La falta de transparencia del Departamento de Educación permea el proceso de las inspecciones luego de los temblores, tal como ocurrió con las revisiones que se hicieron después del huracán María.

Según una inspección hecha luego del huracán María, la escuela Agripina Seda en Guánica necesitaba análisis geotécnico y estructural en el edificio principal. Foto por Luis R. Vidal | Centro de Periodismo Investigativo

Carlos Feliciano Acosta, natural de la barriada La Esperanza en Guánica, fue estudiante de la escuela Agripina Seda en la década de los 70. En los 80 fue maestro en ese plantel y entre 2011 y 2013 fue su director. Ver hoy las ruinas de la estructura debido al terremoto de magnitud 6.4 en la escala Richter que sacudió a Puerto Rico en la madrugada del 7 de enero le recuerda que mientras dirigió la escuela siempre hubo simulacros y que el Departamento de Educación (DE) les entregaba un “plan multiriesgos” luego de certificar que esa estructura podría resistir un temblor.

“Nos mintieron”, afirma al cuestionar la certificación del DE que aseguraba la resistencia a un sismo de la escuela construida en 1973. “No tienes acceso [a los planos]. Ellos te dicen en el plan que está certificada”, explicó Feliciano Acosta a la vez que recordó que como director pudo identificar defectos en la estructura debido a una expansión de tres pisos que se hizo a principios de los 70.

En el municipio de Guánica hay siete escuelas, según la lista de 2018-2019 divulgada por el DE, de las cuales Feliciano Acosta entiende que ninguna está apta para recibir estudiantes luego de los temblores. Quizá tenga razón.

A 750 metros de la Agripina Seda está la escuela superior Áurea Quiles Claudio, construida en 1991. Las escaleras de la fachada del edificio están cruzadas completamente por una grieta vertical. En el segundo piso, una varilla asoma donde alguna vez hubo un pedazo de techo en el pasillo y una amplia grieta vertical cruza la esquina de la columna que une con la fachada. Hacia el interior de la escuela, pedazos de cemento yacen tirados en el patio cubierto de pasto.

Frente a esta escuela superior camina el joven de séptimo grado, también vecino de La Esperanza, Jean Carlos Hernández. Estudiaba en la Agripina Seda. De lo que ha visto durante sus caminatas por el casco urbano, no cree que haya escuelas cercanas en condiciones para estudiar, aunque “la [escuela] Elsa Couto, del [sector] Fuig, se ve bien”. Jean Carlos es uno de cuatro hermanos, dos en nivel elemental, y anticipa que comenzará su próximo semestre estudiando en un vagón.

A dos cuadras de la escuela donde estudió el joven hasta el pasado semestre, se encuentra la escuela elemental María L. McDougall, construida en 1918. A simple vista, la estructura de un piso se ve sólida, a excepción de algunos balaustres ausentes en su verja.

Luego del colapso de la escuela Agripina Seda, el DE ordenó inspeccionar el estado de los planteles aún cuando no tienen información esencial, como el año de construcción de los mismos.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó la información del año de construcción de las escuelas al DE y a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y ambas agencias tardaron cinco días en producir documentos fragmentados, con solo algunos de los datos. Ambas agencias confirmaron que esta información no estaba siendo usada para las inspecciones. El Gobierno no ha podido producir a la fecha una lista completa de escuelas cerradas y abiertas, con su año de construcción.

Como parte de las solicitudes, también se pidió al DE la lista de escuelas cerradas por los daños causados por María y de las escuelas a las que fueron los estudiantes del plantel cerrado con la cantidad de matrícula acogida. También se solicitó la lista de empresas contratadas para las inspecciones de escuelas después del huracán y cuánto cobraron, la lista de escuelas cerradas del 2000 a 2018, y si se llevaron a cabo las inspecciones estructurales recomendadas luego de la tormenta. La agencia no ha provisto ninguno de estos datos, más allá de asegurar a través de la Subsecretaría de Administración que “una firma de arquitectos e ingenieros” cumplió con las recomendaciones. El CPI confirmó que tampoco existe un directorio que indique cuáles planteles presentan el defecto de construcción de la columna corta, que se ha detectado como un elemento determinante de riesgo.

La responsabilidad de supervisar la condición de las escuelas se divide entre la AEP y la Oficina para el Mantenimiento de Escuelas Públicas (OMEP), pero ninguna de las dos agencias acostumbra revisar la infraestructura de los planteles con alguna periodicidad, aseguró José Izquierdo Encarnación, quien ha presidido la Junta de la AEP en cuatro ocasiones.

