El 23 de septiembre de 1868 el pueblo de Puerto Rico dio el grito de libertad en Lares, e inició la revolución armada por su independencia nacional. El 13 de julio de 2019 el pueblo de Puerto Rico dio el grito de renuncia al gobernador en San Juan, y desencadenó la revolución ciudadana por el derrumbe del gobierno de turno. Son dos contextos históricos diferentes, con sus particularidades y semejanzas. En ambos casos, estos eventos trascendentales se han dado en la realidad de Puerto Rico que mantiene su condición política colonial, antes bajo España, hasta 1898, y luego y hasta el presente sometido a los Estados Unidos de norteamérica.

Con el grito, generalmente, se expresa una manera popular de proclamación o de afirmación de derechos políticos y reivindicaciones sociales y económicas, de clase social y/o de género. La revolución, usualmente, es una acción política radical que toma el pueblo o un sector del mismo para efectuar un cambio en el sistema político, social y económico establecido, y reemplazarlo con otro distinto. Puede, y generalmente ha sido, armada y violenta; pero también ha sido y puede ser pacífica, con actos de desobediencia civil; o una combinación de ambas acciones y militancias. La expectativa es que lo que se propone de cambio sea para lo mejor y el progreso del país.

Los Diez Mandamientos de Lares

Gritos y revoluciones se han dado en circunstancias de ausencia de derechos civiles y libertades de todo tipo, así como en escenarios donde ello tiene hasta rango constitucional. El Doctor Ramón Emeterio Betances, el revolucionario “médico de los pobres” como le llamaron en la ciudad de Mayagüez , plasmó en la proclama de los Diez Mandamientos de los Hombres Libres, redactada en Saint Thomas en septiembre de 1867, derechos considerados básicos entonces que deberían (y deben) regir en toda sociedad que se llame libre y democrática: (1) abolición de la esclavitud, (2) derecho de votar todos los impuestos, (3) libertad de culto, (4) libertad de palabra, (5) libertad de imprenta, (6) libertad de comercio, (7) derecho de reunión, (8) derecho de portar armas, (9) inviolabilidad del ciudadano, (10) derecho a elegir nuestras autoridades. Que algunos de estos principios sean realidad en el presente no se debe a la benevolencia de los estados y las clases gobernantes, sino a la lucha tenaz y sacrificada, y la conquista de ellos por diversos sectores del pueblo. La esclavitud como sistema laboral de producción fue abolida en 1873; ahora tenemos el trabajo asalariado explotado por el capital empresario y financiero. En el sistema de la “libre empresa” del capitalismo, la balanza de la libertad se inclina mayormente a favor de los capitalistas y sus administradores en todos los ámbitos, con el apoyo del estado, leyes y cortes, y su correspondiente ideología justificadora; los trabajadores asalariados han tenido (y tienen) que luchar por conseguir justicia en la jornada laboral, condiciones de trabajo, salud y pensiones. La austeridad y los recortes de salarios, beneficios y servicios los padece fundamentalmente el pueblo trabajador y la gente en general.

En el Puerto Rico que sigue siendo colonial, la Legislatura (algunos le llaman “legisladruna”, con honrosas excepciones) aprueba leyes imponiendo diversos impuestos y leyes antiobreras de aplicación local, pero los pesos pesados de impuestos en la economía (lo que aplique a las empresas y bancos, por ejemplo) se ajustan a lo que el Gobierno de Estados Unidos apruebe respecto a su Código de Rentas Internas, exigencias del Departamento del Tesoro, e intereses capitalistas, en última instancia centrados en la Bolsa de Valores de Wall Street, en la ciudad de Nueva York. En estos días, y en reunión de la gobernadora accidental Wanda Vázquez Garced con el Secretario del Tesoro federal, Steve Mnuchin, la autoridad de Washington le exige a la administración de la colonia “un plan que permita iniciar la eliminación progresiva del crédito federal al arbitrio sobre las ventas que impuso la ley 154 de 2010 a las corporaciones foráneas en la isla”(José A. Delgado, “Tesoro pide un plan a la Isla”, El Nuevo Día, 11 septiembre 2019, pp. 20-21). En palabras sencillas, e impactantes para Puerto Rico, esto tiene de trasfondo la aprobación de dicha ley para allegar fondos al Gobierno bajo la administración de Luis Fortuño Burset (PNP), imponiendo un 4% de impuesto a las corporaciones en el 2010, pero que iría disminuyendo hasta eliminarse en el 2016. La crisis fiscal era (y sigue siendo grave), por lo que luego en la administración de Alejandro García Padilla (PPD) se mantuvo el impuesto de 4% en condición fija. Pero, el Tesoro Federal quiere “el plan” – la economía de Puerto Rico se ha desenvolvido entre “planes” imperiales y coloniales – , para eliminar dicho impuesto. A falta de una economía de producción en el país con condiciones puestas y controladas por un gobierno que se llame de Puerto Rico, con soberanía en casa y no en la ajena, que es la raíz de la cuestión, la consecuencia nefasta de esta exigencia Federal que, a su vez, es un arma de extorsión para lo que quieran imponer, es cortarle al presupuesto de $9 billones del Gobierno, $1.8 billones (casi 20%) de recaudos para todas las operaciones gubernativas y, más importante, necesidades sociales. El Huracán Federal permanente, es peor que cualquier huracán de temporada, de categoría de María para abajo.

