Si se examinan las previsiones económicas y sociales de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en sus últimas publicaciones sobre el panorama de la región en esos campos, no es alentador el futuro para el año 2020. En economía, continuará la recesión y en algunos países se agudizará esta tendencia que viene desde 2015. Y, como consecuencia de ese camino, se agravarán los problemas del desempleo, el subempleo, la pobreza y la concentración de la riqueza.

Hay que añadir que ese panorama nada alentador tiene en su base, no solo la pérdida de dinamia en el sector comercial externo por la caída de los precios y volúmenes de los productos primario-exportadores de la región y la estrangulación de los mercados internos  (consecuencia de la pérdida de capacidad de consumo y demanda entre los sectores medios y populares de las poblaciones latinoamericanas) sino que proviene de la hegemonización de las políticas económicas neoliberales-empresariales en manos de gobiernos conservadores y de derecha.

Pese a que los estudios internacionales más serios -y, desde luego, múltiples estudios nacionales en cada país- dan cuenta de cómo las políticas neoliberales-empresariales han sido históricamente nefastas en la región, nada o poco interesan a los gobiernos conservadores latinoamericanos esas investigaciones académicas porque están ideológicamente convencidos de las consignas provenientes del capital transnacional y los capitalistas criollos.

En el contexto regional, los países que ofrecen cambios y la superación de la vía neoliberal-empresarial son Argentina y México. Merecen otro tipo de consideraciones y análisis tanto Nicaragua, y especialmente Venezuela, asediada por el “americanismo” continental con el cual, desde hace décadas, se sigue tratando a Cuba, que es una excepción revolucionaria en todo sentido.

Pero en Suramérica, lo ocurrido en Bolivia demuestra la vía revanchista, y sin duda racista y fascista de las derechas económicas y políticas cuando retoman el poder, los métodos legales o ilegales no importan e inician la persecución a todo lo que represente el pasado inmediato, con la intención de liquidarlo para siempre, sin interesar los costos humanos de la represión y el autoritarismo.

En Ecuador tenemos una experiencia menos traumática, pero igualmente guiada por la “descorreización” de la sociedad. Brasil ilustra cómo los viejos conceptos militares de la “seguridad nacional” y el anti-izquierdismo de tipo macartista, son retomados para definir políticas de Estado.

En la región los gobiernos conservadores no tienen en la mira el fortalecimiento de instituciones como el Alba, Celac o Unasur y prefieren la integración con el Grupo de Lima, los tratados bilaterales de inversión, los de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y la alineación con los EE.UU, a pesar de que los intereses de China y .Rusia no han podido detenerse y proyectan un futuro aún más sólido -que inquieta, cada vez, con mayor profundidad a los EE.UU- en el cual las elecciones de 2020 podrían modificar el rumbo del agresivo “americanismo” imperialista, si un candidato como Bernie Sanders logra vencer a Donald Trump, marcado por el “impeachment”, del cual seguramente lo salvará el Senado.

Pese a las críticas internacionales de las experiencias regionales y la pérdida de confianza de la ciudadanía sobre su accionar, los medios hegemónicos de comunicación, que son, además, parte del modelo neoliberal-empresarial, no parece que modificarán su comportamiento al servicio de los poderes derechistas, aunque las redes sociales y los medios alternativos siguen ampliando el radio de su notable influencia y repercusión social. La “guerra” por el control de la información, su veracidad y contrastación, se cumple tanto en el plano político como en el ideológico.

El papel de las fuerzas armadas y la policía, al servicio de una represión inédita -como se vio en países como Ecuador, Chile o Colombia- ha retornado al debate y los estudios, pues se suponía que estaban plenamente subordinadas al poder civil y las Constituciones, y que no cumplirían el rol de constituirse en los garantes más eficaces y contundentes del modelo neoliberal-empresarial.

La reconstitución de vínculos militares con los EE.UU, así como la reanimación de la doctrina de la seguridad nacional -utilizada para el combate a todo progresismo, las expresiones de nuevas izquierdas y los movimientos sociales nuevamente considerados como “amenazas” a la democracia- inquietan a los estudiosos, pues apenas habría un paso para justificar la vuelta del “pinochetismo”, pero en las condiciones del siglo XXI.

La situación de los movimientos sociales y de las izquierdas es compleja, complicada y difícil en las circunstancias adversas generadas por los gobiernos conservadores y derechistas de América Latina. En Bolivia la lucha indígena de resistencia no ha sido suficiente para revertir el golpe de Estado avalado por el internacionalismo derechista del continente americano.

La convergencia de las izquierdas, para que sea capaz de reproducir la experiencia de la Unidad Popular que llevó a la presidencia a Salvador Allende en Chile, no avanza en buena parte de los países; y la pérdida del Frente Amplio en Uruguay igualmente comprueba que la hegemonía mantenida por varios lustros tampoco es garantía para consolidar un camino que finalmente impida el retorno de las derechas, que llegan al poder para arrasar con los avances sociales y los cambios económicos logrados.

De modo que, bajo este panorama histórico, el año 2020, si bien alimenta las esperanzas latinoamericanas por un cambio de época, requerirá de un esfuerzo colectivo creador y audaz, para enfrentar las fuerzas conservadoras del presente con renovados métodos de acción social, con nuevas formulaciones sobre la construcción de una sociedad pos-neoliberal y, sin duda, de un trabajo en todos los frentes de acción.

En el plano económico, la coyuntura histórica permite trazar posiciones concretas sobre las cuales puede adelantarse la convergencia: superar el modelo neoliberal-empresarial y acordar medidas para avanzar en fortalecer capacidades estatales, además de inversiones y servicios públicos universales, gratuitos y de calidad, sobre educación, salud, medicina y seguridad social.

Asimismo regulaciones estatales a la empresa privada para imponer su responsabilidad social; fuertes y más altos impuestos directos sobre rentas, patrimonios, herencias y utilidades a las capas ricas y a los grandes capitalistas; fortalecimiento de los derechos sociales, laborales, colectivos, comunitarios, indígenas y de los grupos considerados minoritarios; derechos sobre el medio ambiente, y recuperación del latinoamericanismo como eje de integración no solo económica, sino política, social y cultural.