Inician nuevas inspecciones

Hace apenas dos años que se inspeccionaron las escuelas luego del huracán María pero en esa ocasión no se incluyó la revisión estructural relacionada con su vulnerabilidad a terremotos. Aunque el DE solo ha publicado 537 inspecciones luego del huracán, el CPI identificó que de esa cantidad se recomendó la inspección de un ingeniero estructural para al menos 77 escuelas, entre las cuales se encontraban la Agripina Seda y la María L. McDougall en Guánica. En la página del DE faltan informes de inspección de 595 escuelas, y la agencia no proveyó la lista de los 22 planteles que cerraron luego del huracán María para saber si estaban entre los inspeccionados.

Las inspecciones tras el huracán estuvieron a cargo del personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, y los contratistas del DE que no fueron identificados por la agencia al momento de esta publicación. Educación tampoco pudo indicar cuánto costaron esas inspecciones.

Zenaida Feliciano, quien enseña ciencias hace una década en esta la Agripina Seda, recuerda que después de María la facultad identificó grietas que crecían en los pasillos. Incluso antes del huracán veía separaciones entre estructuras. “Nos habían dicho que estábamos seguros, pero hubiéramos muerto todos”, admite la educadora a la vez que apunta que no recuerda las visitas de ingenieros posterior al huracán.

Luego del terremoto, la AEP tiene a su cargo la inspección de 389 escuelas, para lo cual contrató ingenieros privados, puesto que con los 14 que cuenta la agencia no puede completar la encomienda, dijo la directora de la agencia, Melitza López Pimentel. De esos 14 funcionarios, explicó que solo dos son ingenieros estructurales, quienes son los únicos que pueden certificar si las escuelas se afectaron por los temblores, mientras que los demás ingenieros solo pueden verificar el exterior de las edificaciones.

Otras 269 escuelas serán inspeccionadas por Ingenium Professional Group, contratado por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), aunque el acuerdo no está disponible aún en la Oficina del Contralor. A la OMEP se le encargaron las restantes 198 escuelas. El DE separó $595,000 en fondos de la Oficina del Secretario para contratar a ROV Engineering Services, Benítez, Ramos & Associates PSC, y EAS & Associates PSC para estas labores. Las cuatro empresas fueron donantes de candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y tienen contratos durante esta administración con otras agencias.

Las imágenes de la escuela de tres pisos de Guánica destruida fueron muestra de que “nunca se ha tratado con seriedad la amenaza de los terremotos en las escuelas”, afirmó el geomorfólogo José Molinelli Freytes, quien lleva años ha alertado del riesgo de terremotos y la importancia de dedicar recursos públicos a la preparación. Molinelli también advirtió a la entonces secretaria de Educación Julia Keleher que ante el escenario del cierre masivo de escuelas que ordenó la funcionaria, el criterio que debió usarse era su capacidad de resistir sismos.

El secretario del DE, Eligio Hernández Pérez, estimó que el 95 % de las escuelas no cumplen con el Código de Construcción de 2018.

En su intento de proveer alguna seguridad, Hernández Pérez aseguró que las clases no comenzarán hasta que todas las escuelas sean inspeccionadas por ingenieros estructurales, quienes deberán entregar una certificación detallando las condiciones de cada plantel. No obstante, en entrevista radial en WKAQ el pasado viernes, el funcionario indicó que a partir del 22 de enero las escuelas certificadas pueden comenzar el semestre. Los contratos de las firmas de ingeniería estipulan que tienen hasta el 29 de febrero para entregar los formularios de sus inspecciones.

Por su parte, el exsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y líder del Comité Interagencial de Infraestructura creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Carlos I. Pesquera, dijo que las inspecciones oculares se concentrarán inicialmente en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas y Humacao donde el daño fue menor para que puedan iniciar el semestre la próxima semana.

El ingeniero civil José Izquierdo Encarnación indicó que desde 1987 se incluyeron criterios sobre resistencia a terremotos en el documento que rige las construcciones en el país. Entiende que se deben inspeccionar con premura aquellas escuelas que fueron construidas entre 1950 a 1987, cuando el Código no incluía estos criterios. Además, se mostró confiado sobre la resistencia de las escuelas construidas antes del 50 por el Gobierno de Estados Unidos ya que sobrevivieron al terremoto de San Fermín en 1918.

