El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos fue objeto del peor atentado terrorista en su historia cuando aviones de pasajeros llenos de combustible se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono. Otro avión con sus pasajeros y tripulantes cayó en Pennsylvania. Estos actos cobraron la vida de más de 3 mil ciudadanos y residentes de Estados Unidos, incluyendo a los perpetradores directos de los atentados.

En el discurso que el Presidente de Estados Unidos le dirigiera al país a raíz de los sucesos indicó que hacía responsable por los atentados a la organización fundamentalista islámica Al Qaeda, a la vez que anunciaba el inicio de la Primera Guerra del Siglo XXI a ser librada por Estados Unidos. Indicaba a la población estadounidense y al mundo que esa guerra no tendría definidas las fronteras donde se libraría; que más que una guerra a la antigua sería una respuesta imaginativa dirigida por Estados Unidos contra quienes perpetraron los atentados terroristas en Nueva York y Washington y contra aquellas personas u organizaciones que les hubieran ayudado o les hubieran dado resguardo o albergue. Indicó además, que sería una guerra larga, la cual podría conllevar que se librara en varios países simultáneamente; que no dependería de un golpe rápido, que no terminaría con un ataque contra un solo individuo; y finalmente, que se libraría en diferentes frentes, a saber: el frente militar, el frente de la inteligencia, el frente de las acciones de cumplimiento de la ley y el frente diplomático.

Al adjudicarle la responsabilidad a Al Qaeda, Bush emitió un ultimátum contra el Gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de extranjeros prisioneros en dicho país, incluyendo estadounidenses; la protección del personal diplomático, periodistas y trabajadores internacionales que allí trabajaban; el cierre inmediato de los campos de entrenamiento utilizados por Al Qaeda y sus aliados; la entrega de todos los llamados terroristas junto con  aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento presentes en Afganistán; y finalmente, el derecho absoluto de acceso por parte de Estados Unidos a inspeccionar los campos de entrenamiento existentes en dicho país para así asegurarse que no volvieran a ser utilizados para tal propósito.

La negativa del Gobierno del Talibán a acceder a las demandas de Estados Unidos desataron las acciones bélicas que todavía hoy, más de una década después, se libran en ese territorio y otros lugares del planeta. Estas fueron llevadas a cabo con el consentimiento de la comunidad internacional tomando como base lo expresado en dos Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de los ataques.

En el plano interno de Estados Unidos, comenzando con un conjunto de Órdenes Ejecutivas dictadas por al Presidente a partir del 14 de septiembre, se dirigieron los primeros pasos para responder a los atentados perpetrados. Entre las medidas adoptadas se encuentra una de 13 de noviembre de 2001 donde bajo la premisa de que existía una emergencia nacional de proporciones extraordinarias para la defensa nacional, se autorizó al Presidente de Estados Unidos la detención de personas sobre las cuales hubieran razones para creer que pertenecían a Al Qaeda; que hubieran tenido vinculación orgánica con ellos; o que hubieran conspirado para cometer actos de terrorismo internacional, ya fuera dentro o fuera de la jurisdicción de Estados Unidos.

La Orden autorizaba, además, la creación de una Comisión Militar con el fin de llevar a juicios en tribunales militares contra aquellas personas capturadas en la guerra. A estas personas no les reconocía el status de prisioneros de guerra, sino que se les denominó “combatientes enemigos”. Como tales, podrían ser apresados, trasladados a aquellas facilidades que Estados Unidos designara con tal propósito, interrogados, acusados, enjuiciados y procesados, y finalmente, condenados. Entre las penas para estos prisioneros se encuentra la pena de muerte.

En enero de 2002 Bush anunció la creación en la Base Naval de Guantánamo en Cuba de una prisión que según las palabras del Secretario de la Defensa Donald Rumsfeld, albergaría “lo peor de los peor” de las personas sospechosas de cometer actos terroristas. Por esta prisión han pasado hasta el presente alrededor de 800 prisioneros, capturados en Afganistán, Bosnia, Iraq y otras localidades a lo largo de todo el globo. Se indica que a estos prisioneros se les ha mantenido todo el tiempo sujetos a interrogatorios, vejaciones, condiciones de privación de comunicación, maltrato y torturas. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Foreign Affairs en su edición mayo-junio de 2008, la prisión de Guantánamo ha pasado a convertirse en el símbolo de cómo Estados Unidos, en nombre de la lucha contra el terrorismo, violenta flagrantemente los derechos de los seres humanos allí detenidos.

