Cuatro meses después del despertar social en Chile, ya se pueden extraer algunas constataciones. Por un lado, la derecha política y económica sigue escogiendo el gatopardismo: desoye las demandas sociales; amalgama la protesta social con violencia y delincuencia, con el apoyo del llamado partido del orden. Sigue insistiendo en una represión que viola la libertad de expresión y los derechos humanos.

INTRODUCCIÓN

Cuatro meses después del despertar social en Chile, ya se pueden extraer algunas constataciones. Por un lado, la derecha política y económica sigue escogiendo el gatopardismo: desoye las demandas sociales; amalgama la protesta social con violencia y delincuencia, con el apoyo del llamado partido del orden. Sigue insistiendo en una represión que viola la libertad de expresión y los derechos humanos.

Por otro lado, el nuevo actor social resiste los intentos de encajonarle en la estrecha vereda de espectador a la que condenaba los ciudadanos el sistema político instalado en 1990. Deja fuera de escena la clase política de oposición que no puede más que constatar el fin de un periodo y su futilidad. Lo que anuncia una reorganización de fuerzas políticas.

Marzo, el plebiscito de abril y los meses que vienen definirán si el proceso político termina en mantención del status quo, en avances hacia un nuevo pacto de la clase política; o bien fuerza cambios profundos correspondientes al anti neoliberalismo del movimiento social que se ha tomado la calle al no tener canales políticos de expresión.

Lo cierto es que nada será igual. El retorno del sujeto social en la política chilena ya ha abierto un proceso de reorganización de fuerzas sociales y políticas que inaugura un nuevo periodo de contornos aun por definir.

Derecha política y económica: Gatopardismo y represión

Por un lado, el gobierno y el bloque en el poder, recurre nuevamente al gatopardismo. Piñera propone cambios cosméticos, haciendo oídos sordos ante las demandas sociales concretas. Con diversos mecanismos, entre los que cuenta el control de los medios de comunicación y es apoyado por el llamado, partido del orden. Es una estrategia de diversión de la derecha política y económica, para ganar tiempo, hasta que se agote el movimiento social. Una estrategia fallida hasta ahora, porque no ha aplacado el profundo descontento social con las políticas neoliberales y la restringida democracia chilena.

Esa estrategia gatopardista, se combina con una feroz represión estatal a través de las Fuerzas Armadas (por primera vez desde la dictadura) y por Carabineros. Una represión que busca mantener a como dé lugar el orden público, violando de manera sistemática los derechos humanos. Desde el derecho a reunión hasta el derecho a la vida. La lógica represiva amalgama majaderamente a ciudadanos que no encuentran cauces políticos de expresión institucional con criminales y un enemigo poderoso que no vacila ante nada, dixit Piñera.

Ambas lógicas (gatopardista y represiva) continúan, a pesar del referendo por una Nueva Constitución el 26 de abril próximo.

Aunque vastos sectores se preparan para una demostración de fuerza popular en marzo y abril; la represión afina equipos y tropas, sin que haya avanzado un ápice la urgente reforma de Carabineros. Se temen nuevas violaciones de derechos humanos, porque no se han acogido las recomendaciones de misiones de observación internacionales. Por su parte la ultraderecha vuelve a viejas prácticas de provocación y destrucción de memoriales de víctimas de la dictadura pinochetista. Tanto el gobierno Piñera como la derecha política y económica, se vuelcan por el rechazo al cambio o el control del proceso con una Convención mixta constitucional.

El movimiento social y la reorganización del sistema político

No hay dudas que el estallido social del 18 de octubre se prolonga. Resiste los intentos de encajonarle en la estrecha vereda de espectador a la que condenaba los ciudadanos el sistema político instalado en 1990.

La continuidad de la movilización social revela una visceral desconfianza en la clase política, tanto por su ineficacia en enfrentar la desigualdad social creada por el modelo neoliberal como por sus abusos y privilegios. Critica la endémica sordera de quienes postergan las respuestas a las reivindicaciones populares, por razones internas del sistema político. El sistema político instalado en 1990 se agotó.

Es política, en cuanto desvela un conflicto de masas movilizadas contra las elites políticas y empresariales: Una crisis de representatividad del mundo social. Conlleva, al mismo tiempo, a una profundización de la democracia, en la medida en que desvela que el aumento de las desigualdades sociales consolida privilegios de pocos, hacen imposible la conversación democrática entre iguales.

Ella es social al anunciar una ruptura con el consumismo y el individualismo, atribuidos a la modernidad neoliberal: Reedita, en un nuevo contexto, el conflicto, nunca resuelto, entre las elites y el pueblo que atraviesa la historia política chilena. Y es que, más allá de la crisis de representación política o de lo político, la persistencia de la movilización apunta a un desencanto generalizado con las promesas de la modernidad neoliberal, porque la plata no alcanza y el crédito ahoga.

La movilización obliga a imaginar nuevas formas de organización de la vida política, social y económica. La urgente demanda, desde mejoras salariales, hasta el fin de las AFP, pasando por la reestructuración del sistema de salud y de educación, en beneficio de las mayorías apunta al abandono de la lógica neoliberal por una solidaridad colectiva y a un sistema político que modere las desigualdades.

¿Cuáles perspectivas?

A pesar del cuestionamiento del sistema político de democracia restringida instalado en 1990, las perspectivas son inciertas. Por lo pronto el estallido social consiguió detener la agenda de profundización neoliberal del segundo gobierno de Piñera, que incluía sin mayor debate, una integración tributaria que permitía reducir en millones de dólares los impuestos a los más ricos.

Por un lado, la intransigencia represiva de Piñera y su agenda 2020, que niega las demandas sociales asegura la mantención de gran inestabilidad. De no mediar su renuncia por su abismal impopularidad, como ha ocurrido con otros presidentes latinoamericanos.

Por otro lado, es necesario valorar el éxito del movimiento social en forzar un cambio constitucional, que no consiguieron las dádivas del contrato social del 1º de julio de 1989. Aunque el cambio constitucional se mueve entre dos polos. El de un mecanismo dilatorio gatopardista, de cambios que aseguren que todo sigue igual o; como mecanismo de continuidad que permite construir un nuevo pacto político, mejor que el de la mal llamada transición. Lo cierto es que abre las perspectivas, por los cuestionamientos valóricos de las relaciones sociales, que le caracterizan, de provocar una reorganización de fuerzas sociales y políticas que reabran el camino de lo posible, de la profundización de la democracia, sin las entrabas actuales.

