El pasado 4 de junio de 2012, en ocasión de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se adoptó por el organismo internacional el documento titulado “Carta Social de las Américas”.

El documento, promovido por el embajador venezolano ante dicho organismo, Jorge Valero, ha sido catalogado por muchos observadores internacionales como uno de los más importantes pronunciamientos de este organismo internacional desde su fundación.

La Organización de Estados Americanos, la misma que durante comienzos de la década de 1960 fuera catalogada por el Canciller cubano Raúl Roa como “ministerio de colonias” de Estados Unidos, fue fundada en mayo de 1948 con el objetivo, según su Carta, de: afianzar la paz y la seguridad en el Continente; promover y consolidar la democracia representativa; prevenir las posibles causas de dificultades y procurar la solución pacífica de diferencias entre los Estados miembros; organizar acciones solidarias entre éstos en casos de agresión; resolver los problemas políticos, económicos y jurídicos de los Estados que la conforman; promover su desarrollo cultural, social y económico; erradicar la pobreza crítica por considerarla un obstáculo al desarrollo de la democracia; y la limitación de armamentos convencionales para dedicarlos al desarrollo económico.

Dentro de esta organización figura como Estado miembro, además de los países localizados en América del Sur y América Central, Estados Unidos, Canadá y México. Los antecedentes en este tipo de iniciativa, sin embargo, puede trazarse a 1890 cuando promovida por Estados Unidos, se desarrolló en Washington la Primera Conferencia Internacional Americana. De ella surgió la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. La Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, una de sus instancias, se estima fue el germen de la actual OEA.

Desde su origen, la OEA ha sido un instrumento de Estados Unidos y sus políticas de dominación internacionales, particularmente aquellas dirigidas hacia sus objetivos en nuestro Hemisferio. Por ejemplo, previo a su fundación, Estados Unidos desarrolló en Brasil en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Guerra Fría, la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. Allí se adoptó el denominado “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, una versión maquillada del Siglo 20, de la vieja Doctrina Monroe del Siglo 19, esta vez dirigido a prevenir el acceso y posible ejercicio de influencia de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en América Latina. Para entonces, la doctrina militar de seguridad impulsada por Estados Unidos, promovía las políticas anti comunistas que tantos Golpes de Estado, acompañados de miles de  muertes, torturas y desapariciones, costarían en décadas siguientes a los pueblos latinoamericanos.

A raíz del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y de sus posteriores acercamientos con la Unión Soviética, el 31 de enero de 1962, en ocasión de efectuarse en Punta del Este, Uruguay, la Octava Reunión del Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización, Cuba fue expulsada del seno de la OEA. Catorce países se expresaron en favor de la Resolución, otro cinco se abstuvieron. Sólo solo dos, Cuba y México, votaron en contra de la Resolución.  

En los fundamentos del documento aprobado se consignaron como razones para sostener la expulsión de Cuba: a) que “la adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de tal Gobierno con el bloque comunista quebrantaba la unidad y la solidaridad del hemisferio”; b) que el gobierno de Cuba se “había identificado como un Gobierno marxista-leninista”; c) que tal situación hacía incompatible la participación del gobierno de Cuba en el Sistema Interamericano. La Resolución hacía un llamado a los distintos órganos y organismo de dicho Sistema a adoptar “sin demoras aquellas providencia necesarias para cumplir con esta Resolución.”

Las medidas adoptadas por la OEA vinieron a reforzar la política de Bloqueo impuesta contra Cuba por Estados Unidos, política ésta que luego de más de medio siglo, se mantiene por Estados Unidos contra el hermano país.

La Resolución de expulsión de Cuba de la OEA fue objeto de revisión en ocasión de la reunión sostenida por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Organización en ocasión de la reunión efectuada en San Pedro Sula, Honduras, el día 3 de junio de 2009. Allí se resolvió que la Resolución adoptada el 31 de enero de 1962 contra la República de Cuba quedaba sin efecto. Más adelante, en el propio país anfitrión de la histórica reunión estaría consumándose por sus militares, los sectores de la derecha política y con la intervención de Estados Unidos el Golpe de Estado contra el presidente electo Manuel Zelaya.

El Golpe contra un gobierno democráticamente electo, donde la mano conspiradora de Estados Unidos estuvo en todo momento presente, dejó plasmada que la época de los cambios de gobierno por la fuerza bruta de las armas para perpetrar los intereses económicos de las oligarquías nacionales y aquellos de las empresas multinacionales en nuestro continente no estaban del todo superada. Es dentro del contexto del Golpe de Estado contra Zelaya  y la tímida respuesta dada por la OEA, que una vez más esta organización internacional dejó patentizada su situación de sumisión a la política exterior de Estados Unidos.

En ocasión de los pasados años se ha debatido intensamente la pertinencia de un instrumento como la OEA, sobre todo a partir de los propios avances tenidos por los pueblos latinoamericanos a partir de sus propios proyectos y de sus propias experiencias. Las experiencias desarrolladas a partir de la fundación de la Unión de Estados Suramericanos (UNASUR), de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), y más recientemente, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), constituyen ejemplos concretos de los avances de nuestros propios pueblos al margen de tutelas imperiales.

