Ponencia presentada por Iván F. Elías Rodríguez en el Conversatorio sobre Ambiente y Planificación en la Independencia, realizado como parte de la campaña del MINH ¡Seremos Libres!

Reflexión sobre la planificación del territorio y el conflicto que representa: Los retos para la independencia

Todas las actividades humanas dependen de los recursos que ofrece la naturaleza, pero son a su vez un ejercicio de poder que se ha conformado por el desarrollo histórico de nuestras sociedades.

La colonización española arrebató a nuestros antepasados taínos de su capacidad de decidir cómo se utilizaban nuestros recursos para satisfacer las necesidades existentes en la sociedad taína. Con el uso de las armas, los españoles establecieron su poder sobre nuestro territorio y fueron distribuyendo entre los invasores españoles el poder sobre nuestros recursos y determinando cómo se beneficiarían de nuestros recursos y de la explotación de la población taína, imponiéndoles relaciones de esclavitud.

Bajo el dominio español se desarrolló nuestra identidad de pueblo, diferenciado del invasor, y nuestro convencimiento de la necesidad de la independencia para poder defender nuestros intereses. La Revolución del 1868, el Grito de Lares, fue la expresión máxima bajo el dominio colonial español del reclamo de la soberanía que nos permitiera decidir el cómo haríamos uso de nuestro territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, para poder encaminar nuestro destino como pueblo libre.

El proceso de desarrollo histórico nos condujo a la formación de lo que hoy somos los puertorriqueños.  Durante la colonización española, el desarrollo de clases sociales y la distribución del poder de la metrópoli española a los que representaban sus intereses le dio forma al acceso a nuestros recursos a las diferentes clases sociales. En 1898, esas fueron las condiciones que encontraron los nuevos invasores del norte.

La invasión militar por el ejercito estadounidense el 25 julio de 1898 fue el comienzo del ejercicio de la soberanía sobre Puerto Rico por parte de unos nuevos invasores. Fue un encuentro de contrastes de sociedades diferentes. Encontraron el país de los puertorriqueños, organizado bajo las normas establecidas por el Estado español, con las diferencias de clases que surgieron en el tránsito de una sociedad feudal hacia una sociedad en las que se encontraba la sociedad española: capitalista en sus primeras etapas de desarrollo.

El nuevo poder imperial estadounidense transformó la sociedad puertorriqueña, una sociedad semi feudal, con normas y costumbres ya establecidas por el pasar del colonialismo español durante varios siglos, a una sociedad vinculada a una economía en expansión en los inicios de su fase imperialista. Ejercieron su dominio militar para establecer una estructura de dominación con un gobierno civil que les permitiera expandir su dominio en Puerto Rico. El Congreso estadounidense le dio forma al gobierno civil mediante las leyes Foraker, Jones, Ley 600 y la Constitución del ELA. El dominio mediante la fuerza  militar se complementó con el gobierno civil, el Tribunal del Distrito Federal, y las agencias policiacas y paramilitares estadounidenses en Puerto Rico.

No debemos olvidar que la estructura del gobierno civil establecido desde la Ley Foraker hasta el presente, incluyendo la PROMESA, están enmarcadas en las disposiciones de la Constitución estadounidense y otras leyes y reglamentos que nos imponen. Y es por esto que todas las leyes y reglamentos que los puertorriqueños adoptamos están limitadas a cumplir con las disposiciones de la Constitución del invasor. Esto nos debe servir para que recordemos que somos un pueblo invadido militarmente, bajo el dominio colonial estadounidense, un hecho que no cambió con la Constitución del ELA.

Durante los más de 125 años de dominación colonial, la sociedad estadounidense se ha transformado, incluyendo avances en los derechos y las normas de convivencia. Dichas transformaciones han repercutido en nuestra sociedad, la que por influencia adquirida a través del flujo migratorio y de otros mecanismo de interacción (incluyendo imposiciones), ha tenido que adaptarse, adoptando normas y costumbres que pasan a formar parte de lo que hacemos en nuestro diario vivir.

Debemos decir que aunque algunas de las normas impuestas que se han adoptado en Puerto Rico responden a las necesidades que la explotación colonial y los intereses del capital estadounidense, las mismas han tenido algunos beneficios para nuestro pueblo, ya que unas cosas vienen  juntas. Un ejemplo de esto son los requisitos para los diseños y las construcciones de carretera.  El transito militar, la explotación minera, el transporte de maquinarias, el de materia prima y el de mercancías, entre otros, requiere de carreteras adecuadas y seguras. En esto también entran las normas de diseño y construcción de la infraestructura eléctrica y la infraestructura de agua, entre otras.

