Primero ocurrió el Golpe de Estado en Venezuela contra el Presidente constitucional Hugo Chávez Frías en 2002; luego le siguió el referéndum secesionista en Bolivia en 2006, cuyo propósito era fracturar el país en dos partes.

De esa forma, los sectores oligárquicos pretendían crear un espacio político y territorial para su propio beneficio en lo que son las regiones petroleras, ganaderas y bosques localizados en la porción oriental del país, todo ello bajo el palio de la creación de unas ¨autonomías regionales¨, conformadas al margen de aquella definida en la Constitución de Bolivia.

Luego ocurrió el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Consumado el mismo y deportado del país su presidente, se aguardó por parte del gobierno usurpador sostenido por una Junta Militar, a que expirara el término constitucional del presidente depuesto, para dar paso a unas nuevas elecciones. Sin la participación de Zelaya, ante los ojos de la comunidad internacional, organismos como la OEA permitieron la instauración de un gobierno de apariencia democrática como es el de Porfirio Lobo, revocando el decreto de suspensión de Honduras del organismo internacional.

Más adelante sigue la frustrada intentona de Golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa en Ecuador en el año 2010. Como en el caso de Venezuela, la movilización del pueblo y la fidelidad de la mayoría de los integrantes de la Fuerzas Armadas al orden constitucional, evitaron un desenlace similar al ocurrido en Honduras.

Hoy nos enfrentamos a otra modalidad golpista en América Latina: el Golpe de Estado Parlamentario contra el presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo.

En todos estos escenarios, uno de los elementos comunes es la presencia de la mano siniestra de Estados Unidos a través de sus embajadas y estamentos militares, junto a los sectores oligárquicos nacionales en la planificación y ejecución se los sucesos.

Quien pensaba que los Golpes de Estado en América Latina eran cosa del pasado, erró. Quien afirmaba que con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos abandonaría su injerencia en los asuntos internos de nuestros países, también erró. Lo único que ha cambiado es la forma de pretender echar abajo gobiernos que no sigan las pautas dictadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en protección de sus intereses geopolíticos. En el pasado y presente de nuestros pueblos, sigue eslabonándose dentro del marco de sus luchas la voluntad de avanzar en el rescate de nuestros derechos soberanos; el forcejeo por una mayor integración económica y política; la afirmación de un nuevo tipo de democracia. Se trata de una democracia participativa que garantice el acceso de nuestras poblaciones, no sólo a decidir quiénes representan en forma más adecuada nuestros verdaderos intereses; sino sobre todo, la voluntad por darle una mayor participación a estos sectores populares en los beneficios devengados de la explotación de sus recursos naturales. Esa es la hoja de ruta que hoy se afirma en la construcción de una nueva América Latina.

Paraguay es una nación suramericana que ubica en su región central oriental. Como país, no tiene costas que le brinden directamente acceso al mar. No obstante, cuenta con un inmenso sistema de ríos navegables a través de los cuales los buques y embarcaciones logran acceso al Océano Atlántico. Paraguay tiene una población relativamente pequeña para su extensión territorial, la cual fue estimada en 2011 en 6, 340,000 habitantes. Su superficie abarca 406,752 Km.2, lo que es algo más de 43.6 veces el tamaño de Puerto Rico. Si bien obtuvo su independencia de España el 15 de mayo de 1811, no fue sino hasta el 10 de septiembre de 1880 que la misma fue reconocida. En su subsuelo ubica el mayor acuífero de América Latina y ciertamente uno de los mayores en el mundo. Es además, una de las zonas más ricas en biodiversidad. Es también uno de los principales exportadores en América del Sur de energía eléctrica, el cuarto productor mundial en soja y el noveno en exportación de carnes. Paraguay, no obstante su desigual distribución de la riqueza, se considera la segunda mayor economía en expansión en 2010 el mundo, luego de Catar y ciertamente la mayor en América Latina.

En 1821 Paraguay  sufrió los efectos de lo que ha venido a conocerse como la ¨Guerra de la Triple Alianza¨. En ella Argentina, Brasil y Uruguay, incitados y financiados por Inglaterra, invadieron el país. De acuerdo con  Julio José Chiavenato en su libro ¨Genocidio Americano: la Guerra del Paraguay¨ (1984), los efectos de esta guerra fueron tan horribles para Paraguay que de una población existente en el país al comienzo de la guerra, estimada en 800,000 personas, murieron 606,000; es decir murió el 75.75% de su población. De 194,000 sobrevivientes, sólo 14,000 fueron hombres, de los cuales apenas 2,100 sobrepasaban los 20 años de edad. Ese es el precio que Inglaterra y sus aliados del patio le impusieron a este pueblo en aras de sus derechos de navegación y concesiones comerciales en los ríos navegables paraguayos. En la Guerra, Paraguay, además, el país perdió casi la mitad de su territorio, repartido entre los países vencedores. Entre los efectos económicos de la guerra, Paraguay vino obligado a pagar una inmensa fortuna a Inglaterra que fue quien costeó la intervención de la Triple Alianza. El país, bajo tales circunstancias, se desarrolló en adelante de espaldas a sus vecinos.