Es así como, en vísperas del referéndum del 26 de abril, se juegan las características que adoptará el nuevo periodo.

La propuesta del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución está sembrada de obstáculos a la representatividad del sentir ciudadano, que busca imponer un compás de espera a las respuestas a las demandas sociales. Por ello, la reorganización de fuerzas sociales y políticas en marzo y abril reflejan el desafío societal de terminar con el neoliberalismo y los últimos resabios dictatoriales sobre la democracia chilena.

PARTE 1. INTRANSIGENCIA REPRESIVA Y GATOPARDISMO

No a los cambios

Es evidente que el gobierno Piñera se niega a hacer cualquier cambio de fondo al modelo económico y al sistema político. Tras la aparente prescindencia, exigida por la UDI, Piñera milita contra el rechazo del cambio constitucional y contra cualquier transformación sustantiva del modelo económico neoliberal. El mismo es uno de sus productos y no imagina la posibilidad de cambiarlo.

El bloque en el poder, espera abril atacando en todos los planos. Por un lado, sigue privilegiando la política represiva, la criminalización de la protesta y de condena de la violencia, amalgamando la protesta con gestos criminales. Denunciando la violencia callejera, usándola para defender sus intereses al transformarla en el problema principal, e impedir cambios que respondan al sentir de las grandes mayorías.

Por otro lado, el gobierno y sus aliados insisten en mayoritariamente en hacer campaña por el rechazo al cambio constitucional. Agregando el discurso de la imposibilidad de cambio constitucional en contexto de violencia y reactivando organización de su base social contra los manifestantes. En el peor de los casos porque la convención que la cambie sea mixta, permitiendo que la derecha política siga exigiendo su derecho a veto. Sin agenda gubernamental, busca en el Congreso, limitar el proceso constitucional y postergar medidas concretas.

Extensión de la política represiva

Desde el 18 de octubre, el gobierno Piñera repite el mismo discurso de condena a la violencia y los intentos de amalgamar la protesta con grupos delincuentes, con un enemigo poderoso movido por fuerzas extranjeras. Un discurso falso, que tuerce la realidad y no resiste el análisis serio. Lo más cercano a una justificación fue el informe de Big Data regalado por el grupo Luksic, rechazado por antojadizo por el sistema judicial.

Es así como la extensión de la estrategia represiva se ha traducido en decenas de muertos, centenares de tuertos y cegados, de mujeres violadas y abusos, que antes, por ejercerse contra el bajo pueblo eran ocultados, ahora son incontestables. Es lo que han constatado con una terrible regularidad todos los observadores internos y externos del proceso chileno desde el 18 de octubre. Son inaceptables violaciones de derechos humanos, incompatibles con una democracia liberal.

Lo cierto es que en perspectiva histórica, la represión actual extiende la lógica estatal de criminalización aplicada contra los Mapuche y las demandas sectoriales de movimientos sociales. La masiva presencia de banderas Mapuche en las manifestaciones, ejemplifica una filiación del estallido social con la exigencia de un nuevo Chile.

Además, el tratamiento de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por carabineros y militares no lleva a condenas equivalentes. Ello establece una filiación entre la suerte de agentes del Estado actuales, con las limitaciones de una justicia en la medida de lo posible, que caracteriza la impunidad de los responsables militares o políticos de violaciones de derechos humanos, y la deuda de justicia del sistema político instalado en 1990.

El discurso represivo no surte el efecto esperado. Al contrario, la ilegitimidad de la violencia estatal, se tradujo en el Estado violador identificado por el movimiento feminista en la coreografía del colectivo Las Tesis.

Piñera viola los Derechos Humanos

Es indudable que el gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos. Aunque no prosperó la acusación constitucional en su contra por temor a una crisis institucional, es culpable de escoger, sin éxito, la feroz represión de las legítimas demandas del estallido social. (Ver nuestro artículo de diciembre pasado).

En vísperas del retorno de vacaciones en marzo, el Instituto nacional de De Derechos Humanos (INDH), constata, cuatro meses desde el estallido social que las violaciones de derechos humanos continúan. Por un lado, el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones por parte de Carabineros y los militares durante el Estado de Emergencia de octubre, han sumado más de 3 mil heridos. A ello se agregan 445 personas con heridas oculares, cifra inédita de represión a nivel mundial.

Además, más de 10 mil detenidos, fueron anotados en comisarías, sufrieron uso excesivo de la fuerza, violencia sexual, torturas y tratos crueles y degradantes. Por ello, el INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales, que incluyen 951 querellas por torturas, por unas 1.631 víctimas.

La intransigencia represiva se mantiene desde octubre. Las acusaciones de violaciones de los derechos humanos han sido refrendadas por Amnistía Internacional (AI), por Human Rights Watch (HRW), por la Alta comisionada de los DD.HH. de la ONU (OACDH  ), por Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), por la misión canadiense, entre otras.

A comienzos de febrero, luego de su visita in loco, la CIDH, Claudio Nash, concluía que el gobierno Piñera, “sigue sin hacer cambios en su política represiva” y que “ha intensificado la criminalización de la demanda social” que ya había denunciado la CIDH en diciembre. Constataba finalmente, que el poder judicial no está ejerciendo  su rol de control de los abusos, y se suma “a una política de impunidad respecto de los abusos policiales”.

Un gobierno cuestionado

El presidente Sebastián Piñera, se niega a renunciar, pese al generalizado rechazo en las calles y más del 90% en las encuesta CEP. El pueblo se cansó, se unió y exige cambios económicos sustantivos y en la forma de hacer política, para terminar con profundas desigualdades sociales.

No se trata solamente del nuevo pacto social, propiciado por el Pacto por la Paz y la Nueva Constitución que, en el mejor de los casos, verá la luz dentro de dos años. Además, luego de un complejo camino, en el cual la derecha política beneficia de su anclaje en el sistema político actual, su control de medios de comunicación y el dinero, para influenciar los resultados.

