El régimen de Piñera -e insisto en lo de “régimen” porque un gobierno que reprime con la brutalidad que todo el mundo ha visto no puede considerarse democrático- se enfrenta ante la más seria amenaza popular jamás enfrentada por gobierno alguno desde el derrocamiento de la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973. Las ridículas explicaciones oficiales no convencen ni a quienes las divulgan; se oyen denuncias sobre el vandalismo de los manifestantes, o su criminal desprecio por la propiedad privada, o por la paz y la tranquilidad para ni hablar de las oblicuas alusiones a la letal influencia del “castro-madurismo” en el desencadenamiento de las protestas que culminaron con la declaratoria del “estado de emergencia” por parte de La Moneda, argumento absurdo y falaz antes esgrimido por el corrupto que hoy gobierna al Ecuador y abrumadoramente desmentido por los hechos.

El estupor oficial y el de los sectores de la oposición solidarios con el modelo económico-político heredado de la dictadura carece por completo de fundamento, a no ser por el anacronismo de la opulenta partidocracia dominante (una de las mejor remuneradas del mundo), su incurable ceguera o su completo aislamiento de las condiciones en que viven -o sobreviven- millones de chilenas y chilenos. Para un ojo bien entrenado si hay algo que sorprende es la eficacia de la propaganda que por décadas convenció a propios y ajenos de las excelsas virtudes del modelo chileno. Este fue ensalzado hasta el hartazgo por los principales publicistas del imperio en estas latitudes: politólogos y académicos del buen pensar, operadores y lobistas disfrazados de periodistas, o intelectuales coloniales, como Mario Vargas Llosa, quien en un reciente artículo fustigaba sin piedad a los “populismos” existentes o en ciernes que atribulan a la región a la vez que exaltaba el progreso “a pasos de gigante” de Chile.

Este país es para los opinólogos bienpensantes la feliz culminación de un doble tránsito: de la dictadura a la democracia y de la economía intervencionista a una de mercado. Lo primero no es cierto, lo segundo sí, con un agravante: en poquísimos países el capitalismo ha arrasado con los derechos fundamentales de la persona como en Chile, convirtiéndolos en costosas mercancías sólo al alcance de una minoría. El agua, la salud, la educación, la seguridad social, el transporte, la vivienda, la riqueza minera, los bosques y el litoral marino fueron vorazmente apropiados por los amigos del régimen, durante la dictadura de Pinochet y con renovados ímpetus en la supuesta “democracia” que le sucedió. Este cruel e inhumano fundamentalismo de mercado tuvo como consecuencia que Chile se convirtiera en el país con el mayor endeudamiento de hogares de América Latina, producto de la infinita privatización ya mencionada que obliga a chilenas y chilenos pagar por todo y a endeudarse hasta el infinito con el dinero que les expropian de sus sueldos y salarios las pirañas financieras que manejan los fondos de pensión. Según un estudio de la Fundación Sol “más de la mitad de los trabajadores asalariados no puede sacar a una familia promedio de la pobreza” y la distribución del ingreso, dice un estudio reciente del Banco Mundial, sitúa a Chile junto a Ruanda como uno de los ocho países más desiguales del mundo. Por último, digamos que la CEPAL comprobó en su último estudio sobre la cuestión social en Latinoamérica que el 1 por ciento más rico de Chile se apropia del 26,5 por ciento del ingreso nacional mientras que el 50 por ciento de los hogares más pobres sólo accede al 2.1 por ciento del mismo. ¿Este es el modelo a imitar?

En suma: en Chile se sintetizan una explosiva combinación de libre mercado sin anestesia y una democracia completamente deslegitimizada, que de ella sólo conserva el nombre. Degeneró en una plutocracia que, hasta hace pocos días -pero ya no más- medraba ante la resignación, desmoralización y apatía de la ciudadanía, engañada hábilmente por la oligarquía mediática socia de la clase dominante.

Una señal de alerta del descontento social fue que más de la mitad de la población (el 53.3 por ciento) en edad de votar ni siquiera se molestó en acudir a las urnas en la primera vuelta de la elección presidencial del 2017. Si bien en el ballottage la abstención se redujo al 51 por ciento Sebastián Piñera fue electo con apenas el 26.4 por ciento de los electores inscriptos. En pocas palabras, sólo uno de cada cuatro ciudadanos se sintió representado por él. Hoy esa cifra debe ser bastante menor y en un clima en donde por doquier el neoliberalismo se encuentra acosado por las protestas sociales. Ha cambiado el clima de época, y no sólo en Latinoamérica. Sus falsas promesas ya no son más creíbles y los pueblos se rebelan: algunos, como en Argentina, desalojando a sus voceros del gobierno a través del mecanismo electoral, y otros intentando con sus enormes movilizaciones –Chile, Ecuador, Haití, Honduras- poner fin a un proyecto insanablemente injusto, inhumano y predatorio. Es cierto: hay un “fin de ciclo” en la región. Pero no, como postulaban algunos, el del progresismo sino el del neoliberalismo, que sólo podrá ser sostenido, y no por mucho tiempo, a fuerza de brutales represiones.