Primero que todo, deseo excusar la presencia del compañero abogado Lcdo. Noel Colón Martínez. Me consta el esfuerzo hecho en las pasadas semanas para exponer sus ideas y reflexiones en torno al libro escrito por la querida compañera Evelyn Vélez Rodríguez bajo el título Puerto Rico: Política Exterior sin Estado Soberano 1946-1964. Espero compartir con ustedes de manera decorosa aunque insustituible, la presentación de esta investigación que le hubiera correspondido.

Cuando para el año 2001, el profesor Walter Bonilla publicó su investigación de Maestría titulada La Revolución de Abril y Puerto Rico, quedé maravillado con el papel, que aún dentro del estrecho marco colonial, se atribuyó la Administración de Luis Muñoz Marín alrededor los sucesos ocurridos en la República Dominicana entre los años 1961 a 1966. El libro de Bonilla documenta el involucramiento de Puerto Rico en lo que fue conocido como el ¨Plan Caparra¨ o ¨Plan Altagracia¨, dirigido a instrumentar una transición en la República Dominicana entre la Dictadura de Trujillo y un gobierno civil encabezado por Joaquín Balaguer que a su vez fuera reconocido por la oposición política; hasta el período que, culmina en las elecciones que en 1962 llevaron al triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y su candidato, Juan Bosch Gaviño.

Bonilla también nos lleva de la mano en el examen de los sucesos que condujeron al Golpe de Estado efectuado en 1963; la Guerra  Constitucionalista de Abril de 1965; hasta las elecciones  del 1 de junio de 1966 ganadas por Joaquín Balaguer. Entonces desconocíamos que ya, desde la década de 1940, Muñoz Marín había estado caminando los senderos del quehacer diplomático, procurando desarrollar las relaciones exteriores de Puerto Rico sin necesariamente la existencia de un Estado soberano.

En el libro que hoy presentamos, su autora deja establecido que la historia política del Puerto Rico del Siglo 20, es la de ¨una nación sin Estado soberano¨. Nos señala que desde 1898, la soberanía de Puerto Rico, (la condición política del territorio y la de sus habitantes), en virtud del Artículo IX del Tratado de Paris de 1898, reside en el Congreso de Estados Unidos y no en los puertorriqueños(as). Nos recuerda que la Constitución de Estados Unidos en su Artículo IV, Sección 3 dispone: ¨El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos.¨  Por su parte, en lo que concierne a los poderes para ¨celebrar  convenios o pactos con otro estado o con potencias extranjeras¨, su Artículo I, Sección 10, establece que un estado sólo podrá hacerlo con ¨el consentimiento del Congreso¨.

Para la autora, conforme ¨con las normas de Derecho Internacional, la existencia de un Estado soberano presupone un territorio determinado, una población permanente y un gobierno o poder público ejercido sobre la población de ese territorio capaz de entablar relaciones con otros sujetos soberanos¨. En consecuencia, un ¨Estado soberano no puede estar subordinado a otra soberanía.¨ No obstante, la autora distingue, para propósitos de análisis lo que constituye en el marco de tal Derecho Internacional, la ¨soberanía política¨ de lo que constituyen relaciones exteriores dentro del marco de las relaciones internacionales.

El concepto de soberanía no es reciente. Se indica que fue acuñado por Juan Bodino, quien vivió entre 1530 y 1596 en su libro Los Seis Libros sobre el Estado escrito en 1576, donde nos indicaba que ¨[S]ólo es absolutamente soberano aquel que, después de Dios, no reconoce a nadie superior a él.¨ Según su razonamiento, ¨[S]i el príncipe requiere el consentimiento de los superiores, entonces él mismo es un súbdito…¨

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, desde sus pronunciamientos en la Asamblea de 1 de septiembre de 1944, mucho antes de la aprobación de la Ley 600 de 1950 por parte del Congreso de Estados Unidos, ha señalado de manera categórica y clara la naturaleza colonial de Puerto Rico. En su Informe de 1963 planteó que el problema básico de Puerto Rico es uno de falta de soberanía, entendiendo por ella que le corresponde al pueblo del territorio ser ¨la fuente última de poder¨.