Lo cierto es que el gobierno Piñera y sus aliados, se oponen a cualquier cambio profundo y se organizan para impedir la profundización de la democracia a nivel político, económico y social en Chile. Sin embargo, la resistencia popular revela el profundo cuestionamiento por un mundo popular que se reencuentra en calles y poblaciones de los valores neoliberales que sustentan el individualismo de los consumidores contra la solidaridad de los ciudadanos.

Y es que las recientes violaciones de derechos humanos desvelan resabios dictatoriales y de impunidad no resueltos en los últimos treinta años. Esos métodos, de una casta militar y de carabineros, sin controles ni contrapesos, que se cree todo permitido, se extienden contra quienes osan manifestar.

El nuevo periodo se traduce en que ha resucitado el tradicional conflicto entre elites y pueblo, que cruza la historia chilena y latinoamericana. La imposible generalización del individualismo en una sociedad desigual, cuestiona hoy los valores neoliberales, abriendo causes a la acción colectiva solidaria, la presión social y el  debate político. El cambio de periodo histórico está marcado por el cuestionamiento de la forma actual de hacer política.

Gatopardismo: Negativa cualquier cambio de fondo

La sordera del gobierno revela que el discurso del presidente Piñera; su afirmación de que Chile cambió y que el propone una agenda social robusta, no son más que figuras retóricas.

La derecha y las organizaciones empresariales también buscan ganar tiempo para que la movilización social se agote. Incluso, la aceptación del debate constitucional se inscribe en la lógica de ganar tiempo y diluir la voluntad popular de cambio. Entre otras, está la firme negativa a aceptar el voto obligatorio para el plebiscitico del 26 de abril.

Además, la estrategia de imponer que haya dos papeletas. Eso permite sobredimensionar el voto de los opositores al cambio constitucional porque, a pesar de perder el rechazo al cambio constitucional, pueden votar por la convención mixta como mal menor. Ello, sin mencionar el alto quórum de 2/3 que se impondrá a la convención que debe redactar la nueva constitución.

El bloque en el poder y las organizaciones empresariales, también esgrimieron una retórica sobre la necesidad de reducir las desigualdades, que nunca se concretizó. Las declaraciones en ese sentido, de Andrónico Luksic, de una de las familias dueñas de Chile, contrastan con que se descubrió que estaba tras el informe de Big Data que pretendía justificar la represión por la presencia del poderoso enemigo externo. La derecha chilena y los defensores del modelo aparecen incapaces de asumir que la legitimidad relativa del modelo neoliberal se hizo añicos.

El mundo descubre que la condición necesaria y suficiente del éxito del modelo neoliberal chileno estos 30 años, era la limitación de la democracia representativa. La separación de la clase política de la sociedad. El modelo neoliberal nació en Chile, facilitado por una sangrienta dictadura, continuado y reforzado desde 1990, terminó por agotarse, dejando un saldo inaceptable de desigualdades que hacen imposible la conversación democrática.

PARTE 2: CUAL TRANSFORMACIÓN DE CHILE

¿Hacia un Nuevo Pacto Político?

El descontento popular se extiende al conjunto de la clase política, incluidos partidos de la ex-Nueva mayoría, del reciente Frente Amplio. Los políticos opositores, no aparecen ni menos hacen discursos ante las multitudinarias manifestaciones ciudadanas. Varios representantes de partidos políticos no conciben un cambio de época. Y es que en cualquier lugar del mundo, la oposición aprovecharía la revuelta social para hacer avanzar o restablecer fallidas promesas de transición democratizadora.

Es así como, pese a ser mayoritaria, no prosperó abrir el debate de acusación constitucional contra Piñera, por violación de derechos humanos. También apoyaron leyes antisaqueos – antibarricadas y anticapuchas que criminalizan la libertad de expresión y la disidencia democrática. Inclusive cualquier disrupción del orden publico bajo pena de altas condenas. Leyes criticadas por instancias internacionales de derechos humanos. A ello se agregó el rescate del Intendente Felipe Guevara la acusación constitucional por senadores DC, PPD y PS, del llamado Partido del orden.

Es así como figuras políticas claves de la oposición como el senador socialista José-Miguel Insulza, comparten el temor tradicional de la derecha ante la movilización ciudadana, culpándola cuando de ser manifestación y protesta legítima, pasa a ser violencia antidemocrática.

Una tesis de orden, que exonera de faltas a Carabineros, defendida por Piñera de vuelta de vacaciones cuando llama a un acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia.

Es en ese contexto de distancia entre movimiento social y clase política, que existen dudas sobre los objetivos últimos del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, concluido entre 10 partidos políticos de derecha y de oposición. A pesar que ese Acuerdo recoge una reivindicación clave del estallido social, se teme que la búsqueda de un nuevo pacto político no profundice la democracia al excluir la ciudadanía movilizada. (Ver nuestro artículo de noviembre pasado).

¿Y el nuevo actor social?

La prestigiada encuesta CEP mostró que los chilenos, a pesar de rechazar los políticos, apoyan fervorosamente la democracia. La profundización de la democracia exigida por el movimiento social, incluye niveles de igualdad ciudadana inexistentes en el Chile neoliberal. Ello caracteriza al nuevo actor social alejándolo del llamado populismo de moda en otras latitudes. (Ver nuestro artículo de octubre pasado)

La acumulación de las protestas sectoriales de los últimos veinte años, culminó en un no generalizado al sistema político, al modelo neoliberal y las desigualdades sociales y el sistema de valores neoliberal. Hirvió el agua, provocando un cambio cualitativo, dialéctico. Es el deseo de  la sociedad de transformarse en Estado, de refundar la organización política con participación ciudadana.

Se desvela que el “chorreo” prometido no ocurrió. La codicia de empresarios y representantes hizo que el crecimiento económico benefició siempre a la elite. La elite económica, los dueños de Chile, lo reconocen, pero no pueden negarse a sí mismos.

