(La información siguiente es un resumen de publicaciones de la organización Espacios Abiertos y de la ponencia presentada por la Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral del Crédito Público, presentada al Senado de Puerto Rico el 5 de octubre de 2021)

1. Se pagaría deuda que no ha sido auditada e ilegal

La propia Junta de Control Fiscal presentó una demanda en el Tribunal solicitando la nulidad de sobre $6 mil millones de deuda, por ésta violar el límite constitucional de la deuda y la cláusula de presupuestos balanceados contenidas en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En su solicitud al Tribunal la Junta indicó que: “…todas las reclamaciones basadas en bonos de Obligaciones Generales no válidos deben rechazarse porque los bonos se emitieron en violación del Límite del Servicio de la Deuda y, [...], a la Cláusula de Presupuestos Balanceados, y, por lo tanto, los bonos son nulos y los tenedores de dichos bonos no tienen ningún remedio contra el Estado Libre Asociado.”

En los pasados años, han sido presentadas varias demandas que cuestionan la legalidad de más de 13 mil millones en deuda pública de Puerto Rico y rechazan cualquier responsabilidad de pago del pueblo de Puerto Rico ante acreedores de deuda ilegal.
Sin embargo, el Plan de Ajuste dispone el pago de la deuda, sin distinción entre deuda legal e ilegal, a una tasa de recuperación entre 70-80%, haciendo letra muerta la Constitución y exponiendo al pueblo a múltiples sacrificios innecesarios por pagos insostenibles de la deuda. Además, la no cancelación de dicha deuda, le quitaría el derecho al pueblo de Puerto Rico de exigir reparaciones y compensación a los responsables, incluyendo las decenas de intermediarios (underwriters) demandados por su responsabilidad en la crisis y para que devuelvan los millones en comisiones fraudulentas.

2. El pago de la deuda es insostenible

El pago a los bonistas que la Junta de Control Fiscal pretende obligar al gobierno de Puerto Rico, excede la capacidad del Fondo General, a menos que se abandone la atención a servicios públicos esenciales. En 2017, según la Junta, Puerto Rico podía hacer un pago de deuda de $804 millones anuales. Ahora, a partir de 2022, la Junta propone un pago de $1,150 millones y hasta $405 millones más por el instrumento de valor contingente (CVI) atado al IVU y el Ron: ¡hasta $1,555 millones anuales! Ahora la Junta nos “vende” el recorte del 50% como bueno, pero ¿cómo explica 2 esta diferencia (a favor de los bonistas) de $751 millones más, casi el doble de lo que decían previo a los huracanes, terremotos y pandemia?

3. Se promueve el enriquecimiento de unos y empobrecimiento de otros

Según la Junta, el plan de ajuste reduce la deuda en bonos del gobierno central (bonos de obligaciones generales más los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos) en un 61%, de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones. Sin embargo, si se toma en consideración los $7 mil millones en efectivo que la Junta le adelantará a los bonistas, la reducción de esta deuda sería solo de un 23%.
Parte del dinero en efectivo incluido en el Plan proviene de las medidas de austeridad impuestas por la Junta en los pasados años. Cada recorte de presupuesto generó ahorros que ahora servirán para pagarles millones en ganancias sobre la inversión de más de mil millones a bonistas que compraron estos bonos en mercados secundarios a 25-30 centavos el dólar, pero reciben una oferta de pago de entre 67 a 77 centavos el dólar.

4. Instrumento de valor contingente

El Plan de Ajuste estaría creando un “instrumento de valor contingente” (CVI, por sus siglas en inglés) que podría aumentar aún más los ingresos de los bonistas del gobierno central. Dicho de otra forma, si el gobierno recauda más IVU del proyectado por la Junta, los bonistas obtendrían pagos adicionales a los pagos fijos ya acordados. Eso significa que dichos fondos no se utilizarían para beneficio del pueblo de Puerto Rico, aunque nos encontremos con déficit presupuestario en el Fondo General.
En ese sentido, el recorte de 23% podría ser mucho menor, generando todavía más ganancias millonarias a los inversionistas y menos disponibilidad de fondos para servicios esenciales.

5. No se protegen las pensiones

Mientras a los bonistas se les garantiza el mayor pago, incluyendo bonos ilegales, se impone recortes a la principal fuente de sustento de miles de familias reduciendo las pensiones en un 8.5% a todos aquellos jubilados o próximos a jubilarse cuya pensión mensual sobrepase los $1,500 o $2,000. No obstante, si se suman los recortes a las pensiones y el congelamiento de todos los beneficios que disfrutan tanto pensionados como empleados activos, el Plan de Ajuste implicaría un recorte total de 19.3%.
Un análisis de los sistemas de retiro comisionado por la Junta encontró que la mayoría de las pensiones no han tenido un ajuste por costo de vida (COLA), como ocurre con el seguro social. El estudio estimó que 3

el poder adquisitivo de las pensiones se ha reducido en un 19% desde el 2007. El Plan de Ajuste de la Deuda prohíbe que se haga COLA durante los 25 años del acuerdo.
El aumento en umbral de $2,000 no resuelve el problema porque el 43% de los(as) pensionados(as) que reciben recortes son maestros(as) que tienen pensiones promedio entre $1,500 a $3,000 y que no reciben seguro social.

6. La UPR y el Plan de Ajuste de la Deuda

El Plan de Ajuste de la Deuda representa una estocada mortal para la Universidad de Puerto Rico pues no hay garantías que el presupuesto de la institución aumente, sino lo contrario, que se reduzca aún más y eso redundará no solo en el cierre de recintos sino también en el despido del personal y en la laceración de la calidad académica. Desde la llegada de la JCF a la UPR se le reducido su presupuesto en un 51% o unos $426 millones de dólares menos para operar sus once recintos.
Otro de los efectos de los recortes presupuestarios ha sido la pérdida de acreditaciones como la del Programa de Residencia en Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas y la probatoria de otros programas como en la UPR Humacao y UPR Ponce. A su vez ya hoy se habla de manera más concreta por la estrechez económica que la Junta y las administraciones de turno han sumido a la UPR de cerrar recintos como es el caso de la UPR Utuado.