Esta percepción, en lo que concierne al proceso constitucional de Puerto Rico de 1951 a 1952, coincide con la que desarrolla el Lcdo. Roberto Ariel Fernández Quiles en su libro El Constitucionalismo y la Encerrona Colonial de Puerto Rico (2004) al indicar: “... el serio defecto de la Constitución de Puerto Rico es que los poderes constituidos que crearon otro pueblo –el estadounidense– ostentaron la titularidad de la soberanía al ‘autorizar’ al pueblo de Puerto Rico a que adoptara una constitución, y al atribuirse el poder de aprobarla como requisito indispensable para que entrara en vigor. De esta manera, el Congreso habría ejercido el poder constituyente, si por ello se entiende que produjo una constitución al autorizar, limitar, supervisar, enmendar y aprobar el documento que redactaron y aprobaron los puertorriqueños.”

El poder constituyente tampoco es de factura reciente. El Lcdo. Carlos I. Gorrín Peralta, en su ensayo Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico mediante la Asamblea Constitucional de Status, indica que fue Emmanuel Sieyés en su libro ¿Qué es el Tercer Estado?, publicado en 1788, quien señaló el fundamento en el cual descansa hoy el criterio para definir el concepto ¨poder constituyente¨. Gorrín Peralta lo describe como ¨la facultad inherente al pueblo como titular de la soberanía de establecer su ordenamiento jurídico-político fundamental.¨

A pesar de que el Artículo I de nuestra Constitución dispone que el poder político de Estado Libre Asociado de Puerto Rico emana del pueblo y se ejercerá ¨con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América¨; por una enmienda impuesta por parte del Congreso de Estados Unidos en el proceso de ratificación de la Constitución al Articulo VII,  se establecieron varias limitaciones al ejercicio del poder soberano. De acuerdo con su Sección 3, toda enmienda o revisión de la misma será compatible ¨con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo-primero, adoptada con el carácter de un convenio.¨

La tesis que desarrolla la autora en el Primer Capítulo de su libro documenta cómo, en el caso de Puerto Rico, particularmente a partir de la creación del Estado Libre Asociado, sin ser un Estado soberano, el ELA ¨formuló y llevó a cabo una política exterior con el fin de internacionalizar a Puerto Rico.¨ El esfuerzo de Puerto Rico, sin embargo, no nace con el Estado Libre Asociado. Para ello, la autora nos remonta a los días de la postguerra con el surgimiento de la Comisión del Caribe en 1946, heredera de la Comisión Anglo-Americana del Caribe surgida en 1942. En ella, la delegación de Estados Unidos contó con la participación del gobernador Rexford Tugwell y el Dr. Rafael Picó, entones Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Formaban parte de la misma los territorios coloniales del Caribe y Centroamérica. Indica la autora ya a partir de 1948 ¨los puertorriqueños que participaron en la delegación de Estados Unidos a la Comisión del Caribe, comenzaron a proyectarse con cierto grado de autonomía, asumiendo un rol diferenciable al estadounidense.¨

Refiriéndose a una reunión de la Caribbean Tourist Development Association, menciona las intervenciones de Ernesto Ramos Antonini en la Tercera Conferencia de las Indias Occidentales en diciembre de 1948 impulsando que la Conferencia adoptara, incluso antes que lo hiciera la Asamblea General de la ONU o los gobiernos metropolitanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos para así impulsar tales derechos dentro del marco de las legislaturas insulares. Igual destaque lo tuvieron los delegados de Puerto Rico al impulsar la creación de una Banco Caribeño de Desarrollo utilizando como modelo el Banco Gubernamental de Fomento creado en 1942.

El 20 de enero de 1949 el Presidente estadounidense, Harry S. Truman, anunció en su discurso inaugural la creación de un Programa de Asistencia Técnica para países subdesarrollados, lo que vino a conocerse como el Punto Cuarto de su Discurso. En julio de 1950 la propuesta presidencial se convirtió en Ley. El Gobierno de Puerto Rico, aprovechando la iniciativa, le ofertó al gobierno de Estados Unidos la creación de un programa de becas para la capacitación técnica de enviados de países de la región, las cuales se ofrecerían en Puerto Rico.