El despertar del actor social abrió las puertas a una reorganización de la representación de la política, en ruptura con los paradigmas neoliberales. Consagró la ruptura social del Pacto Político de 1989, creando una situación potencialmente revolucionaria, semejante a la vivida en otros países latinoamericanos, como aquel de la Venezuela del Punto Fijo. Con ello, abre un nuevo periodo político, que convierte a Piñera en anacrónico, por encarnar los beneficiados del Pacto, que hoy es cuestionado.

Por otro lado, el referéndum del 26 de abril y el tipo de Convención para cambiar la Constitución pueden efectivamente traducirse en exitosa maniobra de diversión de los defensores de la actual institucionalidad. Pero, el referéndum y un proceso constitucional, dependiendo de la participación ciudadana, son una condición necesaria para profundizar las reglas democráticas, y avanzar a un sistema político pos dictatorial y posneoliberal.

Coincidencia de movimientos sociales

El estallido social de octubre es tributaria de la corrupción y desprestigio del sistema político y las consecuencias del modelo neoliberal. El nuevo actor social tiene cuatro vertientes con diversos niveles de filiación histórica.

Su masividad está ligada a la coincidencia de reivindicaciones de movimientos sociales de los últimos treinta años, con sus propios procesos de organización y expresión pública contra la clase política y el modelo neoliberal.

Por un lado, está la experiencia y creciente solidaridad con la Nación Mapuche, particularmente desde el asesinato de Camilo Catrillanca. Contra la criminalización de las legítimas demandas territoriales de los Pueblos Originarios. Es por ello que son las banderas Chilena y Mapuche que simbolizan el despertar popular. Ello aunque organizaciones de la Nación Mapuche y su corriente autonomista tomen distancia del proceso.

También es porque fueron miembros del movimiento estudiantil los que fueron la chispa, con el llamado a evadir el transporte colectivo en la Región Metropolitana. Una evolución desde los pingüinos  hasta las grandes movilizaciones estudiantiles contra el lucro que ya hicieron vacilar al primer gobierno de Piñera y Bachelet. Un ejemplo de ruptura con el neoliberalismo. Una postura ciudadana encarnada en las movilizaciones contra la desigualdad estructural favorecida por la Prueba de selección Universitaria (PSU).

A ellos se agrega el movimiento feminista chileno. Experiencias de movimientos contra el femicidio, por el derecho al aborto, entre otros. El mayo feminista de 2018 y la masiva marcha del 8 de marzo de 2019, encarnaba la unificación de demandas de los movimientos sociales contra un sistema corrupto y violador. Es importante destacar el liderazgo del movimiento feminista en las calles con la coreografía El violador eres tú del colectivo Las Tesis.

La consigna de la Mesa de Unidad Social para las movilizaciones de septiembre, anticipaban ese encuentro: Nos cansamos y nos unimos.

El derecho a protestar

La segunda vertiente, la más visible, es la del movimiento social en las calles manifestando de manera pacífica o resistiendo la represión. Destaquemos que esa vertiente cuestiona abiertamente la violencia estatal porque criminaliza el derecho a reunión y la libertad de expresión: viola hasta el derecho a la vida.

Es la revancha de los ignorados del sistema. Es la revuelta del pueblo mestizo al que se refiere el Premio nacional de Historia, Gabriel Salazar. Con filiaciones históricas en la revolución de la chaucha, en 1949.

Esta segunda vertiente del multifacético descontento popular, porque la plata no alcanza, se inscribe en el surgimiento de un paradigma posneoliberal. La revuelta social ha provocado una crisis política y una crisis institucional. Con su abierta condena de las desigualdades sociales engendradas por el modelo neoliberal vigente reorganiza a ciudadanos, otrora atomizados en fuerzas sociales que influyen en la esfera política.

Es la expresión más tradicional de movimientos sociales. De quienes no tienen canales de expresión política para sus demandas. Tradicionalmente de corta duración, han establecido en Chile, redes de convocatoria y discursivas que le dan permanencia a pesar del discurso político público y de medios de comunicación tradicionales. Ha establecido clínicas populares (cruz negra) de campaña para tratar los heridos de la represión y mecanismos de denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Ha restablecido una cultura de resistencia y de una emblemática primera línea en redes sociales. Una movilización con raíces históricas en el tradicional conflicto de las elites contra el pueblo en Chile.

Ello explica que sea la expresión más temida por el gobierno Piñera y sus aliados y blanco de las acusaciones de violencia, del enemigo poderoso contra el que se debate Piñera.

Instancias intermedias

En tercer lugar, está el fortalecimiento de instancias intermedias de coordinación de la movilización social, de carácter autónomo ó ligadas a partidos políticos; por derechos y contra el neoliberalismo.

Es el ejemplo, entre otros de la Mesa de Unidad Social  y de las más de 200 organizaciones sociales que la componen. Fue la Mesa Unidad Social la que convocó la marcha más grande de Chile el 25 de octubre que reunió más de un millón y medio de personas en torno a la Plaza de la Dignidad y centenares de miles en el resto del país.

Unidad Social reúne desde sectores del movimiento sindical tradicional, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), del Colegio de Profesores, hasta el movimiento No+AFP, que alcanzó grandes niveles de masividad en su lucha contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) uno de los baluartes del modelo neoliberal chileno.

Una vertiente en que la diversidad del movimiento social se traduce en debates y rupturas que reflejan, principalmente formas de representación y de búsqueda de contenidos.

En cierto modo, la dinámica de la Mesa de Unidad Social, refleja la complejidad del proceso de representación social, de unir las organizaciones sociales existentes, incluidas las que plantean demandas sectoriales.

La salida de sectores estudiantiles o feministas refleja la existencia de vertientes distintivas del movimiento social, propias a la deliberación ligados a la profundización de la democracia participativa. La Coordinadora Feminista 8M, se retiró de la Mesa de Unidad Social a comienzos de enero, por no haber sido considerada por el movimiento sindical. Los miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) también se retiro por divergencias de representatividad.

Se trata de un proceso abierto que se nutre del resurgimiento de la solidaridad popular entre si y del combate contra las elites.

Instancias Territoriales

Finalmente está la vertiente de movilización social territorial, poco publicitada en medios de comunicación tradicionales. Las asambleas ciudadanas surgieron del estallido social, tienen una dinámica propia (CIPER). Están ligadas a la segmentación geográfica y social de la pobreza/riqueza en Chile.