Otro artículo de 2008, realizado por Tom Lasseter de McClatchy Newspapers hecho a base de entrevistas a 66 exprisioneros de Guantánamo, establecía que cerca de la mitad de ellos no tenían nada que ver con el Al Qaeda.

Luego de años de detención de estos prisioneros haber estado sometidos a distintos tipos de torturas, en virtud de una nueva ley aprobada en el año 2005 titulada “Ley sobre el Trato a Detenidos”(DTA), se implantaron los procedimientos en las llamadas Comisiones Militares. Los combatientes enemigos trasladador a la prisión estadounidense de Guantánamo bajo esa Ley no tenían derecho a una representación legal; se les dificultaba en gran medida confrontar la prueba de cargos, la cual dependía en muchas ocasiones de confesiones arrancadas a ellos mismos o a otras personas capturadas por medio de la coerción o la tortura; se permitía el uso en su contra de prueba de referencia, incluyendo la prueba de referencia múltiple, para probar los cargos; y se les privaba de que durante su detención y condiciones de encarcelamiento tuvieran acceso a los tribunales federales mediante un habeas corpus.

El 12 de junio de 2008, en una decisión catalogada por algunos como desgraciada y por otros como importante y valiente, sobre todo proviniendo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en votación de 5 a 4 resolvió en Boumediene v. Bush, que las personas extranjeras prisioneras en Guantánamo, una vez las Comisiones Militares han pasado juicio sobre ellas y emitido una determinación sobre su condición de combatiente enemigo, tienen derecho a confrontar la incorrección de su detención y designación de “combatiente enemigo” mediante la radicación de un recurso de habeas corpus en los Tribunales de Distrito de Estados Unidos.

Se trató de un primer pero importante paso en el largo proceso que aún le sigue tomando al pueblo estadounidense y a sus instituciones, reparar los daños producidos en los derechos civiles y humanos de tales ¨combatientes enemigos¨ como resultado de las políticas y decisiones de la Administración Bush y ahora Obama.

Esta Ley de 2005, según confiesa cándidamente el Juez Scalia en su Opinión Disidente, se aprobó bajo la premisa de los asesores del Presidente de Estados Unidos de que los prisioneros nunca tendrían acceso a la protección constitucional de Habeas Corpus establecida en la Sección 9 del Artículo I de la Constitución de Estados Unidos. Tal consideración partía a su vez de la premisa de que este tipo de protección constitucional no estaba al alcance de los prisioneros designados como ¨combatientes enemigos¨ ubicados en Guantánamo; es decir, no tenían tal derecho como extranjeros y no lo tenían por tratarse de una instalación de Estados Unidos localizada en suelo extranjero. La decisión del Tribunal Supremo, sin embargo, vino a dar al traste con esta premisa.

En la decisión de la mayoría del Tribunal elabora una teoría sobre lo que constituye “soberanía de jure”, que es la que en la Opinión le reconoce a la República de Cuba sobre las 45 millas cuadradas que comprende la Base Naval de Guantánamo; y la “soberanía de facto” que afirma le pertenece a Estados Unidos en virtud de un contrato de arrendamiento negociado en 1903 con el gobierno cubano. En virtud del mismo, indica el Tribunal, Estados Unidos está facultado para ejercer su derecho plenario sobre dicho territorio. Es a partir de tal premisa que entonces el Tribunal concluye, que toda vez que la Constitución de Estados Unidos le confiere al Congreso y al Presidente el poder de “adquirir, disponer de y gobernar territorios”, Estados Unidos ejerce su soberanía última (“ultimate sovereignty”) sobre la instalación militar. Sin embargo, ese ejercicio de soberanía no le confiere al Presidente el poder para determinar cuándo y dónde tiene vigencia la Constitución y los derechos que la misma reconoce.