Indica la autora que a raíz de la aprobación de la Constitución del ELA, el gobierno de Puerto Rico ¨comenzó a buscar la revisión del acuerdo de la Comisión del Caribe para legitimar su nuevo arreglo colonial, buscando así un rol más protagónico en las relaciones en el Caribe, y visualizándose superior a los representantes coloniales de la región.¨ Muñoz Marín interesaba que la organización abarcara ¨a todos los países del Caribe, tuvieran o no gobierno propio¨, lo que le llevó en 1953 a solicitar del Departamento de Estado de Estados Unidos que Puerto Rico estuviera representado por derecho propio asumiendo sus propios gastos.

Según Muñoz Marín, en el Caribe, ¨la liquidación del colonialismo tenía su máxima expresión.¨ Describiendo los nuevos arreglos de los territorios con sus respectivas metrópolis, indicaba en el caso de Puerto Rico que el ELA era ¨una forma creadora, nueva de federalismo de la Unión Americana, al acordarse el concepto de la asociación por convenio y fundarse, a base de ese concepto, el Estado Libre Asociado¨.

Los cambios introducidos por las potencias administradoras de los territorios caribeños y los conflictos con las potencias europeas llevaron al fin de la Comisión y al surgimiento en 1959 de la Organización del Caribe. Su primera sesión se efectuó en Puerto Rico en septiembre de 1961.

El Capítulo II se dedica al Programa de Asistencia Técnica o Punto Cuarto entre 1950 y 1954. La propuesta de Truman en su mensaje de enero de 1949, la precisó en un mensaje especial a Congreso solicitando legislación para establecer ¨un programa de asistencia técnica para las áreas económicamente subdesarrolladas¨; y ¨un programa experimental para estimular el flujo de las inversiones privadas y beneficiar el desarrollo económico¨. Mientras para el capital y el gobierno estadounidense, el mayor beneficio lo visualizaban desde el punto de vista del estímulo a la inversión; en el caso del gobierno de Puerto Rico, el mayor interés se centró en el programa de asistencia técnica, ofreciendo a Puerto Rico como centro de adiestramiento. La propuesta creaba un mecanismo para Puerto Rico relacionarse con sus vecinos en la región a la vez que una manera para exportar su modelo de desarrollo establecido a partir de la Operación Manos a la Obra. Con ello Puerto Rico proyectaría su propio rol protagónico en región bajo el nuevo modelo de Estado Libre Asociado. Indica la autora que la Administración de Muñoz decidió que Puerto Rico prestara sus servicios técnicos en tres proyectos: eliminación de arrabales y desarrollo de viviendas, fomento de los recursos fluviales, y medicina tropical. Señala que ¨la élite política el Partido Popular utilizó el Punto Cuarto para vender la idea de Puerto Rico como laboratorio, centro de adiestramiento y vitrina en el escenario internacional¨ dentro del marco de los intereses generales de Estados Unidos.  

Esta visión dual del Punto Cuatro para Puerto Rico lo apunta Vélez Rodríguez en el libro cuando señala que para Arturo Morales Carrión, ¨la participación de Puerto Rico en el programa fue una forma de contribuir a la política exterior estadounidense, pero exaltó el interés internacional por conocer sobre la experiencia de Puerto Rico y el empeño del Gobierno de Puerto Rico en iniciar programas para dar a conocer el país en el extranjero.¨ De este esfuerzo participarían los mejores talentos dentro del gobierno de Muñoz. Fueron miles la becas concedidas a nivel hemisférico y mundial.

El Capítulo III traza la trayectoria el Programa de Intercambio Educativo y Cultural llevado a cabo desde el Departamento de Estado de Puerto Rico a partir de la Ley Núm. 119 de julio de 1953. En ella se autoriza ¨desarrollar programas para el fomento de las relaciones entre Puerto Rico y otros países.¨ Como parte de tal tarea, Morales Carrión estableció mediante memorando, ¨las normas respecto al recibimiento de personalidades de alto rango, entre ellos, jefes de Estado, ministros, embajadores, entre otros.¨ Se estableció, además, la capacitación de funcionarios de Puerto Rico y del extranjero mediante el Programa de Intercambio Educativo y Cultural donde Puerto Rico asumió el rol de invitar a muchas personalidades y figuras del extranjero a visitar la isla y conocer su desarrollo, articulando lo que la autora denomina ¨una política exterior para institucionalizar las relaciones internacionales de Puerto Rico.