Son cientos de asambleas, colectivos, cabildos, de comités de acción territorial. Las coordinadoras de asambleas territoriales cubren comunas a lo largo del país (Antofagasta, La Serena, Chillán, Pudahuel, Santiago, La Florida, Puente Alto, La Granja, Maipú, Concepción, San Pedro de la Paz, Temuco, Panguipulli).

Un estudio, que analizó centenares de Cabildos, hasta noviembre, afirma que la mayoría son por gente de izquierda. Convocados por instancias territoriales, (juntas de vecinos, etc.); Para discutir temas específicos; u organizados por instituciones (Universidades, clubes deportivos, etc.).

El espacio local está en disputa. La derecha trabaja en comunas pobres desde la dictadura. Piñera, llamó a que la ciudadanía y las municipalidades organicen cabildos abiertos, para favorecer el dialogo de la ciudadanía con el gobierno. Una estrategia gatopardista según detractores.

Recordemos también, que las municipalidades, de todas las tendencias, realizaron una consulta ciudadana en 226 de las 350 comunas del país en la que participaron más de 2 millones en la que el 91% exigió cambio de la constitución por una asamblea constituyente,  mostrando la importancia de la organización local.

¿Cual rol desarrollarán? Camila Vergara propone que una red de cabildos locales le raye la cancha a los constituyentes, fijando los derechos sociales que deben estar en la Constitución. Otros afirman que el proceso deliberativo debiera ser permanente ¿De construcción de ciudadanía, como señala Salazar? ¿O como plantea el nuevo partido de Fernando Atria? Lo cierto es que, sea cual sea el resultado, como afirma Jaime Bassa, ya hay una nueva forma de organización política, aunque una nueva constitución no los ponga por escrito.

Los contenidos del estallido social

Los contenidos de la rebelión se articulan en la denuncia generalizada de las consecuencias del modelo económico neoliberal, del cual la experiencia chilena es la más acabada. No es por nada que las pancartas esgrimen que el modelo neoliberal globalizador nació en Chile y terminará en Chile.

Las desigualdades sociales

Por un lado, lo más evidente, es la denuncia de la desigualdad social por la mala distribución de la riqueza. Ella se inscribe en la percepción de enormes injusticias y de abusos ligada a una diferencia de trato en la definición de políticas, en lo social, la educación, la seguridad social, todos los ámbitos de la reproducción de la vida social.

Los ejemplos abundan. Una recopilación de la fundación Sol establece que mientras el 50% de los trabajadores gana 400 mil pesos o menos, unas 1800 personas, el 0,01% tienen un ingreso mensual de 576 millones de pesos.

La participación en el ingreso nacional del 0.01% equivale al 11.50% del ingreso nacional total en 2017.

Por su parte, el informe de 2019 de la CEPAL indica, que si se considera la medida más cercana a la realidad, la riqueza neta, el 1% poseía el 26,5% de los ingresos en 2015.

Por otro lado, la fosa entre el 5% más rico y el 5% más pobre, que era de 103,7 veces en 1990, aumento a 252.4 veces en 2017.

Estos antecedentes no hacen más que confirmar una situación inaceptable. Recordemos que una de las consecuencias inmediatas del estallido social fue que la agenda de profundización neoliberal del gobierno Piñera se fue al traste.  Su gobierno buscaba reducir en unos 500 millones de dólares  los impuestos de las grandes empresas, integrando los ingresos de estas con los de sus dueños.

Lo debió abandonar pero no ha planteado aumentos de impuestos que permitan reducir la desigualdad social. Debe constatarse que el gobierno de Sebastián Piñera no tiene en su cartera ninguna medida que permita reducir de manera importante las desigualdades.

El acceso a una educación de calidad

En cuanto a la educación, hay que considerar en la protesta, dos aspectos fundamentales. Por un lado, es la mantención de la lógica del lucro en la educación a pesar de que se haya instalado un subsidio que ayuda de acuerdo a los ingresos, la lógica no ha cambiado.

Se trata de la denuncia de la educación tratada como un negocio. Sigue operando la llamada libertad de elegir entre una educación publica o una educación privada. El problema es que esa elección depende de los ingresos disponibles.

La consecuencia más evidente es la de las enormes deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), que favorece las corporaciones financieras. Las consecuencias crediticias del un sistema que hace que apenas al terminar los estudios, los alumnos deben ya un 35% de lo que han recibido. La oferta del presidente Piñera al respecto fue solamente de condonar los pagos de intereses. La Unión Demócrata Independiente insiste en que no debe cambiarse la constitución que permite que se pueda elegir libremente la si el que entrega la educación es privado o público.

Otro aspecto clave es la segmentación geográfica del acceso a una educación de calidad. Un indicador fundamental son los resultados de la Prueba de Selección universitaria, que mide conocimientos y no aptitudes. Ello consolida la segmentación geográfica de los resultados de los estudiantes de acuerdo a los ingresos del barrio.

Es contra ese estado de cosas que se dio el levantamiento estudiantil contra la PSU en enero.

La inseguridad social

La movilización es también contra el sistema de la Administradoras de Fondos Previsionales (AFP). Establecidas en 1980, en plena dictadura militar, son la pieza clave del modelo neoliberal al permitir enorme capitalización de las grandes fortunas, mientras los usuarios obtienen pensiones de miseria, que obligan a seguir trabajando.

Las AFP retienen el 10% del salario del trabajador obligatoriamente. No hay ninguna contribución del empleador. Ellas exigen por sus servicios costes de 0.45 a 3%, de inmediato por todo el periodo. La suma de lo obtenido por servicios permite que las AFP aumenten su capitalización.

Como resultado, la pensión tipo otorgada corresponde al 0.5% de lo que el usuario a contribuido durante su vida laboral. Eso hace que el promedio de las jubilaciones no alcanza los 250 mil pesos, muy por debajo del umbral de la pobreza. Incluso para quienes ganaban buenos sueldos en fin de carrera.

Aunque el discurso original de 1980 planteaba que el usuario era dueño de su capital, lo cierto es que este no puede retirarlo nunca, de acuerdo a la legislación. El movimiento no más AFP, denuncia la mentira de que los fondos en las AFP sean de los trabajadores.

