El 6 de noviembre de 1994, el gobierno proanexionista en Puerto Rico promovió una consulta a los electores en la cual, entre varias propuestas, se incluyó enmendar la Carta de Derechos de nuestra Constitución  [...]

para anular el derecho absoluto a todo ciudadano acusado de cometer un delito grave, a permanecer en libertad mediante la prestación de una fianza, en lo que se ventila la causa criminal por la cual se le acusa y procesa. En la consulta un 53.6% de los electores votó en favor del derecho absoluto a la fianza y un 45.6% a en contra. Este próximo domingo 19 de agosto se llevará a cabo otra consulta para la eliminación del derecho absoluto a la fianza. La enmienda propuesta condiciona una serie de delitos donde un magistrado podría discrecionalmente rechazar el derecho a la fianza de un acusado y encarcelarle preventivamente mientras espera juicio hasta por un plazo de seis meses.

Para ocultar su incapacidad para manejar el alza en la criminalidad en el país, el gobierno nos propone como solución la supresión de nuestros derechos como ciudadanos, cuando el problema real que vive el país es que no puede existir disuasivo alguno para la criminalidad si no existen adecuados y eficientes procedimientos de investigación y procesamiento criminal que lleven a los responsables por la  comisión de los delitos a los tribunales. En un país de menos de cuatro millones de habitantes, el número de asesinatos durante el pasado año sobrepasó la cifra de mil ciudadanos. En Puerto Rico, prácticamente el 80% de los asesinatos se vincula al narcotráfico. Una ínfima minoría de estos casos, sin embargo, es esclarecida y los responsables procesados.

Aquellos que nos oponemos a que se elimine el derecho absoluto a la fianza sostenemos que no hay un solo dato empírico o científico que documente una relación directa entre el derecho a la fianza y la criminalidad. Por el contrario, los datos estadísticos lo que reflejan es que ¨la inmensa mayoría de los imputados no desaparecen ni delinquen durante el periodo que permanecen bajo fianza.¨  Apenas a un 2.14% de los imputados que se encuentran bajo fianza se les revoca la misma por haber cometido otro delito.

La supresión del derecho absoluto a la fianza es una medida que atentará más contra la población pobre y trabajadora que contra las clases propietarias y pudientes. Datos que nos proporciona la agencia que tiene a su cargo las instituciones penales en Puerto Rico establecen que apenas el 46.63% de aquellas personas que se encuentran en detención preventiva por no poder prestar una fianza, recibía algún tipo de ingreso, mientras el 76.10% no recibía ningún tipo de ingreso. Estas personas permanecen en detención preventiva entre 30 a 90 días. Del 56.56% de ellos cuya fianza superaba los $10 mil, la cuantía alcanzaba los $500 mil.

La fianza es propiamente una garantía para la comparecencia del acusado a juicio. La eliminación del derecho absoluto a la fianza en algunos tipos de delitos, dejando en manos de los jueces la discreción para fijarla o no, atenta contra la presunción de inocencia de todos los ciudadanos. El encarcelamiento preventivo, además, interfiere directamente con las posibilidades del acusado de contribuir efectivamente con su abogado a la preparación de su defensa. Confiamos que en Puerto Rico la cordura prevalezca defendiendo nuestros derechos ciudadanos y no restando los mismos.

*Mirando al Sur, columna del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico en el periódico del gobierno bolivariano de Venezuela, Correo del Orinoco.