Lo que ¨comenzó como el Punto Cuarto (cuyo programa en Estados Unidos era una de inversión de capital y ayuda técnica enviando personal para brindar asesoramiento en áreas subdesarrolladas), se transformó en Puerto Rico con la llegada de 1,023 becarios y visitantes, que recibieron entrenamiento técnico en agencias gubernamentales, cursos técnicos en la Escuela Vocacional Miguel Such y la Universidad de Puerto Rico.¨

En el Capítulo IV, es dedicado examinar la formulación de la política exterior en el ELA entre los años 1952 a 1961. En él la autora entra en un detallado análisis del manejo del nacionalismo y la identidad nacional en el período de la Guerra Fría por parte de los anteriores territorios coloniales y naciones subyugadas. Con relación al caso de Puerto Rico, en el discurso del Partido Popular y Muñoz Marín, señala que ¨la cultura representó el aspecto principal en la lucha de resistencia.¨ Con el surgimiento del ELA, indica, ¨la política del Partido Popular Democrático dirigió sus esfuerzos en dos vertientes: énfasis en lo nacional en términos internos e intentos de crear unas relaciones internacionales autónomas.¨ Para ello era necesario fortalecer el Departamento de Estado de Puerto Rico y la elaboración de una teoría, donde se enfrentaron dos aproximaciones: (a) ¨Puerto Rico, al estar sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, no tiene la capacidad para tener relaciones internacionales que no sean en función de un rol asignado por la metrópolis¨; (b) que ¨la limitación principal al involucramiento de Puerto Rico en las relaciones internacionales no se deriva—según Ángel Calderón Cruz—de su estatus político, sino de una ´carencia de tradición diplomática.¨

El 2 de enero de 1958 Arturo Morales Carrión planteó ¨la necesidad de revisar el convenio entre los Estados Unidos y Puerto Rico, que incluiría la relación con las agencias federales y la participación de Puerto Rico en actividades internacionales.¨ Indicaba que el ¨convenio¨ de Puerto Rico con Estados Unidos ¨tiene dos aspectos: la Constitución y la Ley de Relaciones Federales. En el convenio, indica, no se declara de manera específica que las relaciones exteriores de Puerto Rico deben quedar en manos de los Estados Unidos. No obstante, se supone que Estados Unidos represente a Puerto Rico en organismos internacionales.¨ Continúa indicando Morales Carrión que ¨el gobernador y otros funcionarios del ELA no están del todo correcto cuando afirman que Puerto Rico no tiene relaciones exteriores. En realidad, lo que Puerto Rico no tiene es representación internacional directa. Puerto Rico sí tiene su propia política exterior, a veces muy distinta a la de los Estados Unidos. Tiene una política sobre lo que deben ser sus relaciones con otros pueblos; sin embargo, no tiene representación internacional que pueda impulsar esa ideología.¨

El 18 de enero de 1954 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresaría: ¨Puerto Rico como ejemplo vivo de las potencialidades de convivencia creadora de las dos grandes culturas de América, tiene una elevada misión de servicios a los ideales de entendimiento y confraternidad  que animan la política de los Estados Unidos y de los países del Hemisferio Occidental. El Estado Libre Asociado debe, en consecuencia, participar más intensamente en actividades y organismos internacionales para mejor servir al principio de la solidaridad interamericana.¨

Si bien Muñoz Marín encomendó a personas como Morales Carrión y José Trías Monge acudir a Washington detrás de estos poderes, procurando el ingreso de Puerto Rico en organismos especializados de la ONU. En este esfuerzo se elaboraron documentos y opiniones afines con tal propósito. Sin embargo, todo fue en vano. De ahí que Muñoz decidiera caminar, hasta donde fuera posible, su propio trillo al margen de Estados Unidos. A partir de 1959 se desarrolló en la Universidad de Puerto Rico el Primer Instituto de Relaciones Internacionales con todo un currículo para preparar a funcionarios del Departamento de Estado encargados de las relaciones internacionales del ELA. Esta visión de su gobierno, también fue impulsada por otras vías como en el caso de la academia, incluso en foros llevados a cabo en Estados Unidos.