Ello permite que las AFP presten dinero a los empresarios y sean un fondo de capitalización enorme que termina invirtiéndose en el extranjero, sin beneficiar la economía nacional.

La propuesta del gobierno es de mantener el sistema de la AFP aumentando el llamado fondo solidario administrado por el Estado. Lo cierto es que ello se traduce en una disminución del ingreso efectivo del trabajador cada mes, sin que se resuelva de manera eficaz el problema concreto de las bajas jubilaciones. No existe un criterio de seguridad social en la política de jubilación neoliberal.

El acceso a la salud

Además la movilización es contra la crisis del sistema de salud completamente colapsado. Ello se traduce en que centenares de chilenos, mueren cada año al no poder acceder a una operación o una tención médica apropiada.

Opera en cuanto a los servicios de salud el mismo criterio de la libertad de elegir entre un servicio público o privado, dependiendo, de cuanto se pueda pagar. Se está muy lejos del acceso a la salud como un derecho humano universal.

El servicio público es el de FONASA (Fondo Nacional de Salud) en el que cotiza el 80% de la población activa con trabajo formal (Hay cuatro niveles de acuerdo a la capacidad de pago). El sistema privado es el de ISAPRE (Instituciones de salud previsional) en los que cotiza menos del 20%. La dificultad del acceso al sistema público se traduce en listas de espera de un millón y medio de personas.

El problema es que el 50% de los costos de salud van al sistema público donde está el 80% de la población. El otro 50% está destinado al 17% que participa en las ISAPRE. Por otro lado, el 54% de las horas de atención médica se realizan en el sistema privado de salud.

En la práctica, el paciente debe pagar de su bolsillo el 35.1% de los costos médicos contra el 20.6% que es el promedio en los países de la OCDE al cual ahora pertenece Chile.

A ello se agregan costos enormes de los medicamentos por ausencia de control de precios. Ello hace que muchos medicamentos sean más caros en Chile que en países europeos. La respuesta del gobierno ha sido la de proponer un acceso a los medicamentos mediante la importación, pero sin cambiar las reglas de esta, lo que hace muy difícil para un particular.

Por un modelo de desarrollo sustentable

Fuera de ello es necesario agregar los efectos catastróficos del modelo neoliberal extractivista sobre el medio ambiente y sus secuelas de sequía y destrucción del medio ambiente.

Por un lado están las llamadas zonas de sacrificio. Se trata de ciudades en las que la población es sacrificada en aras de la explotación extractivista de recursos naturales como petróleo, cobre: Quintero, Puchuncaví, Cajón del Maipo, son algunos de los nombres que han originado protestas.

A ello se agregan los efectos desastrosos de la privatización del agua mediante concesiones para la agricultura o para las represas hidroeléctricas. Chile es el único país en que el agua puede ser privatizada como si fuera una mina o un terreno agrícola.

Por un Chile Plurinacional

A ello se agrega la condena de la criminalización de las reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios expresada en las banderas Mapuche enarboladas por los manifestantes.

Por un lado, está la aplicación sesgada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga consultar los pueblos originarios sobre los desarrollos extractivistes que les afectan.

Por otro lado, está la denuncia de la criminalización generalizada de la protesta social en línea directa contra el asesinato de Camilo Catrillanca. Violaciones de derechos humanos que se agregan al escándalo de las pruebas falsas de Carabineros en la llamada operación Huracán contra la Coordinadora Arauco Malleco. Para mayores informaciones consultar nuestros artículos sobre la Nación Mapuche.

Por la profundización de la democracia

También está en cuestión la profunda crítica de la clase política. Las encuestas señalan que los políticos apenas alcanzan el 3% de aprobación.

Por un lado está la crítica al exponencial aumento de los sueldos de los congresistas en comparación con los del resto de la población. El que los congresistas puedan hacer una carrera de décadas, siendo reelegidos a perpetuidad.

Por otro lado, está la corrupción por la cercanía entre los negocios y el financiamiento de la política. Una cuestión abundantemente documentada, pero que si embargo no se ha traducido en condenas. Una cuestión que indica una desigualdad de tratos. Lo más risible fue el caso Penta, donde se castigó a los culpables con clases de ética, para que en el futuro aprendieran que estaba mal corromper a los políticos.

Se agrega también la corrupción y los abusos en el ejército y en Carabineros. Entre ellas por el llamado pacogate, que permitía abusos de uniformados con facturas falsas.

De manera coyuntural, el sentimiento de injusticia de la ciudadanía ante la clase política fue acrecentado por hirientes, despreciativas y prepotentes declaraciones de ministros de Piñera. Por un lado, el subsecretario de salud afirmaba que la gente va temprano a los consultorios a hacer vida social. El ministro de salud Jaime Mañalich, afirmaba que el sistema de salud chileno es el mejor del mundo. El ministro de economía Juan Andrés Fontaine afirmaba que el que madruga será ayudado al pagar un pasaje más barato, luego del alza del transporte.

La clase política no ha conseguido mejorar su posición pese a un intento de limitar los aumentos de sueldos y pese a una propuesta de evitar mas de dos reelecciones, que se aplicaría dentro de veinte años.

Por una nueva Constitución

La propuesta de cambio constitucional, estuvo muy presente a comienzos de la transición iniciada el 11 de marzo de 1990. Oficialmente, los partidos de la Concertación de partidos por la democracia, la dieron por terminada con las reformas de 2005, bajo Ricardo Lagos.

Lo cierto es que la Constitución operó como mecanismo de consolidación de una democracia restringida, sin participación social por un lado. Por otro, consolidó y profundizó con acuerdos de libre comercio internacional, un modelo económico neoliberal que demostró su incapacidad en asegurar el bienestar de todos a pesar de niveles de crecimiento sostenido. Se dio una situación de disminución de la pobreza absoluta con aumento de las desigualdades.

A una Constitución adoptada bajo una dictadura militar y sin discusión pública, se agrega un conjunto coherente con políticas neoliberales, de leyes orgánicas de estatus constitucional que exigen mayorías inalcanzables para ser reformadas.