La única escuela superior de Peñuelas, la Josefa Vélez Bauzá, fue construida en 1998 y el CPI pudo observar que muestra severos daños, tales como grietas que cruzan de un extremo a otro del edificio principal y otras diagonales en el techo de los pasillos del segundo piso.

A esta escuela asiste la hija de 14 años de Elizabeth Ocasio, residente de Tallaboa Alta, sector peñolano donde ubica una escuela intermedia. Desde los portones de este plantel se puede observar el defecto de la llamada “columna corta”, señalado recientemente por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores como un elemento de riesgo en estas construcciones.

Ocasio tiene cuatro hijos, dos en edad escolar. “Todas las escuelas de mis nenes las han cerrado”, lamenta mientras asegura que su hija no asistirá a la escuela Josefa Vélez Bauzá por temor de su seguridad y la opción de que asista a la escuela Bethzaida Velázquez de Ponce, que sería la más cercana, le crea dudas puesto que una amiga que tiene a su hija en esa escuela le indicó que tampoco quedó en buenas condiciones.

La escuela Bethzaida Velázquez fue otra para la cual se recomendó la inspección de un ingeniero estructural tras el paso de María porque mostraba desniveles, y escaleras y vigas inclinadas, además de grietas en el segundo nivel.

El CPI solicitó todos los informes de evaluación de escuelas preparados por el Cuerpo de Ingenieros luego del huracán María, pero ni esa agencia ni la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés), quien pagó las inspecciones, ofrecieron la información.

Resistencia a sismos no es lo que buscan las inspecciones

Aunque el DE determinó que las inspecciones oculares iniciales se concentran solamente en determinar si las escuelas quedaron en el mismo estado en que estaban antes de la actividad sísmica del 7 de enero, las comunidades escolares exigen que se complete una evaluación estructural por ingenieros especializados, quienes puedan especificar si las estructuras están comprometidas. Además de tomar en cuenta daños visibles, también se considera la condición del terreno (desniveles, grietas), dónde ubica la escuela (zonas propensas a tsunamis o deslizamientos), los materiales y técnicas usados para su construcción, así como el diseño.

“Al momento lo que se está determinando son daños visibles al sistema estructural, no si son (escuelas) sismo-resistentes”, indicó Pesquera al tiempo que aseguró que la Gobernadora buscará fondos para impulsar un programa que evalúe la resistencia a sismos de las estructuras públicas, lo que que conlleva recabar información de distintas agencias, como la Junta de Planificación.

Otra de las escuelas para la cual se recomendó la visita de un ingeniero estructural luego de María es la Superior Central de Artes Visuales en Santurce. La construcción de 1925 fue inspeccionada por un ingeniero civil el pasado sábado, confirmó Maribella Maldonado Pérez, del Consejo de Padres.

De acuerdo a Maldonado Pérez, el inspector no refirió una visita subsiguiente por parte de un ingeniero estructural puesto que no vio daños a causa del temblor. Sin embargo, desde el paso de María partes del tercer piso de la escuela permanecen clausurados porque las filtraciones han provocado el colapso del estucado del techo. La OMEP solo atendió una infestación de ratas en la biblioteca el verano pasado, pero no ha hecho la reparación del tercer piso.

Para el arquitecto Edwin Quiles, determinar la seguridad de una estructura no debe recaer únicamente en la fecha de su construcción porque, por ejemplo, las construcciones del Gobierno militar – a las que alude Izquierdo Encarnación – utilizaban materiales mucho más rígidos y resistentes comparados a los de hoy.

Molinelli Freytes, por su parte, añadió que, “la vulnerabilidad de una escuela no depende nada más del Código de Construcción bajo el cual fue construida sino dónde está situada, algunas en zonas deslizables o cercanas a zonas de tsunami”.

Tanto el ingeniero Izquierdo Encarnación como el geomorfólogo Molinelli Freytes coincidieron en que deben descartarse aquellos planteles que ubiquen en zonas propensas a tsunamis, inundaciones o deslizamientos. El primero agregó que también se debe tomar en cuenta el deterioro de la escuela y el hundimiento del terreno.

“Yo planteé cuando hubo todo este cierre de escuelas que la prioridad para cierre de escuelas tenía que ser las que no aguantaran un terremoto, y si eso se hubiera utilizado no hubieran habido ni oposición al cierre de escuelas porque si sé que voy a enviar un hijo a una escuela que puede colapsar yo agradezco que la cierren y pongan a mi hijo en una escuela segura”, expuso Molinelli Freytes.

