La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptado por la Resolución 260 (III) de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948.

Entró en vigor el día 12 de enero de 1951. Previamente dicho Organismo, mediante Resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946 había declarado el genocidio como delito de derecho internacional contrario a lo que es el espíritu y los fines de la Carta de las Naciones Unidas. La definición de genocidio cubre aquellos actos que se enumeran a continuación cometidos con la intención de “destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” a través de: a) matanzas de miembros del grupo; b) lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcialmente; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y finalmente, e) el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo

De acuerdo con la referida Convención, en su Artículo VI, se indica que las personas acusadas de genocidio “serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.”

El pasado 26 de enero de 2012, luego de 11 horas de vista judicial, una magistrada del Tribunal de Guatemala dispuso que al ex Dictador de este país centroamericano, Efraín Ríos Montt, se le juzgara por el delito de genocidio y crímenes contra la humanidad. De ser encontrado culpable enfrentará una sentencia de 30 años de prisión. Al acusado, se le acusa por la vinculación de su gobierno en más de 100 masacres, 1771 muertes de mujeres, hombres, ancianos y niños” indígenas de la etnia Ixil en el Departamento de Quiché, localizado a unos 250 kilómetros al noreste de la capital del país; de la violación de 1485 mujeres y del desplazamiento forzoso de más de 30 mil ciudadanos.

La querella en su contra fue presentada en el año 2001. Previamente, la Premio Nobel, Rigoberta Menchú Tum, había presentado en 1999 contra éste su acusación ante la Audiencia Nacional de España acusándole de genocidio, torturas, desapariciones y terrorismo de Estado junto a otros cuatro generales guatemaltecos y tres civiles. Se trata del mismo gobernante bajo cuya presidencia las Fuerzas Armadas guatemaltecas respondieron a una protesta de indígenas dentro de la Embajada de España, prendiendo fuego a la estructura donde murieron calcinados sus ocupantes.

Valga señalar que la Comisión para el Esclarecimiento de la Memoria Histórica de Guatemala, entidad dirigida por el Obispo José Gerardi de la Conferencia Episcopal guatemalteca, rindió un Informe titulado “Guatemala: nunca más”, el día 24 de abril de 1998. En el mismo da cuenta de las consecuencias de las políticas genocidas sufridas por el pueblo guatemalteco durante tales años. Lo anterior le valió al Obispo Gerardi su asesinato dos días después de publicado el Informe a manos de tres militares, los cuales al presente, siguen impunes antes el asesinato cometido contra su persona.

Guatemala es un país centroamericano que al día de hoy cuenta con aproximadamente 14 millones de habitantes. De éstos, la mitad vive en extrema pobreza teniendo un ingreso de apenas $2.00 al día. Desde que en 1954 la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos promoviera, en el interés del emporio bananero de la United Fruit el Golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arbenz en medio de su gobierno donde se llevaba a cabo una Reforma Agraria, Guatemala estuvo afectada por espacio de 36 años por conflictos armados donde uno tras otro, militares golpistas se turnaron en el control del poder político del país. Durante estos años de dictaduras, la resistencia del pueblo guatemalteco se dejó sentir expresada en innumerables levantamientos campesinos e indígenas a los cuales, además, se suma la resistencia político militar de varias agrupaciones revolucionarias guerrilleras.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Memoria Histórica, más de 200 mil personas murieron, la inmensa mayoría a manos de militares, durante estos años de represión por parte de los distintos gobiernos que se sucedieron en medio de Golpes de Estado. En este periodo, además, al menos un millón de personas, en su mayoría indígenas, fueron sacados a la fuerza de sus viviendas y forzados a trasladarse a lo que el gobierno definió como “aldeas modelos”, una versión similar a aquellas aldeas estratégicas desarrolladas por Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Bajo la teoría de “sacarle el agua al pez”, los militares guatemaltecos, como también hicieran los soldados estadounidenses en Vietnam, forzaban el trasladado de los habitantes que sobrevivían los operativos militares contras sus aldeas, concentrándoles en esta aparente “nueva versión” de campo de concentración. La idea, según ellos, es que se trataba de población que favorecía los movimientos guerrilleros, proveía de alimento y suministros a los insurrectos, de forma tal que asesinando a los habitantes de las aldeas creaban un régimen de terror que disuadiera a los habitantes de ofrecer tal apoyo, o reconcentrándolos en estas aldeas modelos, podrían así ejercer mayor control sobre ellos.

La estrategia en cuestión se utilizó antes en Cuba, a finales del siglo 19, cuando el Capitán General Valeriano Weyler, llevó a cabo la famosa “reconcentración” de la población mambisa con igual propósito y con la no menos cruenta consecuencia en la población civil. Así las cosas, durante el gobierno del general Ríos Montt éste, en su condición de Jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas, orquestó el Plan de Campaña 82, el Plan de Operaciones Sofía, el Plan de Operaciones Ixil y el Plan Firmeza, todos ellos planes represivos contra la población indígena y contra los movimientos revolucionarios de resistencia.