Lo cierto es que la derecha no cumplió la promesa de concurrir a la profundización de la democracia. Por su parte el movimiento político antidictatorial que optó por un pacto de gobernabilidad, terminó defendiendo y profundizando el modelo económico neoliberal y la democracia restringida, perdiendo toda legitimidad frente al estallido social, siendo parte del problema, antes que de la solución.

El movimiento social, mediante una masiva movilización y su presión sobre el sistema político, consiguió lo que durante 30 años, pareció imposible: abrir las posibilidades de cambio de la constitución heredada de la dictadura de Pinochet.

Se trata de la única victoria concreta del movimiento social. Sin embargo, esa victoria se presenta como un proceso complejo, controlado por el sistema de partidos políticos y, que no tendría efectos concretos hasta dentro de un par de años.

PARTE 3: REORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Reorganización del movimiento social y nueva Constitución

Las diversas vertientes del movimiento social perciben la importancia de mantener las luchas por las demandas sectoriales, considerando que el cambio de la Constitución es sólo una de ellas. Por si solo, el proceso Constitucional, no resolverá la crisis de representatividad del movimiento social.

Y es que el proceso constitucional está sembrado de obstáculos a la expresión del movimiento social. Por un lado, el Congreso conserva el control de las reglas de proceso, tanto del voto del 26 de abril como, de la Convención Constituyente o la Convención Mixta Constituyente, si gana el Apruebo. Ello augura la amenaza de un veto constante de la derecha política. Por otro, las posibilidades de participación social en las Convenciones está limitado por que se aplica el mismo sistema electoral que en la elección de diputados y no hay escaños reservados.

Sin embargo, el contexto obliga a definiciones del movimiento social. Es la única contienda aceptada por el bloque en el poder y la oposición política. Unidad Social estima que “no es lo mismo que el plebiscito lo ganemos con un 50,1% de los votos, a que lo ganemos con un 70% o más”. Acordó, participar del proceso, votando por las opciones apruebo y convención constituyente. Pero, llamando a marcar asamblea constituyente (AC) en el voto. Mario Aguilar, presidente del colegio de profesores argumenta que es porque “ninguna de las opciones es una asamblea constituyente soberana”.

Aunque el Servel, señala que ello no anula el voto, si “tienen una preferencia marcada claramente” el debate subsiste. La propuesta fue considerada irresponsable por partidos de la Exconcertación: Fuad Chahin (PDC) la calificó de propuesta irresponsable. El presidente del PS, Álvaro Elizalde plantea que ello aumenta el riesgo de descalificación del voto. El constitucionalista Fernando Atria, estima que Convención y Asamblea Constituyente son lo mismo.

Unidad social

La propuesta de la Unidad Social es de “trabajar en la instalación de una Asamblea Popular Constituyente, plurinacional, paritaria y decolonial, asegurando la construcción de una Constitución desde las bases, desde la pluriversalidad del pueblo soberano”. Agregan la exigencia de “verdad, juicio y castigo a (…) responsables civiles y uniformados” por violaciones de derechos humanos y la criminalización de la protesta social.

Sectores tradicionales del movimiento sindical, ligados a partidos, como el secretario General de la CUT, Nolberto Díaz (militante del PDC) llaman a votar por el apruebo. Critican el llamado de marcar “AC” en el voto del 26 de abril. La CUT, se distanció de Unidad Social, creando el comando 26 de abril, trabaja trabajo conjunto con el comando Apruebo Chile Digno.

Otras vertientes critican Unidad Social por aceptar participar cuando el proceso constitucional no contempla una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Pero no existe, por el momento, un llamado a boicotear el plebiscito del 26 de abril.

Aunque los estudiantes iniciaron las manifestaciones con el llamado a evadir el pago del pasaje del Metro tienen dudas frente al proceso constitucional. Victor Chanfreau vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) rechazan el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, pero no han fijado posición para el voto del 26 de abril.

Por su parte, la Coordinadora nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) llama a participar en el plebiscito, con la campaña “Chile digno, si no pa qué”, que agrupa las juventudes de los partidos que no firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por su parte, Aprueba Nueva Constitución y Convención Constituyente (Emilia Schneider, declaró que apoya el Apruebo con una gira de información en regiones).

La propuesta Mapuche

Por su parte, las organizaciones de la Nación Mapuche ven el proceso constitucional como una apertura al reconocimiento constitucional. Pero existen dudas sobre el proceso, porque no incluye escaños reservados para representantes Mapuche en la Convención Constituyente o Mixta Constituyente. Todo indica que ellos deberán integrarse a partidos y coaliciones para poder hacerse escuchar en una posible Convención Constituyente.

Es así como el proceso se inscribe en la lógica colonial de desconocimiento de la Nación Mapuche. Recordemos que el naciente Estado chileno reconoció la existencia del pueblo-nación Mapuche hasta 1833. Fue formulado en la constitución de 1828, como seguimiento del Parlamento de Tapihue, de 1825. Fue solo con la Constitución Portaliana de 1833 que se invisibilizó la Nación Mapuche.

Por ello, la mayoría de los dirigentes Mapuche y organizaciones que participan en el estallido social se distancian y dudan de los beneficios del proceso constituyente para el reconocimiento del carácter plurinacional del territorio chileno.

Por un lado, Alberto Curamil ganador del Nobel verde, plantea que ahora le toco al pueblo de Chile la represión que sufre el pueblo Mapuche; pero insise en la necesaria autonomía del Pueblo Mapuche frente a este proceso constitucional.

Otros como La Werkén, de Ad Mapu, Ana Llao, señalan que la validez del proceso constituyente dependerá del reconocimiento de la multiculturalidad de Chile; desconfían del Acuerdo de los partidos políticos.

Otros como el presidente de la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche, Juan Carlos Reinado, se consideran marginados.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, estima que la lucha del Pueblo Nación Mapuche tiene otro camino que el del cambio constitucional, plantando una autonomista y una definición anticapitalista.

Otros Mapuche participan en partidos, como el DC Francisco Huenchumilla, la Socialista, Emilia Nuyado, el gobernador de Cautín Richard Caifal (Evopoli), entre otros.