En su discurso oficial, Muñoz Marín procuró llevar la noción de que con la creación del ELA, Puerto Rico había superado su condición colonial;  que en su relación particular con Estados Unidos, al superar el nacionalismo estrecho, ambos pueblos disfrutaban de una ¨diversidad cultural¨ donde los puertorriqueños nos habíamos convertido en ¨ciudadanos leales, no nacionalistas, de los Estados Unidos.¨ Dice la autora que con ¨este discurso de afirmar la nacionalidad cultural, se intentaba legitimar el Estado Libre Asociado como nueva fórmula de asociación política, y parecía, además, que era indispensable auto-promoverse como aliado de Estados Unidos para así lograr una mejor proyección internacional ante los pueblos latinoamericanos.¨ Concluye indicando que el propósito de la ¨élite gobernante¨ del PPD fue iniciar un proceso ¨de tanteo y exploración de la participación en organizaciones internacionales, el cual se materializó en escritos que buscaban afanosamente respuestas jurídicas para justificar las mismas.¨

El Capítulo V viene a formar parte del primer episodio de la Segunda Parte del libro. La autora lo dedica a la figura del político venezolano Rómulo Betancourt y su relación con Muñoz Marín y la formación de la llamada ¨Izquierda Democrática¨ en América Latina en el período de 1954-1957. Entonces se manifestaba directamente en América Latina los efectos de la Guerra Fría librada por Estados Unidos con la Unión Soviética. Es el período en que Estados Unidos aún sostiene en América Latina dictaduras, algunas de las cuales preceden la Segunda Guerra Mundial. Entre éstas cabe mencionar la de Somoza en Nicaragua; Marcos Pérez Jiménez en Venezuela; Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana; Gustavo Rojas Pinilla en Colombia; Manuel de Odría en Perú y Fulgencio Batista en Cuba. Lo que unía todas estas dictaduras con los intereses de Estados Unidos era su abierta contraposición al socialismo. A pesar de ello, también surgieron líderes, que a pesar de sus diferencias con el comunismo, eran opositores a estas dictaduras impulsando un cambio dentro del marco de la democracia burguesa. Estos son los casos de José Figueres en Costa Rica; Rómulo Betancourt en Venezuela; Juan Bosch en República Dominicana y Muñoz Marín en Puerto Rico.

El origen de esa Izquierda Democrática, reseña la autora, se encuentra la Conferencia Interamericana Pro Democracia y la Libertad efectuada en Cuba en 1950 donde participaron más de 200 delegados de 20 países. Convocada a instancias de Rómulo Betancourt, asistieron de Puerto Rico Ernesto Ramos Antonini, el Senador Víctor Gutiérrez Franqui y el Rector de la UPR, Jaime Benítez. Allí se discutió la crisis de la democracia en América Latina; la contribución de América a la paz mundial, y la creación de un organismo en América para promover la defensa de la democracia y la libertad. Indica la autora que tanto el Departamento de Estados de Estados Unidos, como el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia estuvieron presentes entre los delegados que asistieron.

El capítulo recoge la estadía de Betancourt en Puerto Rico como exiliado, su valoración negativa en torno a Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño, las relaciones de Betancourt con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y las dificultades que le llevaron a abandonar el país.

El Capítulo VI lo dedica la autora a las relaciones políticas y personales entre Muñoz Marín y José Figueres. Destaca el respaldo que siempre ofreció Figueres a las iniciativas de Muñoz. Señala que en un discurso al pueblo de Puerto Rico, en ocasión de la visita que hiciera en mayo de 1950, ¨cuando entró en el ámbito político, Figueres realizó tres observaciones. Primera, que no le convenía a Puerto Rico una consideración abstracta de la relación jurídica con los Estados Unidos, desconectándola del problema económico y de la tarea cultural. Segunda, que se debía tener presente las dificultades en que se encontraban los países pequeños al querer estructurar sus economías nacionales. Tercera, que en cualquier definición de estado jurídico que tuviera Puerto Rico, debía tener presente que era un pueblo ligado por la raza y por el espíritu a la América Latina.¨ Figueres, a pesar de que mantenía una ¨visión crítica¨ en torno a la política exterior estadounidense, veía en Muñoz Marín ¨su interlocutor con Washington¨, lo que en más de una ocasión llevó a cabo Muñoz.

