María De Lourdes Guzmán

Presidenta Movimiento Unión Soberanista

De la mente maquiavélica de Luis Fortuño y de quienes le apoyaban en su esfuerzo de entregarle el país a los inversionistas extranjeros, surgió la idea de aprobar la Ley 22 de 2012, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”. El propósito de esta medida es promover que individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos quince años antes de la aprobación de la presente Ley, y que mantienen inversiones en o fuera de Estados Unidos, establezcan su residencia en Puerto Rico, eximiéndoles totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos individuos con respecto a sus inversiones, ganancias de capital dividendos y otros.  Esta legislación se le vendió al país como “…una iniciativa adicional a los efectos de incentivar la atracción de capital extranjero, el crecimiento de la economía y promover el desarrollo socioeconómico de la isla”.

Diez años después de la aprobación de esta nefasta legislación, vemos como el resultado neto de su implementación ha sido convertir a nuestro País en un paraíso fiscal que atrae a estos inversionistas extranjeros a establecerse en Puerto Rico, sin aportar prácticamente nada al fisco, permitiéndoles evadir el pago de contribuciones federales. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), se ha dado a la tarea de fiscalizar la implementación de esta legislación y su impacto económico en el País y revela resultados nada alentadores para nuestra economía y extraordinarios beneficios para estos llamados “inversionistas residentes”.  El reportaje titulado “Fracasa la exención contributiva de la ley 22”, del 24 de junio de 2021, de los periodistas Luis J. Valentín Ortiz, Joel Cintrón Arbasetti y Dalila M. Olmo López, revela que muchos de estos inversionistas han sido procesados por fraude, no cumplen con los requisitos para retener el decreto de exención contributiva, no son residentes bonafide de la Isla y tampoco son fiscalizados por las agencias publicas a cargo de evaluar las ejecutorias de estos individuos.

La investigación del CPI revela que, en casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca auditó a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22 (ahora el número se acerca a 5,000), a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto. La agencia tampoco verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir. Una muestra al azar de 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local, un desempeño que el respetado economista, José Caraballo Cueto cataloga de “raquítico”.

Por otro lado, se revela que la cantidad de planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los beneficiarios de la Ley 22 no cuadra con el número de decretos otorgados. A modo de ejemplo, para el año contributivo 2019, Hacienda recibió 1,044 planillas de individuos con el incentivo, de un total de 2,400 decretos vigentes. Es decir, había sobre 1,350 planillas menos que los decretos emitidos.

El economista Caraballo Cueto, menciona que un renglón de nuestra economía si se ha visto beneficiado con la implementación de la llamada ley 22: el sector de bienes raíces.

El profesor Raúl Santiago Bartolomei, de la escuela Graduada de Planificación de la UPR, indica que las alzas en el índice de precio de la vivienda en Puerto Rico, que rondan 15%, “coinciden en tiempo y geográficamente” con el aumento en la concesión de decretos a inversionistas residentes y son más notables en áreas donde hay mayor actividad de alquileres a corto plazo, oportunidades de empleo y atracciones naturales.

Margarita Gandía y Coral Bouret, de Gandía Realty, corredoras de bienes Raíces con amplia experiencia en esa industria dicen, que el Viejo San Juan es uno de los vecindarios donde se observa un drástico aumento en compradores de fuera de Puerto Rico, lo que  dificulta conseguir viviendas para alquiler. Gandía indica que: “Excepto una, todas y cada una de las residencias unifamiliares que se han vendido en Viejo San Juan entre 2020 y 2021 han sido compradas por extranjeros”. Esto ha representado la sustitución de población puertorriqueña por inversionistas extranjeros, situación que se agrava por el hecho de que, en las transacciones recientes, los compradores, ajenos al valor histórico del Viejo San Juan, “…remodelan las casas sin seguir los lineamientos de conservación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, porque desconocen o no les interesa retener la exención de impuestos que esta agencia concede a las propiedades históricas.