Libertad de comercio

En cuanto a la libertad de comercio, Puerto Rico viene clamando por ella desde el siglo 18; y ahí todavía nos tienen amarrados a los dictámenes del cabotaje estadounidense. Cada cuatro años elegimos “nuestras autoridades”, para administrar la colonia, sin la soberanía que permanece secuestrada por el Congreso de Estados Unidos. Ese es el fruto de la conquista de Puerto Rico a la fuerza por Estados Unidos en la Guerra Hispano Americana de 1898. Y del Tratado del 10 de diciembre orquestado entre la España derrotada y Estados Unidos victorioso, sin participación, y menos decisión, alguna puertoriqueña.

En todo caso, en donde las libertades y derechos son reconocidos, su puesta en práctica se realiza bajo ciertas reglas y en circunstancias que en momentos también han sido (y son) de coerción y represión. No es infrecuente que los ciudadanos o grupos particulares han tenido que recurrir a casos y pleitos judiciales para hacer valer lo que, contradictoriamente, está plasmado en la Constitución.

En el siglo 19 Puerto Rico estaba regido por la dictadura despótico-militar de España imperialista. Desde 1898, Puerto Rico está sometido a la dominación imperialista de Estados Unidos, revestida de ropaje administativo autonomista en 1952, pero siempre manteniedo la usurpación de la soberanía por el Congreso e imponiendo su poder también dictatorial. El actual presidente Donald Trump, simplemente, lo expresa (o twitea) de manera vulgar y facista, hasta tirándonos con rollos de papel cocina. Algún día hay que hacer una manifestación inundando los predios del White House (que él ha confundido con su Trump House empresarial), con papel toalla para que se limpie su bocota, y trasero. Todo el mundo en Puerto Rico tiene muy claro la dominación que Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico, mediante la sobreimposición al gobierno del “Estado Libre Asociado” (que no es nada de lo anterior) de la Junta de Supervisón Fiscal (eufemismo de control) ordenado por el Congreso y los dictámenes de la Corte de Circuito de Boston.

En 1868, con el sector patriótico anti-colonial en la dirección y apoyo popular, se dio el Grito de Lares y llevó a cabo la revolución que proclamó la República de Puerto Rico. El pueblo había acumulado muchas y diversas razones que exigían un cambio substancial en la condición política y en la vida de todos. En el Manifiesto a los Habitantes de Puerto Rico – con el lema de Patria, Justicia, Libertad – , fechado en Nueva York a 1° de septiembre de 1867, el Comité Revolucionario (integrado provisionalmente por Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvís y José Francisco Basora) resumió los reclamos y motivos del grito de libertad y la necesidad de la revolución armada de aquel momento: el crimen del régimen colonial, para empezar; la negación de todo derecho y justicia por parte del imperio absoluto; el monopolio y las extorsiones de todo género; las contribuciones que no votamos o decidimos; las exacciones de la riqueza del país para beneficio de los intereses económicos del exterior; la malversación de fondos y la corrupción en el gobierno y sectores de empleados y funcionarios; una administración de justicia inmoral; “obras públicas tan pronto hechas como deshechas”; falta de escuelas y carencias en la educación (entonces no existía universidad, y había muy pocas escuelas); pocos hospitales y deficiencias de salud en general; etc. etc. ¿Se parece a los reclamos y quejas en el presente?

