A 37 años del Golpe de Estado en argentina: ni perdón ni olvido

El 24 de marzo de 1975 la presidenta de la República de Argentina, María Estela Martínez de Perón, también conocida como Isabel Perón, fue derrocada por un Golpe Militar.

Al frente del país quedó una Junta Militar compuesta por el Comandante del Ejército, General Jorge Rafael Videla; el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti. Bajo el supuesto de llevar a cabo la reorganización del país, dio inicio a una cruenta dictadura que años después, conforme a los estimados de los organismos humanitarios, dejaría el saldo de unos 30 mil luchadores sociales muertos o desaparecidos y otras tantas decenas de miles de ciudadanos torturados, encarcelados o sencillamente exiliados. De acuerdo con el propio Videla, el Golpe perpetrado y la represión que acompañó al mismo fue una “respuesta institucional” por parte del Estado a la situación prevaleciente en el país.

Durante los primeros tres años de la Dictadura, la represión que acompañó al Golpe de Estado, incluyó la ocupación militar de múltiples fábricas y empresas estatales, la disolución de los sindicatos obreros y los partidos políticos; el desmantelamiento de todo el ordenamiento constitucional de país; el encarcelamiento de dirigentes políticos y sindicales y la más amplia censura y represión contra toda idea que no fuera la versión oficial impuesta por los militares al frente del Estado.

De acuerdo con analistas del periodo de la Dictadura, los militares procuraron imponer la disciplina de los cuarteles al resto de la sociedad argentina. Los instrumentos utilizados para alcanzar este propósito fueron el ejercicio de la violencia por parte del Estado y la imposición de medidas de corte neoliberales en las relaciones del mercado. Así las cosas, la supresión de los derechos y garantías civiles de los ciudadanos, vino acompañada de un intenso proceso de medidas privatizadoras donde el Estado y sus instituciones sociales fueron desmanteladas abruptamente. El terrorismo de Estado, tanto en los planos políticos y económicos, fueron la orden del día durante los años del régimen dictatorial. Las medidas de corte neoliberal implantadas en Chile luego del Golpe de Estado de 1973 tuvieron su caja de resonancia, incluso aún más violentas, en la sociedad argentina.

La Junta Militar encabezada por Videla disolvió el parlamento nacional argentino, así como las legislaturas provinciales y municipales, concentrando todo el poder en la rama ejecutiva. Igualmente, el poder judicial pasó a ser un apéndice más del poder ejecutivo bajo el control de los militares, dejando en suspenso los derechos civiles y constitucionales de la población y convirtiendo el “estado de excepción” la totalidad de la vida del pueblo argentino.

La batalla contra las organizaciones y movimientos sociales y políticos, sobre todo la desarrollada a lo largo de los primeros tres años de la Dictadura, fue extremadamente dura. La lucha armada desigual en oposición al golpe militar por parte de algunas organizaciones de izquierda, de la cual participaran organizaciones opuestas al Golpe como fueron los Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Argentinos (PRTA), por mencionar algunos, dejaron escritas en la historia del pueblo argentino heroicas páginas de dignidad y resistencia.

El interés en la victoria de las fuerzas armadas argentinas en esta guerra contra las fuerzas de la izquierda se tornó en obsesión para los estamentos militares, que no guardaron apariencias en el proceso de supresión de toda voz disidente. Se ha dicho que fue precisamente a través de las fuerzas armadas como en Argentina se logró la desarticulación de la sociedad civil. En Argentina, de acuerdo con la página electrónica “html.rincondelvago.com”, “la intervención de las fuerzas armadas tuvo características inéditas, superando los límites que la sociedad argentina podía imaginar”. El golpe, indica, creó “un estado terrorista que orientó sus acciones y fundamentó su poder en la aplicación sistemática del terror sobre los habitantes del país.”

La experiencia de Golpes de Estado en Argentina a lo largo del siglo 20 ha sido un fenómeno repetitivo. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1930 el General José Félix Uriburu derrocó al presidente constitucional de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890 mediante la cual, con un levantamiento cívico–militar, había surgido precisamente la Unión Cívica Radical. El levantamiento de Uriburu perseguía establecer un gobierno fascista en Argentina. El 4 de junio de 1943, otro Golpe Militar se efectuó desatando una sucesión de gobiernos militares durante los próximos tres años. En las elecciones de 24 de febrero de 1946 un militar, Juan Domingo Perón, asumiría la dirección del país hasta que otro Golpe, esta vez efectuado el 16 de septiembre de 1955, instalara otra dictadura militar.

El 29 de marzo de 1962 se produjo otro Golpe de Estado en respuesta a los avances del peronismo en las elecciones. El 28 de junio de 1966 otro Golpe de Estado dirigido por el General Juan Carlos Onganía, derrocó al presidente en funciones de la Unión Cívico Radical, Arturo Illia. A partir de 1966 se sucedieron al menos otros tres golpes protagonizados por los mismos estamentos militares hasta que en 1973 los propios militares impulsaron elecciones. En estas, un candidato peronista, Héctor J. Cámpora, ganaría las elecciones por casi la mitad de los votos emitidos. Cámpora, sin embargo, una vez en funciones renunció a la presidencia para convocar nuevas elecciones en las cuales resultó electo nuevamente Juan Domingo Perón. Durante su mandato ocupó la vicepresidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón.