Durante el siglo XX, las políticas de Paraguay estuvieron entrecruzadas por los efectos de otros dos conflictos: primero, la Guerra del Chaco sostenida con Bolivia; segundo, una Guerra Civil en 1947. Esta última trajo, en adelante, sucesivos gobiernos militares hasta que finalmente, en 1954, el Dictador Alfredo Stroessner llegó al poder. Stroessner fue eventualmente el candidato a la presidencia bajo la bandera el Partido Colorado y así, sucesivamente, dirigió el país con mano de hierro hasta1989 cuando otro Golpe de Estado, pondría fin a su dominio de más de tres décadas en la vida política del Paraguay.

El Partido Colorado, ya depuesto Stroessner, continuó al frente del gobierno. Fue éste el que impulsó en junio de 1992 una nueva Constitución. En 1993 Juan Carlos Wasmosy fue electo por dicho Partido como el primer presidente civil del país en más de 40 años. Su mandato, sin embargo, no estuvo exento de asonadas golpistas como fue la del Jefe de las Fuerzas Armadas, General Lino Oviedo, que llevó al país a otro periodo de inestabilidad política. En las elecciones del 20 de abril de 2008, tras más de sesenta años de control en el país, en una elección histórica, una coalición de fuerzas políticas muy amplia, llevó a la Presidencia del país a un exobispo de la Iglesia Católica, Fernando Lugo terminando así la continuidad del Partido Colorado en la presidencia de la República.

Desde la llegada al poder de Fernando Lugo, la oligarquía en este país ha hecho cuanto está a su alcance para torpedear las iniciativas incluidas en el programa de gobierno que le llevó a la presidencia. Se trata de iniciativas donde se impulsan reformas que ciertamente puede decirse no son lo radicales que un país como Paraguay necesita, sobre todo en un contexto donde el 2% de su población posee el control de más de 80% de la tierra. De acuerdo con datos ofrecidos por la CEPAL en 2011, la pobreza en Paraguay alcanza al 53% de la población, de la cual el 19.4% se sitúa en pobreza extrema, llevando a Paraguay hoy a ser el país el mayor abismo entre pobres y ricos a la hora de analizar la distribución de la riqueza en América Latina.

Durante su gobierno, Lugo intentó atender problemas que afectan las comunidades indígenas, por ejemplo, creando programas de asistencia alimentaria para ésta, logrando incorporar al mismo al menos 31,454 adultos. Esta cifra, si bien podría parecer muy pequeña a la hora de analizar el impacto de las transformaciones en países como Bolivia, Venezuela o Ecuador, por mencionar algunos, resulta un gran salto en un país donde jamás antes un programa así había tenido la posibilidad de desarrollarse en apenas dos años.

Se ha indicado que el Golpe contra Lugo es un Golpe Parlamentario. En efecto, lo es. Allí se ha recurrido a una disposición de la Constitución, específicamente su Artículo 225, que permite a la Cámara de Diputados establecer la base legal para enjuiciar a un Presidente, no porque haya cometido algún delito o haya incurrido en conducta que represente una amenaza para el país o su soberanía, sino sencillamente, a base de lo que a juicio de sus juzgadores suponga, que el Presidente, Vicepresidente, Ministros u otros funcionarios no estén desempeñando, como ellos esperan, las funciones de su cargo. Dado este paso, le corresponde entonces al Senado llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia.

Así, en un juicio sumario en el cual Lugo no tuvo siquiera la oportunidad de contar con tiempo suficiente para enfrentar la alegaciones en su contra; sin que tuviera plena y efectiva oportunidad de estar debidamente representado en el juicio político en su contra, el Senado paraguayo le destituyó designando en su lugar al Vicepresidente del país, Federico Franco. Es por eso que organismos tales como la obsoleta OEA se niega a utilizar el término ¨Golpe de Estado¨ bajo el fundamento de que la sucesión presidencial se ha producido conforme al ordenamiento legal prevaleciente; es decir, se valida así la farsa de juicio político llevado a cabo en contra de Fernando Lugo, aunque en apariencia el Organismo tome excepción de la forma asumida en el proceso.

Tanto los países agrupados en UNASUR, como los países del ALBA, los ministerios de Relaciones Exteriores de los países de América del Sur, Centro América, Cuba, entre otros, han hecho expresiones en abierto rechazo al Golpe de Estado Parlamentario contra el Presidente Fernando Lugo y han adelantado que tomarán medidas diplomáticas y económicas contra el gobierno usurpador del Federico Franco. Organizaciones no gubernamentales y distinguidas personalidades en América Latina también han dejado sentir su protesta y su denuncia por este atropello. El debate del asunto, además, será llevado al seno de la OEA donde este organismo regional tendrá, una vez más, la oportunidad de decidir, no como en el caso del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, si en sus políticas hacia los estados integrantes del Organismo, se respetará la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales; o sencillamente, si la OEA una vez más, será el sello de goma de las políticas injerencistas e imperialistas de Estados Unidos en este Hemisferio.

En Paraguay, de una vez por todas, se define hoy día el Rubicón de América Latina. De ahí la importancia del llamado del Presidente Fernando Lugo a concretar, desde la calle misma, el denominado “gabinete por la restauración democrática” en el cual, como ha indicado, caben “todas las fuerzas que quieren resistir al gobierno de Franco.”