El desarrollo del sistema educativo, para todos los niveles, también ha sido una necesidad de la explotación colonial. Los especialistas a los diferentes niveles que se han preparado en nuestro sistema educativo ha permitido que las ganancias que las empresas estadounidense obtienen en Puerto Rico sean mayores debido a la alta productividad de los puertorriqueños.

La estructura de la planificación del territorio que surge a partir de la creación de la Junta de Planificación en la década de 1940 y los cambios en la estructura de gobierno que surgen con la Constitución del ELA no se dan estrictamente respondiendo a los cambios en la estructura productiva que se impone como parte de la llegada del capital estadounidense. Leyes, reglamentos y normas para la organización del gobierno del ELA y la ordenación del territorio se adoptan y desarrollaron con la participación y la influencia de muchos puertorriqueños. En este sentido, ha habido una participación en su desarrollo que ha sido producto de puertorriqueños interesados en defender nuestros intereses de pueblo.

En alguna medida, la adopción de las leyes y reglamentos, los planes y políticas públicas que han guiado la ordenación del territorio y la protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente durante la segunda mitad del siglo XX, han contado con la participación de puertorriqueños que han buscado el bienestar de nuestro pueblo. Entendemos que la adopción de leyes como son la 9 del 1970, la 23 de 1972, la 75 y 76 de 1975, la 70 de 1978, la 81 de 1991, la 267 de 2004 y la adopción del Plan de Uso de Terrenos en 2014 son ejemplos de esto que estamos señalando; funcionando bajo la soberanía del invasor a la vez que se busca cómo defender los interese de nuestro pueblo.

La Ley 75 de 1975, conocida como la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, dividió el proceso de permisos de Puerto Rico en dos niveles regulatorios. Por un lado se mantuvo a la JP como la entidad que dirigía la planificación del territorio, adoptando planes, aprobando reglamentos y proyectando los cambios que se necesitaban para el futuro. Y por otro lado, con la aprobación de la Ley 76 de 1975 se creó la ARPE (Administración de Reglamentos y Permisos) como la entidad encargada de otorgar los permisos y fiscalizar que el uso del territorio se realizara mediante un proceso ordenado por el sistema de permisos que la agencia administraba.

La Ley 9 del 18 de junio de 1970, conocida como la Ley de Política Pública Ambiental es en gran medida un calco de la ley de Política Pública Ambiental de Estados Unidos adoptada a principios de 1970. Esta ley incorporó en nuestro repertorio de instrumentos de planificación las Declaraciones de Impacto Ambiental y las Evaluaciones Ambientales. Replicando en cierto modo lo que fue la creación de la EPA (Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos, la ley 9 estableció nuestra Junta de Calidad Ambiental (JCA), como la agencia encargada de protegernos de la contaminación ambiental a la vez que administraba el proceso de Declaración de Impacto Ambiental. Esta ley fue sustituida por la Ley 416 del 22 de septiembre del 2004, también conocida como Ley de Política Pública Ambiental.

Por su parte, la Ley 23 del 20 de junio de 1972, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (según enmendada) brindó herramientas para la protección de nuestros recursos y el medio ambiente. Su funcionamiento permitió formar a una camada de puertorriqueños (la mayoría lo eran) especialistas  en las áreas necesarias para la protección de nuestros recursos naturales.

La ley 70 del 23 de junio de 1978 es la que crea la Autoridad de Desperdicios Sólidos responsable de establecer e instrumentar las políticas para el manejo de los residuos sólidos. Con ésta se buscaba atender el problema de la generación y mal manejo de los residuos sólidos. Con la adopción de leyes y reglamentos que promovieran el reciclaje de residuos, se tenía la esperanza de que se pudiera manejar adecuadamente nuestros residuos, algo que lamentablemente no ha ocurrido.

La ley 81 del 30 de agosto de 1991 se conoce como la Ley de los Municipios Autónomos de Puerto Rico. Con esta ley se traslada una parte de la responsabilidad de ordenar el territorio a los municipios  que cumplan con una serie de requisitos. La misma permite que se pueda delegar dicha función a los municipios  a través de la adopción de los Planes de Ordenación Territorial.

Bajo la administración de Sila Calderón se adoptó la ley 267 del 10 de septiembre de 2004 conocida como Ley Sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible. La misma se adoptó para establecer la política pública del ELA para encaminarnos hacia un desarrollo económico sostenible.

El Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT) fue adoptado bajo la administración de García Padilla , en 2015, después de muchos esfuerzos para su adopción al aprobar una Orden Ejecutiva (OE-2013-015, del 28 de febrero de 2013) que ordenaba a la JP culminar, durante los próximos 12 meses, el proceso iniciado por la ley 550 de 2004. Su finalidad es ordenar el uso de nuestro territorio de manera que se conserven los terrenos y recursos que haya que conservar y establecer disposiciones y limitaciones sobres los terrenos que se puedan utilizar para desarrollarse. El PUT divide nuestro territorio en varias categorías (llamadas clasificaciones): suelo urbano, suelo urbanizable y el suelo rústico, en el que se incluyen los terrenos a proteger.Estas categorías se subdividen.

Como ya hemos señalado, la decisión del uso de los recursos naturales y el medio ambiente conlleva una lucha de poder en la que sectores acomodados de la sociedad, con vínculos cercanos al gobierno colonial han tenido la de ganar. Los constructores de hogares, y sectores organizados de los comerciantes del país son parte de estos grupos.Los mismos se enfrentan frecuentemente a miembros de comunidades que se verán afectados directamente por los proyectos que proponen y a organizaciones que defienden y buscan proteger los recursos naturales y el medio ambiente.

Y es por esto que creemos que las disposiciones de las leyes (y los reglamentos asociados a las mismas) que he mencionado establecieron un marco legal que hasta cierto punto le ha servido a los grupos ambientales y comunitarios para enfrentar los proyectos y las amenazas que sectores poderosos de la sociedad impulsan. Han sido muchas las ocasiones que el conocimiento preciso de dichas disposiciones ha permitido paralizar proyectos que representan amenazas para las comunidades y para nuestros recursos naturales y ambientales. El proyecto de la finca de monos propuesta para el Sector Pueblito del Carmen en el municipio de Guayama en el 2011 es un buen ejemplo de esto.

El avance del neoliberalismo a nivel global y su impulso por los partidos gobernantes en Puerto Rico durante las pasadas décadas, con sus políticas dirigidas a proteger al capital y desmontar el gobierno,  ha logrado que los beneficios obtenidos por las leyes y regulaciones mencionadas se vean reducido. La amenaza que dichas políticas neoliberales representan se expande por el proceso de corrupción ambiental, en la que sobran los amigos del alma de los partidos gobernantes que se benefician.

Son muchos los casos en el que se violan las disposiciones de la reglamentación ambiental  y la de la ordenación del territorio, pretendiendo legitimar por la vía de la falta de recursos para la fiscalización. Las construcciones como son las casas flotantes de La Parguera, las invasiones y construcciones en la Bahía de Jobos en Salinas, la construcción y expansión del Condominio Sol y Playa en Rincón, las construcciones en zona marítimo terrestre como ocurre cerca de la Cueva del Indio en Arecibo, y las muchas construcciones sin permiso son frecuentes. Son muchas las construcciones que inician sin permiso y  después se legalizan imponiendo cambios contrarios a la calificación existente. Esto forma parte del día a día del conflicto que se da por el uso de los recursos naturales y el medio ambiente en Puerto Rico.

El desarrollo histórico de la sociedad puertorriqueña nos conduce a pensar que, cuando alcancemos la independencia, estarán presentes muchos de los conflictos sobre el uso del suelo y sobre los recursos naturales y ambientales que hoy tenemos. El tránsito desde la colonia a la independencia no cambiará dramáticamente nuestra realidad presente. Las familias con el poder económico y con acceso al poder político que han formado parte de los grupos y clases dominantes (los amigos del alma) no van a desaparecer del panorama.

El desarrollo de una economía soberana que pueda enfrentar los retos de la independencia, en sus inicios requerirá afianzar políticas públicas que garanticen el desarrollo ordenado de nuestro territorio. La inmediatez que impone satisfacer necesidades urgentes no debe ser quién nos dirija hacia ese futuro esplendoroso al que aspiramos. El uso y desarrollo de las herramientas de planificación y protección de los recursos naturales y ambientales seguirán teniendo mayor sentido en la ordenación del territorio, manteniendo la visión de largo plazo a la vez que nos enfrentamos a los retos urgentes.