Esa relación estrecha y de confianza entre ambos se ejemplariza en el pedido expreso que le hiciera Muñoz  al dirigente tico de que fuera él quien le solicitara el indulto de Albizu Campos por consideraciones humanitarias, todo ello dentro del marco de las discusiones próximas a desarrollarse en Naciones Unidas que culminaran con la Resolución 748 (VIII) de 1953. Era un plan preconcebido por Muñoz donde él terminaría accediendo al pedido de Figueres. Muñoz le expresa por escrito a Figueres: ¨Mi idea es que usted me escribiera una carta en la que expresara  en forma inconfundible el conocimiento que usted tiene de cómo es la democracia en Puerto Rico y como es su status político, y de lo absurdamente irreal que es el mito y el timo de Albizu y su grupo que dista mucho de llegar a mil, y en la cual carta usted por razón de edad de la informada enfermedad de Albizu, solicite de mí que considere excarcelarlo…¨

Como parte del debate en la ONU dentro del marco de la Resolución 748 (VIII), se documentan las iniciativas desarrolladas por la Administración de Muñoz Marín dirigidas a que Figueres cabildeara como Presidente de Costa Rica con los representantes de los gobiernos de América Latina ante la Asamblea General, el voto a favor de la referida Resolución.

El Capítulo termina discutiendo la participación de Rómulo Betancourt junto a Figueres en la iniciativa relacionada con la fundación del Instituto de Educación Política y la fundación del Centro Interamericano de Capacitación Política, idea que también contaría con el respaldo y apoyo de Muñoz Marín, enviando a jóvenes en su administración a los programas de capacitación.

El Capítulo VII es dedicado a las relaciones antagónicas de Muñoz con el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Allí se narra la infiltración por parte del gobierno de Puerto Rico de un espía de nombre ¨Lucca¨ en una organización trujillista en Estados Unidos conocida como Sociedad Panamericana Anti-Comunista¨. El operativo de espionaje tenía como nombre en clave ¨Operación Estudiante¨. El capítulo también narra la manera en que Muñoz asume la defensa de su amigo Rómulo Betancourt frente a los señalamientos de la propaganda trujillista, lo que en alguna medida le ganó el reproche de miembros del Partido Estadista Republicano en Puerto Rico, que acusaban a Muñoz, como lo hacían los adeptos a Trujillo, de comunista.

El Capítulo VIII discute los acontecimientos entre 1959 y 1964, particularmente a partir del triunfo de la Revolución Cubana la cual en un principio, tanto él como Figueres la visualizaron como una al servicio de los valores de aquella llamada Izquierda Democrática.

Muñoz, sin embargo, muy tempranamente resintió mucho el trato recibido por Figueres en Cuba, apenas unos días antes de recibir en Puerto Rico a una delegación de dicho gobierno encabezada por su Ministro de Hacienda, cuando en un discurso señaló: ¨Cuba y toda Latinoamérica debe estar del lado de Estados Unidos y de otras democracias¨. En ese momento Figueres fue interrumpido por el Secretario General de la Confederación Cubana de Trabajadores que le quitó el micrófono. Indica la autora que al Fidel recuperar el micrófono se refirió a Figueres indicando, ¨sentir pena por su viejo amigo que ´había sido influenciado por la campaña de la prensa internacional atacando a la revolución cubana¨. Más adelante, a su salida de Cuba, Fidel se refirió a Figueres como ¨un mal amigo, un mal demócrata y un mal revolucionario.¨

La ruptura de Muñoz con sus posturas iniciales a favor de la Revolución Cubana se acentuaron a raíz de la posición de Cuba denunciando la situación colonial de Puerto Rico, defendiendo la causa de su independencia y en su apoyo a Albizu Campos.  A ello se suma el cisma surgido entre Estados Unidos y Cuba a partir del establecimiento de relaciones políticas y económicas de dicho país con la Unión Soviética. La postura del gobierno de Puerto Rico osciló hacia la derecha cubana exiliada, participando la Administración de Muñoz en acciones conspirativas con sectores del exilio que promovían un cambio en Cuba mediante acciones armadas internas.