Las escuelas que son refugio

Considerando el criterio planteado por Izquierdo Encarnación sobre las escuelas construidas antes del Código de Construcción de 1987, habría que descartar por su año de construcción al menos 64 refugios de los disponibles para 2019 según la lista del Departamento de la Vivienda. Si se incluyeran escuelas construidas antes de la década del 50 por temor a la antigüedad de la estructura, la lista de refugios a eliminar asciende a 91 de un total de 358.

En Puerto Rico el 84% de los refugios para emergencias son escuelas.

En Guayanilla, la escuela Gloria María Borrero, construida en el 2002, se está utilizando para refugiar a quienes no se sienten seguros en sus hogares por la actividad sísmica que no se detiene en el sur desde finales de 2019. Cuando el CPI visitó la escuela, habían mudado a las personas a la cancha bajo techo contigua, que no presentaba daños visibles tras los temblores. Los habían sacado de la escuela porque en el comedor “explotó el empañetado”, dijo en entrevista telefónica el director de la escuela, Raúl Rivera. No obstante, la funcionaria de Vivienda, Migdalia Orengo, indicó que tanto personal de AEP como de Educación estuvieron al menos dos veces allí por espacio de una hora y aseguraron que no había daños de los que preocuparse en el refugio.

En la cancha de la escuela Gloria Borrero, la vecina del sector La Playa, Gloriel Pérez Ortiz, alimentaba a sus dos pequeñas que aún no asisten a la escuela. En el catre contiguo terminaba de comer su sobrina de siete años, estudiante de la escuela Dalila Torres. Pérez Ortiz tiene pasaje de ida para Nueva York para el 25 de este mes, junto a su esposo, hijas y sobrina.

La escuela elemental de su sobrina también fue referida para inspección estructural después de María, y cuando el CPI visitó la escuela, los primeros dos a tres pies de una pared posterior del salón del Programa de Educación Especial sobresalía hacia afuera luego que una grieta horizontal separó ese pedazo del resto de la pared. Hace dos años, la recomendación de una mejor inspección fue por desniveles en el salón de kinder.

Según las zonas de desalojo identificadas en los mapas del Programa de Tsunami de la Red Sísmica, la escuela Ecológica Carmelo I. Ríos de Culebra también debe descartarse como refugio.

Tras el terremoto del 7 de enero, en Utuado, Guayanilla, Coamo, Lares y Maricao se abrieron 13 refugios de los cuales cinco son escuelas. De estos cinco municipios, tres alcaldes confirmaron que no habían tenido comunicación con el Departamento de Educación para coordinar inspecciones.

Para el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Silva, el refugio ubicado en la escuela Antonio Reyes Padilla no mostraba ningún daño a causa del sismo. Sin embargo, aseguró que ninguno de los refugios identificados en su ayuntamiento para la temporada de huracanes de 2019 sirve “hasta que se verifique el daño estructural” de todos los planteles escolares.

Por su parte, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, aseguró que la escuela refugio José Felipe Zayas no mostraba daños y fue certificada por la AEP antes de la pasada temporada de huracanes.

“Como defensor de la municipalización, y viendo nuevamente la burocracia durante la emergencia, pude haberlo hecho ya con ingenieros acá”, dijo García Padilla en referencia a la inspección de 12 escuelas de su municipio, la cual “realmente urge, pero no he tenido ninguna comunicación de Educación”.

Mientras, el alcalde de Lares, Roberto Pagán Centeno, aseguró que aunque la escuela Julio Lebrón Soto no muestra daños por los temblores, “ahora mismo no hay refugiados dentro de la escuela porque nadie quiere estar dentro de estructuras”.

El DE no ha mencionado ningún plan de contingencia para atender a los estudiantes que no podrán regresar a escuelas que no son aptas o seguras, aunque en la tarde del viernes autorizó servicios para la población de Educación Especial.

A la preocupación de no tener un plan de contingencia, la portavoz del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, Jeanette Morales, agregó que, “Nuestros hijos de educación especial es distinto, si ellos sienten un temblor (no siempre) van a salir corriendo o a seguir un protocolo. No ha habido comunicación (con el DE), ¿Cómo se va a asegurar ese personal que va a estar con nuestros hijos cuando sintamos que se mueve la escuela? Mi hija lleva en el sistema público prácticamente seis, siete años, y nunca he tenido una invitación a una experiencia a ver cómo es que se desaloja a mi hija si hay un temblor”.