El hoy acusado general retirado Efraín Ríos Montt ingresó en las Fuerzas Armadas de Guatemala en 1944 como policía militar. Más adelante, pasó a dirigir la Academia Militar de Guatemala. Ya general, fue Jefe del Estado mayor Central desde donde hizo su incursión en la política electoral del país postulándose para el cargo de presidente de la República en las elecciones de 1974 por el Partido de la Democracia Cristiana. Habiendo fracasado en su intento, se mantuvo activo en la política ocupando la posición embajador de su país en España entre los años 1974 y 1977. Más adelante este siniestro personaje se vinculó con la “Iglesia del Verbo” en calidad de pastor. Sin embargo, este demagogo religioso estará en 1982, junto a otros militares, llevando a cabo un golpe contra el gobierno de otro militar en el poder, el general Romeo Lucas García.

Al año siguiente, como dice el refrán de que quien a hierro mata a hierro muere, otro Golpe de Estado encabezado el general Óscar Humberto Mejía Víctores, Ministro de Defensa bajo su gobierno, sacaría de la presidencia a Ríos Montt. Esta situación, sin embargo, no le alejó de los centros de poder de la oligarquía guatemalteca, ocupando la presidencia del Congreso de la república entre los años 2000 a 2004 y más adelante, como parlamentario en dicho Congreso. Su antecesor, igualmente vinculado con actos de genocidio y crímenes contra la humanidad, falleció en Venezuela en el año 2006, mientras que su sucesor, no podrá ser llevado a juicio por los mismos crímenes al ser declarado incapacitado mentalmente el 5 de enero tras sufrir un derrame cerebral.

La Juez Patricia Flores, quien ordenó el procesamiento penal de Ríos Montt, le impuso una fianza de $65 mil aunque ordenó su arresto domiciliario. De acuerdo con su abogado, en las acciones del acusado “no existía la intención de destruir algún pueblo por tener determinadas características y cultura” por lo que alega sería improbable que pudiera ser encontrado culpable de los delitos imputados.

La acusación contra el general retirado Ríos Montt es la primera de esta naturaleza que se produce en Guatemala contra los responsables de décadas de matanzas y persecuciones contra la población indígena en este país. La responsabilidad de las fuerzas armadas guatemaltecas en las muertes del 93% de las 200 mil personas asesinadas, unidos a los 45 mil desaparecidos, no debe quedar impune para la historia del pueblo guatemalteco. Las cicatrices del conflicto, más allá de cualquier propuesta de reconciliación al interior del país, no se subsanan con pedir disculpas o perdón. Se subsanan haciendo justicia con los responsables de estos delitos, aplicándoles las penas dispuestas bajo la ley internacional, o la ley guatemalteca; y se subsanan haciendo justicia a los sobrevivientes por todos aquellos sufrimientos y vejaciones a los cuales fueron sometidos.

Puede haber reconciliación nacional entre los diferentes componentes de la sociedad guatemalteca. Pero no impunidad, ni olvido. Como ha indicado una exdirigente guerrillera, Alba Estela Maldonado, las mismas razones que dieron base ayer al conflicto guatemalteco, están también presentes hoy. Las privatizaciones y la reglamentación excesiva de la fuerza de trabajo, agudizadas hoy por las políticas neoliberales; el hurto de la tierra a los campesinos e indígenas por parte de los sectores oligárquicos, la concentración de la tierra en pocas manos; y la criminalización de protesta social son suficientes para recordarnos que no está superada la crisis social y política en Guatemala.

El resultado de las pasadas elecciones realizadas en noviembre de 2011, donde otro general retirado, Otto Pérez Molina, quien durante esos duros años, como capitán en las Fuerzas Armadas, ganó las elecciones como candidato del Partido Patriótico por un margen del 54% de los votos, es suficiente advertencia. Otto Pérez Molina también participó de aquellas acciones por las que hoy se juzga a Ríos Montt. Como ha indicado Víctor Alejandro Mojica Páez en un escrito hecho para el portal “Otramérica” titulado ¿Por qué ganó Otto?, se trata de un “exmilitar que participó activamente como capitán cuando el ejército desaparecía a sus abuelos, o a sus padres”, en referencia a muchos de los que en ese momento le dieron sus votos. De ahí la importancia de preservar la memoria histórica en el pueblo guatemalteco para que “Nunca Más” vuelva a repetirse estas décadas de represión y violación de los derechos humanos de este hermano pueblo. El proceso judicial contra Ríos Montt aportará su grano de maíz en este esfuerzo.