Los niños símbolo del inversionismo y la especulación, gracias a la puesta en vigor de la ley 22, son John Paulson y Nicholas Prouty, empresarios oriundos de Nueva York quienes obtuvieron el beneficio de la exención contributiva y se mudaron al País. Prouty anunció inversiones millonarias y empleos. Adquirió el complejo de viviendas Ciudadela en Santurce, el cual se encontraba en quiebra, y la Marina Puerto del Rey en Fajardo. Cinco años después, la imagen de Prouty fue sustituida por los “Crypto Guys” capitaneados por Brock Pierce, negociante de criptomonedas, y luego, por los personajes de internet los hermanos Logan y Jake Paul.

Muchos de estos individuos vienen a turistear, a vivir por la libre y a generar ganancias sin pagar de impuestos en Puerto Rico y a jactarse de como burlan al IRS, gracias a la generosidad de los gobiernos del bipartidismo que les han abierto las puertas y se han convertido en sus sirvientes. Tanto gobiernos PNPs como del Partido Popular han facilitado la implementación de esta ley y promovido su permanencia, siendo el PNP el que más indiferente se ha mostrado a fiscalizar el cumplimiento con los requisitos de los decretos y el más renuente a limitar sus beneficios.

Estos individuos, aprovechando su enorme poder económico, compran propiedades en pueblos de interés turístico, sobre el valor de tasación, lo que tiene el efecto de incrementar significativamente los precios de los inmuebles, haciéndolos inaccesibles para los puertorriqueños que aspiran a hacerse de una propiedad y constituir un hogar pues no pueden competir con el inmenso poder adquisitivo de estos inversionistas. Nunca falta quienes se convierten en cómplices del proceso de desplazamiento de los puertorriqueños, creando y operando negocios de compra y venta de bienes raíces para beneficio de los inversionistas de la ley 22. Empresas como Corcoran Group, LLC anunció el pasado año, la apertura de su cuarta oficina en el Caribe, la cual es dirigida por la Sra. Hebe López Pierluisi, nuera del Gobernador Pierluisi, la que recientemente anunció millonarias ganancias en el mercado de viviendas de lujo, haciendo gala de que la inmensa mayoría de sus clientes son estadounidenses que vienen a Puerto Rico a beneficiarse de la Ley de Incentivos Contributivos.

Comunidades de Puerta de Tierra, Barceloneta, Isabela, Quebradillas, Rincón, han denunciado la compra y acaparamiento de propiedades por extranjeros acaudalados, quienes las adquieren con el único propósito de generar ganancias revendiéndolas o dedicándolas a alquileres a corto o largo plazo. De manera inmisericorde, les notifican a quienes las ocupan, que deben abandonar lo que, por años, ha constituido su hogar; les cancelan los contratos de alquiler, para proceder a remodelar los inmuebles y ponerlos en el mercado lucrativo.

Los senadores Maria de Lourdes Santiago y José Vargas Vidot han promovido la derogación de esta legislación que ha convertido al País en un paraíso fiscal para inversionistas y especuladores. Ante el posible veto del gobernador Pierluisi a una medida que procure su derogación, el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, promueve legislación para enmendar la ley 22 y requerir que haya, entre otras cosas, una inversión mínima de al menos $1 millón, pagando una tasa de 10% sobre ingresos de intereses y ganancias de capital.

Lo que está ocurriendo en estos momentos en Puerto Rico, donde sentimos los embates de los efectos de la ley 22, presagia que nuestro País pueda convertirse en otro Hawaii y los boricuas en parte del folclor turístico. Son ensordecedoras las palabras de uno de los miembros de aquel vergonzoso chat que se ufanaba de su aspiración de ver un Puerto Rico sin puertorriqueños. No podemos permitirlo. La ofensiva en contra de la ley 22, hoy ley 60, si bien requiere que se legisle para derogarla o enmendarla, exige la más firme denuncia, la más decidida resistencia y la movilización de un país que hoy ve amenazada su vida como pueblo. No nos dejaremos y de aquí no nos sacarán.