La reorganización del sistema político

La revuelta del bajo pueblo y las clases medias frente a las desigualdades sociales y económicas y frente a la acumulación de demandas no escuchadas por las autoridades, alimentadas por la cultura de impunidad, la arrogancia, la criminalización de la acción colectiva y reformas cosméticas provocaron la explosión social.

La introducción del actor social como actor con incidencia política, trae consigo una reorganización de la representación política, que se traduce en el surgimiento de nuevos liderazgos, nuevas organizaciones sociales, organizaciones políticas, variando la topología política chilena.

La derecha y el proceso constitucional

La Unión Demócrata Independiente (UDI), aliada al ultraderechista, fascista Partido republicano de José Antonio Kast, se inscriben abiertamente por el Rechazo a cualquier cambio de la Constitución.

Argumentan que no se puede cambiar la constitución con violencia en las calles, olvidando que la Constitución actual fue adoptada en dictadura. Esgrimen el discurso de defensa de la institucionalidad/ democracia exigiendo el restablecimiento del orden público a como dé lugar.

Los otros dos partidos de la derecha política tienen matices distintos. Renovación Nacional da libertad a sus miembros y partidarios. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirma votar por el Apruebo del cambio de la Constitución, Sin embargo, la mayoría de su partido está por el Rechazo. Por su parte, Evolución Política (Evopoli) votará institucionalmente por el Apruebo pero también dará libertad de acción a sus miembros.

Tanto RN, Evopoli, la UDI y Republicano, votarán por la convención mixta si fracasa el Rechazo. Hasta el fascista José Antonio Kast del Partido Republicano, abusa para figurar más tiempo en la se inscribiéndose de TV tanto por la Convención Constituyente como por la Convención Mixta.

Es indudable que la posición de la derecha es de mandar señales confusas, de solicitar los sectores preocupados por la seguridad ciudadana. Hasta el Alcalde UDI; Joaquín Lavin, figura presidencial de Chile Vamos anuncia que votará por Apruebo.

Por su parte las asociaciones empresariales de la derecha (SOFOFA, CPC, etc) y grandes fortunas como los Luksic, Matte y otros, están abiertamente por el Rechazo. Argumentan que tendría efectos negativos en la economía del país. Coinciden que no es apropiado revisar la constitución en un contexto de violencia contra la propiedad privada.

Valga destacar la resurgencia de grupos ultraderechistas que han destruido los memoriales de víctimas de la dictadura y chocan con el movimiento social en las calles.

La reorganización de la oposición

La revuelta del 18 de octubre desintegró el Frente Amplio y lo que quedaba de la ex Nueva Mayoría, propiciando la creación de nuevos partidos.

Por un lado, la Democracia Cristiana, (apruebo y convención constitucional) va sola para el plebiscito. Formó el comando Yo Apruebo dirigido por Carmen Frei. En el congreso sigue como balanza del poder, apoyando las propuestas del gobierno Piñera y de baluarte del llamado partido del orden.

Por otro lado, la Convergencia Progresista (apruebo y convención constitucional), formada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical socialdemócrata, formó el Comando Chile Aprueba. Muy dividido, porque algunos de sus representantes en el Congreso han aprobado las leyes anti-saqueo, rechazado la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y el intendente Guevara. Proponen que la nueva Constitución debe traducirse en un nuevo pacto político consensual que incluya a todos.

La Unidad para el Cambio, formó el comando Yo Apruebo Chile Digno. Está formado por el Partido Comunista; la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) el Partido Progresista (PRO), el partido mapuche Wallmapuwen, (WMW). Cuenta con los ex miembros del Frente Amplio, Partido Igualdad, el Partido Humanista e Izquierda Libertaria.

Por su parte, restos del Frente Amplio, formaron el Comando Que Chile Decida, (apruebo y convención constitucional) con Convergencia Social, Revolución Democrática, Partido Liberal, los Comunes y Partido Poder Ciudadano.

El proceso constitucional ha llevado a la formación de nuevos partidos. Destaca Fuerza común, del exsocialista Fernando Atria, resueltamente antineoliberal. También, los partidos para hacer campaña para el plebiscito de abril ó representar constituyentes independientes en octubre, como el Partido Feminista, Chile Más Justo, Por la Gente, Fuerza Cultural, Representación Ciudadana, Partido por la Dignidad, entre otros. El proceso de reorganización de partidos de oposición no ha terminado.

CONCLUSIÓN

El estallido social de octubre sigue influenciando la política chilena. Ha inaugurado un nuevo periodo de la historia de Chile. Se caracteriza por el retorno de un actor social multifacético que coincide en rechazar el sistema político instalado en 1990 y el modelo económico neoliberal instalado en plena dictadura pinochetista a fines de los años 70. Acumula experiencias de luchas sectoriales de los últimos 30 años, trastocando valores y formas de convivencia social neoliberal que ya se creían hegemónicas.

Pero no se trata de un retorno al pasado. Aunque reactive, con todas sus variantes, un nuevo ciclo de conflicto entre las elites y el pueblo.

De manera coyuntural, la intransigencia del gobierno Piñera en dar respuestas a las reivindicaciones sociales y extender una feroz represión, al conjunto del pueblo movilizado, establece un nuevo ciclo de violaciones de derechos humanos. La resistencia al cambio, posterga las transformaciones, pero ha fortalecido diversas vertientes del movimiento social.

Destacamos que el movimiento social detuvo los planes de profundización neoliberal del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Terminó el Oasis del que se jactaba Piñera, pocos días antes del estallido social, en medio de una América latina convulsionada por las desigualdades sociales.

La conciencia del fin de un periodo lleva a intentos de la clase política por establecer un nuevo pacto social, pero no consigue canalizar allí la representación del movimiento social.

Por lo pronto, sin embargo, es evidente que las demandas sociales en educación, pensiones, salud, salarios, por los efectos del modelo extractivista, no disminuirán. Los resultados del plebiscito del 26 de abril determinarán un proceso constitucional que no dará frutos hasta 2022.

Las características del nuevo Chile aparecen inciertas. Lo cierto es que se vive un profundo proceso de reorganización de fuerzas sociales y políticas en el marco de una crisis de representatividad.

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