Sabemos que las necesidades serán muchas debido a las condiciones que se han forjado durante los siglos en que hemos vivido bajo el colonialismo. La explotación colonial no es para que se viva en mejores condiciones, es para extraerle las riquezas a los pueblos colonizados. Por lo tanto, es la independencia la que nos permitirá tomar decisiones pensando en nuestro beneficio, pero también nos presenta grandes retos que tendremos que enfrentar.

Son varios los retos importantes que tendremos que enfrentar en la independencia. Algunos que consideramos importante mencionar son: una población envejecida con una tasa de reproducción que no permite sustituir a la población en edad productiva; una tasa bien baja de participación en la fuerza laboral; una proporción importante de la población que no tiene ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades y viven en condiciones de pobreza; y la falta de puestos de trabajo que permitan emplear a muchas personas que se encuentran sin empleos formales.

Todas estas actividades se realizan haciendo uso de recursos naturales y el medio ambiente, transformándolo. En este sentido, competimos con la naturaleza por el uso de los recursos. Cada actividad que realizamos en el territorio conlleva el uso de recursos, con el concebido costo, el costo de oportunidad de utilizar los recursos de esa manera y no tenerlos disponibles para otro uso, incluyendo su conservación y legado para las generaciones futuras.

Si los seres humanos no ocuparemos el territorio, prevalecería el estado natural. De la conservación de los recursos y el medio ambiente podemos obtener el beneficio de no uso, dejándolos para que el sistema natural se mantenga y que las generaciones futuras puedan disfrutar de estos.

La utilización de los recursos naturales y el medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades, con la producción de bienes y servicios, está vinculado al número de personas que ocupamos el territorio. Nuestra ocupación del territorio se realiza transformando el medio ambiente natural, alterando dicha condición natural para establecer usos diversos relacionados con la convivencia humana. Dicha convivencia nos requiere utilizarlos para la vivienda, la producción de alimentos, la producción de bienes procesando materia prima, actividades recreativas, las necesidades de transporte, los servicios de salud, educación, seguridad y comunicación, la generación de energía para realizar ésta y otras actividades, incluyendo el depósito de residuos que se generan de estas actividades. Debemos reconocer las implicaciones del uso de los recursos naturales y el medio ambiente.

Una de esas actividades, fundamental, es la agricultura. La cantidad de alimentos que produce nuestra actividad agrícola y la cantidad de terreno que se utiliza en esta actividad depende de cuántos son los que tenemos que alimentar. En años recientes se ha dicho que los puertorriqueños importamos el 85 % de los alimentos que consumimos. Y por lo tanto, producimos alrededor del 15% de los alimentos que consumimos, haciendo uso de los recursos naturales y ambientales;  o sea, la tierra, el agua, la energía y otros recursos.

Producir ese 15% conlleva usar recursos en una proporción más o menos fija, lo que nos permite utilizar valores promedios para estimar la cantidad de recursos que se utilizan. Esto quiere decir que cada 1% de los alimentos que consumimos lo podemos relacionar con una cantidad promedio de recursos utilizados para su producción. Y de lo anterior nos atrevemos hacer un estimado de que reducir a 70% los alimentos que importamos puede conllevar casi duplicar los recursos que utilizamos hoy  en la producción de alimentos. Esto nos da una idea de lo que conlleva aumentar la producción de alimentos.

Si tras alcanzar la independencia un 10 % de la población de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos decidiera moverse a Puerto Rico, estos serían bien recibidos, pero a su vez tiene implicaciones en la necesidad de recursos. Los recursos necesarios para satisfacer su demanda de alimentos requiere aumentar nuestra disposición de alimentos en alrededor un 15% de los alimentos que consumimos hoy, aumentando la presión en el uso de los recursos para la agricultura.

Actualmente nuestros terrenos reservados para la agricultura en el PUT se ven amenazados, poniendo cada vez más en riesgo nuestra seguridad alimentaria. En las últimas 4 ó 5 décadas, nuestros terrenos de mayor productividad agrícola han estado amenazados por la expansión de la construcción de urbanizaciones. Y aunque reconocemos la necesidad de protegerlos, la presión que realizan los amigos del alma vinculados a los constructores de hogares, ha reducido los terrenos agrícolas en muchos de nuestros valles. A esto se suma los proyectos para establecer fincas de paneles solares en dichos terrenos.

Creemos que es necesario identificar cuánto y cuáles  alimentos queremos y podemos producir. Sabemos que existen propuestas de personas que han estudiado el asunto de nuestra seguridad alimentaria y se ha indicado la necesidad de reservar una cantidad de cuerdas de terreno para producir los alimentos que consumimos (las cuáles tenemos disponibles). Ese análisis tiene que incluir las expectativas de un crecimiento de nuestra población por la vía del retorno a la patria de los que viven fuera del país.