Recientemente, en ocasión de la pasada VI Cumbre de las Américas, efectuada del 14 al 15 de abril de este año, entidad de la cual también forma parte Estados Unidos, se cuestionó por Ecuador su participación en el evento mientras se excluyera de la misma a Cuba. Los demás países de América Latina que asistieron a la Cumbre, también llevaron al seno de la misma sus planteamientos sobre el tema de Cuba y su exclusión de la Cumbre, así como también otros cuestionamientos no menos importantes dentro del marco de las políticas coloniales aún prevalecientes en nuestra América Latina. De éstas políticas participa, además de Estados Unidos, otras potencias coloniales europeas.

También en esa ocasión se planteó con voz firme el reclamo de América Latina en favor del reclamo de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y otras posesiones insulares hoy ocupadas por el Reino Unido de la Gran Bretaña en el Atlántico Sur.

La 42 Asamblea General de la OEA a la que antes hicimos referencia en este escrito, marca también otro paso no menos importante en la respuesta de América Latina a las políticas imperiales en el Continente. Hoy la lucha de América Latina parece desarrollarse no solo desde la creatividad de sus pueblos, estableciendo nuevas instancias de integración real internacional, sino también, al interior de viejos y obsoletos organismos internacionales como es la OEA, con miras a su renovación en beneficio de los pueblos.

La Carta Social de las Américas, promovida por Venezuela en ocasión de esta Asamblea General de la OEA, también producto de los esfuerzos del Parlamento Latinoamericano con sus Ministros del Gabinete Social, postula que el derecho a la vida es inalienable; que la vida como tal, es un patrimonio colectivo; y que constituye un deber y una responsabilidad de los Estados establecer un “compromiso radical con la desaparición de toda forma de discriminación que afecte la disponibilidad de los recursos básicos y necesarios para la vida.

La Carta responsabiliza, además, a los Estados por la alimentación de sus poblaciones; consigna la salud como “patrimonio de los Pueblos” imponiendo sobre éstos la responsabilidad por garantizar atención primaria de salud integral en forma gratuita, permanente y universal; así como aquellos medicamentos necesarios para los ciudadanos, incluyendo el reconocimiento a las culturas médicas de los pueblos indígenas.

El documento también establece como obligación de los Estados la protección de los trabajadores contra riesgos a su salud y seguridad en todos los niveles de su actividad laboral.

El documento reconoce, también, el derecho al trabajo, a la protección del trabajador en su empleo y a una justa remuneración, así como el cumplimiento de aquellos convenios y normas adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre estos se incluyen, además de salarios mínimos, derechos a licencias con paga por vacaciones y enfermedad, estabilidad laboral, jornada de 8 horas, protección social en caso de cesantía, libertad de elegir empleo y renunciar al mismo, derechos sindicales, de autogestión y negociación colectiva, entre otros.

A nivel de la educación, la Carta Social de las Américas consigna el derecho de todo ciudadano a la educación pre escolar y primaria, gratuita y universal, así como la formación y el desarrollo de la calidad de todos los educadores. La educación, indica, deberá estar cimentada “en los principios de universalidad, pluralismo, libertad, equidad, pertinencia, calidad, justicia y formación para el trabajo y la vida.”

La Carta Social contempla también otras áreas de derechos en lo relacionado con la protección social, el derecho a la vivienda y los derechos de familia. El documento contempla también un título relacionado con el derecho a la identidad político-territorial, para consignar el derecho de los ciudadanos a organizarse en comunidades y como tales peticionar derechos y garantías frente al Estado; el derecho al patrimonio colectivo del suelo y los derechos de participación pública y organización de las comunidades.

Otros renglones cubiertos por la Carta son: los derechos económicos de los pueblos en su forcejeo por superar la pobreza, el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, el derecho de éstos al recibo de remesas de sus familiares desde el exterior, la participación equitativa en los beneficios sociales derivados del la producción y una mayor distribución de la riqueza social.

La Carta también señala los derechos culturales de los pueblos. Al hacerlo, postula la defensa de sus lenguas, la restitución de su patrimonio cultural y el acceso de todos a la cultura universal. También se mencionan los derechos a la información, al acceso a las nuevas tecnologías del conocimiento y la ciencia, al deporte, al esparcimiento y la protección de medio ambiente y de los recursos naturales desde un punto de vista sostenible. Finalmente, la Carta Social dedica un capítulo a la protección de los derechos de nuestras poblaciones aborígenes o indígenas en esta América Nuestra.

Este texto, aprobado mediante consenso por los Estados miembros, llevaba aguardando varios años para su aprobación. El impulso dado desde por la República Bolivariana de Venezuela a través del embajador Jorge Valero, constituye un impulso adicional en la búsqueda de un nuevo consenso social internacional de América Latina en pro y en beneficio de sus ciudadanos. De hecho, el Canciller venezolano Nicolás Maduro destacó que ha sido Valero “uno de los artífices de la Carta Social”, hecho este también reconocido por sus colegas.

Se trata, pues, de un nuevo frente de lucha de los pueblos dentro del marco de una vieja institución. Va a depender del propio organismo, como dice el presidente ecuatoriano Rafael Correa, si la OEA va a “revolucionarse o desaparecer”. A partir de esta propuesta aprobada por la Asamblea General, a dicho organismo solo le queda el camino de adaptarse a los nuevos tiempos, desde una nueva dimensión, a los procesos de integración de nuestro Continente. De lo contrario está destinada a condenarse a sí misma al olvido y a la pérdida total de pertinencia para nuestros pueblos.