Fue contra el gobierno de esta última que se llevó a cabo del Golpe de Estado de 1976. Este nuevo Golpe, sin embargo, se centró en el interés de los militares argentinos en establecer lo que denominaron un “Proceso de Reorganización Nacional”. Su propósito era el establecimiento de un Estado autoritario permanente donde fuera la Junta Militar golpista, la responsable de designar un presidente con facultades ejecutivas y legislativas.

Durante el periodo de la Dictadura, que duró de 1976 hasta 1983, y en consecuencia, durante el periodo de lo que vino a llamarse como “la Guerra Sucia”, se sucedieron cuatro juntas militares. La primera, que ya describimos, gobernó entre 1976 a 1980. Fue ésta la responsable de la mayor represión en el país. La segunda duró entre 1980 y 1981; la tercera entre 1981 y 1982; y finalmente la cuarta, entre 1982 y 1983.

Durante los años de la Dictadura, uno de los gobiernos con mayor respaldo a las distintas Junta Militares que por allí desfilaron, fue el gobierno de Estados Unidos. Con el apoyo del Departamento de Estado, del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia, además de las inversiones económicas hechas en el país, cientos de militares y funcionarios de inteligencia argentinos fueron entrenadas en diversas facilidades estadounidenses, incluyendo la Escuela de las Américas localizada en la Zona del Canal de Panamá. Fueron también los años en que con el apoyo siempre presente de Estados Unidos, se consolidó en el Cono Sur (Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile), la Operación Cóndor. Desde la misma, mediante la integración de los servicios de inteligencia de estas naciones, se planificaron y coordinaron cientos de ejecuciones extrajudiciales y atentados contra luchadores tanto en estos países como en el extranjero.

Durante la Dictadura se desarrolló también el enfrentamiento militar entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

Todavía, la cicatriz que representó estos años de cruel dictadura en el pueblo argentino está visible en la piel de sus ciudadanos; en las protestas de las madres de muertos y desparecidos que solicitan en la Plaza de Mayo justicia para sus hijos e hijas; en el reclamo de abuelas y abuelos procurando la recuperación de sus nietos y nietas, hijos de madres embarazadas que en las celdas y cámaras de tortura, parieron sus hijos e hijas. Fueron estos mismos torturadores los que en múltiples ocasiones, a fuerza de violaciones sistemáticas a sus víctimas, engendraron las criaturas para luego, arrebatarlas a las prisioneras y entregarlas anónimamente a terceros.

Todavía Argentina vive las consecuencias de la ola privatizadora que llevó hasta el hueso mismo a la economía del país, entregando al capital transnacional y a los sectores oligárquicos la riqueza social producida por los trabajadores argentinos. Todavía está latente el reclamo de madres, padres, hermanos y hermanas que claman por conocer el paradero de sus familiares desaparecidos. En ellos vive la esperanza de que en algún momento, aunque sea del fondo de la tierra, finalmente aparezcan los restos mortales de quienes fueron asesinados por la Dictadura. Solo así, llegará el día del reposo anhelado para sus seres amados aún desaparecidos.

El proceso sistemático de aniquilación, torturas y muerte llevado a cabo por la Dictadura argentina durante estos años utilizando para ello al menos 600 centros de detención clandestinos, constituye un caso de genocidio; constituye un crimen de lesa humanidad imposible de olvidar, y mucho menos, a juicio nuestro, perdonar. En los pasados diez años, tan solo 396 personas de aquellas que participaron de estos crímenes han sido condenadas. Otras 320 personas, identificados por sus víctimas, murieron de manera impune antes de poder ser condenadas. El mero perdón o la indiferencia en estos casos, sin la fijación de responsabilidades, solo deja la puerta abierta para, de cara al futuro, una situación similar pueda volver a ocurrir. Después de todo, la ideología fascista sigue presente en diversos sectores de la sociedad argentina.

En el juicio celebrado en la ciudad de Córdoba contra el General Jorge Rafael Videla en el año 2010, y por el cual fuera condenado a cincuenta años de prisión por delitos de lesa humanidad, éste reivindicó inescrupulosamente la corrección de sus actos de terrorismo. Al hacerlo indicó que durante los años de la dictadura se libró “no una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado.” Esta declaración demuestra, sin lugar a dudas, que en él no existe un mínimo asomo arrepentimiento. En el juicio comentó, en evidente referencia la actual presidenta de Argentina Cristina Fernández y a su esposo, anterior presidente de la República, Néstor Kirchner, “que los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país o intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci”.

Ciertamente en la historia de los pueblos, la reconciliación de sus diferencias es un elemento necesario. Por eso, la venganza tiene que ceder impidiendo el pase de factura de unos contra otros. Pero de ahí a pensar que mediante el perdón todo quede atrás, o se olvide lo que ha ocurrido, va un trecho muy grande. Sí es posible la reconciliación nacional de un pueblo sin necesariamente tener que perdonar a los que cometieron semejantes actos de barbarie. Si bien es necesaria perpetuar la memoria histórica de sucesos que como estos años de dictadura han golpeado en la conciencia de un pueblo, también está presente el propósito de que nunca más ocurran tales desgracias. Por eso, en la memoria histórica de los sucesos, está el siempre vivo recuerdo de las víctimas de la barbarie y la propuesta de una sociedad distinta y superior.

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