción o la tortura; se permite el uso en su contra de prueba de referencia, incluyendo la prueba de referencia múltiple, para probar presuntos cargos contra los prisioneros; y se les priva del acceso a que su detención y condiciones de encarcelamiento puedan ser examinadas por los tribunales federales mediante un hábeas corpus.

Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 14 de junio de 2008, sin embargo, vino a dar parcialmente al traste con esta noción, reconociendo el derecho de tales prisioneros, en determinadas condiciones, a invocar la protección constitucional establecida en la Sección 9 del Artículo I de su Constitución de Estados Unidos al Hábeas Corpus. Según confesó en su Opinión Disidente el Juez Scalia, esta Ley se aprobó bajo la premisa recomendada al Presidente de Estados Unidos por sus asesores de que los prisioneros, por ser extranjeros y encontrarse en una instalación militar fuera del territorio de Estados Unidos, nunca tendrían acceso a la referida protección constitucional.

La Decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del pasado vino a dar al traste con esta premisa no sin antes establecer una premisa igualmente imperial al desarrollar un concepto nuevo de “ejercicio de soberanía” de Estados Unidos sobre el territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo.

Durante su campaña, el hoy presidente Barack Obama se comprometió al cierre de este campo de concentración al reconocer como un oprobio a los derechos humanos lo que allí ocurría. Al día de hoy, luego de más de dos años de haber accedido a la Presidencia, en Guantánamo continúan perpetrándose horrorosas violaciones de derechos humanos contra los allí detenidos.

En días pasados Wikileaks hizo público 759 documentos secretos del Pentágono. En ellos figuran importantes datos sobre los procesos llevados a cabo por Estados Unidos en los procesos de búsqueda de alegada información en poder de  los prisioneros. Indicando que se ha, creado “un sistema policial y penal sin garantías en el que solo importaban dos cuestiones: cuánta información se obtendría de los presos, aunque fueran inocentes, y si podían ser peligrosos en el futuro”, los documentos sacan a flote información importante sobre el uso de la tortura por parte de Estados Unidos con estos prisioneros.

De los 779 prisioneros trasladados a dichas instalaciones en esta década, aún permanecen encarcelados 170. Los datos revelados indican que el 60% de los detenidos fueron llevados a esta prisión sin ser una amenaza “probable”. Entre los detenidos se encuentran ancianos con demencia senil, adolescentes, enfermos psiquiátricos graves, maestros de escuela o granjeros sin vínculo alguno con la Yihad Islámica, los cuales fueron mezclados con posibles terroristas vinculados con los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Al establecer tres niveles de riesgo, Estados Unidos reconoció que 83 de ellos no suponían riesgo alguno, a 77 se les reconoce como personas que improbablemente supongan un amenaza para Estados Unidos o sus aliados. Al presente, solo siete prisioneros han sido juzgados y condenados. Solo el 22% de los prisioneros, mediante los procesos utilizados para la obtención de información que incluyen la tortura, han aportado información de valor para los servicios de inteligencia.

Ya antes, en su edición de mayo-junio de 2008, la revista Foreing Affairs, había indicado que la prisión de Guantánamo había pasado a convertirse en el símbolo de cómo Estados Unidos, en nombre de la lucha contra el terrorismo, violentaba flagrantemente los derechos de los seres humanos allí detenidos. Para esa fecha, Tom Lasseter, periodista de MacClatchy Newspaper, indicaba que a base de entrevistas hechas a 66 ex prisioneros de Guantánamo demostraban que la mitad de ellos no tenían que ver nada con Al Qaeda.

De acuerdo con los documentos revelados por Wikileaks, a pesar de los múltiples intentos de suicidio, lesiones físicas y emocionales sufridas por los prisioneros, los médicos del Pentágono que atendieron estas situaciones no han documentado las mismas. De acuerdo a testimonios vertidos por exprisioneros en torno a las situaciones a las cuales estuvieron expuestos durante su cautiverio, las mismas cualifican como tortura bajo la definición de “tortura” a la luz de la definición del término bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Entre ejemplos de las situaciones a las cuales han estado expuestos los prisioneros en Guantánamo, se encuentran  las golpizas graves que resultaron en fracturas de hueso, asalto sexual y/o amenaza de violación, simulacros de ejecución, simulacros de desapariciones; privación del sueño, exposición a temperaturas extremas, amenazas graves, posiciones forzadas por periodos largos, palizas y desnudez forzada y, finalmente, la casi asfixia con agua mediante el método conocido como “el submarino”. En esta prisión, es necesario indicar, no tan solo han sido encarcelados adultos sino también adolescentes, los cuales han sido internados en una sección llamada “Camp Iguana”.

Jeffrey Kaye, escritor en el medio periodístico alternativo Truthout, escribió el 25 de abril de 2011 que los procesos de tortura llevados a cabo en Guantánamo continúan contra los prisioneros hasta tanto el detenido no confiesa la versión que sus torturadores interesan que él declare. Tales fueron los casos del residente británico Binyam Mohamed y el supuesto cerebro (”mastermind”) Abu Zubaydah, quien indica fueron torturados a comienzos de 2002 por las fuerzas aliadas y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para que produjeran las confesiones sobre supuestos planes, más tarde desacreditados, con relación a la supuesta “bomba sucia” que se proponían colocar en una ciudad estadounidense el  propio Mohamed y José Padilla. Otra situación que nos presenta el autor es el caso de Sharqawi Abdu Alí al Hajj, el cual junto a otro detenido de nombre Alí al Kazimi,  fueron beneficiados mediante un recurso de Hábeas Corpus llevado ante el Juez Henry H. Kennedy. En este caso el Juez indicó: “The Court will not rely on the statements of Hajj or Kazimi because there is unrebutted evidence in the record that, at the time of the interrogation at which they made the statements, both men had recently been tortured”; es decir, recurriendo a una traducción libre, el Juez indicó que el Tribunal no descansaría en los señalamientos hechos por Hajj o Kazimi porque existe evidencia no controvertida en el récord a los efectos de que, cuando hicieron sus declaraciones, ambos habían sido torturados recientemente.

De acuerdo con otra historia narrada en Truthout el 22 de marzo de 2011 por Jason y Jeffrey Kaye, el programa de tortura utilizado en Guantánamo se desarrolló a partir del curso militar titulado SV-91 o “Special Survival for Special Missions Units”. El concepto “Survival, Evasion, Resistance, Escape (SERE)” ha sido desarrollado para proteger este tipo de personal de Estados Unidos en situaciones de captura donde se les pretenda obligar a través de estos medios a producir falsas confesiones, actividades de propaganda o reclutamiento de informantes.

La prisión que mantiene Estados Unidos en Guantánamo, más que una prisión, constituye un Campo de Concentración donde las violaciones de los derechos humanos de los detenidos es la orden del día. A lo anterior, podría sumarse otro tipo de experiencia, posiblemente peor, como la que ocurre en cientos de cárceles clandestinas que hoy tiene Estados Unidos alrededor del mundo donde se denuncia han ocurrido innumerables muertes como consecuencia de las condiciones a las que son sometidos los prisioneros. La herida abierta que representa la presencia de este campo de concentración en nuestro archipiélago antillano es causa más que suficiente para no cesar en la denuncia que conduzca al cierre definitivo de este centro de torturas y violaciones de derechos humanos.