Deberíamos evaluar que productos agrícolas tienen prioridad para que los produzcamos nosotros y cuáles pudiéramos decidir importarlos, teniendo presentes las implicaciones para el futuro. Como ejemplo de esta evaluación, pudiéramos decidir producir huevos, gallinas y pollos, ganado para leche y ganado para carne, cerdo, conejo; y decidir que una parte de los alimentos para la crianza de estos animales los vamos a importar desde la República Dominicana, o desde Cuba o desde otros países cercanos a Puerto Rico. De este ejemplo se trasluce que hay preguntas que contestar como son los temas de: cómo logramos la seguridad alimentaria, a quién le podemos y debemos comprar, cuánto vamos a comprar y cuánto vamos producir nosotros, entre otras.

Enfocándonos en el tema energético, este también es un asunto que representa retos.  Tendremos que tener presente que si aumentamos la producción y el consumo de bienes y servicios, tendremos que aumentar el consumo de energía. La propuesta de movernos en el 2050 a generar la energía con fuentes renovables permitiría atender estos aumentos con el uso de dichas fuentes. Pero en la actualidad, está en entredicho si podremos cumplir dicho objetivo, el cual está siendo bombardeado por sectores que se benefician de que mantengamos la producción de energía utilizando combustibles fósiles.

No debemos olvidar que los sistemas de energía solar y la generación con otras fuentes renovables requieren que importemos sus componentes desde el exterior y que se le dé mantenimiento. Las cadenas de suministro de dichos componentes es un asunto relevante que se tiene que estudiar de manera que nuestra dependencia en dichos componentes no ponga en riesgo nuestro sistema energético, en la independencia.

Todos los sistemas de generación de energía ocasionan impactos al medio ambiente, los cuales deberemos minimizar para que las fuentes de combustibles renovables no resulten en un daño ambiental inaceptable. Esto incluye el manejo de los residuos que se generan en el mantenimiento y sustitución de equipos que finalicen su vida útil. Su manejo puede ser fuente de generación de empleos y de sustitución de importaciones de productos, al hacer uso de dichos residuos.

Otra asunto que debemos atender es el manejo de los residuos sólidos que se generan en casi todas las actividades que forman parte de la convivencia humana. Sin importar que tengamos la mejor intención de no generar dichos residuos, los mismos se producen. Lo importante entonces es cómo los manejamos para que no constituyan un problema.

En la actualidad, la política pública para el manejo de los residuos sólidos se basa en la idea de las tres R´s (concepto que recientemente ha evolucionado y multiplicado para llegar a 9 R´s). En esencia, se parte de la premisa que debemos manejar los residuos de manera circular, a la misma vez que minimizamos su generación, modificando los procesos de diseño, producción y uso de los bienes y servicios.

La reducción en el uso de recursos para la producción de bienes y servicios reduce los impactos que ocasionamos al medio ambiente, reduce el consumo de energía y de otros recursos y reduce los residuos sólidos que generamos. Para esto se requiere políticas públicas que promuevan cambios de comportamiento, cambios en los procesos productivos y cambios en los procesos de consumo.

De la misma forma que hay grupos que se oponen a la energía solar, hay quienes se oponen al manejo de los residuos de forma sustentable, y grupos que se oponen a la conservación de los terrenos agrícolas para que los dejen construir urbanizaciones, etc. Forman parte de los que se oponen a que los puertorriqueños hoy podamos conservar nuestros recursos y el medio ambiente , amenazando nuestra patria material y el bienestar futuro de nuestro pueblo. Son los que hoy generan los conflictos a los que nos enfrentamos los grupos ambientales y comunitarios. Los hemos visto en Salinas, en Rincón, en la ocupación de nuestra zona marítimo terrestre y con sus proyectos contaminantes como el incinerador.

Los conflictos en la independencia los vamos a tener. Los sectores que hoy amenazan nuestros recursos ejercerán su poder para que las cosas no cambien. Por lo tanto, no debemos olvidar que el futuro de Puerto Rico en la independencia depende de la defensa de nuestra patria material. La mejor forma de prepararnos para enfrentarlos es construyendo la independencia desde hoy. Dicha defensa requiere tomar conciencia de su importancia y que nos aupemos de forma organizada. Estamos seguros que venceremos y que SEREMOS LIBRES.