Esta noción obsoleta sobre los alegados derechos plenarios de un país sobre otro desconoce el desarrollo del derecho internacional vigente y violenta y quebranta los principios del derecho positivo en los cuales se asienta la noción de lo que es la soberanía política. Esta teoría sobre la “soberanía de facto” es la misma que ha alimentado la voracidad imperialista con que Estados Unidos casi desde el momento mismo de su fundación política en 1789, pero en particular, desde finales del Siglo XIX.

Durante la campaña presidencial para las elecciones de 2008, Obama prometió al pueblo estadounidense el cierre de esta instalación una vez jurara como presidente y el traslado de estos prisioneros a prisiones en Estados Unidos.  Luego de su jura como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2009 ordenó la paralización por un término de 120 días de los procesos judiciales bajo las Comisiones Militares contra prisioneros; y más tarde, el 22 de enero, decretó el cierre de la instalación en un plazo de un año, la revisión de los juicios llevados a cabo y prohibió interrogatorios que pudieran catalogarse como torturas a los prisioneros. Sin embargo, tanto en 2009 como en 2010 el Congreso de Estados Unidos se negó a asignar fondos para el traslado de los prisioneros, lo que bloqueó el cierre de la instalación. Luego de un primer caso donde el imputado resultó absuelto de 284 de los 285 cargos imputados por los fiscales, incluyendo el delito de terrorismo, la posibilidad de otros juicios civiles de combatientes enemigos quedó suspendida por el Secretario de Justicia.

Durante años, muchos de los prisioneros encarcelados en Guantánamo han sido enviados a sus países de origen, donde si bien algunos permanecen encarcelados, otros han sido liberados. Sin embargo, aun en Guantánamo permanecen 166 prisioneros, algunos de los cuales ha permanecido en un limbo por espacio de casi 12 años.

Existe un amplio consenso internacional de que la prisión estadounidense de Guantánamo debe cerrarse. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, recientemente denunció el fracaso de Estados Unidos en el cierre de la prisión repudiando la detención indefinida de muchos de los prisioneros en violación de la ley internacional. También criticó a muchos estados europeos que no han llevado a cabo acciones investigativas sobre la participación de sus gobiernos en el programa estadounidense de ¨traslados secreto de prisioneros hacia centros de interrogatorio sin el debido proceso.¨

La denuncia y la presión hacia el Presidente Obama le ha hecho indicar que ¨no hay justificación, fuera de la política¨, que le impida a Estados Unidos ¨cerrar una instalación que nunca debió existir¨. Si bien cualquiera podría coincidir con Obama en estas expresiones, es importante recordar que el historial de este Premio Nobel de la Paz no se ha caracterizado precisamente por ser consistente en su discurso sobre derechos humanos con su práctica cotidiana. Se trata del mismo gobernante que continúa armando a Israel y defendiendo su política agresiva contra la población palestina en Gaza y Cisjordania; el mismo que apenas hace dos años participó activamente en la agresión contra el gobierno en Libia, derrocando su gobierno, acción que hoy también pretende llevar a cabo contra el gobierno constitucional en Siria; el mismo presidente que hoy se arroga el derecho a escoger de una lista confeccionada por las agencia de seguridad de Estados Unidos, sea o no estadounidense, contra cuál individuo se puede enviar un avión no tripulado con el propósito de matarlo.

Obama es también el mismo presidente que se niega a acceder a la petición de clemencia formulada por nuestro pueblo en el reclamo de la excarcelación del prisionero político Oscar López Rivera, luego de 32 años de prisión. Por eso al escuchar a Obama hablar de derechos humanos, tenemos que preguntarnos de cuáles derechos humanos habla él y su gobierno.

Quien no respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos no tiene estatura moral para señalar a otros con el dedo acusador de violar derechos humanos. En el caso de Oscar López Rivera, Obama no tiene la excusa de un Congreso republicano para conceder un indulto inmediato y en consecuencia su inmediata excarcelación. Tampoco puede pedir que el pueblo puertorriqueño se mueva hacia un consenso en torno a dicho reclamo, ya que desde hace años, ese es el reclamo de todos los sectores de nuestro pueblo. Señor Presidente, si hoy el mundo le exige el cierre de la prisión de Guantánamo; Puerto Rico le demanda la libertad de Oscar López Rivera. ¡Es hora de traerlo a casa!