El Manifiesto de la revolución de 1868 proclama la capacidad de los puertorriqueños de obrar por y para sí: “En esta situación, tiempo es ya, puertorriqueños, de que volvamos los ojos a nosotros mismos. Elementos mil hay en nuestra Isla y alrededor de ella, que nos convidan con viva instancia”. (Texto en, José Pérez Moris, Historia de la insurrección de Lares, 1872, edición 1975, Apéndice documental pp. 292-297).

Si algo llamó la atención de las autoridades coloniales españolas fue la presencia de todos los sectores en el movimiento revolucionario. En su Informe al Poder Ejecutivo de España, del 4 de julio de 1869, el general y gobernador José Laureano Sanz, observó: “No puede menos de ser importante y trascendental el hecho de que individuos de todas las clases que componen esta sociedad tuvieran participación en la revolución radical que proclamaba la independencia de la Isla”. El Grito de Lares fue derrotado no por falta de apoyo popular. El propio general admitió que pudieron reprimir la insurrección al descubrirse una de las organizaciones secretas (de Camuy) y no contar con el elemento sorpresa y simultáneo en varios pueblos a la hora del levantamiento; al detener el gobierno danés a Betances en St. Thomas con los auxilios militares que esperaban; a la fase preparativa en que aun se encontraban de acopio de armas, entre otros factores. Entonces no existía ni teléfono, carros, computadora, internet o redes sociales de comunicación electrónica.

Igual que antes, el Puerto Rico del presente acumula décadas de atropellos, injusticias, desigualdades y discrimenes sociales en los más diversos escenarios de la vida cotidiana. La revolución puertorriqueña en el siglo 19 tuvo un detonador que desencadenó la acción que condujo al 23 de septiembre glorioso del Grito de Lares. Fue la orden de arresto y obligación de ponerse a la disposición de las autoridades en Madrid, dada al liderato liberal (de reformistas e independentistas sin distinción) en junio de 1867. Ahí se planteó, ¿reforma o revolución?

Verano del 2019

En el verano del 2019, en Puerto Rico se ha llevado a cabo otro grito de liberación y otro tipo de revolución: el Grito de Renuncia y la Revolución Ciudadana. También ha tenido un detonador, en este caso, compuesto. Por un lado, la denuncia hecha pública el 24 de junio hecha por el ex-Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno Raúl Maldonado, de que en el Departamento de Hacienda existe una “mafia institucionalizada” (hechos que informó al FBI, y que todavía el país no conoce en detalle); que incluyen venta de influencias, licencias falsas, destrucción de documentos, acceso y manejo de data privada de los contribuyentes). El FBI y el Gobierno aun le deben al país el conocimiento pleno de estas fechorías, con nombres y apellidos.

Por otro lado, el 10 de julio la Fiscalía Federal ordenó el arresto de la ex-Secretaria de Educación Julia Keleher, la ex-Directora de la Administración de Seguros Ángela Ávila, el asesor financiero Alberto Vázquez Piñol, el socio y Presidente de la firma de contabilidad BDO Fernando Scherrer, y de las hermanas Glenda (de la Compañía Colón y Ponce) y Mayra Ponce Mendoza, exayudante de Keheler. Le han formulado cargos de fraude en el otorgamiento de contratos y malversción de fondos, entre otros, oscilando ente $2.5 y $15.5 millones.

Y, a su vez, el 13 de julio el Centro de Periodismo Investigativo – aplauso y agradecimiento general al CPI- publicó un adelanto del Telegram con lo que vino a conocerse luego como el Chat de las 889 páginas, destapando toda la maldad, corrupción, insultos y lenguaje vulgar del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y de 12 secuaces (no apóstoles…) de ayudantes y asesores de gobierno, comunicaciones y publicidad. A quien haya divulgado el Chat, verdaderamente, hay que estarle agradecido; y luego se ha conocido y que se espera más de otros chats. La indignación se expresó de inmediato con varios días de manifestaciones en la calle Cristo esquina Fortaleza, que da acceso a la residencia y oficina del gobernador en el Viejo San Juan. Allí se escuchó continuamente el grito de “Ricky renuncia”, a lo cual pronto se añadió, “y llévate a la Junta”. Esa combinación de reclamos resume muchísimas otras.