Indica Vélez Rodríguez que ¨Muñoz Marín, en su función como diligente mediador del exilio cubano, estaba del lado de los que no eran favorecidos por el gobierno estadounidense, ni por la CIA, ni por el Departamento de Estado, ni el Pentágono. Era el grupo de cubanos que estaban dispuestos, como Manolo Ray y como Gutiérrez Menoyo, a luchar desde dentro de Cuba. Éstos no representaban al exilio de Miami del Frente Democrático, que gritaba desde afuera sin ensuciarse las manos. Puerto Rico establecía una posición autónoma.¨ Muñoz llegó a gestionar mediante miembros de su Administración, que Betancourt facilitara el territorio venezolano para entrenar exiliados para un operativo contra Fidel Castro. Indica la autora: ¨Muñoz Marín recibió la visita de Richard Goodwin, persona de confianza del Presidente John F. Kennedy y de un general del ejército con importantes relaciones con la CIA, para discutir qué acción se debía tomar en relación a Cuba. Lo primero que reconoció Muñoz Marín fue que no se podía cometer el mismo error de Bahía de Cochinos. La recomendación fue perseverar en la oposición clandestina interna en Cuba y ofrecer ayuda a grupos clandestinos de mercenarios cubanos entrenados en tácticas de guerrilla que se infiltraran en territorio como el Escambray. El asunto era determinar el lugar dónde entrenar a esos mercenarios.¨

En 1960 Morales Carrión, ficha clave en los intentos de Muñoz por internacionalizar las relaciones del gobierno de Puerto Rico con el resto de los países de su entorno geográfico, presentó su renuncia como Subsecretario de Estado. Acompañó su carta con un Memorando titulado Las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos: su futuro inmediato. Del contenido del documento, la autora llama la atención varias de sus recomendaciones: (a) ¨Un esfuerzo del Poder Ejecutivo federal de promover el papel de la significación de Puerto Rico¨; (b) ¨Un esfuerzo del ELA por dar eficaz ayuda a la nueva política y crear conciencia en Puerto Rico de lo que representa para nuestro pueblo este esfuerzo¨; y (c) hacer un estudio de la organización de los programas internacionales que tenía el gobierno. Sus recomendaciones incluían que los puertorriqueños permanecieran vinculados en posiciones claves con la Administración Kennedy y que el Gobernador le propusiera al Presidente la creación de una comisión mixta para producir recomendaciones sobre la posición de Puerto Rico en política exterior de Estados Unidos, lo que conllevaría la revisión del ¨convenio¨ de 1952.  Un planteamiento interesante en el Memorando que valdría la pena valorar hoy día, es la afirmación de que es ante la Rama Ejecutiva de Estados Unidos y no ante el Congreso, donde corresponde impulsar el crecimiento del ELA. Lo cierto es que las principales iniciativas tomadas por el gobierno de Estados Unidos en sus relaciones políticas con Puerto Rico se han dado cuando se ha alcanzado un consenso con la Rama Ejecutiva que lleva a ésta a impulsar los cambios y modificaciones ante el Congreso. Así ocurrió con las primeras leyes orgánicas, así ocurrió con la Ley 600.

Todo apunta a que 54 años después, el polvo depositado sobre dicho memorando impidió su lectura. Hoy nuevamente la ruta comienza a desempolvarse.  Afortunadamente, trabajos como el que nos prodiga  la compañera Evelyn Vélez Rodríguez con su libro, nos permite forjar un mejor entendimiento sobre un período a veces tan desconocido, y en ocasiones, incomprendido. Invito a todas las personas presentes a que adquieran y estudien con detenimiento esta investigación. Acepten los investigadores e historiadores el reto que formula Evelyn en su libro llamando a la profundización de otras áreas aún pendientes de estudio e investigación.

Muchas gracias.

16 de octubre de 2014