La presidenta del sindicato Educamos, quien es maestra en la escuela José Celso Barbosa de San Juan, afirmó que en su escuela nunca ha tenido un simulacro. “Soy maestra de Educación Especial y estoy en un segundo piso. En mi escuela tengo 52 estudiantes con autismo con una asistente. Yo sola en un salón con una puerta, ¿Cómo manejo eso?”, preguntó Migdalia Santiago.

Unas 202 escuelas han sido construidas desde 1987, según información provista por la agencia al CPI. La más reciente, la Vocacional San Isidro en Canóvanas, se finalizó en el 2016. Se trata de escuelas que debieran cumplir con los códigos de construcción de 1987 y que, según coincidieron por separado los ingenieros Juan F. Alicea Flores, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y el ingeniero José Izquierdo Encarnación, exsecretario de Transportación y Obras Públicas, deben resistir un terremoto de alta magnitud.

“El Código de 1987 es el primero que introduce la ductilidad a los edificios de concreto en Puerto Rico”, afirmó Izquierdo Encarnación sobre el concepto que explica la flexibilidad en las columnas que sostienen una estructura y evita que estas se partan como consecuencia del movimiento de la tierra.

“Todas las estructuras de (la Autoridad de) Edificios Públicos hechas posterior al 1987 se supone que consideren el problema de la columna corta y se supone que están diseñadas para ductilidad, que el edificio pueda ‘bailar’ con el terremoto, y que no les pase nada”, amplió.

El fallo de la columna corta es un problema estructural que se identificó en las escuelas del llamado diseño tropical. Son columnas de soporte sin flexibilidad que provocarían el colapso del edificio como consecuencia del movimiento de la tierra. Aunque el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, así como expertos en el tema han advertido sobre este problema desde antes de la década del 2000 en cientos de escuelas construidas con este diseño en Puerto Rico, solo una parte de estas han sido arregladas.

El grave riesgo de seguridad que este diseño representa ya fue confirmado durante el terremoto de Venezuela en 1997, donde colapsaron edificaciones con este mismo diseño y otras quedaron dañadas.

“El problema que hay ahora es que el Gobierno no tiene precisión [sobre] cuáles de las que fueron reparadas son las que están en servicio o si alguna de ellas fueron de las que se sacaron de servicio cuando se cerraron escuelas. El primer paso sería cuántas de esas escuelas que se repararon y se corrigió esa condición, cuáles están disponibles para usarse y cuáles están fuera”, cuestionó por su parte Alicea Flores.

La escuela Luis Muñoz Rivera, ubicada en el barrio Mameyal de Dorado fue construida en 1989 y contaba con las certificaciones de “tsunami ready” y “storm ready”. Además, funcionaba como refugio de la comunidad. Cuando la facultad, los padres y las madres de la escuela recibieron en verano de 2018 una notificación verbal de que su plantel sería cerrado, levantaron un campamento en protesta que duró cerca de 40 días. Al final, maestros y estudiantes fueron reubicados en la escuela del casco urbano Jacinto López Martínez, cuya estructura data de 1929 y luce deteriorada.

La maestra Juanita Maymí, quien enseña kínder hace 27 años, y luchó porque se mantuviera abierto el plantel, recuerda que, en una reunión con un ayudante de la exsecretaria Keleher, el único criterio que se les presentó para justificar el cierre fue un dato erróneo sobre la cantidad de estudiantes matriculados. El estado de la infraestructura, señaló, no fue parte de la conversación.

“Sigo pensando que no debió cerrarse esa escuela porque era muy buena escuela. Creo que deberían ir a verificar las facilidades y considerar reabrirla”, expuso la maestra.

Para la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, el hecho de que el Departamento de Educación haya cerrado escuelas de mejor infraestructura y ubicado a estudiantes y maestros en planteles en peor estado raya en “negligencia criminal”.

“Evidencia que el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación no tenían un plan y el terremoto de hace una semana confirma cuán negligente fue el actuar de Julia Keleher y Ricardo Rosselló que hoy nos pone en un riesgo mayor”, expuso.



Cristina del Mar Quiles colaboró con esta historia.

(Tomado de Centro de Periodismo Investigativo)