Al difundirse y entrar más gente en conocimiento del contenido del infame Chat, las manifestaciones se multiplicaron y tomaron diversas maneras de expresión, desde múltiples pancartas a los cacerolazos sincronizados de las 8 de la noche por todo el país. El miércoles 17 de julio el antiguo San Juan acogió, con solidaridad de sus residentes y comercios, una manifestación inédita calculada en 100,000 personas o más, durante todo el día y la noche, exigiendo la renuncia del gobernador y de su pandilla cercana. La prensa comercial le llamó “histórica manifestación” (El Nuevo Día, 18 julio 2019). “El pueblo habló. Gobernador, escuche”, dice la primera plana de otro (Primera Hora, 18 julio 2019). Los enfrentamientos nocturnos en la esquina de la Fortaleza, con botellas de agua lanzadas por manifestantes y gases lacrimógenos disparados por la Policía, que, usualmente han sido portada de la prensa y motivo de condena a los “revoltosos de siempre”, desviando la atención de los asuntos de substancia, pasaron a segundo plano. De hecho, la brutalidad de la Fuerza de Choque en algunas instancias fue condenada y se documentó la acción de agentes provocadores (pagados) por la Policía para instigar violencia. Para el pueblo, lo que estaba y sigue estando sobre el tapete es la violencia de cualquier gobierno corrupto, irresponsable, ladrón e insulante.

Entonces sucedió el inesperado y abrumador lunes 22 de julio. Ese día se produjo la manifestación popular contra un gobierno más grande que se ha registrado en la historia de Puerto Rico. Medio millón de puertorriqueños y puertorriqueñas inundaron un tramo largo, en ambas vías, del Expreso las Américas demandando la salida inmediata e incondicional del gobernador. Millares de banderas de Puerto Rico, a su vez, afirman la nación puertorriqueña, al tiempo que celebramos los triunfos en los Juegos Panamericanos, lo que que los partidarios de la estadidad niegan a la patria (también a nivel de eventos internacionales de todo tipo, Mundiales y Olímpiadas) con ese desenlace de negación política. Con la estadidad, se anularía la afirmación nacional y los puertorriqueños serían reducidos a condición y compitiendo en todo como “minoría étnica”, y conformándose algunos con lograr unos puestos de “token”. La estadidad, desde el coloniaje, como establecen los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no tiene nada de descolonizador: sería su culminación desquiciada. Ahí está como testimonio reciente las enfermeras puertorriqueñas en un hospital de Talahasee (Florida) a quienes se les ha prohibido hablar en español, y la boricua que izó la bandera patria en su casa en una urbanización en el mismo estado, y los vecinos “conciudadanos americanos” que le han caído encima.

Si al general Sanz le impresionó la representatividad de “individuos de todas las clases” en el grito y revolución de 1868, en el 2019, por supuesto en el contexto histórico y sus condiciones del presente, no solamente dice presente la composición de la sociedad en todas sus clases y hasta tendencias políticas y sociales, sino con protagonismo significativo de sus adolecentes y niños y niñas, y hasta bebés que claman por la decencia desde la cuna. El pueblo levantado y movilizado en escenarios multitudinarios políticos, sindicales, comunitarios, sociales, culturales, musicales y artísticos derrocó y mandó fuera del país a Ricardo Rosselló El Perverso, y también le salió al paso a Pedro Pierlusisi El Usurpador. La Corte Suprema puso en su sitio, unánimemente, su pretensión y arrogancia. Y todavía pretende que la gente le va a creer que “sólo con él es que Puerto Rico va a echar pa’lante”; suena al ex-gobernador Fortuño (puesto por el que el cabildero empresarial ha babado desde que se tuvo que conformar con el de “comisionado residente”, o “eñangotao” y mendigo, como lo calificó atinadamente el líder nacionalista Pedro Albizu Campos en el siglo 20). Algunos no se han dado por enterado que estamos en el Puerto Rico que ha proclamado que no se dejará coger más de pendejo. Los partidos colonialistas que han administrado la colonia al servicio del Gobierno de Estados Unidos (PPD y PNP), chupando de y malversando su presupuesto de funcionamiento para beneficio partidista y personal, están en jaque.

Lo que falta es que el pueblo indignado procure crear un instrumento alternativo político, democrático, amplio, respetuoso y tolerante de todas las perspectivas, preferencias personales y sentimientos de felicidad, que aglutine los reclamos de patria, justicia y libertad abonados desde el 1868, y que a partir del extraordinario e inborrable verano del 2019 procure darle el mate a toda maldad humana y al coloniaje que nos agobia.

Francisco Moscoso, historiador, UPR-Río Piedras. Comentarios a fmoscoso48@gmail.com.